La política del gobierno, en alianza con sectores del Partido Nacional,
tiene un carácter antinacional, antipopular y antidemocrático;
es la continuación adaptada a otras circunstancias, de la que practicó
la dictadura.
En este período se sigue favoreciendo a una oligarquía económica
-principalmente a sus sectores financieros- y consolidando nuestra dependencia
del exterior. El país está administrado de forma que sus recursos
producidos por el trabajo de la mayoría, se destinan al pago de una deuda
externa reproducida y expandida sin cesar, en vez de satisfacer las necesidades
de vivienda, salud, alimentación, educación, salario y empleo.
Sostener esta política implica, también, mantener la impunidad
de las fuerzas armadas, como garantía de su aplicación.
Estamos convencidos de que el Frente Amplio es el instrumento político
apropiado para impulsar las grandes transformaciones que la sociedad nacional
requiere. Como en 1971, el Frente Amplio debe definirse claramente antiimperialista
y antioligárquico; de ello se deduce que sólo puede ser una fuerza
popular, nacional, democrática y revolucionaria, cuya composición,
programa y conducción tienen que ajustarse a tales características.
Preocupados por el creciente desdibujamiento de los principios y objetivos esenciales
que dieron origen al Frente, creemos que su presencia en el próximo período
electoral y sus relaciones con las restantes fuerzas políticas no deben
impedirle cumplir sus compromisos básicos:
Mantener un nítido perfil opositor antiimperialista y
antioligárquico, que rechace, con respaldo popular y eficacia,
la injusticia, el autoritarismo y la entrega del país al
capitalismo transnacional; impulsar soluciones para las
necesidades de nuestra población en el marco del desarrollo
y la democracia social;
iniciar el camino hacia la ruptura de la dependencia;
avanzar hacia una sociedad equitativa, participativa,
democrática y socialista.
Creemos ya imprescindible la creación de una corriente política,
dentro del marco general de unidad de la izquierda, con real capacidad de incidencia
sobre los procesos políticos y absoluta fidelidad a los principios programáticos
sobre los que se fundó el Frente Amplio, que tenga a la vez una posición
imaginativa y creadora ante los problemas del presente y propugne nuevos mecanismos
de intervención de las bases en la elaboración y las decisiones
del proyecto común.
Nos proponemos llamar en todo el país a las agrupaciones políticas
del Frente Amplio, a los militantes sectoriales de base y a los ciudadanos independientes
que compartan nuestra preocupación, a unir esfuerzos para el establecimiento
y puesta en marcha de una gran Corriente Nacional, cuya acción consolide
la unidad de la izquierda en el proceso de cambio. La tarea prioritaria será
movilizar al Frente hacia el cumplimiento de sus fines, retomando el espíritu
de la vieja Corriente, para restablecer el equilibrio interno y rescatarlo de
la estéril polémica cupular.
Convocamos a considerar reflexiva y críticamente este documento preliminar,
reuniéndose en el barrio, en el centro de trabajo o en el lugar de estudio,
mediante charlas abiertas, difusión de estos propósitos e intercambio
general de ideas; a enviar delegados a las reuniones centrales de este movimiento
en formación; a que, en torno a estas premisas de unidad y cambio, los
vecinos se organicen y emprendan gestiones y movilizaciones por los problemas
del barrio y de la sociedad. Sugerimos además la participación
individual en los comités de base del Frente, con posiciones y tareas
que sean verdaderos instrumentos del poder popular.
Diciembre de 1988
DOCUMENTO 2
Pautas para la elaboración de una estructura organizativa del movimiento.
1) Se trata de conformar un movimiento político donde confluyan en un pie de igualdad militantes independientes y militantes de los grupos políticos que se comprometen en el desarrollo del movimiento.
2) Dicho movimiento tiene como meta conformar una opción
política de mediano y largo plazo (contenida en el documento
Nº 1) trascendiendo la instancia electoral.
3) La columna vertebral del movimiento serán sus grupos de base
formados al efecto, cuya tarea se insertará en el ámbito social
y político. En ellos confluirán de manera integrada, militantes
independientes y de grupos políticos.
4) La dirección política del Movimiento será elegida de
manera
directa mediante voto secreto, por los militantes de todos los
grupos de base en una instancia a fijar de acuerdo al desarrollo
del Proyecto. (La condición de militantes se establecerá en un
próximo material).
5) En la medida del crecimiento del movimiento se irán
conformando direcciones intermedias que permitan una
coordinación efectiva entre grupos de una misma zona, gremio,
etcétera.
6) En cada Departamento se podrá crear una estructura de
grupos de base y dirección, integrada a la dinámica del
movimiento, pero surgida de acuerdo a las características de
cada lugar.
7) En lo referido a la instancia electoral de los organismos deliberativos, el movimiento tendrá candidatos propios para las elecciones departamentales.
8) Los candidatos propios serán elegidos por los militantes de los grupos de base mediante el voto secreto, entre todos los candidatos propuestos por los diferentes organismos del movimiento.
9) Para los candidatos propios funcionará el mandato imperativo como norma general de actuación.
DOCUMENTO 3
Comisión 20/3/89
1) Este movimiento frenteamplista está integrado por militantes independientes
y por militantes pertenecientes a los grupos políticos que lo apoyan,
comprometiéndose todos en la creación de un movimiento popular
que asegure la participación real y democrática de todos los adherentes
y garantice el auténtico protagonismo de sus Agrupaciones de Base.
Las organizaciones políticas que respaldan este movimiento y
lo enriquecen con sus aportes, no están obligadas a
disolverse ni a renunciar a su propia identidad. Esto último
siempre que no contradiga los objetivos y la estrategia que
defina el movimiento.
2) Tanto los militantes independientes convocantes como los grupos políticos integrantes deberán manifestar su adhesión antes del 30/3/89 mediante comunicación pública, en la que constará la firma individual de los primeros así como el organismo colectivo que adopte, la resolución de parte de los segundos, a los documentos aprobados a la fecha indicada.
3) Antes del 16/4/89 deberán ser aprobados los siguientes Documentos:
a) una base general para el Documento de Plataforma
b) el documento de Orientación Electoral.
Configuran parte de este acuerdo los Documentos ya aprobados:
c) Documento político Nº 1
d) Documentos Organizativos Nº 2 y 3
e) Documento sobre Referéndum Nº 4
4) La Dirección Nacional deberá ser elegida por voto directo
y
secreto de los integrantes del Padrón de Adherentes.
Los candidatos electorales también serán electos por el voto
directo y secreto.
5) La elección de la Dirección Nacional no podrá exceder
el
30/5/89.
6) La elección de candidatos para el acto electoral nacional de noviembre no podrá exceder el 15/7/89.
7) Los integrantes de la Dirección Nacional podrán ser renovados
en sus cargos por resolución fundada del máximo organismo
representativo de las Agrupaciones de Base.
En la misma forma podrán ser revocables los cargos políticos
representativos.
8) Las Agrupaciones de Base designarán de entre sus integrantes a quienes los representen en el Plenario Coordinador, Comisiones, etcétera.
9) Los organismos del Movimiento (ya existentes o que se
creen en el futuro) serán abiertos a los integrantes de las
Agrupaciones de Base, quienes concurrirán como
observadores con la acreditación correspondiente.
10) La Comisión de Organización en acuerdo con el Plenario designará los delegados para concurrir a las reuniones de Agrupaciones de Base en formación o en consolidación.
11) Los documentos enviados a las Agrupaciones de Base podrán
Circular libremente estableciendo el Plenario Coordinador la fuente del Movimiento
de la que emanen. Su inclusión en la discusión del Movimiento
deberá ser resuelta por el Plenario Coordinador.
12) El Movimiento designará, en forma rotativa, sus voceros para expresar posiciones oficiales, procurando estén representados Agrupaciones de Base, Comisiones y Plenario Coordinador.
13) Hasta el momento de la elección de la Dirección Nacional,
los
órganos del Movimiento serán: el Plenario Coordinador, las
Comisiones, las Agrupaciones de Base y los mecanismos de
coordinación que se establezcan.
14) El nombre del Movimiento será: Movimiento de Participación
Popular (MPP) y su Lema “Por la Liberación y el Socialismo”.
DOCUMENTO 4
Referéndum: anular la ley de impunidad con el voto verde y la movilización popular.
El Referéndum contra la ley de impunidad es una conquista popular.
Se obtuvo a partir de una decisión irrenunciable, de saludable intransigencia
que levantó la consigna de Verdad y Justicia como única garantía
de cumplir con las aspiraciones democráticas que levó a nuestro
pueblo a luchar contra la dictadura y contra este gobierno antipopular.
Desde el llamado efectuado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos,
Matilde y Elisa el 23 de diciembre de 1986, fue generándose un amplio
movimiento democrático que durante dos años marcó el eje
fundamental de acumulación y avance popular.
La Comisión Nacional Pro Referéndum, presidida por esas dos valientes
mujeres, fue la síntesis donde se nuclearon diferentes fuerzas políticas
y organizaciones sociales que expresaron, en general, el infatigable objetivo
de que el pueblo decidiera, para anular la Ley de Caducidad. Al calor de este
movimiento, el pueblo encontró nuevos canales de participación
y organización en las Comisiones Barriales pro-referéndum, que
le dieron a la campaña las garantías de dinamismo, pluralidad
y movilización, en muchos casos decisivos.
Han sido dos años de enorme valor. Recoger, defender y ratificar las
firmas ha sido una victoria del campo popular, hecha contra las maniobras del
Partido Colorado y la mayoría blanca. Contra el clima de miedo e intimidación
impulsado por las FFAA y su vocero y representante en el Poder Ejecutivo, el
teniente general Medina. Contra el fraude del gobierno y de la Corte Electoral.
Contra el clima de resignación y desesperanza reinante en todo el país.
Ahora, y fundamentalmente luego de las jornadas del 17, 18 y 19 de diciembre
podemos decir, que es posible desplegar el potencial movilizador de la gente.
Estos hechos demostraron que cuando hay objetivos claros, se interpreta correctamente
las aspiraciones populares, se establece una dirección firme y decidida
y se instrumenta la participación popular, amplia y democrática,
se puede triunfar.
Las libertades democráticas, los derechos del pueblo vuelven a ser garantizados
por la movilización popular. No es menor el hecho de que un instituto
de democracia directa como el referéndum, haya sido obtenido por la lucha
del pueblo. En un país donde las decisiones fundamentales se toman de
espalda a la gente, donde el futuro de nuestra gente se rifa en conciliábulos
de cuatro o cinco personas, que el pueblo vaya a decidir el 16 de abril, es
de enorme trascendencia.
El 16 de abril es, entonces, la continuidad de la movilización popular
iniciada hace dos años, que rescata para el pueblo un instrumento de
soberanía popular como el referéndum, y que resume el enfrentamiento
político principal del período. El resultado del referéndum,
ante el cual se agrupan el conjunto de las fuerzas
sociales y políticas del país, es fundamental para el campo popular.
Anular la Ley de Caducidad mediante la abrumadora mayoría de votos verdes,
a través del referéndum, creará una situación política
totalmente nueva, será una nueva conquista popular que abrirá
las puertas de nuevos avances y creará sin lugar a dudas las condiciones
para obtener una nueva realidad democrática que hará retroceder
como nunca las pretensiones tuteladoras que hoy impulsa el gobierno y las FFAA.
Será una derrota política y moral de aquellos que dicen ser representantes
de la voluntad popular y que en realidad cuando tienen una banca hacen lo que
se les antoja y expresan los intereses antinacionales y antipopulares.
Será una derrota política en particular para las FFAA que siguen
cohesionadas por la doctrina de seguridad nacional, embuidas de una concepción
mesiánica que niega el derecho de los pueblos a elegir libremente su
destino y pretenden continuar la guerra que desarrollaron contra el pueblo durante
11 años bajo la tutela, el control y el chantaje permanente. El cuestionamiento
de fondo al régimen de democracia tutelada, repercutir en su dinámica
sobre el actual sistema de dominación, en tanto éste tiene en
la presencia militar, el reaseguro fundamental para su concreción.
Para la conciencia democrática, para el FA y la izquierda y, en particular,
para nuestro movimiento, es fundamental subordinar todo al triunfo del voto
verde en el referéndum. Para las libertades democráticas, para
las aspiraciones de bienestar de nuestro pueblo, para el avance del programa
nacional, democrático y popular, de ruptura con el sistema, es fundamental
que haya Verdad y Justicia. Que removamos los efectos permanentes del terrorismo
de Estado, del miedo como comportamiento social, del chantaje terrorista sobre
el conjunto de la población, del espionaje y el control de las actividades
sociales y políticas, del presupuesto militar desmedido, de las prebendas
y privilegios de que hoy siguen gozando los militares. En perspectiva, anulando
la ley de impunidad, es preciso apuntar al desmantelamiento del aparato represivo.
Ante el desafío del Referéndum
1) El objetivo fundamental es ganar el referéndum. Esto exige
desarrollar una movilización nacional que profundice la amplitud y la
convocatoria ya realizada en la campaña de recolección, defensa
y ratificación de firmas. Se trata por lo tanto de una apelación
muy amplia a la conciencia democrática del conjunto de la ciudadanía.
Significa conformar una opinión pública favorable para anular
la ley a partir de los sentimientos democráticos, desplegando todas las
facetas que hacen a los reclamos de Verdad y Justicia del movimiento popular.
2) La consigna adoptada por la Comisión Nacional Pro
Referéndum Todos iguales ante la ley es un punto de partida, desde el
cual hay que profundizar hasta sus últimas consecuencias todo lo que
implica y abarca como lógica democrática.
Se hace imprescindible levantarla junto a las banderas de Verdad y Justicia
que expresan el bagaje en conciencia y movilización del movimiento popular,
en ellas se resume la intransigencia democrática de vastos sectores populares,
implican un punto de vista bien definido sobre la impunidad, son la síntesis
de un programa democrático y popular.
3) Hay que colocar en el centro de la denuncia política la ley de
impunidad como factor principal del actual esquema de dominación, en
la medida que legitima el rol tutelar de las FFAA y se ha convertido en la piedra
angular de la democracia tutelada. La campaña por el voto verde implica
un amplio debate acerca del tipo de salida conservador, de la visión
que tiene la izquierda sobre las raíces estructurales que tuvo el proceso
autoritario en el país. Este debate hay que darlo a partir de la denuncia
de tutela militar coincidente con los objetivos del Partido Colorado y la mayoría
blanca y donde estos claudican nuevamente de los principios democráticos
y de las propias plataformas electorales que levantaron.
4) Se hace imprescindible explicar la impunidad y la violación
sistemática a los derechos individuales y colectivos, civiles y sociales
que sufrió nuestro pueblo a partir de la denuncia del terrorismo de Estado.
Sistema integral de represión que se organizó a partir del dominio
del aparato de Estado y que fue instrumentado a todos los niveles. La impunidad
es hija del terrorismo de Estado, en tanto éste no fue el accionar más
o menos peregrino de un grupo de militares dementes o sedientos de poder, fue
una respuesta a la crisis estructural y a la resistencia popular, instrumentada
a partir de las FFAA y a través de ellas organizando desde el Estado
una política autoritaria destinada a paralizar y modificar la respuesta
de los más amplios sectores políticos y sociales. Hay que denunciar
por lo tanto los dos niveles de acción que instrumentaron las FFAA en
nuestro país:
A) el ataque y las violaciones cometidas contra los luchadores
sociales y políticos demostrando que esto tuvo como objetivo, liquidar
lo mejor del movimiento popular y también expresar en ellos el ataque
terrorista contra lo que representaban.
B) Todo el andamiaje de control, represión y persecución
impuesto al conjunto de la sociedad destinado a internalizar el miedo como comportamiento
social permanente e imponer un proyecto de remodelación capitalista de
gran envergadura, en defensa de los intereses de los sectores hegemónicos
de las clases dominantes.
Ello lo instrumentaremos:
a) A partir de lo que denominamos nuevo operativo memoria:
• denunciar la tortura como sistema permanente de represión,
que se extendió a las condiciones de reclusión, a la Justicia
Militar, a los comunicados de prensa. Divulgar los casos de
muertes en prisión. Mostrar que la tortura fue una de las
herramientas principales del andamiaje represivo del que
nadie abjuró y que incluso se sigue reivindicando como
instrumento de “inteligencia”-
• denunciar el tema de los desaparecidos como crimen
permanente, que mientras no se aclaren todos los casos, todos los días
se está cometiendo un nuevo crimen: contra la víctima, contra
sus familiares y contra todo el entorno social del desaparecido.
• en especial y como capítulo particular, el tema del secuestro
de los niños. Impulso a su búsqueda y restitución a su
verdadera familia y al derecho de su propia identidad.
Subrayar el hecho de que hay militares que saben la verdad
de lo ocurrido y el paradero de ellos y la importancia capital
para su dilucidación que tiene la comparecencia de ellos ante
la justicia.
• impulsar y divulgar los casos judiciales ya presentados.
Desarrollar a los efectos la tesis de Casinelli Muñoz por la cual a partir
de la presentación de las firmas la ley está en suspenso y por
lo tanto los jueces deben actuar.
b) En relación al terrorismo de Estado y sus efectos sobre el
cuerpo social:
• la represión de los trabajadores, las listas negras, la
prohibición sindical, el ataque a sus dirigentes, la
desarticulación de las herramientas de lucha social.
• el sistema autoritario y represivo en la enseñanza,
convirtiéndola, desde sus programas, en disciplina cuartelera para con
los muchachos, hasta la persecución de los docentes, en un instrumento
más de reproducción del miedo y de la ideología autoritaria
que caracterizó a la dictadura.
• todos lo mecanismos de espionaje y control de la población.
