Que la Sra. Consejera Carmen Tornaría tiene amplio dominio del lenguaje y de la retórica, no es novedad para nosotros. Su encendida defensa de los “contratos de obra”, tampoco (Brecha, 7/3/03 – “Gente en obra”, réplica al periodista Guillermo Waksman sobre dichos contratos). Hacemos públicas algunas de las muchas consideraciones que tal opúsculo nos merece.

“Los criterios de compensación son los mismos que dentro del sistema”

Es obvio que la Cons. Tornaría no percibe lo grotesco de tal afirmación. Mirémosla pues desde el punto de vista de un Auxiliar de Servicio -20 años de trabajo, 4.000 pesos de sueldo nominal, sin ascensos, sin carrera, sin expectativas ni estímulo alguno-. Funcionarios envejecidos, físicos desgastados, sin renovación, ni rotación, ni reciclaje, ni capacitación. Acusados de negligencia e ineptitud para “justificar” la contratación de empresas de limpieza privadas, tozudamente mantenidas a pesar de que el fracaso operativo y financiero de tal práctica resulta más que evidente para un observador objetivo.

Tampoco hallarían equidad en los “criterios de compensación” los funcionarios administrativos, pero, economicemos espacio: su situación salarial y profesional no difiere sustancialmente de la arriba mencionada.

La afirmación de la Sra. Tornaría surge de una concepción del universo educativo y de sus actores que habilita diferenciaciones de “responsabilidades” y “cargas horarias”.

Los Secretarios y demás personal liceal, responsables (apenas) del funcionamiento de los establecimientos en 3 y 4 turnos, ejercen incontables tareas dentro de plazos inflexibles (calendarios, reuniones, exámenes, inscripciones), al tiempo que cubren áreas como primeros auxilios, vigilancia, atención y contención de gurises, padres y, en ocasiones. compañeros docentes. Ninguna de estas cuestiones parece ser de relevancia para el funcionamiento de Secundaria, a diferencia de las realizadas por las huestes de “arquitectos (metrajistas, calculistas, directores de obra) diseñadores, estadísticos, informáticos, sociólogos, economistas, evaluadores, planificadores...” que nos dispensa el sistema de contratos de obra.

Algunos botones de muestra : *arquitectos de MEMFOD presentándose en diferentes liceos, con el enjundioso cometido de “medirlos” pese a que Directores y Secretarios insistieran en ofrecerles los planos del edificio, jurándoles que ni el vigor de nuestros adolescentes ha bastado para desplazar las paredes o levantar el techo, como tampoco para demoler salones. Nada que hacer: los bien remunerados profesionales, metro en mano, prestan horas de inapreciables servicios a la Educación Media Pública.

*Muchos recordarán al ingeniero en sistemas cuyo programa informático tuvo destacado rol en la crisis y el caos del pago de sueldos docentes a comienzos del 2002. Por suerte, en el reino de los contratos de obra rige el principio de “evaluación del producto” a la hora del pago y recontratación, por lo que el citado profesional ha sido recompensado con una extensión de su contrato.

*La Consultora “Equipos Mori” realiza un sondeo sobre docentes de algunas de la nuevas “áreas” programáticas. Aceptemos que la ANEP “no tiene” quienes hagan ciertas tareas y debe “salir a buscarlos”. Resulta que luego de hallarlos en abundancia (“estadísticos, informáticos...” etc.), igualmente contrata consultoras privadas, por fuera de los contratados por fuera. Un sistema ventajoso a ojos vista.

De las cargas horarias, ni hablemos. Que no hablen los funcionarios liceales ni los de la Comisión Reguladora durante la “zafra” (comienzo del año lectivo), con una fila de dos cuadras de padres irritados y ansiosos. Por suerte, la Consejera Tornaría nos esclarece (reiterativamente). No nos confundamos; la tarea liceal no es lo mismo que supervisar una obra, o que cualquiera de las prestigiosas actividades cubiertas mediante contratos de obra.

Capítulo aparte merecería la falta de respeto a docentes e Inspectores, cuando se alude a supuestos resultados pedagógicos desastrosos e impunes. Nos preguntamos: la Sra. Tornaría ¿es peluquera en algún barrio montevideano? ¿enfermera, quizá? Su rol en tan deplorable proceso educativo es la mera constatación? ¿No le correspondería intervenir decididamente para evitar la permanencia de tales docentes y de tales inspectores? A la Consejera le gustaría incluir el tema (las “efectividades vitalicias”, “usos y reglamentos históricos”) en el debate con el periodista Waksman. ¿No sería más urgente promover tal debate –concreto-, en ámbitos institucionales, con los directamente implicados, en diálogo real sin soberbia ni omnisciencia?

Otros varios temas abordados por la Consejera requerirían comentario. Los sueldos manejados, entre los que BRILLAN POR SU AUSENCIA los de funcionarios de servicio y administrativos de grados intermedios y bajos, que somos la mayoría.