Mostrar que las categorías A, B y C tuvieron ese objetivo, que todas
las actividades sociales, deportivas, culturales, etcétera, estuvieron
sujetas a la supervisión policíaca. Insistir en que subsiste en
la actualidad toda una actividad de espionaje llevado adelante por los servicios
de inteligencia y que eso es un ataque, hoy, a los derechos políticos
de los ciudadanos.
• la censura, el control de los medios de expresión, la
represión cultural.
5) Denunciar la actual política militar del Partido Colorado y el
apoyo de la mayoría del Partido Nacional a esta política. Explicar
ésta a partir de cuál es la lógica y todas las consecuencias
de la impunidad. Cómo se manifiesta en otros planos institucionales y
el significado de latente amenaza, de negación de las aspiraciones democráticas
del pueblo, del significado peligroso que tiene esta democracia tutelada. En
definitiva mostrar cómo la impunidad no es cosa del pasado, sino que
tiene sus manifestaciones en el presente que abarcan un conjunto de problemas,
que hacen a los derechos ciudadanos, a aspectos institucionales, e incluso a
aspectos económicos y sociales que sufren el conjunto de los uruguayos:
• el presupuesto asignado a Defensa e Interior, las rendiciones
de cuenta, donde en forma vergonzosa se destinan los
recursos que pagamos todos a reforzar unas FFAA de un
país “en guerra” dejando de lado los rubros de salud,
educación y vivienda.
• la sobrevivencia de la doctrina de la seguridad nacional, que
continúa actuando como cohesionadora de las FFAA. Doctrina que es radicalmente
incompatible con la conciencia democrática en tanto le asigna un papel
mesiánico a los militares sustrayéndole a la soberanía
popular la capacidad de decidir sobre los destinos del país. Doctrina
presente en los discursos de los jefes militares, en los programas de estudio
de las escuelas y liceos militares, en las publicaciones de los centros. Presente
también en la campaña desplegada permanentemente por el colectivo
militar que pretende no sólo la impunidad, no sólo que se avale
todo lo actuado por ellos, sino también el agradecimiento del país
por su “cruzada”.
• la política de ascensos, que promueve a cargos y destinos de
mandos a oficiales claramente identificados en numerosas causas judiciales,
en esto está demostrado que no sólo no hay voluntad de juzgarlos
sino que se los premia
promoviéndolos y conservándoles su carrera profesional.
• todos los privilegios que siguen ostentando y defendiendo
en materia salarial, jubilatoria, de atención sanitaria, etcétera
y que son intolerables para la conciencia democrática del país.
Acá también hay que exigir que todos sean iguales.
• Denunciar que la impunidad, la doctrina y el pensamiento
actual de las FFAA las ha llevado a asumir compromisos
internacionales como los firmados en la XVII Conferencia de
Ejércitos Americanos (Mar del Plata). Compromisos que
nada tienen que ver con los intereses nacionales, que se
hacen a espaldas del pueblo, sin ningún tipo de control
institucional pertinente y que nos siguen ligando a una
estrategia represiva continental diseñada y al servicio de los
intereses de los EEUU.
6) Asociar a todo este programa democrático (que sin duda
será el centro de la confrontación), el conjunto de cuestiones
económicas y sociales que fueron la otra cara del terrorismo de Estado
y que han continuado en la política económica del actual gobierno.
Terreno en el que necesariamente debemos introducirnos para traducir hacia amplios
sectores populares, la relación existente con el programa democrático
y con los porqués de la impunidad; así como también para
clarificar sobre el tipo de enfrentamiento que está planteado con el
referéndum, las fuerzas que en él participan y por qué
lo hacen.
7) Después del plebiscito lo único que corresponde es respetar
el veredicto soberano del pueblo. Nos oponemos a toda salida política
que implique negar el reclamo de Verdad y Justicia, negar el concepto de igualdad
ante la ley. Después de la victoria popular, insistimos que hay creada
una situación política nueva en el país, donde la movilización
popular habrá obtenido una nueva conquista, donde la conciencia popular
habrá crecido y no podemos permitir que esa fuerza se despilfarre en
negociaciones espúreas. Lo único que cabe cuando se anude la ley
es que los militares acusados concurran a los tribunales y sean juzgados. Se
pretende intimidar a la ciudadanía diciendo que hay una situación
de hecho y que contra las armas nada se puede. Esto es un chantaje que no tiene
en cuenta que el pueblo se ha pronunciado y que de la misma forma que garantizamos
el recurso constitucional del referéndum, estaremos en mejores condiciones
aún para asegurar con la movilización, que se respete la voluntad
popular. El gobierno y las instituciones lo único que pueden hacer es
respetar el resultado de las urnas. Más aún, la victoria en el
referéndum además de crear una situación nueva, desata
una fuerza popular que a través de la misma movilización y de
nuestra acción política tiene que llevar a cada cimiento del programa
nacional, popular, democrático y anticapitalista, de ruptura con el sistema
y de transición al socialismo, único capaz de dar cumplimiento
cabal a las aspiraciones populares.
8) Los defensores de la impunidad han lanzado dos ideas
fuerza que debemos responder y esclarecer. Una es de que ellos y la ley de caducidad
representan la paz, la tranquilidad institucional y que la anulación
es el caos. Otra, que la ley de caducidad en realidad es una amnistía,
y que ésta procede en la medida de que si hubo amnistía para los
presos políticos, “es equitativo y coherente con la tradición
nacional” que se instrumente una amnistía para los militares.
Respondemos que:
• La idea de que la Ley de Caducidad conduce a la Paz y al
Afianzamiento de la democracia y su anulación a la violencia, al caos,
y la desestabilización de las instituciones es hasta el momento, el “caballito
de batalla” del gobierno.
Debemos responder no a partir de valoraciones de corte jurídico, que
escapan a la comprensión y el interés precisamente de aquellos
sectores que pueden ser permeados por esta propaganda, sino de argumentos de
fácil captación y asociación. Cuatro cuestiones entraña
esta falsedad:
a) La referente a que las FFAA están sujetas a la Constitución.
Diversos hechos políticos, algunos de los cuales ya hemos mencionado,
demuestran que esto es falso y confirman la responsabilidad-complicidad del
gobierno colorado en tal cuestión; la no comparecencia a la justicia,
el incumplimiento de los pedidos de extradición de Gavazzo y otros, la
negativa a remitir la información exigida por el Parlamento, la actuación
en la Conferencia de Ejércitos Americanos. La Ley de Caducidad que fue
expresión jurídico-política de la voluntad del poder de
consagrar la impunidad y afirmar el régimen de democracia tutelada. Junto
a ello, la creación de un estatuto para la coparticipación de
las FFAA en el esquema de poder (por fuera de toda legitimidad constitucional):
comité de crisis, para intervenir en los temas trascendentes del quehacer
político, y otras cuestiones, ya mencionadas, dirigidas a perpetuar un
conjunto de mecanismos que fueron parte constitutiva del terrorismo de Estado.
No se trata, pues, de si las FFAA están o no sujetas a la Constitución,
sino de que no existe voluntad política de realizar esto.
b) La cuestión de la paz y la inestabilidad es, sin duda, un
elemento que golpea sobre la población. La dictadura está
aún muy fresca en la conciencia popular como para empujar a comparar
situaciones. No estamos, como en el plebiscito
del 80, por la recuperación del conjunto de las libertades
democráticas y puede penetrar la amenaza, en muchos
sectores, de que se pierda lo conquistado. Aquí es preciso
apelar al concepto de Justicia, como opuesto a toda situación de desigualdad
social y política y, por tanto, como opuesto a la
violencia de los opresores sobre los oprimidos. No hay paz sobre la injusticia,
por tanto, tampoco pleno ejercicio de los
derechos democráticos por las grandes mayorías oprimidas. Todo
el sistema de desigualdad y opresión se refuerza y
perpetúa sobre la base de la impunidad de los opresores. Para el gobierno,
el ejercicio de los derechos democráticos por el pueblo, aparece como
contrapuesto a la paz y la estabilidad democrática, cada vez que el mismo
conduce al cuestionamiento de la opresión y la explotación. Cuando
es cuestionada la política gubernamental, se accionan inmediatamente
los mecanismos tutelares de la democracia.
La paz que el gobierno ofrece, es la paz de la resignación
frente a la injusticia social y política. La paz que crea el camino
para la mayor de las injusticias.
c) La anulación como sinónimo de regreso al pasado y a hechos
ya superados. Ya insistimos en que estamos ante delitos cometidos por el Estado
que aún persisten como es el caso de las desapariciones. A su vez, el
conjunto de crímenes se dieron en el marco no de una confrontación
civil que abarcó y sumergió a la sociedad toda sino por parte
del Estado y contra la población civil indefensa. El terrorismo de Estado
se proyecta sobre el presente como una gran amenaza y la impunidad es en sí
misma un atentado a los derechos democráticos de la ciudadanía.
d) Por último, la Verdad y la Justicia, no son banderas
levantadas por renegados sociales, minorías inconformes con todo y resentidos.
Es la aspiración democrática de un pueblo, conquistada a través
de la lucha contra la dictadura y contra las pretensiones autoritarias del actual
gobierno. Aspiración que expresa la voluntad de recuperar para la población
toda, el derecho de decidir sobre su destino, y de no resignarse frente a las
injusticias, así como la conciencia de que esto sólo es obtenible
a partir del pleno ejercicio de los derechos democráticos por un pueblo
organizado y movilizado.
• Respecto a la amnistía recíproca. Esta no puede existir
donde no ha habido situaciones comparables de reciprocidad. No es lo mismo la
situación de los presos políticos que estuvieron sometidos a una
prisión rigurosa, que fueron juzgados sin garantías luego de arrancarles
confesiones por tortura, a la de los militares que ni siquiera han concurrido
a los tribunales civiles a esclarecer las causas. Pero, por otra parte, no es
comparable el ciudadano que por una idea política se levanta en armas,
o comete un delito, a los delitos cometidos por los militares que actuaron desde
el campo del Estado. Ser funcionarios públicos, que tienen el privilegio
de detentar el monopolio de la violencia física en la sociedad, no los
autoriza ni a torturar, ni a secuestrar adultos y niños o a fusilar y
matar prisioneros. Estos delitos están fuera, incluso, de la lógica
de la guerra. La tradición jurídica internacional los caracteriza
como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su naturaleza,
y por ser cometidos por funcionarios del Estado no están sujetos a amnistías,
no prescriben y son extraditables (no son considerados delitos políticos).
Por otra parte, la guerra desarrollada por las FFAA en realidad fue contra todo
el pueblo. Lucha sórdida y sucia que utilizó cualquier método
para imponer su proyecto. No tiene nada que ver con las guerras civiles del
pasado que eran confrontaciones a cielo abierto, donde las barbaridades cometidas
se realizaban al calor y la pasión del enfrentamiento, al fragor de la
batalla. Por último, la amnistía de los presos políticos
fue un reclamo nacional, una bandera del conjunto de organizaciones políticas
y sociales del pueblo. Por eso no fue contemplada la aministía de policías
y militares en la ley del año 85 (así lo dice el art. 5º).
Esta “amnistía recíproca” pretende ser una imposición
por medio de la fuerza, como lo demostró el hecho de que la ley de caducidad
fue una imposición al Parlamento bajo el chantaje del desacato.
9) Sobre No Partidización de la campaña.
Defendemos este carácter por:
a) Necesidad de llegar a un espacio mayor que el de los partidos
que apoyan la anulación de la ley, como única posibilidad de ganar
el referéndum. Quebrar la argumentación impulsada por el gobierno
que hace depender la opción de cada votante en el plebiscito de su identificación
partidaria.
b) Impedir las fracturas que traería sobre la campaña el
embanderamiento electoral. Reafirmar las Comisiones Barriales como los organismos
más aptos para llevar adelante la campaña, como quedó demostrado
en la etapa de recolección y en la ratificación. Nuestro movimiento,
como fuerza frenteamplista, insta a todos los frenteamplistas, no sólo
a coordinar con las Comisiones Barriales, sino además a integrarse activamente
al seno de las mismas. Esta posición no surge sólo de los logros
obtenidos por las comisiones, sino también por la fuerza potencial que
demostraron como organizaciones populares.
DOCUMENTO 5
Caracterización de la etapa y la coyuntura
LA DEMOCRACIA TUTELADA
1) Frente a la crisis que padecía América Latina en los años
60
resultaba necesario, para lo intereses imperialistas, una reestructuración
económica, social y política. A esos efectos las dictaduras militares
cumplieron un objetivo fundamental: aplastar los movimientos de resistencia
popular, desarticulando por un largo período a las organizaciones sociales,
a las fuerzas de izquierda y, en particular, a las revolucionarias opuestas
a dicha reestructuración.
2) Las graves consecuencias económicas, sociales y políticas
que las dictaduras produjeron en los sectores populares llevaron, sobre fines
de los 70, a una estrategia continental del imperialismo que apuntó a
prevenir que las acciones de resistencia desbordaran el sistema de dominación.
En este contexto la Revolución Nicaragüense introdujo un llamado
de alarma adicional.
El imperialismo y sus aliados internos de cada país fueron, así,
obligados a readecuar el sistema de dominación sobre la base del mayor
consenso posible, y de una recomposición del marco ideológico
y político que trabara la posibilidad de que la lucha democrática
pusiera en peligro dicho sistema. La variante estratégica fue la salida
democrática negociada, manejada por grupos políticos, representantes
de los intereses de los sectores principales de la economía asociados
al imperialismo.
3) En nuestro país, la dictadura comenzó a manifestar síntomas
de desgaste a fines de la década del 70. Intentó entonces institucionalizarse
por medio de una reforma constitucional plebiscitada, que estableciera una fachada
democrática de cobertura al sistema de coerción. La derrota del
proyecto de reforma en 1980 aceleró la crisis de dominación y
alentó la reorganización del movimiento popular.
4) El Partido Colorado, con su experiencia de conducir el Estado
durante un siglo, contribuyó decisivamente a organizar esta salida. Las
consecuencias de la derrota del movimiento popular, las tradiciones, ilusiones
y aspiraciones democráticas existentes en la población, el papel
colaborador del reformismo político para este tipo de salida, la debilidad
de la izquierda revolucionaria, ayudaron a que el proceso abierto por la resistencia
a la dictadura desembocara en la apertura política hacia un gobierno
constitucional civil basado en un régimen de nuevo tipo: una democracia
tutelada por los militares.
5) El carácter negociado de la salida se concretó en el Pacto
del
Club Naval, con un retiro militar en orden, que no tocaba orgánicamente
a las FFAA ni eliminaba su presencia en la dirección de Organismos públicos
como la Dirección de Aeronáutica Civil, Comunicaciones y otros;
con elecciones proscriptivas y presos políticos. Por ellas se instaló
en el gobierno el sector más conservador y comprometido con los militares
y el imperialismo: el Partido Colorado. Este Partido planificó y llevó
adelante una apertura política que, sin contar con un acuerdo concreto
de los dos partidos tradicionales, consiguió sin embargo consenso a partir
de la participación del Frente Amplio en el Pacto. Esto y la habilidad
del Partido Colorado para mantener siempre dividido al Frente democrático
opositor y debilitar a cualquier variante intransigente de la apertura, constituyeron
una primera victoria para la estrategia colorada-imperialista, imprimiendo una
dinámica de centro-derecha al proceso subsiguiente.
6) Para asegurar la gobernabilidad del país, según el proyecto
del partido colorado, era necesario desmantelar la conflictividad social del
movimiento obrero y popular, que estaba dispuesto a recuperar lo perdido durante
la dictadura. La atomización y aislamiento de las luchas y las derrotas
sucesivas de los conflictos laborales más trascendentes, fueron quitando
efectividad al movimiento sindical. Los Consejos de salarios y los convenios
a largo plazo operaron como mecanismos debilitadores de su capacidad de respuesta.
7) Paralelamente el gobierno recompuso sus relaciones con la
mayoría del partido Nacional y logró que compartiera su doctrina
de gobernabilidad. De este modo la comprometió a respaldar la impunidad
y la política hacia las fuerzas armadas, además de afirmar los
ejes de la orientación económica: deuda externa, deuda interna,
salvataje de bancos, contención salarial. La mayoría blanca fue
un sostén fundamental del gobierno y pieza importante en la aplicación
del proyecto conservador de las clases dominantes. Para ello debió renunciar
a los postulados democráticos de la campaña electoral y avalar
esta política antipopular.
8) La democracia tutelada establecida implica:
a) Reestructuración de la división clásica de los Poderes
del
Estado, pero con un Ejecutivo donde se concentra casi exclusivamente la toma
de decisiones; un Parlamento supeditado permanentemente al veto presidencial
y a la amenaza de disolución, si lo levanta, y a las componendas de la
gobernabilidad, y una judicatura desfinanciada, limitada en sus medios de acción
y bajo presión permanente del Ejecutivo para que no ejerza con independencia
su función; continuidad de un equipo tecnocrático que conduce
la economía de acuerdo a las directivas de los organismos financieros
internacionales.
b) Mantenimiento del aparato militar íntegro, sin depuración y
sin
anulación de los privilegios obtenidos bajo la dictadura; legalización
de la impunidad para crímenes y delitos de terrorismo de Estado cometidos
en el “Proceso”; acumulación del potencial represivo para
proyectarlo sobre la sociedad como amenaza pendiente contra el proyecto de cambio;
reconocimiento por el Partido colorado, el sector blanco de la gobernabilidad
y algunos otros segmentos de la incidencia militar en el sistema político
y en el Estado, con ocupación real de algunas parcelas de poder y de
la administración, mando de los cuerpos represivos y, en especial participación
en el Comité de Crisis. Como instrumento de la tutela, las FFAA siguen
rigiendo su conducta y concepción del país por la supuestamente
abolida Doctrina de la Seguridad Nacional, representa los intereses de la contrainsurgencia
regional del militarismo norteamericano y son la garantía de continuidad
del modelo transnacional de economía global que, aplicado a los países
subdesarrollados, empobrece, marginaliza y es, por lo tanto, potencialmente
conflictivo.
c) Desarrollo de una fuerte ofensiva ideológica sobre cualquier tipo
de cambio y, en especial, toda propuesta revolucionaria; amplio espacio para
aquellos que, desde la izquierda, se adaptan al nuevo esquema de dominación;
fomento de actitudes individualistas y de una actitud de resignación
“realista” en el conjunto de la sociedad.
Utilización del autoritarismo como patrón de comportamiento individual
y social, a partir de la amenaza y el chantaje permanente del poder en su conjunto
como tentativa de disciplinar a la sociedad. Por ejemplo: prohibición
de ocupar los lugares de trabajo en protesta laboral, funcionamiento de “servicios
especiales”, razzias contra jóvenes y barrios marginales.
El control de los medios de comunicación es ejercido de manera a veces
solapada pero siempre con mano dura, y los transforma en sistema reproductor
de la ideología de dominio, para favorecer la ofensiva ideológica
y marginalizar cualquier planteo que exceda los límites del proyecto
conservador. Dentro de esta ofensiva ideológica el Partido Colorado ha
hecho reiterados intentos de captación de las cúpulas partidarias
opositoras (viajes, integración de los Entes Autónomos, coincidencias
de política exterior), utilizando alternativamente el poder del Estado
y los medios de comunicación, para profundizar las divisiones internas
en los grupos políticos y entre sus dirigentes y las bases.
EL CONTINUISMO ECONOMICO.
1) El pasaje de la dictadura militar a la apertura política que la lucha
popular consiguió finalmente en 1984 (aunque mediatizado por el Pacto
del Club Naval y sus derivados), no pudo revertir el continuismo en materia
de política económica. El gobierno de Sanguinetti encontró
medidas para que la nueva situación contuviera las mismas líneas
económicas, aunque la acción organizada de los trabajadores consiguió,
durante 1985 al menos, que no se continuara abatiendo el salario real promedio,
como venía sucediendo desde hacía más de una década.
2) El PIT-CNT logró un relativo -si bien bajo- incremento del
promedio salarial, pero a partir de 1985 ese indicador volvió a descender,
debido a la concepción del equipo económico de que el crecimiento
sólo es posible mediante la exportación. En este punto de vista,
el salario es determinante de que la producción exportable pueda ser
colocada en el exterior.
3) Lo anterior es el más claro signo de la política de resignación,
que en todos los aspectos, lleva adelante este gobierno.
Ella considera que el país ya no tiene ninguna posibilidad de crecer
internamente y, mucho menos de desarrollarse. El pago de la deuda externa y
sus intereses así lo exigen. Producir para exportar se convierte, por
consiguiente, en el requisito para viabilizar lo más posible ese pago,
creando a la vez condiciones que beneficien al empresario exportador, el cual
para vender al exterior, no tiene otra posibilidad que vincularse a los canales
del capital transnacional.
4) Para que este capital venga a “salvarnos” hay que ofrecerles
ventajas. De ahí la privatización como estrategia económica
fundamental. La ley de Zonas Francas, los permisos de capitalización
de la deuda externa propician como nunca antes, en el país, las facilidades
para la entrega del patrimonio (Bancos, tierras, empresas) al capital. Este
continúa, por otra parte, aprovechando el conjunto de medidas financieras
vigentes desde el período de la dictadura, por las que la economía
uruguaya privilegia la especulación financiera (compra de títulos,
bonos, moneda extranjera, etc.).
5) Esta línea se vió ayudada por una situación internacional
favorable a Uruguay, en 1986. Pero ese crecimiento no benefició a los
trabajadores. Se trata de un buen ejemplo del grado de dependencia del país,
con sus negativas consecuencias sobre los sectores populares, aún en
el caso de que el Uruguay sea auxiliado por la situación internacional.
En el mejor de los casos, los salarios apenas aumentaron en algún sector
exportador, en la medida en que creció la llamada “productividad”
del trabajo (que significa en realidad, aumentar el esfuerzo de los trabajadores
para que los empresarios dispongan de más productos a colocar en el exterior
a igual o menor costo salarial y, de ese modo, aumentar sus ganancias).
6) Pero jugar a la tómbola de la situación internacional para
el
crecimiento de un país subdesarrollado y dependiente como el nuestro,
no sólo es riesgoso; muestra que las pocas veces que se acierta, las
ganancias no duran mucho. Así, cuando las condiciones favorables desaparecieron,
el crecimiento fue bajando a tal grado que en 1988 fue nulo. Y si con crecimiento,
los sectores que viven de un salario o de un ingreso limitado pueden, a lo sumo,
apenas mantener o hacer crecer en algo su entrada real, al no existir crecimiento,
su nivel de vida tiende otra vez a descender.
7) El salario mínimo nacional, percibido por aproximadamente cien
mil trabajadores rurales y casi otro tanto de trabajadores urbanos y que sirve
además, para fijar el monto de las asignaciones familiares, hogar constituído
e incluso los ingresos mínimos de parte muy importante de los pasivos,
disminuyó entre abril de 1985 y octubre de 1988 en más de un 21
%. Los casi 600.000 jubilados y pensionistas reciben, alrededor de su mitad,
ingresos inferiores a ese mínimo nacional. O sea: 750.000 compatriotas
(la cuarta parte de la población); están por debajo de la línea
de pobreza, como lo reconoció recientemente el propio Ministro de Trabajo
y Seguridad Social.
8) A esta situación debe agregarse el problema de los alquileres
absolutamente prohibitivos, causa inmediata del constante crecimiento de los
cantegriles y el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas),
que vienen consolidando la existencia del llamado sector informal de la economía.
El sector informal no es otra cosa que un resultado de la desocupación
estructural sufrida por la economía y la continuación de la emigración
de muchos uruguayos, especialmente gran cantidad de jóvenes, que no tienen
más remedio que irse del país, al no encontrar en él los
lugares que le permitan ejercer su vocación, sus deseos de participación
y trabajo, su poder de creatividad. La juventud es, así, uno de los sectores
más reprimidos del país, incluso por la violencia, cuando intentan
manifestar como protesta social, cultural o política.
A todo lo anterior se suman el permanente aumento de los
servicios públicos, como efecto directo del pago de la deuda externa
y sus intereses, la aplicación de una política impositiva y fiscal
centrada en los ingresos indirectos (IVA, IMESI) que descarga su mayor peso
relativo en la población de menores ingresos y asfixia a pequeños
y medianos productores, favoreciendo la concentración de la riqueza entre
muy pocos; la política presupuestal, antigua de más de veinte
años, que consiste en comprimir gradualmente los recursos destinados
a la represión como forma de asegurarse el dominio del sistema.
Mientras tanto la deuda externa, que creció durante la dictadura a razón
de un millón de dólares por día, ha continuado su expansión
a partir de este gobierno, en proporción similar, sin contar las transferencias
por el pago de servicios.
9) Otra sería la situación actual si esos recursos se hubiesen
aplicado a la inversión productiva y al mejoramiento de la calidad de
vida de la gente. Aún teniendo en cuenta lo dificultoso, para un país
como Uruguay, de salir de tales condiciones, una asignación de recursos
diametralmente opuesta a la que se practica podría conducir a la reversión
de la ruina y miseria de nuestros hospitales, a la construcción de nuevos
liceos y escuelas, al establecimiento de programas de investigación para
lograr una tecnología propia y liberadora que siente las bases de un
desarrollo nacional.
10) Esta política y su intento de inducir a la resignación ante
el
continuismo de la línea económica, conduce sin duda a catalogarla
como antinacional, antipopular y antidemocrática.
EL PROYECTO CONSERVADOR
1) Es preciso examinar el proyecto conservador en su conjunto,
para elaborar una propuesta global. El mismo combina todo lo que significa la
democracia tutelada, el continuismo económico y las pautas ideológicas
predominantes, analizadas anteriormente.
Este proyecto se ha ido aplicando a partir de una correlación de fuerzas
políticas y sociales que determinan -y a la vez es determinada- por las
luchas que han desarrollado en su interior: la lucha antidictatorial y la forma
particular (pactada) en que se salió de la dictadura, punto de arranque
de la democracia tutelada.
El carácter que asumen las luchas políticas, parlamentarias y
fundamentalmente sindicales, en el contexto de la política de concertación.
La lucha democrática contra la impunidad y la tutela militar, único
terreno en el que se verificó un enfrentamiento colectivo con el sistema
y se llegó al enorme hecho político de triunfo en la batalla de
las firmas. Tendremos que examinar, al mismo tiempo la supremacía del
voto amarillo como indicador de un cuadro político y electoral desfavorable
para las finalidades del cambio.
Las consecuencias profundas de la campaña del referéndum sobre
la situación política del país serán analizadas
en otros materiales.
2) El proceso vivido durante la dictadura militar regido por la
Doctrina de la Seguridad Nacional y por la imposición de un nuevo modelo
económico ha dejado una estructura de poder por la que ya es imposible
la vuelta a la antigua democracia liberal uruguaya. La participación
de las FFAA en ella no puede ser soslayada. La lucha contra la Ley de impunidad
ha demostrado a las claras el peso político de los militares, aunque
hoy no estén en el gobierno directo del país, como en los tiempos
de la dictadura.
3) En el Uruguay el proyecto conservador impuesto restringe aún
más la participación del conjunto de los sectores populares. Las
actuales características de la situación económica, política
y social del país impiden la vigencia plena de los derechos democráticos.
4) Puede afirmarse que, mientras la situación aquí definida venía
produciéndose en perjuicio de la gente, de su calidad de vida, presente
y de su futuro, no ha habido una oposición política que coordinara
una propuesta diferente y eficaz para enfrentar al proyecto conservador.
5) Esa oposición política conformada fundamentalmente por el
Partido Nacional y el Frente Amplio no tuvo capacidad para aunar una respuesta
alternativa a ese modelo conservador, y al creciente autoritarismo del Poder
Ejecutivo. El Partido Nacional con su mayoría alineada en ese modelo
a través de la gobernabilidad y su deseo de “pasar factura”
por el Pacto del Club Naval, derivó en socio cómplice del gobierno,
con la salvedad del Movimiento de Rocha, que en su propósito de marcar
un perfil diferente, se aproximó al campo popular. Sólo el F.A.
en la medida que recupere su potencialidad transformadora podrá ser la
base de la propuesta popular, nacional y democrática que haga por fin
realidad que “los más infelices sean los más privilegiados”.
LA SITUACION DEL F.A.
1) A la salida de la dictadura, el F.A. recupera el empuje y el
entusiasmo popular, mostrando la persistencia del sentimiento frenteamplista
de grandes sectores de nuestro pueblo, tras superar los intentos del régimen
por desarticular y aislar a la izquierda. Ese arraigo popular y la vigencia
de su programa transformador, crearon temor e incertidumbre en los sostenedores
del proyecto conservador al tiempo que alentó la esperanza de cambio
real en un sector importante de la población.
2) Las concepciones que durante este período prevalecieron en la
conducción del F.A. no permitieron el desarrollo de ese potencial transformador,
sino que diluyeron y desdibujaron la línea política y el perfil
opositor que lo habían caracterizado antes de la dictadura. Pesaron en
este sentido las ilusiones en torno a acuerdos efectivos políticos y
programáticos con el Partido Colorado, el miedo al aislamiento con respecto
a los partidos tradicionales, la falta de confianza en las masas y su movilización.
Una línea política que manifestó la voluntad de ocupar
todos los espacios y que desde los acuerdos del Club Naval pasó por las
etapas de la concertación, de la participación en las convocatorias
de Sanguinetti para “Acuerdos Nacionales”, de participación
en viajes que afirmaron la imagen del Presidente en el exterior. Se llegó
también a coincidir públicamente con el conjunto de la política
exterior del gobierno. Frente a la táctica gubernamental de imponer su
política antipopular mientras recurría a un discurso de diálogo
y concertación, el F.A. no desenmascaró esa maniobra ni convocó
a la movilización popular para enfrentarla. Esa falta de claridad opositora
generó confusiones y le permitió al gobierno actuar con las manos
libres, distrayendo el descontento de la gente, y entorpeciendo la lucha por
las reivindicaciones populares.
En los hechos, esta orientación debilitó al F.A. como alternativa
de gobierno y de poder, a pesar de proclamar este objetivo.
3) Esta concepción, cuya responsabilidad comparten los sectores
predominantes del F.A., creó la “mesa chica”, integrada por
PC, PS, PDC, 99 y Seregni, como forma de ampararse en su trabajo cupular. De
este modo marginaron y desmovilizaron a las bases frentistas y excluyeron a
un sector importante de partidos y movimientos.
Tal Organismo no estaba estatuido, no fue resuelto orgánicamente y no
rendía cuentas ante ninguna instancia frentista.
Esta tendencia procuró mantener los debates, exclusivamente en el marco
de la discusión de direcciones, además de concentrar las decisiones.
En ese sentido, su responsabilidad fue global, sin embargo, por un lado, la
incidencia del PC en la estructura frentista y su pose dentro del movimiento
de trabajadores organizados y por otro lado, la presencia parlamentaria de la
99 y sus espacios en la prensa, determinaron que ambos jugaran un papel decisivo
en el desarrollo de dicha concepción.
4) Ante esta situación del F.A. y el movimiento popular, quienes hoy
integramos el MPP e impulsamos orientaciones distintas, no fuimos capaces de
incidir para revertir la situación.
Así como criticamos lo que entendemos orientaciones equivocadas que prevalecen
en la izquierda en este período, debemos señalar también
con claridad y franqueza nuestras insuficiencias y nuestros errores. En primer
lugar tenemos que autocriticarnos la atomización, la dispersión
de este sector de la izquierda.
Esta división debilitó las posibilidades de construir un alternativa
distinta a nivel de la gente. Existieron diferencias políticas objetivas
que no tuvieron ni se hicieron los esfuerzos suficientes para crear un ámbito,
para discutirlas y procesarlas.
También se dieron sectarismos que contribuyeron a aislarnos así
como pesaron los efectos negativos de la frustración del proyecto inicial
de la IDI. La propia situación de exclusión de algunas fuerzas
en relación al F.A., dificultó una visión común
de determinados problemas y su encare en forma conjunta.
No logramos desarrollar una propuesta política de masas que aglutinara
esfuerzos y que se enraizara en la gente, creando una opción distinta.
5) La actitud de la dirección mayoritaria del F.A. fue de pasividad
y
de distanciamiento ante los conflictos sociales y sindicales. En varios sectores
pesó el temor a ser arrastrados a una dinámica de enfrentamiento
con el gobierno. Las consecuencias de esta actitud para una fuerza política
como el F.A., tan relacionada con los intereses de los trabajadores y de los
sectores más oprimidos de nuestra sociedad, fueron su debilitamiento
y desmovilización, sumados al desconcierto y la sensación de abandono
que sintieron muchos miles de compatriotas que debieron soportar las consecuencias
de la política oficial sobre salarios, jubilaciones, alquileres, vivienda,
salud, sin poder contar con su apoyo organizativo y solidario.
6) Simultáneamente el F.A. fue derivando, cada vez más, hacia
la
actividad parlamentaria, incluso sin librar grandes batallas en ese plano. La
amenaza permanente de vetos, y en algunas oportunidades los amagos de disolución
de las Cámaras, aunado a la complicidad de mayorías del P. Nacional,
consolidó el predominio del Ejecutivo sobre el Parlamento. Desvinculado
el F.A. de la movilización social, su actitud parlamentaria tendió
a parecerse demasiado a la de los partidos tradicionales, que adjudican a la
gente el mero rol político de espectadores y cuya única actividad
política admitida consiste en participar en las elecciones cada 5 años.
La falta de proyectos de Ley sobre los problemas que afectan a las grandes mayorías,
tales como las jubilaciones, los salarios, la protección para los inquilinos,
la salud, así como la inacción ante el creciente autoritarismo
en la Enseñanza, no quedó disimulada por los aciertos en la actitud
de la bancada del F.A. sobre la deuda interna, la ley de impunidad y las Zonas
Francas. Muchos de los proyectos presentados, aisladamente sin coordinación,
parecieron estar en el campo de la búsqueda de apoyo del P. Nacional
o del P. Colorado para evitar vetos.
7) En torno a la lucha por la Verdad y la Justicia, debemos señalar
que la sensibilidad de la militancia frentista, el eco público de las
denuncias realizadas, la labor de los familiares y organizaciones de los DDHH,
así como de las fuerzas políticas comprometidas con un planteo
democrático intransigente y el peso moral innegable que el propio tema
tenía, lograron que todo el F.A. se alineara en una posición firme
sobre el tema.
Superando vacilaciones iniciales, entonces, el FA se comprometió en la
lucha por el referéndum. Pero lo hizo más sobre las espaldas de
su militancia (que junto a la de otros sectores dieron la gran batalla por las
firmas y por el Plebiscito) que por el accionar cauteloso de algunos de sus
dirigentes políticos. El planteo de “soluciones políticas”
al tema de la impunidad (relacionado con la visión particular de la relación
FA-FFAA) provocó una gran confusión que fue hábilmente
aprovechada por los sectores más conservadores y reaccionarios de la
sociedad. No fueron menos desalentadoras las declaraciones sobre la confianza
que les merecían, tanto Medina como la Corte Electoral, efectuadas por
parte de los connotados dirigentes del PGP.