Pero no podemos omitir la mención al “reclutamiento clientelístico, amiguístico o familiero” que se adjudica al sector administrativo. Se ha de referir sin duda a Renato Opertti, hijo del Canciller Didier Opertti, quien se encuentra a cargo de MEMFOD, Inés Lacalle, hermana del expresidente, a cargo de MECAEP, María Jesús Nadruz, hija del Consejero de CODICEN, Sirio Nadruz, Daniel Martínez Arispe, hijo de Nelly Arispe, Consejera de Primaria, Sergio Tantesio, hijo de Teresita González de Tantesio, Presidenta de Primaria, Alejandra y Gabriel Romeo Rondán, hijos de la Diputada Glenda Rondán (Foro Batllista), Presidenta de la Comisión de Educación de Cámara Baja, su sobrina Liliana Mela, por nombrar algunos.

En este mismo plano, ATES denunció ante el CODICEN la contratación de una becaria del CES sin mediar prueba alguna, pasando por encima de decenas de otros becarios con mayor antigüedad e igual desempeño. La joven beneficiaria del “favor” es hija de un ex Consejero del CODICEN, hoy fallecido, representante del Partido Colorado. ¿A quién le habla de “acomodos” la Sra. Consejera?

Ocho años ocupando un sillón es tiempo más que prudencial para realizar acciones concretas de combate a tales prácticas. Ni siquiera durante la gestión Rama (observaciones del Tribunal de Cuentas, preguntas del Parlamento, escándalos varios) manifestó la Consejera tal voluntad; más aún, cerró filas con sus colegas en la defensa de lo actuado, por cuestionable que fuese. Habría recibido el incondicional respaldo de trabajadores y opinión pública, de haber puesto en práctica la vehemencia con que hoy defiende el polémico sistema de endeudamiento, que el pueblo uruguayo habrá de pagar, a costa de una enseñanza empobrecida en casi todas las áreas (salvo, claro está, los contratos de obra). No abundaremos en el tema (los materiales que faltan, los proveedores con pagos atrasados, las carencias de personal que no se subsanan porque “no hay plata”...)

Nos afrenta con las expresiones “cambalache” y “viva la pepa”, situándose una vez más al margen de tal fenómeno, que, en caso de existir, demandaría de su parte propuestas correctivas, enérgicas y concretas.

Ha perdido incontables ocasiones de tal conducta. Ha ignorado, al igual que sus colegas, denuncias documentadas y propuestas serias, referidas al funcionamiento administrativo y de servicio.

La Sra. Consejera enarbola su condición de “ciudadana” y la vincula con “legalidad, fundamentos y criterios”.

Hablemos de legalidad: en (al menos) uno de los Sub-sistemas de la administración que ella codirige se viola dicho principio desde hace 10 años. Ése es el lapso que llevamos los funcionarios no docente del CES sin ascensos, sin concursos, sin Juntas Calificadoras adecuadas a derecho y reglamentación vigente, con sucesivas Jefaturas de Personal o Divisiones Recursos Humanos cuyas actuaciones sería largo detallar, pero que, sin exageración, dan para la risa (o la lágrima).

Hablemos de legalidad: durante el año 2002 denunciamos ante el CES y el Codicen la existencia de personal de servicio contratado por las APAL (Asociaciones de Padres de Alumnos), sobre todo en Liceos del Interior y en la Zona Norte. Estas personas prestan servicio (en algunos locales son el único personal auxiliar) desde hace hasta 15 años, “en negro”, sin aportes jubilatorios, sin beneficios sociales, y cobrando alrededor de 700 pesos mensuales al 2002.

¿No son éstos también ciudadanos, Sra. Consejera?

¿No están amparados por la leyes nacionales referidas al Salario Mínimo y a la Previsión Social?

¿No es el organismo que usted co-dirige un Ente del Estado, que debería dar ejemplo en materia de respeto a los derechos legalmente consagrados?

Hablemos de legalidad: las empresas de limpieza que el Codicen contrata pero no controla emplean personal “en negro”, sobreexplotados, despedidos sin pago si reclaman, etc. Estas personas conviven con el alumnado de los liceos. ¿Serán parte de la Educación en Valores, invento reciente de nuestras autoridades?

Que nadie se equivoque. Estas líneas no constituyen un ataque personal a la Sra. Consejera Tornaría. Creemos que ella es tan solo uno de los emergentes de un sistema perverso, signado por la repartija de cargos de Dirección por cuota política, por la falta de participación efectiva de todos los protagonistas del proceso educativo, y por prácticas como los contratos de obra, que alimentan a la “clientela” a costillas de una educación pública (la de los pobres y los empobrecidos) cada vez más carente. Dijo Oscar Wilde: “dadme lo superfluo que yo me pasaré sin lo necesario”.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ATES – CSEU – PIT-CNT.-