8) En este contexto de desmovilización y castración del potencial
de lucha y esperanza en los cambios que representa el FA, es que surgen en el
debate interno y público las concepciones llamadas de centro-izquierda
o “izquierda renovadora”. Esta concepción forma parte de
una estrategia que comenzó a ser desarrollada hace más de dos
años, y que hoy asume la responsabilidad de romper la unidad popular
forjada a lo largo de muchos años de luchas. En nombre de una “nueva
izquierda” pragmática y flexible, se levantaron, en realidad, viejas
ideas que siempre apuntaron a mediatizar los cambios en las injustas estructuras
del país. Argumentando que no era viable la aplicación del programa
democrático, popular y nacional del FA, se buscó rebajarlo y se
logró que la mayoría de las fuerzas frentistas, para “contener
la hemorragia” aceptaran eliminar algunas medidas que enfrentan profundamente
la estructura de dominio que padece el país.
Esta concepción, en los hechos, expresa el renunciamiento al objetivo
político de ganar el gobierno -cualquier gobierno- para el FA, apostando
más a ser o actuar como complemento de los partidos tradicionales, como
“bisagra”, que permitiera integrar mayorías parlamentarias
conducidas por aquellos. El debate con la orientación rupturista se caracterizó
por la falta de claridad, por la marginación de las bases frentistas,
por las dilaciones permanentes y las condiciones a planteos de rebaja programática.
Se creó una polarización que no reflejaba la realidad del FA,
que trabó una discusión amplia y participativa alimentando la
crisis del FA.
9) Al momento de su nacimiento, el FA expresó su voluntad de
“construir” una sociedad justa con sentido nacional y progresista,
atribuyéndole al pueblo el papel protagónico en ese proceso. Como
consecuencia se crearon los Comités de Base, verdaderos sustentos del
FA y su más innovadora propuesta en la política nacional. Hasta
allí llegó el corrosivo intento centroizquierdista, apuntalando
el concepto de coalición y renegando del movimiento, para lo cual procuraron
eliminar el papel participativo que deberán tener los Comités.
En la reestructura del FA de 1986, y luego de trabajosas negociaciones, se le
reconoció a los C. De Base el derecho a incidir en las decisiones de
los órganos políticos. Sin embargo, en los hechos, no se alcanzó
ese objetivo por la falta de voluntad política y equivocada práctica
aparatista de ciertos sectores del FA, reduciendo el peso que los comités
pudieron alcanzar en el camino democrático. Ello derivó en que
los militantes y adherentes han terminado entre angustiados y doloridos, siendo
meros espectadores de las disputas y los errores de las cúpulas partidarias.
Por otra parte, esa concepción aparatista creó asimismo condiciones
favorables para los planteos rupturistas, que la utilizaron como pretexto para
su política.
10) Cabe también recordar que en el Documento Constitutivo del
FA, su verdadera acta de nacimiento, se hace un expreso llamamiento para incorporar
a las “fuerzas políticas que alientan su misma concepción
nacional, progresista y democrática avanzada”.
No obstante, durante todo este período, distintas fuerzas políticas
se fueron oponiendo o condicionando al ingreso de organizaciones políticas
de la izquierda, pese a que expresaron reiteradamente su vocación frenteamplista
y la aceptación de sus documentos fundamentales.
EL MPP Y SU PROPUESTA POLITICA.
(EL FA QUE QUEREMOS)
1) El MPP surge como opción política para responder a un
conjunto de desafíos que tiene planteado el movimiento popular, el FA
y la izquierda revolucionaria. Es preciso definir las tareas principales que
debe emprender el movimiento popular en el actual período para enfrentar,
contener y en perspectiva hacer retroceder el proyecto conservador. Debemos
ofrecer una respuesta a la crisis del FA, al retroceso que éste ha evidenciado
como opción programática y de masas, como marco político
de unidad de la izquierda y del movimiento popular y como alternativa de gobierno
al bipartidismo.
Por último, es necesario crear el marco político para responder
y superar la crisis y atomización de la izquierda revolucionaria, que
en este período no ha logrado construirse como una referencia de masas.
Para ello deberá romper el cerco que le ha tratado de imponer el sistema
y el aislamiento - división sostenido por las organizaciones mayoritarias
dentro del FA.
2) El FA es el espacio político en el que el MPP ha definido
responder a dichos desafíos, en tanto marco de alianzas y expresión
política unitaria del movimiento popular, necesario para emprender la
lucha contra el actual proyecto conservador y por las transformaciones democráticas
anti-imperialistas, y anti-oligárquicas que nuestro país requiere.
Desde una posición crítica y autocrítica debemos responder
a un conjunto de cuestiones: qué tareas políticas priorizar; que
concepción sostenemos respecto al FA y en la construcción del
MPP; cómo modificar la correlación actual de fuerzas, para poner
a la orden del día las transformaciones de signo racional, popular y
democráticas que las bases programáticas del FA expresan. En definitiva,
definir qué FA queremos y qué movimiento vamos a construir.
3) De ello se desprende un conjunto de tareas a ser abordadas por
el FA que son punto de partida para enfrentar el proyecto conservador: la lucha
contra la tutela militar por el no pago de la deuda externa, soluciones efectivas
para la salud, enseñanza y vivienda popular; recuperación salarial;
alcanzar los niveles de la canasta familiar; defensa del patrimonio nacional
y creación de fuentes de trabajo para detener la emigración y
ocupar amplios sectores hoy ligados a la economía “informal”.
Se trata de una propuesta global, que no eluda el enfrentamiento, que no puede
quedar subordinada y postergada a la posibilidad futura de un gobierno popular
del FA o a obtener una relación de fuerzas mejor a nivel institucional.
Es preciso que el FA, no sólo en el Parlamento, sino a partir de la movilización
de masas, promueva esta lucha.
Esta política, a su vez se constituye en un importantísimo resorte
para que el FA continúe avanzando en términos institucionales
y construyendo las bases sociales para un gobierno popular y para las grandes
transformaciones.
4) La democracia tutelada como régimen de nuevo tipo que busca
ajustar el sistema político, el marco jurídico-institucional y
el aparato del Estado a las exigencias de la dominación en el cuadro
de la crisis, constituye un obstáculo poderosísimo para emprender
la defensa de los intereses populares, salvaguardar los derechos y libertades
democráticas y proyectar una alternativa de gobierno popular a los partidos
tradicionales. Para las perspectivas de un gobierno del FA (nacional o municipal)
dar una respuesta en este terreno determina las posibilidades de sortear los
límites que el actual régimen impone.
5) Es preciso responder a la ofensiva ideológica de las clases
dominantes. Una ofensiva que apunta, en primer lugar, a destruir cualquier opción
radical, y que ha logrado imponer la lógica del posibilismo, del seudo-realismo
de la moderación y que paralelamente impulsa la resignación, el
criterio de que la lucha no paga, etc. El FA ha sido fuertemente penetrado por
esta ideología y su crisis así como el alejamiento del PGP-PDC
también debe ser analizada tomando en cuenta este factor.
6) El MPP nace afirmando su vocación frenteamplista y
defendiendo el instrumento político de unidad de la izquierda y de expresión
de los anhelos de cambios del movimiento popular. Surge en momentos en que el
FA atraviesa una profunda crisis, para abrir un debate franco que el conjunto
de la base frenteamplista reclama y para unir fuerzas en la lucha por hacer
retroceder el proyecto conservador y hacer viables los cambios profundos. Repudiando
las recientes rupturas y reafirmando la necesidad de un instrumento político
unitario de toda la izquierda uruguaya.
7) Es preciso reafirmar al FA como oposición programática y de
masas. Esto equivale a construirlo como la principal herramienta política
de lucha contra el proyecto conservador y contra toda iniciativa antinacional,
antipopular y antidemocrática. Significa poner en acción toda
su capacidad de convocatoria y movilización en defensa de los intereses
populares, con propuestas claras y terminantes para enfrentar la tutela militar,
la creciente dependencia del imperialismo y toda forma de injusticia social.
Desterrando la conciliación con los partidos tradicionales como concepción
del quehacer político y haciendo de la movilización popular el
eje de la misma.
Además de actuar en las instituciones democrático-representativas,
el FA debe promover todos los posibles mecanismos de democracia directa (como
formas de auto-organización de las masas) de carácter extra-institucional,
combinando ambas cuestiones, en tanto componentes indispensables de una política
dirigida a modificar la actual correlación de fuerzas y a concretar los
cambios.
Sólo cambiando la política de la resignación por una de
lucha que no se amolde a la realidad, sino que procure transformarla mediante
formas participativas de la política y con la gente ingresando directamente
a los niveles de decisión, podrá ponerse en marcha, con resultados
reales, el proyecto de cambio.
8) Lo anterior exige de un FA sólidamente afirmado sobre la
democracia interna como afirmación del respeto y reconocimiento a la
diversidad de ideas; desterrando el manejo cupular en las discusiones y en las
resoluciones; apelando permanentemente a las bases y respetando sus decisiones;
volcando a los comités de base a organizar a amplios sectores populares
para deliberar, resolver y actuar transformando en organismos vivos para el
debate constructivo y la fraternal confrontación de ideas y erradicando
los hegemonismos dentro del aparato organizativo.
9) Un FA que retome el camino de la unidad sin exclusiones, en
tanto condición indispensable de un instrumento que se propone realizar
cambios de fondo en el país y ser expresión política unitaria
del movimiento popular.
Esto exige levantar una lucha contra las concepciones sectarias y esencialmente
antidemocráticas que obstaculizan la unidad y que en este período
han negado las bases fundacionales mismas del FA: un Frente que surge a la vida
política, buscando expresar los niveles de unidad alcanzados por el movimiento
popular en sus luchas y potenciándolos a partir de la construcción
de una alternativa política al bipartidismo.
10) El MPP nace para hundir sus manos en estas tareas;
buscando superar la atomización de la izquierda revolucionaria, sus dificultades
para nuclear amplios sectores de luchadores y ser referencia para miles de frenteamplistas.
Un proyecto político de largo alcance, que se construye como movimiento
de masas y de militantes; que subordina la participación electoral a
su concepción política global de movilización y participación,
en la más amplia democracia interna, en una perspectiva de cambios revolucionarios
para la liberación y el socialismo.
DOCUMENTOS APROBADOS
En general
BASES GENERALES MINIMAS PARA LA PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO
INTRODUCCION
La elaboración de la Plataforma para el Movimiento es uno de los desafíos
más trascendentes. La idea que maneja la Comisión de Plataforma
y Programa desde sus inicios fue la de presentar una serie de propuestas básicas,
fundamentales para el desarrollo y la organización de cualquier movimiento
político de izquierda, participativo, combativo y radical.
Al mismo tiempo, se pretende que estas ideas sirvan para fomentar la discusión
en los grupos de base, en el entendido de que estas propuestas generales sin
duda van a ser enriquecidas, apoyadas y/o cuestionadas por el desenvolvimiento
fermental de la discusión y el debate. Sobre todo en lo que hace referencia
al enriquecimiento “desde abajo” a todas las experiencias que tienen
que brindar compañeras y compañeros, extraídas de sus lugares
de trabajo, de estudio o de barrio. Así, van a ser tratados y comprendidos
mucho mejor en una Plataforma-Programa temas tales como salario, jubilaciones
y pensiones, desocupación, opresión de la mujer, opresión
racial, la problemática de la juventud y de los ancianos, los problemas
barriales, ecológicos, de recolección de basura, de moradores
de cantegriles y viviendas de emergencia, trabajadores informales, los tremendos
problemas del interior del país, así como también los problemas
graves de falta de atención sanitaria, educacional, etc. Todos estos
temas van a ser contemplados y desarrollados de forma más completa por
la óptica particular de cada sector.
Pensamos que ese tiene que ser el método a utilizarse, permitiéndose
una amplia y prolongada discusión de todos los grupos de base y organismos,
sin temer a los cambios o a la crítica, ya que el programa, la plataforma,
tiene que ser una cosa viva, que se adapte constantemente a las nuevas necesidades
populares, permitiendo avanzar hacia una mayor conciencia de la explotación
sufrida por las clases populares, adelantando algunas soluciones para sus anhelos.
1) El carácter estructural de la crisis del modelo capitalista
dependiente que prevalece en nuestro país determina que sea impostergable
abordar un conjunto de transformaciones de fondo en la estructura económica,
social y política del país.
Es necesario que nuestro movimiento impulse resueltamente la solución
de estos problemas, a través del desarrollo de una propuesta para avanzar
hacia una sociedad igualitaria, participativa, democrática y socialista,
respondiendo a las necesidades de amplios y crecientes sectores populares.
Para ello debemos tener una definición y una práctica claramente
antiimperialista, antioligárquica y democrática radical en una
perspectiva socialista que implica la ruptura de la forma de dominación
capitalista.
2) La plataforma del movimiento debe reunir las siguientes características:
- Mantener un nítido perfil opositor que rechace la injusticia, el
autoritarismo y la entrega del país al capital transnacional.
- Utilizar nuevos mecanismos de participación de las bases en la
elaboración y la implementación de la plataforma común.
- Debe expresarse en propuestas concretas para que se
transforme en motor de la movilización popular. Sin movilización
popular no tiene viabilidad una propuesta alternativa.
- Será fiel a los principios programáticos sobre los que se fundó
el
FA, como línea rectora de un pensamiento que comprendía la necesidad
de transformaciones de fondo en nuestro país. Buscando hallar desde nuestra
realidad actual y con la participación imaginativa y creadora de todos,
el camino al socialismo.
3) Por todo ello las definiciones deben ser las siguientes:
- Deben ser eliminados los mecanismos que sirven para perpetuar
el poder antinacional, antidemocrático y antipopular de las
mayorías dueñas de la riqueza. En ese sentido debemos
impulsar:
- La anulación de la ley de caducidad para que haya verdad y justicia,
por el voto verde.
- La desmilitarización del país. Es necesario desmantelar el
aparato represivo y someter a las FFAA a las decisiones emanadas del poder civil,
lo que implica:
** Reducción de los efectivos y adecuación de la infraestructura
y armamento a dicho objetivo.
** Eliminación del “Comité de Crisis” y de todos los
mecanismos de injerencia en las condiciones políticas.
** Eliminar los servicios de inteligencia interna.
** Eliminar los centros de educación secundaria de carácter militar.
** Anulación de los acuerdos militares vigentes que nos ligan a la política
imperialista.
** Los presupuestos de los ministerios de Defensa e Interior deben ser reducidos
a no más del 10 % del presupuesto total.
** Eliminación de la política militarizada.
** Eliminación de los sistemas de policía privados.
** Creación de la policía judicial.
** Desmilitarización del cuerpo de bomberos, meteorología, etc..
** Rompimiento con el FMI y no pago de la Deuda Externa. Creación de
un frente de todas las fuerzas latinoamericanas que se comprometan al enfrentamiento
de los mecanismos de presión y explotación de la Banca Internacional.
- Una Reforma Agraria que tenga los siguientes criterios:
** Darle tierra a quien la trabaje.
** Entrega de tierras a los aspirantes a colonos.
** Expropiación de las tierras en manos extranjeras.
** Eliminación del latifundio.
** Vida digna para los trabajadores rurales.
- Impulsar soluciones para las necesidades de nuestro pueblo en
un marco participativo y de democracia social:
Debe acrecentarse el papel que tiene la economía estatal, en una economía
capitalista dependiente, como garante de la soberanía nacional y de la
justicia social, en un proceso de democratización de la toma de decisiones
referidas a la gestión del Estado a través de una creciente participación
de la población en la misma. Esto implica la defensa intransigente del
patrimonio nacional, combatiendo las privatizaciones y los desmantelamientos
de las empresas del Estado, debe ser uno de los aspectos principales de nuestro
trabajo. Debemos ser impulsores de medidas concretas que prioricen la inmediata
mejora de las condiciones de vida de los sectores del pueblo que están
sin trabajo, sin vivienda, sin acceso a una vida decorosa, partiendo de la base
de su propia participación, organización y protagonismo.
- Garantizar a todos los uruguayos trabajo, salario mínimo y
jubilación mínima de acuerdo a la canasta familiar con reajuste
bimestral; incrementar el gasto público social que viabilice el pleno
acceso a los servicios públicos esenciales: salud, educación,
transporte, luz, agua, alcantarillado, para lo cual debemos impulsar la unificación
de las luchas, promover la organización de los desocupados y trabajadores
informales.
En lo que se refiere a educación, cultura, vivienda, salud y seguridad
social es necesaria la participación efectiva de la población
en la creación, definición e implementación de las políticas
sociales.
- Apoyar el protagonismo de los sectores históricamente
discriminados y oprimidos de la sociedad asegurando el pleno ejercicio de sus
derechos a través de sus organizaciones representativas.
** Asegurar las condiciones que permitan el pleno desarrollo de las mujeres
y su inserción en igualdad de condiciones en todos los niveles de la
sociedad. A igual trabajo, igual remuneración.
** Generar condiciones para que los jóvenes encuentren en nuestro país
espacio para satisfacer sus necesidades (educación, trabajo y respeto
por sus propias opciones).
** Luchar decididamente contra toda forma de discriminación y opresión
de la raza negra.
** Estimular la recuperación y el desarrollo de nuestra cultura popular,
priorizando las expresiones genuinas de la misma.
** Es necesario, también, generar propuestas para sectores específicos
como la minoridad y la tercera edad en lo que refiere a su pleno desarrollo
como seres humanos.
- Democratización del sistema político-institucional.
Esta propuesta debe hacer hincapié fundamental en la reforma del sistema
político-jurídico para incentivar la participación popular
en las decisiones de los grandes temas, vigorizando los mecanismos de ejercicio
de la democracia directa.
La gestión de todos nosotros en la elaboración, discusión
y ejecución de planes, trabajos, políticas, etc., implica la aplicación
de políticas de descentralización de las decisiones del Estado,
en áreas tales como la gestión municipal.
Nuestra propuesta debe incluir garantías instrumentales para el ejercicio
pleno de:
** Los derechos individuales (acción de amparo) defensor del pueblo,
reforma de la justicia y el proceso.
** Derechos colectivos, tanto en lo que se refiere a las organizaciones sociales
(extensiones del derecho de huelga y nuevas formas de acción gremial,
convenios colectivos, participación de los trabajadores en la gestión
de empresas) como al de los pobladores (ley de arrendamiento, usuario de servicios
públicos, preservación del medio ambiente).
A la vez debe reglamentarse y controlarse la actividad económica. En
aspectos básicos como el secreto bancario y delitos económicos,
creando mecanismos de control directo por parte de la población.
- Una propuesta para el trabajo inmediato.
La primera tarea de especial significación es desarrollar nuestras propuestas
en trabajo directo y conjunto con los sectores sindicales y sociales directamente
relacionados. Tanto para incidir sobre la definición de las medidas inmediatas,
como los cambios de fondo, entendiendo que cada barrio, pueblo, sindicato, comisión,
todo organismo social específico, debe elaborar su propia propuesta de
reivindicaciones, enriqueciendo más este marco de ejes programáticos,
y caminando hacia formas auténticas y reales de participación
popular.
Esta plataforma para ser realmente convocante, movilizadora y combativa debe
definir cuales son las principales áreas de confrontación con
las propuestas políticas del bloque dominante.
En ese sentido la tarea prioritaria fundamental es dar todo nuestro esfuerzo
en la lucha por la derogación de la ley de caducidad.
PROYECTO DE PLATAFORMA
ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS DE PLAN DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA.
En el Plenario del sábado 14 de mayo se inició la discusión
de las “Bases Generales Mínimas para la Plataforma del Movimiento”.
En esa ocasión se expresaron, por un lado, propuestas críticas
sobre la concepción de este documento, algunas de ellas referían
a la falta de contenido revolucionario de la misma, entendibles por la gente.
Una parte importante no opinó por no haber discutido el documento.
A raíz de lo anterior esta comisión decidió, por un lado,
realizar algunas puntualizaciones sobre el contenido del material y por otro,
elevar una propuesta de plan de trabajo. Otra consideración refiere al
carácter revolucionario o reformista del planteo, para nosotros una plataforma
será revolucionaria no por su contenido formal sino por su capacidad
para acumular fuerzas con un objetivo revolucionario. Ello significa que nuestra
propuesta, a partir de reconocer los niveles de conciencia existentes, debe
avanzar para lograr que importantes sectores de la población se plieguen
a un proceso de organización, movilización y lucha.
La primera parte de este documento marca con claridad esta orientación
al señalar que los objetivos que son “avanzar hacia una sociedad
igualitaria, participativa, democrática y socialista” y la necesidad
“de tener una práctica claramente antiimperialista, antioligárquica
y democrática radical”.
La comisión entiende que la concepción de estas bases generales
mínimas para la plataforma permiten acumular fuerzas en ese sentido y
la concibe como un conjunto de propuestas que deben ser motor de la movilización
popular.
Otro aspecto a clarificar es la relación que existe entre estas bases
para una plataforma, los principios programáticos sobre los que se fundó
el FA y el Programa revolucionario de fondo.
A nuestro entender la plataforma responde a un determinado nivel de conciencia
y a una determinada correlación de fuerzas, inscribiéndose en
el marco de la propuesta programática frenteamplista, que a su vez es
una aproximación al programa revolucionario de fondo que deberemos construir.
Una tercera consideración debe hacerse sobre la inclusión de puntos
de referencia programáticos dentro de la plataforma.
Entendemos que -más allá del contenido específico que posteriormente
adopte- era importante incluirlas porque en esta hora de rebajas programáticas
es necesario marcar claramente nuestra disposición a continuar enarbolando
las viejas banderas del movimiento popular.
Entendemos que estos temas, reforma agraria, deuda externa, estatización
de la Banca, etc. , por su importancia y trascendencia deben ser motivo de un
exhaustivo análisis. Para que ello sea posible, la comisión incorpora
en su plan de trabajo, el desarrollo de mesas redondas con trabajadores, técnicos
y políticos, especialistas en cada uno de los temas, en los que podrán
participar activamente todos los militantes del MPP. A partir de allí
se crearán condiciones para una discusión fructífera con
la participación de todos y definir con mayor precisión estos
puntos.
Una concepción participativa implica avanzar lentamente en temas complejos,
para que efectivamente podamos definirlo entre todos. En ese sentido no nos
pareció correcto elevar a la consideración del Plenario planteos
que no se corresponderían para nada con el nivel de discusión
efectuado hasta el momento.
En ese sentido, tampoco compartimos la propuesta realizada en el Plenario sobre
la necesidad de tener un programa de corto, mediano y largo plazo dado que eso
no se corresponde con el desarrollo del movimiento.
Un cuarto aspecto corresponde al capítulo “impulsar soluciones
para las necesidades de nuestro pueblo en un marco participativo y de democracia
social”. Allí se señalan una serie de criterios generales
respecto a temas como salud, educación, vivienda, transporte, etc. En
esta etapa nos limitamos a la ennumeración, dado que si respetamos el
criterio de que la propuesta debe ser elaborada con la participación
popular, es incorrecto que un reducido grupo de compañeros sustituya
ese proceso participativo con una propuesta demasiado “redonda”.
El trabajo, en lo que tiene relación a estos temas, deberá constar
de tres partes, estas son:
1) Un cuestionario a ser llenado por cada agrupación, sobre las
necesidades y soluciones posibles a encarar.
2) Entrevistas con las organizaciones sociales (MOVIDE,
FUCVAM, etc.) y las organizaciones de los trabajadores, para interiorizarnos
de sus propuestas.
3) Tomando en cuenta lo anterior, se elaborará una propuesta que se pondrá
a la consideración del Movimiento.
Respecto al capítulo sobre “apoyar el protagonismo de los
sectores históricamente discriminados y oprimidos...” la comisión
se limitó a ennumerarlos y señalar objetivos muy generales, entendiendo
que dentro del MPP deberán crearse comisiones específicas de jóvenes,
mujeres, jubilados, etc., las cuales además de desarrollar sus tareas
de organización y dirección de esos frentes, deberán elaborar
un conjunto de propuestas para incluir en la plataforma. Un tratamiento similar
debería darse al tema de la cultura.
En cuanto al capítulo sobre “Democratización del Sistema
Político Institucional” entendemos en primer lugar que es una tarea
prioritaria en cuanto permite crear mecanismos para que la voluntad popular
pueda expresarse y de esa manera se inscribe en la lucha contra la democracia
tutelada y por una verdadera democracia.
El tratamiento de este tema debe realizarse en dos planos:
1) Por un lado recoger -a través de un cuestionario- los
reclamos y propuestas de las agrupaciones.
2) Mesas redondas con compañeros especialistas en el tema
como por ejemplo Sarthou.
En paralelo con estas tareas que permitan que nuestra propuesta de plataforma
sea construida por todos y para todos, deberemos organizar nuestro trabajo para
fortalecer el área programática del FA, con el objetivo de mantener
las características del Programa Fundacional del FA. En estos días,
esto se hace imprescindible dado que se está elaborando la plataforma
electoral y el plan de gobierno del FA con un contenido de rebaje programático
importante, lo cual hace imprescindible la presencia de los compañeros
del MPP en dichas instancias. Esto significa que estamos convocando al conjunto
de compañeros para participar en las sub-comisiones programáticas
abiertas del FA (salud, educación, vivienda, presupuesto, etc.) y a los
compañeros de las organizaciones que están representadas en la
Comisión Central de Programa (PVP, MLN) -espacio de decisión política-
para que en ella expresen las definiciones adoptadas por el área programática
del MPP.
PROYECTO DE REGLAMENTO
REGLAMENTO PROVISORIO QUE REGIRA PARA LAS ELECCIONES INTERNAS DEL MPP.
El sábado 24 de junio de 1989, se realizarán las elecciones internas
del MPP para elegir los 13 miembros titulares y los 13 suplentes de su Dirección
Nacional. Esta tendrá carácter provisorio y durará un año,
sin perjuicio de lo que establezca el estatuto.
Podrán elegir y ser elegidos en dicha instancia todos los miembros del
MPP que hayan adherido al mismo llenando y entregando en tiempo y forma, la
papeleta de adhesión correspondiente.
Hasta la hora 24 del domingo 18 de junio de 1989 se recibirán papeletas
de adhesión en la Comisión de Organización y en los locales
de los Grupos Políticos; en los Grupos de Base el plazo se extenderá
hasta la hora 24 del martes 20 de junio del 89.
El lunes 19 de junio de 1989 la Comisión de Organización entregará
a los Grupos de Base una lista detallando los nombres y las direcciones de aquellos
que hayan presentado su solicitud para ser considerados miembros del MPP. A
cada Grupo de Base se le entregará la lista correspondiente a su zona
de influencia.
En todos los casos las solicitudes deberán ser resueltas por la Asamblea
del Grupo de Base.
Antes de la hora 20 del jueves 22 de junio del 89 los Grupos de Base deberán
entregar a la Comisión de Organización la lista de los miembros
del MPP que existan en su zona de influencia; así como la lista de aquellos
casos que no haya sido posible comprobar su existencia.
La Comisión de Organización resolverá en forma definitiva
sobre los casos en que no haya sido posible comprobar la existencia real en
la zona.
Luego de recibidas las listas definitivas de miembros del MPP, la Comisión
de Organización procederá a confeccionar los padrones que se utilizarán
el día de la elección.
En Montevideo la elección se realizará en tres locales ubicados
en zonas de fácil acceso.
En cada local de votación habrá un padrón parcial ordenado
alfabéticamente.
El jueves 8 de junio de 1989, el Plenario Coordinador designará la Comisión
Electoral. Esta comisión cesará en sus funciones inmediatamente
después de dar a conocer el resultado electoral.
Desde el martes 23 de mayo de 1989 y hasta la hora 24 del sábado 3 de
junio de 1989, los Grupos de Base podrán presentar las listas conteniendo
los nombres de los miembros propuestos para la Dirección Nacional del
MPP. Los Grupos de Base deberán presentar todos los nombres que se propongan
en su seno como candidatos.
No se recibirá ninguna propuesta que no llegue de los Grupos de Base.
Todas las propuestas serán recepcionadas por la Comisión de Propuestas.
El domingo 4 de junio de 1989, la Comisión de Propuestas confeccionará
la plancha incluyendo la totalidad de nombres propuestos. Esta plancha estará
a disposición de los Grupos de Base y de los Grupos Políticos
hasta el martes 6 de junio de 1989.
Hasta la fecha mencionada habrá plazo para impugnar algunos de los nombres.
El jueves 1 de junio de 1989 el Plenario Coordinador designará 3 miembros
que conformarán la Comisión de Apelaciones.
Ante esta Comisión deberán presentar los recursos de apelación,
aquellos miembros que hayan sido impugnados como candidatos.
El plazo para presentar los recursos de apelación terminará el
jueves 8 de junio de 1989 a las 17 horas. La Comisión de Apelaciones
resolverá en un plazo no mayor a 24 horas y en forma definitiva, sobre
los recursos presentados. El procedimiento que se seguirá para la elección
de los miembros de la Dirección Nacional del MPP, será el siguiente:
A) El voto será secreto.
B) El elector deberá marcar con una cruz al lado del nombre hasta 13
candidatos.
C) Se podrán marcar menos de 13 candidatos.
D) No se podrán marcar más de 13 nombres.
E) Las papeletas que tengan más de 13 nombres marcados, serán
anuladas.
F) Los 13 nombres más votados serán los miembros titulares de
la Dirección Nacional y los 13 que les sigan en número de votos
serán los suplentes.
ESTATUTOS EN DISCUSION
BASES PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO DEL M.P.P.
Los organismos del MPP serán los siguientes:
Nacionales: Congreso Nacional; Plenario Nacional, Dirección Nacional.
Regionales: Congreso Regional; Dirección Regional
Departamentales: Plenario Departamental; Consejo Departamental.
Zonales: Cabildo Zonal; Plenario Zonal; Ejecutivo Zonal
CONGRESO NACIONAL.
Será el órgano máximo del MPP. Habrá dos tipos
de Congreso: Ordinario, que funcionará cada dos años. Extraordinario,
cuando sea convocado por los dos tercios del Plenario Nacional, por un tercio
de los grupos de base constituidos, o por la firma del 25 % de los miembros
del MPP.
Integración: Se integrará con los Delegados de los Grupos de Base
en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos
por cada Grupo de Base y el Plenario Nacional.
Los miembros del Plenario Nacional tendrán derecho a voz pero no a voto.
Competencias: 1) Evaluar la actividad política organizativa del MPP.
2) Definir grandes líneas de acción política. 3) Aprobar
Bases
Programáticas del MPP. 4) Aprobar o modificar los Estatutos.
5) Resolver sobre los recursos que puedan presentarse para revocar de sus cargos
a los integrantes de la Dirección Nacional.
Instalación: se instalará con la presencia de la mayoría
de sus miembros.
Resoluciones: se resolverá por mayoría de dos tercios
PLENARIO NACIONAL.
Será la máxima autoridad entre Congreso y Congreso.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que funcionará por lo
menos una vez cada tres meses. Extraordinario, cuando sea convocado por un tercio
de la Dirección Nacional o un tercio de los miembros del Plenario Nacional.
Integración: Se integrará con los Delegados de las Zonales o Departamentos
(en los casos que no existan Coordinadoras Zonales) en proporción al
número de miembros, con un mínimo de uno por zonal o departamento.
La proporcionalidad para el Interior será menor.
También serán miembros del Plenario Nacional los integrantes de
la Dirección Nacional.
Competencias:
1) Ejercer dirección política entre Congreso y Congreso.
2) Supervisar la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales.
3) Presentar los informes de discusión al Congreso.
4) Definir la Plataforma del MPP.
5) Designar las Comisiones Nacionales y determinar sus competencias.
6) Modificar transitoriamente los Estatutos.
7) Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos Grupos políticos
al MPP.
8) Definir la política de relacionamiento internacional.
Instalación: se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: las resoluciones sobre táctica se tomarán por mayoría
simple. Los siguientes temas se resolverán por mayoría de 2/3:
Plataforma, Estatutos, nombramiento de Comisiones Nacionales y solicitudes de
ingreso.
DIRECCION NACIONAL.
Será el Organo de Dirección cotidiana.
Sesionará ordinariamente, una vez a la semana. Funcionará extraordinariamente,
por solicitud de 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará con los 13 miembros electos en las elecciones
internas del MPP. Estos miembros serán elegidos por dos años y
la instancia electoral se realizará al mes siguiente de realizado el
Congreso Ordinario.
Competencias:
1) Ejercer la conducción política del MPP cotidianamente.
2) Ejecutar las resoluciones del Congreso y del Plenario Nacional.
3) Supervisar el funcionamiento de los organismos regionales, departamentales,
zonales y de base, así como las Comisiones Nacionales.
4) Planificar la movilización de masas.
5) Ejecutar el relacionamiento internacional del MPP.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
CONGRESO REGIONAL.
Será el Organo máximo de cada Región.
Habrá dos tipos de Congreso: Ordinario, que funcionará cada dos
años, alternando con el Congreso Nacional. Extraordinario, cuando sea
convocado por los 2/3 de la Dirección Regional, 1/3 de los Grupos de
Base de la Región o por la firma del 25 % de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de los Grupos de Base
en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos
por cada Grupo de Base y la Dirección Regional. Los integrantes de la
Dirección Regional tendrán voz pero no voto.
Competencias:
1) Evaluar la actividad del MPP en la Región.
2) Definir grandes líneas de acción política en la Región.
3) Aprobar el Programa Regional.
Instalación: Se instalará con la mayoría de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
DIRECCION REGIONAL.
Será el Organo de dirección entre Congreso y Congreso. Funcionará
por lo menos una vez a la semana.
Integración: Se integrará con los Delegados de Base de la Región
al Plenario Nacional y un miembro de la Dirección Nacional. El integrante
de la Dirección Nacional tendrá voz pero no voto.
Competencias:
1) Ejercer la dirección política en la Región.
2) Aplicar la línea política nacional del MPP, a la realidad regional.
3) Supervisar el funcionamiento de los organismos de la Región.
4) Presentar los documentos de discusión al Congreso Regional.
5) Llamar a encuentros de Plenarios Departamentales.
6) Planificar la movilización de masas en la Región.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
PLENARIO DEPARTAMENTAL.
Será el Organo de conducción política en el Departamento.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que se reunirá cada 3
meses. Extraordinario, cuando sea convocado por la Dirección Regional,
el Consejo Departamental o 1/3 de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de Base en proporción
al número de miembros, con un mínimo de dos por cada Grupo de
Base, los Delegados del Departamento en el Plenario Nacional y hasta cinco ciudadanos
independientes.
Competencias:
1) Ejercer la dirección política en el Departamento.
2) Aplicar las Resoluciones de la Dirección Nacional y Regional.
3) Aprobar Programa departamental.
4) Nombrar Comisiones Departamentales.
5) Planificar y desarrollar la acción municipal y comunal.
6) Supervisar el funcionamiento de los organismos del Departamento.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Se resolverá por mayoría de 2/3.
CONSEJO DEPARTAMENTAL.
Será el Organo de dirección cotidiana en el Departamento. Funcionará
una vez a la semana como mínimo. Podrá ser convocado extraordinariamente
por 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará con un Delegado por los Grupos de Base
del Departamento, los Delegados de Base del Departamento al Plenario Nacional
y los primeros candidatos a Edil y Diputado del Departamento.
Competencias:
1) Ejercer la conducción política cotidiana.
2) Ejecutar las resoluciones del Plenario Departamental.
3) Organizar y dirigir el funcionamiento del MPP en el Departamento.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
CABILDO ZONAL.
Será el máximo Organo de la Zona.
Habrá dos tipos de Cabildo: Ordinario, que funcionará una vez
al año. Extraordinario cuando sea convocado por los 2/3 del Plenario
Nacional, 2/3 del Plenario Zonal, el 25 % de los miembros de la zona ó
½ de los Grupos de Base de la zona. En Departamentos donde no existan
las Coordinadoras Zonales el Cabildo será Departamental.
Integración: Se integrará con los miembros del MPP de la zona.
Competencias:
1) Elegir los Delegados al Plenario Nacional.
2) Definir grandes líneas de acción en la zona.
3) Mandatar al Delegado al Plenario Nacional en cualquier asunto de importancia
en la política nacional, para la cual se reuniere.
Instalación: Se instalará con la presencia del 25 % de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
PLENARIO ZONAL.
Será el Organo de conducción política en la zona entre
Cabildo y Cabildo.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que funcionará por lo
menos una vez cada 3 meses. Extraordinario, cuando sea convocado por 2/3 del
Ejecutivo Zonal, 1/3 de los Grupos de Base de la zona o la firma del 25 % de
los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de los Grupos de Base
en proporción l número de miembros, con un mínimo de dos
por cada Grupo de Base y los Delegados de la Zona en el Plenario Nacional.
Competencias:
1) Planificar la movilización y la acción de masas en la zona.
2) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los organismos superiores.
3) Supervisar el funcionamiento orgánico en la zona.
4) Designar las Comisiones de Trabajo del Zonal.
Instalación: Se instalará con la presencia de la mayoría
de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
EJECUTIVO ZONAL.
Será el Organo de dirección cotidiana en la zona.
Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez la semana. Extraordinariamente
cuando sea convocado por 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará por un Delegado por los Grupos de Base
(elegido entre los designados al Plenario Zonal) y los Delegados de la zona
al Plenario Nacional.
Competencias:
1) Ejecutar las resoluciones de los organismos superiores.
2) Resolver sobre los problemas cotidianos de la zona.
3) Elevar informes al Plenario Zonal.
Instalación: se instalará con la presencia de la mayoría
de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
GRUPOS DE BASE.
Serán la columna vertebral del MPP.
Integración: Se integrarán con todos los miembros de una misma
circunscripción geográfica, o de un mismo centro de estudio, trabajo
ó de una misma rama de actividad.
Competencias:
1) Difundir el programa y línea del MPP.
2) Promover el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales,
así como su creación donde no existan.
3) Promover la participación de los miembros del MPP en las organizaciones
sociales.
4) Promover el desarrollo del F.A., así como la orientación del
MPP en él.
5) Elaborar lineamientos frente a los problemas específicos de la zona.
6) Promover la movilización de masas en la zona.
7) Desarrollar el MPP en la zona.
8) Elegir los Delegados al Plenario Zonal y al Congreso Nacional.
Funcionamiento: La Asamblea será la máxima autoridad del Grupo
de Base.
Funcionará por lo menos una vez por mes. Nombrará un Secretariado
(Organización, Finanzas, Propaganda) el que junto con los Delegados al
Plenario Zonal constituirá la Mesa Ejecutiva del Grupo de Base. Esta
será el Organo Ejecutivo y funcionará semanalmente. Sus reuniones
serán abiertas a los miembros del Grupo de Base.
Instalación: La Asamblea se instalará con la presencia del 25
% de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
Para constituir un Grupo de Base se requerirá un mínimo de diez
miembros en el Interior y 20 miembros en Montevideo.
F.A. CONGRESO A “MEDIAS”
El FA realizó durante los días 3 y 4 de junio un Congreso Especial,
bajo la consigna “Ahora sí para hacer posible los sueños”,
donde serían definidos los temas de plataforma electoral y considerar
los candidatos nacionales.
El tema de las candidaturas fue aprobado sin objeciones, la iniciativa del Plenario
Nacional postulando a Seregni para el cargo de Presidente y la del Cr. Danilo
Astori para vice, recibieron apoyo unánime, la incorporación del
reconocido economista, hábil polemista, que demostró una excepcional
capacidad para vincularse al pueblo en los áridos temas económicos
en un lenguaje claro y sencillo, una firmeza de convicciones en la necesidad
de las transformaciones revolucionarias y una vocación unitaria, instando
en su discurso de aceptación, sentir compañero al del costado,
sea o no de la propia organización.
Otro tema ha sido, el de la Plataforma Electoral. Aquí una vez más,
se define un tema trascendental sin la rigurosidad de participación y
debate generalizado. Los documentos iban siendo entregados al entrar al Palacio
Peñarol para el inicio del Congreso.
Dicho documento, presentaba modificaciones aportadas por coordinadoras y trabajos
de la Comisión de Programa, que variaban en importancia, los documentos
que habían visto las bases y cuyos delegados venían mandatados.
Bases que en el transcurso del Congreso reiteraron que no habían tenido
tiempo suficiente para analizarlo en profundidad.
Es necesario convenir, que este Congreso se efectúa en un marco de desmovilización,
saliendo el FA de una fractura, donde las discusiones se habían dado
en la cúpula, con el vaciamiento de los comités y donde los que
se habían quedado a militar, gran porcentaje, respondían a líneas
PC y PS.
El grueso de los delegados respondían entonces, no a valoraciones partidarias,
pero sí a valoraciones de comités de base, cuya composición
en su mayoría respondía a tendencias partidarias.
La votación, “a ojos vistas”, tendría un carácter
oficialista y por amplísima mayoría. Las votaciones del día
domingo lo confirmaron y quienes intentaron representar visiones de los que
son frenteamplistas de “afuera” de los comités, sólo
podían testimoniar una propuesta, sin posibilidad de modificar sustancialmente
los lineamientos de la Comisión de Programa.
El trabajo de comisiones (Política Salarial, Agro, Banca, temas políticos,
económicos, sectores productivos, servicios y áreas sociales)
permitieron fecundos debates, pero que a la hora de votar, la suerte estaba
echada.
La plataforma fue votada por un 99,10 % de congresales, la misma establece la
necesidad de consolidar y profundizar la democracia, no define claramente el
no pago de la deuda externa, no estatiza la banca ni el comercio exterior, no
expropia el latifundio y combina la política de redistribución
con la del alza de la producción.
Conclusión: un candidato de excepción Danilo Astori, su discurso
de aceptación es de antología. Sobre la Plataforma Electoral lo
esperado, un programa rebajado donde las culpas no se las puede llevar totalmente
el “realismo político” de la 99 y el PDC, que impregnaron
el programa en su momento.
MOCION DE PRORROGA DE 30 DIAS
FORMULO EL M.R.O.
La delegación del MRO, debido a reiteradas manifestaciones de delegados de Coordinadoras acerca de la falta de tiempo para discutir en profundidad y extensión la plataforma electoral y que el documento final se había repartido en la entrada del propio Congreso, resolvió presentar una moción de prórroga de 30 días, en base a lo acordado en el Plenario Coordinador del MPP de fecha jueves 1º de junio. La misma se transcribe en toda su fidelidad.
Considerando:
1) Que el presente proyecto de plataforma electoral modifica en
variados puntos el documento anteriormente repartido.
2) Que el mismo ha sido entregado a los grupos políticos en la
noche del viernes 2 de junio y a los delegados del Congreso en los inicios del
mismo.
3) Que la participación de las bases es un elemento fundacional
en la concepción del Frente Amplio y por lo tanto las bases no tuvieron
tiempo material para discutirlas.
El MRO plantea la postergación de la definición de la Plataforma
Electoral pasando al Congreso Especial a un cuarto intermedio de 30 días.
Delegación autorizada.
CONGRESO DEL F.A.
ORATORIA DEL CRO. MARIO ROSSI
Compañeros y compañeras:
La tiranía del tiempo nos obliga a ir directamente al punto. Entendemos
que debemos analizar el documento de Plataforma Electoral, desde un punto de
vista formal, metodológico. El documento ha sido entregado a los delegados
hoy a las 8 hs. a la entrada del Congreso. Esto modifica en variados puntos,
el repartido con anterioridad. Es más, varias Coordinadoras, que han
hecho uso de la palabra, han manifestado que no dispusieron de tiempo suficiente
para debatir el anterior en profundidad. El tema de la participación
y de la marginación de las bases en los últimos períodos
han sido una constante crítica a la conducción frenteamplista,
de ahí que plantearemos una postergación en la definición
de la Plataforma Electoral pasando el Congreso Especial a un cuarto intermedio
por 30 días.
Las 30 medidas en el año 1971, fueron dadas a conocer el 25 de agosto
y hubo tiempo suficiente para propagandearlas y convertirlas en instrumentos
de movilización. Dentro de 30 días estaríamos en los primeros
de julio, después de un participación masiva de la militancia
frenteamplista en la discusión y construcción de la Plataforma,
eje de la Campaña Electoral y de la concientización.
Veremos ahora, el contenido o sea la filosofía política que primó
en la elaboración de los grandes lineamientos programáticos. No
debe confundirse un programa de emergencia con un modelo alternativo de largo
plazo. El programa de emergencia debe estar conformado, a nuestro entender,
por un conjunto de medidas que reviertan aceleradamente una situación
de penuria y le den a corto plazo oxígeno al aparato productivo, pero
como transición hacia el modelo alternativo.
Importa entonces, que un aumento generalizado de salarios y pasividades se haga
en forma inmediata para una rápida reactivación. A corto plazo
sólo es posible el crecimiento si se atiende el mercado interno y ello
depende de un aumento generalizado de los salarios. En el mediano plazo el crecimiento
es hacia fuera, dada la estrechez del mercado interno. De ahí, que no
compartimos la tesis de que la REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA ES PARALELA, COMBINADA
O CUANTO PALABRERIO INTENTE CONCILIAR CON EL AUMENTO DE LA PRODUCCION.
La actual riqueza acumulada tras cientos de años de explotación
al pueblo, debe ser primariamente distribuida, el tema del aumento de la producción
vendrá por añadidura y teniendo en cuenta que dicho aumento estará
fijado por pautas de justicia social. No se producirá de acuerdo a criterios
de mercado ó facilidades a multinacionales.
Cada trabajador y cada jubilado, debe saber que un gobierno frenteamplista elevará
como primer medida salarios y pasividades. El dinero, los recursos, están,
existen, los tienen los privilegiados.
Para que esta medida sea creíble, debe estar combinada o complementada
con una serie de pautas, que incidan directamente en los responsables de la
miseria y el estancamiento. Medidas que no se pueden negociar, lo máximo
es la posibilidad de negociar el plazo, el tiempo de aplicación: en vez
de a los tres meses, a los seis; o de un año a dos.
Estas medidas son, la estatización de la Banca, la estatización
del Comercio Exterior, la erradicación del latifundio, una real reforma
agraria, el no pago de la deuda externa y una vigorosa incidencia del Estado
en la planificación y conducción de la economía.
Y el tercer aspecto, es que si vamos a tocar a los privilegiados, si vamos a
efectuar grandes cambios, si vamos a transformar revolucionariamente, entonces,
la movilización, una mentalidad de enfrentamiento, de lucha y perfil
opositor a los conservadores y reaccionarios, debe ser la gran línea
de acumulación.
Estos tres elementos: redistribución con sentido de justicia social,
a través de sacar de quien tiene y respaldando las medidas con fuerza
movilizadora no se desprenden del actual documento de Plataforma Programática.
De ahí que nos merece una opinión desfavorable para el mismo.
Basta hacer un repaso acerca de las 30 medidas del año 71, para ver cuánto
hemos retrocedido en programa, confianza en las fuerzas populares y la decisión
de construir una sociedad justa e igualitaria.
Tanto las Bases Programáticas como las 30 medidas establecían
claramente: Ruptura con el FMI y negociación de la Deuda Externa para
postergar pagos y si no daba resultados, medidas unilaterales más allá
de la búsqueda de un sindicato de deudores latinoamericanos. Intervención
de la Banca privada hacia su nacionalización y estatización. Monopolio
estatal de divisas, nacionalización del Comercio Exterior, Nacionalización
de la Industria frigorífica, Reforma Agraria, etc.
Sería una torpeza política, trasladar mecánicamente las
medidas del 71 al 89, pero en materia económico-social, la crisis de
estancamiento y de retroceso del poder adquisitivo, las condiciones de miseria
y marginación se han acentuado. Aquellas medidas son tan necesarias hoy
como ayer.
La Plataforma electoral es la síntesis de una concepción nacional,
popular, democrática y revolucionaria. Bien, entonces, hay que romper
la dependencia, enfrentar a las multinacionales y al gran capital, expropiar
a la oligarquía (Banca y Agro) y viendo el pueblo que gobernamos para
ellos. Y con ellos las transformaciones revolucionarias se harán de hecho
y de derecho.
Varios son los discursos, libros y exposiciones del compañero que con
alegría se apresta a asumir la fórmula electoral frenteamplista
con Seregni, el Cro. Astori. Allí están las argumentaciones para
el NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA Y LA ESTATIZACION DE LA BANCA.
Si asumimos estos desafíos entonces, el FA será indefectiblemente
una cruzada de la dignidad nacional y una fuerza redentora de los postergados.
POSICION DEL M.P.P. SOBRE PLATAFORMA ELECTORAL.
APROBADA EL 1 DE JUNIO DE 1989
El Frente Amplio fue creado para lograr cambios profundos y definitivos en
lo económico, político y social, fundamentalmente en beneficio
de todos los sectores oprimidos y explotados de la sociedad uruguaya. Para esto
es imprescindible la movilización popular y, por consiguiente, la plataforma
electoral del Frente tiene que ser un instrumento de tal movilización
para avanzar y asegurar esas conquistas.
Es en este sentido que queremos marcar nuestras fraternales discrepancias con
el proyecto de plataforma presentado al Congreso para su discusión. Discrepancias
que no se circunscriben a los aspectos formales de párrafos, palabras
o estilo, sino que se refieren a conceptos globales.
1) Consideramos que la plataforma electoral del Frente debe
hacer hincapié en la reivindicación de las necesidades de los
sectores postergados del país, planteando medidas claras e inequívocas
sobre la elevación del nivel de vida de las grandes mayorías,
la participación popular en todos los aspectos de la vida pública
y la justicia social irrestricta. Una plataforma frentista tiene que hacer suyos
los principales planteos de los movimientos obrero, estudiantil, juvenil, de
los jubilados, de las mujeres, de los colonos, de cooperativistas y, en general,
de todos aquellos que representan la creación de la riqueza nacional
por medio del trabajo y a quienes la sociedad debe inexcusablemente protección
y amparo. Y debe ofrecer una herramienta política idónea para
comenzar a hacerlos efectivos.
2) Nos parece inconveniente seguir sosteniendo la
consolidación y profundización de la actual democracia transicional.
Durante estos 5 años de gobierno colorado ya se profundizó y se
consolidó demasiado un nuevo régimen de dominación política
por minorías, demostradamente antipopular. En este período han
existido, reconquistados por la lucha del pueblo, derechos y libertades individuales,
pero se postergó una real democratización de la sociedad. En apoyo
de este proyecto de democracia tutelada, que el pueblo nunca quiso ni votó,
se nos ha impuesto la presencia de los militares en el mismo gobierno mediante
el Comité de Crisis, y el Ministerio de Defensa en materias y servicios
de índole esencialmente civil, y se los ha privilegiado con presupuestos
y normas que de hecho mantienen en vigencia el funcionamiento de una Doctrina
de Seguridad Nacional abolida por el Parlamento. En contrapartida ello ha llevado
a la reducción de gastos sociales más importantes, como educación,
salud y vivienda.
Este modelo de democracia la recorta a través de una concepción
autoritaria que impregna ya toda la sociedad: la política de vetos del
Poder Ejecutivo, los desalojos sistemáticos de los locales ocupados por
los trabajadores en sus legítimas medidas de lucha; la expulsión
de sus precarias viviendas de miles de familias humildes que han perdido ya
su derecho a dormir bajo techo; las razzias policiales contra los jóvenes
y otros procedimientos igualmente represivos y atentatorios de los beneficios
constitucionales.
No estamos pues, ante un proceso de democratización que deba ser profundizado,
sino ante otro que debe ser radicalmente combatido y cambiado hacia rumbos opuestos
a los presentes.
Esta tutela se reviste de ropajes democráticos para disfrazar la dominación
de los mismos sectores oligárquicos que impulsaron y sostuvieron la Dictadura;
debe, en consecuencia, ser rechazada en su conjunto y se tienen que aprovechar
las instituciones y la tradición democrática del país,
que le son anteriores, para aplicarse en su esencial modificación.
El MPP quiere retomar el concepto plasmado en las Bases programáticas
de la Unidad en agosto de 1984, decidido por la construcción de una democracia
auténtica que pasa necesariamente por dos condiciones:
- la desmilitarización de la sociedad y el Estado; la plena vigencia
de los derechos humanos, las garantías de la Constitución sobre
la libertad individual, los derechos sindicales y gremiales; la real democratización
del sistema de medios de comunicación; la plena vigencia del principio
medular de la separación de Poderes;
- que se impulse desde los Comités de Base frentistas y desde
toda forma de organización popular donde el Frente participe, el predominio
de la iniciativa y voluntad del pueblo; que las disposiciones constitucionales
sobre referéndum, purgadas de reglamentaciones capciosas, sean verdaderos
resortes de control de las grandes decisiones de la política estatal
y municipal.
3) Por supuesto que se debe estar de acuerdo en que una
plataforma electoral, como ésta lo hace, debe postular en el Uruguay
de hoy un aumento de la producción y la productividad. No hay otra forma
para crear los recursos destinados a elevar el nivel de vida de las mayorías
e invertir en el desarrollo del país; las otras fuentes conducen casi
siempre a la dependencia o a la dilapidación. Pero consideramos que este
aserto del proyecto de Plataforma remite a un futuro indeterminado los cambios
urgentemente necesarios en el sistema productivo y no se complementa con soluciones
concretas para las carencias inmediatas de los sectores más oprimidos.
Consideramos que en estos aspectos la plataforma del FA debería poner
énfasis en que todos los recursos nacionales, públicos y privados,
se apliquen a lograr los máximos niveles posibles de justicia social
a partir de:
- una mejor distribución de la renta y de la riqueza ya existente,
aumentando la participación de los trabajadores asalariados y de otras
mayorías en el ingreso nacional; incrementando remuneraciones laborales
y jubilaciones y reestructurando a todos esos fines el Presupuesto del Estado;
- una democratización de la gran propiedad que implique un nuevo
rol de la economía estatal, de las cooperativas y de las empresas pequeñas,
con prioridad sobre el capital monopólico en el comercio y la industria
y del latifundio en el sector agropecuario, a efectos de que los necesarios
aumentos de la producción y la productividad no sirvan para concentrar
más riquezas y poder en pocas manos, y sí para beneficiar a aquellas
mayorías nacionales;
- un control nacional de la economía que busque eliminar la
dependencia, para impedir que la riqueza sea extraída por la banca extranjera
instalada en el país, por los acreedores exteriores o por el gran capital
transnacional. La plataforma debería estipular que para progresar hacia
ese control deben cesar los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda
externa, controlarse efectivamente la operación de las empresas transnacionales
dentro de fronteras y reestructurarse la posición del Uruguay dentro
de las injustas reglas de las relaciones económicas internacionales.
Todo esto requiere plantear una modificación del papel actual del Estado
e impulsar una nueva política económica, que para ser viable precisa
la participación de los trabajadores en las decisiones, tanto en la regulación
de la economía como en los planes de la producción de bienes y
servicios.
Sabemos que el trabajo de los Comités de Base y sus planteos a presentar
en este Congreso modifican ya muchas de las situaciones apuntadas en el proyecto
de Plataforma, y saludamos esa presencia. Pero seguimos considerando que, en
sus aspectos globales el proyecto no satisface todavía las necesidades
actuales del pueblo uruguayo y los postulados que deben esperarse del FA.
Como creemos profundamente en la necesidad de discutir con la necesaria extensión
estos planteos en la relación con el proyecto de Plataforma Electoral
(y reconociendo el avance ya realizado por el trabajo en los Comités
de Base), proponemos que el proyecto tenga una prórroga de 30 días
en su discusión y aprobación, en las instancias que se juzgue
convenientes, para su definitivo análisis y su aprobación por
las bases.
PLENARIO COORDINADOR DEL MPP.
DOCUMENTO DE LOS “24”
“Documento alternativo al Congreso del FA: La cultura de la izquierda debe incluir una noción genuinamente plural de las formas de militancia”
(Publicado en el diario La República el 6 de julio de 1991)
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INTRODUCCIÓN: Desde el Frente Amplio, a los uruguayos todos.
Al convocar a su próximo Congreso, el Frente Amplio se declara en estado
de asamblea. A la discusión que se abre queremos aportar puntos de vista
que responden a un enfoque y a una sensibilidad que nos parecen aún insuficientemente
expresados. Creemos que ésta es una ocasión propicia para dirigirnos,
desde nuestra ubicación como militantes frenteamplistas, a todos nuestros
compatriotas.
El Uruguay no puede sufrir más frustraciones. La ciudadanía parece
encaminarse hacia nuevos y grandes cambios de rumbo. Cuando crecen las responsabilidades
del Frente Amplio, y las expectativas que en él se centran, es tiempo
de reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una confluencia
grande y nueva, del Frente con todos los sectores progresistas del país,
que haga posible un gobierno de mayorías, eficiente y transformador.
El Uruguay como proyecto colectivo –el de construir una nación
en la que valga la pena vivir juntos- es tarea a realizar en espacios muy variados
y que requiere aportes plurales.
Basta de lugares comunes, de pálidos y lejanos reflejos de una realidad
que es mucho más compleja y apasionante, llena de desafíos, pero
también atiborrada de frustraciones. La izquierda uruguaya está
hoy construyendo y avanzando. Nuestro mensaje puede contribuir a la esperanza
en una alternativa real y posible frente a esta frustración que nos impone
la política neoliberal.
Para ello los frenteamplistas necesitamos realizar un congreso que esté
estrechamente enlazado con la vida de los uruguayos. Esa es la primera y fundamental
condición de su éxito. Un congreso que tenga que ver con el trabajo,
con la calidad de vida, con la nueva cultura emergente, con la niñez
y con las mujeres, con los jóvenes y con los que no lo son, con la soledad
que sobra, con la educación y la salud que faltan y que hay que humanizar.
Este será nuestro esfuerzo.
Las ideas que presentamos no están dirigidas contra nadie en el FA. Estamos
hartos de menudas disputas. Queremos sí pelear, por la prosperidad del
país y en primer lugar por los derechos y reclamos de los más
postergados; pero en este Uruguay gris y amenazado, para que esta lucha sea
eficaz y victoriosa, debemos también pelear y ganar la gran batalla anímica
y cultural que se libra en la mente y la conciencia de todos los uruguayos.
Sin entusiasmo, sin confianza, sin expectativas vitales y políticas generosas,
nada es posible.
Quisiéramos crear y recrear palabras. Porque también las palabras
se han gastado, se han vuelto grises y tristes de tanto frotarlas. Palabras
que han tenido un sentido estimulante en la historia de las naciones y de nuestro
país, hoy rozan lejanas o indiferentes la vida de casi todos los ciudadanos.
Hay que recuperarlas y dotarlas de nueva fuerza.
La enorme fuerza social, espiritual y política que representa para el
país el FA lo inviste cada vez más de responsabilidades que no
puede eludir. Sin embargo, no pretendemos tener respuestas seguras para todas
las grandes interrogantes que nos asaltan. En esta era de la incertidumbre,
debemos aprender a vivir a la intemperie, ya que no hay certezas totalmente
protectoras. No exponemos hoy pues propuestas acabadas ni, mucho menos, cerradas.
Son más una búsqueda que una conclusión, esbozan apenas
un camino que queremos y necesitamos compartir con otros compañeros.
Con ese propósito varios frenteamplistas hemos sumado ideas y diferentes
experiencias, políticas y humanas.
Tenemos, por supuesto, convicciones: son las que se refieren a los compromisos
éticos que constituyen nuestra razón de ser como militantes de
izquierda. Queremos que nuestra vida tenga entre sus dimensiones fundamentales
el accionar solidario y la búsqueda permanente de canales para que se
expresen los que hoy no tienen voz. Creemos en la búsqueda colectiva,
racionalmente orientada e impulsada desde abajo, de una sociedad igualitaria.
Apostamos a los protagonismos plurales de la gente para la ampliación
de la libertad y la democracia política y social en todos sus aspectos.
Confiamos en el país.
No somos nostálgicos. Tenemos sí historia; la queremos en su grandeza,
en sus tragedias, en sus generosidades; la asumimos en sus mezquindades. Pero
no le pedimos permiso para pensar y para proponer. Porque los grandes momentos
han sido construidos siempre con audacia, con valentía. Con fracturas.
Hay momentos que no volverán; son irrepetibles, pero nos han dejado enseñanzas
imborrables. Recuperamos la libertad y la democracia porque los refugios y la
resistencia tenían muchos colores; porque las banderas se abrazaron con
grandeza; sobre todo, porque había una gran expectativa nacional que
nos convocaba. Eso es lo que hoy nos falta, un proyecto nacional que convoque,
entusiasme y galvanice las grandes energías del país.
Quienes han dirigido al país durante los últimos 30 años
no han querido o sabido resolver ese desafío.
El Uruguay se acerca a lo que puede ser la cita con su destino. Si fallamos,
la emigración de los jóvenes y el desaliento de todos signarán
nuestro futuro. Pero podemos dar la talla, pues tenemos las mujeres y los hombres,
las muchachas y los muchachos capacitados para aprender permanentemente, con
ganas de crear y de trabajar juntos
Los trabajadores y sus organizaciones, a los que está ligada nuestra
tradición y nuestra definición como izquierda, pueden y deben
estar a la altura de los retos que debemos afrontar. Su capacidad para luchar
por sus derechos y para innovar abrirá rumbos. La modernización
del país será progresista y solidaria, o no será.
En todos los rincones del país, en las tareas más diversas, en
las iniciativas, el sudor y las luchas de multitud de compatriotas, un país
nuevo pugna por nacer. Que el desaliento no nos impida verlo. Y es tiempo de
que tantos esfuerzos se vertebren en un auténtico proyecto nacional.
El Uruguay puede. Podemos, si elaboramos y concretamos un proyecto alternativo
que asuma las tareas de la hora. Si aceptando los desafíos de esta nueva
época, generamos un proyecto de reconversión productiva que al
mismo tiempo logre derrotar la injusticia y la especulación parasitaria.
Si aceptamos nuestra integración en el mundo y en la región con
sentido dinámico de la historia pero con realismo. Si logramos enfrentar
a los adversarios nacionales y extranjeros del país que quiere nacer.
Si rompemos con la resignación y derrotamos al país de los que
hacen la plancha en lugar de nadar.
Tal vez nos acusen de ilusos. Pero hoy la ilusión es una aventura valiosa,
una navegación necesaria. Es una rebelión. Para esta rebelión
contra el desaliento debemos apelar más que nunca a la libertad para
pensar y para vivir. Libertad para criticar, debatir y proponer. Libertad para
soñar y para construir.
CAPITULO I: El país que quiere nacer
Lo que podemos los uruguayos
Confiamos en el país: ese es nuestro punto de partida. Lo hacemos porque,
mirando al presente y al pasado, vemos todo lo que somos capaces de hacer los
uruguayos.
Pese al terror dictatorial, reconquistamos las libertades públicas. Supimos
construir una gran concertación nacional para la recuperación
institucional del país.
Durante la dictadura y después de ella, la sociedad uruguaya inventó
nuevas respuestas colectivas a problemas viejos y nuevos, desde la solidaridad
con los perseguidos y los desposeídos hasta la atención a los
problemas específicos de los barrios y de las regiones postergadas, de
las mujeres y de los jóvenes, pasando por los temas de la vivienda y
de la producción. Diversos movimientos sociales, basados en el protagonismo
de los interesados, despliegan una mayor capacidad de hacer cosas.
Los nuevos dinamismos de nuestra sociedad tienen mucho que ver con los nuevos
papeles que asumen las mujeres cuya tasa de actividad en el Uruguay llegó
a ser, a comienzos de los ´80, la más alta de América Latina.
Los sindicatos, enfrentados como en todo el mundo a grandes problemas, conservan
una notoria representatividad y empiezan a desarrollar una estrategia removedora
en materia tecnológica. Pese a quienes sostienen que lo colectivo pasó
de moda, el cooperativismo, las organizaciones no gubernamentales y otras formas
asociativas son parte cada vez más significativas del quehacer nacional.
Si bien la inversión es crónicamente insuficiente varias empresas
se arriesgan y entre ellas hay no pocas de primer nivel en ramas de punta. Desde
comienzos de los ´60 hasta hoy, pese al deterioro de la enseñanza
pública y a la caída de los ingresos, aumentó notablemente
el nivel educativo medio de los uruguayos debido al esfuerzo que algunos sectores
sociales han hecho por educarse más. La dictadura arrasó la estructura
científica de país, pero su comunidad de investigadores construyó
un Programa, el Pedeciba, que desde el exterior se considera un ejemplo para
el Tercer Mundo.
Cuando se empezaba a afirmar que la gente ya no se moviliza, el movimiento pro-referéndum
surgió para signar una época y para mostrar potencialidades que
aún no han sido aprovechadas a cabalidad. Nos repiten que los jóvenes
sólo atienden a lo individual, pero la movilización de la juventud
universitaria marca la primavera del ´90 y en estos días reaparece
para salvar al hospital de Clínicas.
Con sus últimas opciones electorales, la ciudadanía, que los escépticos
tildan de conservadora, muestra su decisión de ensayar rumbos nuevos,
y dibuja así un escenario de posibilidades más abiertas que nunca.
Los ejemplos podrían desarrollarse y multiplicarse. En el plano de la
producción, de las costumbres y de la cultura, el país está
cambiando y hay mucha gente que innova. La mejor prueba de lo que podemos hacer
los uruguayos surge de la comparación entre las trabas del sistema y
lo que, pese a tantas carencias y bloqueos, ya hemos sido capaces de hacer.
Un país pequeño en un mundo acelerado
En los últimos veinte años, el ritmo de los cambios en este
planeta se ha acelerado vertiginosamente. Una nueva revolución científica
y tecnológica trastoca todas las estructuras, abre nuevas posibilidades
para los seres humanos y los confronta también con nuevos peligros, no
sólo para los países menos desarrollados y las grandes masas desposeídas
sino incluso para la supervivencia de la especie. Sus efectos son notorios en
la redistribución del poder a escala internacional.
Esa revolución ya ha alterado sustancialmente las claves de la eficiencia
productiva que se vincula cada vez menos con la rígida separación
entre dirigentes y dirigidos, el autoritarismo de los primeros y el trabajo
rutinario de los segundos, las jerarquías verticales y la gran producción
repetitiva. Nuevos espacios se abren para la innovación, la flexibilidad
y la participación.
Vista desde los países subdesarrollados, la revolución científico-tecnológica
tiende a profundizar la brecha que los separa de los más desarrollados
y desnuda la crisis de los modelos clásicos para el desarrollo, incapaces
de resolver los problemas de la generación propia de tecnología,
sin la cual no hay desarrollo autónomo. Si no resolvemos problemas de
ese tipo, pasaremos del subdesarrollo a la marginalidad.
A su vez, un desarrollo tecnológico autónomo de nuestros países,
al servicio de la justicia social, exige enfrentar factores de poder –geopolíticos,
militares, de las multinacionales- que apuntan a la consolidación de
la dependencia.
La expansión capitalista y el auge de las comunicaciones han acelerado
la internacionalización de la economía y de la cultura. Crecen
los contactos y las interdependencias entre países y pueblos. Ciertas
tendencias similares se difunden por el globo, pero los tiempos favorecen también
el cultivo tanto de las diferencias como de las reivindicaciones específicas
étnicas, culturales, generacionales, de género. A nivel espiritual
y cultural, asistimos a una verdadera explosión de la diversidad. Pero
algo sustancial tienen en común corrientes muy distintas: expresan un
ansia renovada de libertad, un rechazo a todas las dominaciones.
Las tendencias anotadas se manifiestan en la gran crisis del llamado “socialismo
real”. Este se ha visto jaqueado tanto por las trabas que opone a la innovación
técnica y social como por las crecientes aspiraciones a la diversidad
y a la libertad. Los regímenes de ese tipo en Europa Oriental se fueron
desmoronando en un proceso que culminó en 1989 con grandes movilizaciones
populares.
Al mismo tiempo, el “capitalismo real” muestra su incapacidad para
solucionar los problemas del desempleo y de la miseria, incluso en los países,
más poderosos del mundo.
El panorama del presente alienta la pretensión imperial, expresada durante
la guerra del Golfo, de un “nuevo orden” mundial con vértice
en USA. Pero su actual predominio militar refleja su predominio técnico-productivo
de ayer, no la situación de hoy, cuando los mayores dinamismos se observan
en Alemania y Japón. Estos países no figuraban en las ecuaciones
del poder hace algunos años. Muy pronto puede resquebrajarse la supremacía
de quienes hoy se proclaman vencedores, pues las dominaciones estables son difícilmente
compatibles con el ritmo y la complejidad de los cambios en curso.
Esas mismas dinámicas han agudizado en todas partes la problemática
del Estado, visible en el resquebrajamiento del “socialismo real”
y en las dificultades de tantos regímenes tercermundistas, pero también
en la crisis del llamado “Estado de bienestar”. Ante ella, las derechas
impulsan el “achicamiento del Estado”, que no es por cierto el de
sus cuerpos represivos sino el de sus funciones sociales y de promoción
del desarrollo técnico-productivo. Así, debilitan la capacidad
de la nación y agrandan la injusticia de la sociedad.
La alternativa de las izquierdas no puede sustentarse, a contramano de la historia
en una reivindicación del estatismo, sino que debe superar la paralizante
oposición maniquea entre lo público y lo privado. Ante los nuevos
desarrollos tecnológicos, las nuevas corrientes culturales y la crisis
del “socialismo de Estado”, creemos que es la hora de la apuesta
a la sociedad, a las iniciativas desde todos los niveles, a los protagonismos
de diversos actores sociales, a la promoción de variadas formas de gestión,
a la colaboración de un sector público eficiente y de orientación
progresista con sindicatos, empresarios, cooperativas y todo género de
expresiones colectivas.
Las claves de la época tienen que ver con la fluidez para comunicarse
y sumar esfuerzos, con la capacidad de innovación de cada sociedad, con
su flexibilidad para cambiar permanentemente, para superar la miseria y ser
cada vez más libre, a fin de aprovechar las contribuciones del mayor
número.
En esa perspectiva vemos las oportunidades de un Uruguay que debe, enfrentando
innúmeros escollos, conquistar una inserción dinámica en
el mundo de hoy, para que su gente pueda vivir como la gente.
La región como desafío
La internacionalización de la economía va de la mano con la
creación de grandes espacios económicos. Las tendencias integradoras
constituyen una respuesta necesaria a lo que se requiere, al presente, para
constituir una base técnico-productiva mínimamente autónoma
y eficiente, objetivo que aún grandes países no pueden alcanzar
por sí solos.
Preciso es pues ensayar en América Latina nuevos caminos de avance hacia
la integración, proyecto que en el pasado ha producido poco más
que frustraciones, pero que constituye un mandato histórico cuya vigencia
reafirmará el futuro. Su cumplimiento no puede quedar librado sólo
a las gestiones diplomáticas o a la voluntad de algunas grandes empresas;
corresponde promover el surgimiento de verdaderas redes de integración
–a nivel de ramas de la producción, de la educación, de
la cultura, etcétera- cuyos protagonistas sean los actores sociales directamente
involucrados, los que en varios casos ya han establecido promisorios contactos
a nivel regional.
En este contexto, la integración –productiva, comercial, cultural
y social- de los países del Cono Sur debe ser un objetivo prioritario
del FA y de todas las fuerzas progresistas del país. De ello depende
hoy día el propio destino nacional.
Debemos ser conscientes que la actual formulación del Mercosur –limitada
básicamente a un mercado común comercial y potencialmente, de
capitales y fuerza de trabajo- está lejos de representar por sí
sola un verdadero proceso de integración, como el que el Uruguay necesita
para maximizar sus potencialidades, sobre todo en relación con sus dos
grandes vecinos.
La forma en que se creó el Mercosur adolece de graves defectos que pueden
costarle muy caro al país. Entre otros se pueden mencionar los plazos
perentorios establecidos para la completa desgravación arancelaria –contradictorios
con los ejemplos exitosos que se conocen-, la ausencia de acuerdos de integración
productiva y de políticas sociales, el silencio sobre el área
financiera, fiscal y monetaria, etcétera.
Todo ello hace más preocupante la política actual del gobierno
uruguayo, contraproducente para el desarrollo productivo y en particular contraria
a la que la experiencia internacional muestra como responsabilidades ineludibles
del sector público en un proceso de integración.
Pese a ello, el proceso del Mercosur –más allá de sus incertidumbres-
es un dato de la realidad. Las fuerzas progresistas deben jugar un papel activo
de primera línea para su mejoramiento y transformación en un proceso
de integración más ambicioso y fructífero para el país
que queremos construir. Renunciar a proponer y negociar medidas concretas significaría
aceptar una marginación contra la que se podrá protestar pero
que, en los hechos, apenas dejará espacio para lo que no sea una resignada
pasividad.
El desafío urgente del Mercosur puede estimular la convergencia de fuerzas
progresistas en el marco de un gran esfuerzo nacional en pro de la reconversión
productiva con equidad, de la dinamización del país a todos los
niveles y de la construcción de una verdadera integración regional.
El Uruguay que imaginamos
Cuando el ritmo de los cambios se acelera, si no se quiere ser juguete del
destino, es imprescindible intentar imaginar los futuros posibles y deseables;
ellos deben iluminar la tarea cotidiana. Ciertas utopías pueden ser estériles;
el realismo miope no lo es menos. Avanzar, con los pies en la tierra pero con
la mirada en el horizonte, es necesario para que los caminos que hagamos al
andar nos acerquen a donde queremos ir.
En esa perspectiva, nos imaginamos un país en el cual tradiciones variadas
y experiencias disímiles se van vertebrando en torno a un auténtico
proyecto nacional. Esto no puede consistir en un programa detallado ni, mucho
menos, ser el patrimonio de un grupo cualquiera; tampoco ha de reducir la diversidad
sino, por el contrario, favorecer su efectivo despliegue. Un proyecto nacional
es más bien un confluencia cultural y de actores colectivos –políticos
y sociales- en torno a ciertas metas generales y al tipo de vías para
tender hacia ellas, lo que constituye el sustento de una voluntad colectiva
de transformación.
Entre los pilares del proyecto nacional que se viene esbozando en las prácticas
de muchísimos compatriotas figuran los siguientes: la rotunda afirmación
de la democracia y de los derechos humanos y la voluntad de extender su vigencia,
en lo institucional y en la vida cotidiana. La decisión inquebrantable
de luchar contra el empobrecimiento y la degradación de la calidad de
vida que se ha instalado en el país. La prioridad atribuída a
la producción de bienes y servicios, mediante la revaloración
del trabajo productivo; la tecnificación, el estímulo a la capacitación
y a la participación en la gestión, como facetas de una apuesta
a la solidaridad eficiente. La preocupación ecológica, ligada
a la comprensión de que la calidad espiritual y ambiental de la vida
en el Uruguay puede llegar a ser grande. La difusión de una atmósfera
cultural adversa a los caminos trillados y, por el contrario, estimulante, a
todos los niveles, para el trabajo bien hecho, la pluralidad y la innovación.
La revaloración de las tradiciones ligadas a la defensa de la autonomía
cultural y de la soberanía de la nación.
Nos imaginamos un país en el que un proyecto de este tipo va tomando
cuerpo e incide con fuerza creciente en el surgimiento de una sociedad más
equitativa y creativa, donde cada uno sea más libre para hacer su propia
vida y las mayorías sientan que en el Uruguay vale la pena luchar.
Ese país que imaginamos lo creemos posible, porque si bien tiene por
delante poderosos adversarios, vemos mil signos de que lucha por nacer.
CAPITULO II: Los adversarios del país que nace
La crisis endémica que vive el país tiene sus causas y sus responsables.
El Uruguay tiene todas las condiciones naturales, humanas y geográficas
para su desarrollo y para ofrecerle a su población condiciones de vida
sustancialmente distintas.
El modelo mal llamado neoliberal es responsable del agravamiento, en nuestro
país y en todo el continente, de una situación ya comprometida
en las décadas anteriores por el fracaso del proceso de desarrollo. Es
responsable del empobrecimiento creciente de nuestros países, del endeudamiento
y la sujeción a los centros de poder financiero internacionales.
Este modelo está destinado exclusivamente a la exportación para
los países del Tercer Mundo, pues los países desarrollados aplican
políticas proteccionistas y sus estados intervienen de diversas maneras
en el diseño de las políticas económicas, comerciales,
financieras, mientras para nosotros se pregona la libertad absoluta del mercado.
En realidad tendríamos que hablar de un modelo SUB LIBERAL: destinado
a los países subdesarrollados.
La sociedad uruguaya ha cambiado negativamente al influjo de esta política
que se viene aplicando con pequeñas variantes desde antes de la dictadura.
Se han acentuado las diferencias sociales, crece la pobreza y la marginación
mientras un pequeño sector de élite concentra cada día
más los resortes del poder financiero.
En el plano económico los gobiernos post dictatoriales no han afectado
en absoluto la continuidad del modelo y, con las diferencias obvias que impone
la democracia, han insistido en un camino que no sólo es injusto para
las mayorías nacionales, sino que se ha demostrado en el Uruguay y en
otros países como un fracaso para el desarrollo.
Si bien el actual gobierno del doctor. Lacalle expresa con mayor crudeza el
objetivo de una reformulación regresiva del país, dentro de los
lineamientos del modelo subliberal, no debemos olvidar que las coincidencias
y apoyos recibidos de parte de los sectores colorados corresponden básicamente
a la continuidad de un política que también aplicó, con
matices, el gobierno del doctor Sanguinetti. Esta realidad no debe simplificar
los verdaderos procesos histórico-políticos nacionales y su potencialidad
actual y de futuro: el batllismo y el nacionalismo verdaderos son adversarios
del modelo subliberal.
Cualquier proyecto alternativo, para un auténtico desarrollo nacional,
debe necesariamente romper con esta política subliberal y desplazar del
poder a los responsables de su aplicación.
El imperialismo ha sido el creador, impulsor y principal beneficiario del modelo
subliberal. La transferencia de recursos netos desde nuestros países
se ha operado través de nuevas modalidades de dominación, en particular
la deuda externa, que representa hoy una traba fundamental, para todos los países
del continente, en el camino hacia un desarrollo independiente.
El subliberalismo fue afianzado en nuestra tierra por la dictadura. Cualquier
expresión de nostalgia por un pasado autoritario, en particular de los
sectores militares, representa no sólo un peligro para la convivencia
civilizada del país, sino también una loza que aplasta las energías
renovadoras y de progreso.
Para superar los obstáculos que levantan los adversarios del país
que nace, debemos ensayar nuevas estrategias y propuestas.
CAPITULO III: Caminos de transformación
Una búsqueda plural
Queremos encontrar rumbos que le permitan al país salir de la frustración
que padece desde hace décadas. Para evitar nuevos fracasos, tenemos que
analizar logros y carencias de los diversos proyectos progresistas, ensayados
dentro y fuera de fronteras.
La experiencia muestra que el cambio, en sociedades complejas, no puede ser
impuesto desde un vértice cualquiera, sino que resulta de la articulación
de esfuerzos, a variados niveles, desplegados por actores sociales y políticos
que mantienen importantes márgenes de autonomía e iniciativa.
Un programa auténtico de transformación no puede pues consistir
en un “paquete” de medidas, cuya adopción se le recomienda
a la sociedad, sino más bien en la articulación y la síntesis
de las experiencias más ricas y de las iniciativas más sugerentes,
emanadas de sectores diversos, que signifiquen una contribución al proyecto
nacional en gestación.
Las propuestas han de surgir, en consecuencia, de una búsqueda y de un
diálogo plural, en el cual las buenas preguntas pueden ser tan útiles
como las respuestas concretas, y éstas últimas están siempre
sujetas a revisión.
La militancia en los años 90
No hay pues un tipo de militancia privilegiada, supuestamente destinada a
dirigir a las otras.
Tan digna y potencialmente útil es la lucha política como la lucha
por construir una cooperativa, promover una región marginada, reivindicar
los derechos postergados de las mujeres y los jóvenes, sindicalizar a
los trabajadores, entender un problema del país, generar un técnica,
mejorar la producción de un bien o servicio, ensayar una estrategia educativa,
promover una forma nueva de expresión cultural. En el fondo, cada una
de ellas dará frutos sustanciosos sólo si las otras lo dan.
No podemos identificar la participación con las formas que ayer fueron
exitosas; éstas pueden o no seguir vigentes, pero cada época inventa
las suyas. Corresponde observar sin anteojeras las que son propias de los jóvenes,
las que se vinculan al auge de las comunicaciones y a las nuevas sensibilidades.
El compromiso ético no se mide por la adhesión a un tipo determinado
de participación.
La lucha sirve si se despliega en muchos terrenos y si son muchos sus protagonistas.
Si se espera todo de la política, la frustración es difícil
de evitar. Si se la abandona a unos pocos, los esfuerzos de muchos en otros
espacios se desperdigarán al carecer de una instancia colectiva de articulación.
La complejidad de nuestras sociedades no disminuye la importancia de la política
y de la participación cívica, sino todo lo contrario, pues éste
es el terreno de síntesis de todas las formas de militancia y participación.
Así, la política adquiere una nueva dimensión. La cultura
política de la izquierda debe incluir una noción genuinamente
plural de las formas de militancia. En particular, ello hará posible
una jerarquización efectiva de los temas que preocupan concretamente
a sectores diversos, así como una profunda transformación de las
formas de hacer política, ampliando los canales de participación
y consulta. Todo esto no disminuye sino que realza las responsabilidades de
las direcciones políticas, para captar y sintetizar la pluralidad de
formas de expresión de la sociedad.
La reconversión productiva
No mejorarán las condiciones de vida de los uruguayos postergados sin
un sustancial incremento, en cantidad y calidad, de la producción nacional.
Esta tiene que ser competitiva a escala internacional, para que el país
pueda crecer y atender las necesidades básicas de su población.
La izquierda es una apuesta a un tipo de desarrollo sustentado en el trabajo
colectivo, solidario y eficiente. No es un proyecto para la redistribución
de la pobreza sino un auténtico proyecto de crecimiento.
La reconversión productiva con incorporación de progreso tecnológico
debe ser una prioridad nacional. Hasta ahora ha sido desatendida, en aras de
los privilegios otorgados al sector financiero y al servicio de la deuda externa,
sin que la servicial conducta ante los acreedores haya beneficiado al país.
Una inversión radical de prioridades es imperiosa. Sin ella, la desaparición
de las barreras arancelarias para la importación desde los países
vecinos puede devastar nuestro aparato productivo.
Esas tareas sólo pueden ser encaradas en un contexto estable de economía
mixta –en el que se promueva la pluralidad de formas de propiedad y de
gestión- a partir de la concertación entre el sector público,
los productores y los trabajadores.
Las urgencias sociales
Viven en la pobreza la cuarta parte de las familias urbanas, a las que pertenecen
el 40 % de los menores de 15 años; más de la mitad de los niños
pobres de menos de 5 años tienen peso y talla significativamente por
debajo de lo normal; la mortalidad infantil en los estratos más pobres
es promedialmente el triple que en el resto de la población. Pero el
gasto público en salud es apenas superior a la mitad del gasto militar.
La vida cotidiana, jaqueada tanto por la falta de empleo como por el multiempleo,
no abre espacios para pensar y crear.
En esas condiciones, se pierde tanto la batalla por la justicia social como
la batalla por el desarrollo. Ya es tiempo de comprender que los recursos dedicados
a subsanar las principales carencias de la población no son, propiamente
hablando, un gasto sino una inversión.
Pero una inversión sirve si se la ejecuta bien. En este caso, ello tiene
que ver con la eficiencia del sector público -vale decir, con la reforma
del Estado- y también con una transformación de las políticas
sociales. Estas tienen que ser ágiles y específicas, definir precisamente
los sectores a los que se pretende llegar y los objetivos a lograr, podar burocracias
y apoyarse en las diversas formas de gestión colectiva.
Por ejemplo: el desempleo femenino duplica al masculino, y más de la
mitad de los desempleados tienen menos de 25 años; de estos últimos,
alrededor de la mitad son jóvenes escasamente calificados, que por ende
tienden a la desocupación crónica, vale decir, a la marginación.
La priorización de los gastos y la concertación de esfuerzos para
el desarrollo de la infraestructura social y la capacitación laboral
de los jóvenes atacaría pues una vasta problemática social,
recuperaría para la producción a compatriotas en la edad más
fructífera y afrontaría una de las causas mayores del descreimiento
en el país.
En el Uruguay ya se hace visible, y tiende a ampliarse, una división
material y cultural entre sectores modernizantes y sectores de tipo más
tradicional. Los primeros mejoran su situación, adaptándose a
la modernización en curso –limitada, poco eficiente, inequitativa-
mientras que los otros van quedando al margen, pagando sus costos y sintiendo
que su desaliento crece. Esa brecha, si se consolida, será nefasta tanto
para el desarrollo del país como para su clima espiritual.
No hay tarea más urgente para las izquierdas que luchan eficazmente contra
esa brecha. Por un lado, hace falta impulsar una modernización que sea
auténtica porque le abra cada vez más espacios a la gente, en
lugar de agravar la marginación. Al mismo tiempo, es imprescindible concentrar
esfuerzos en una inmediata lucha de emergencia contra la pobreza y sus consecuencias.
Radicalización de la democracia y nuevas dimensiones de la libertad
Este subtítulo alude a grandes aspiraciones que signan la atmósfera
espiritual del mundo contemporáneo. En el Uruguay, se han hecho aún
más sentidas a partir de la dictadura y de la lucha contra ella. Hoy
soportamos bastante menos que antes cualquier tipo de verticalismo o autoritarismo,
y sabemos bastante mejor cómo enfrentarlo.
Radicalizar la democracia lleva a luchar permanentemente por hacer más
efectiva la vigencia de los derechos humanos y más auténtica la
participación ciudadana en las decisiones políticas. Pero también
lleva a luchar por la extensión de la democracia y la igualdad a los
ámbitos de la información, del trabajo, del consumo y de la vida
familiar.
La radicalización de la democracia se vincula pues con la promoción
del desarrollo local, de la descentralización y de las autonomías
municipales. Con la participación de los trabajadores en la gestión
de las empresas, públicas y privadas. Con los derechos de los consumidores.
Con el acceso a la información y la multiplicación de las posibilidades
de expresión. Con la redistribución de los poderes de decisión,
que esta sociedad concentra en las manos de pocos, ubicados casi todos entre
los 30 y los 60 años.
Se trata de metas plurales, para cuyo logro es imprescindible la lucha organizada
de los directamente involucrados, y también la colaboración de
un sector público, eficiente, encabezado por un gobierno progresista.
Tales metas tienen que ver con la ampliación de la libertad: de las mujeres,
a partir de una mayor igualdad entre los sexos en la vida familiar, el cuidado
de los hijos y el acceso a responsabilidades; de los jóvenes, en relación
a la diversificación de oportunidades y a la lucha contra las jerarquías
esclerosadas; de los viejos, para evitar que se les margine del disfrute de
la vida y de la posibilidad de aportar sus experiencias; de todos, para decidir
acerca del ambiente en el que viviremos, evitando que decisiones cupulares –la
de instalar una central nuclear, por ejemplo- lo afecten irreparablemente.
La gran meta colectiva de la recuperación de la democracia uruguaya y
las libertades públicas dinamizó a nuestra sociedad a comienzos
de la década pasada. En ésta, la aspiración de ampliar
la libertad y la democracia orientarán las luchas cotidianas y la construcción
del futuro.
CAPITULO IV: Hacia la construcción de propuestas
Porque nuestro esfuerzo va dirigido a la construcción es que formulamos la siguiente serie de ideas para la acción futura del Frente Amplio, sin ninguna pretensión exclusivista: nuestra máxima aspiración es que estas propuestas embrionarias sean corregidas y enriquecidas con nuevos aportes e ideas. La gente nos reclama, cada día más, propuestas concretas y sugerencias variadas en relación a las diversas responsabilidades que tiene el FA como protagonista de la vida nacional.
1. El proyecto necesario
La primera tarea de la izquierda uruguaya es responder al
desaliento con la elaboración de un proyecto posible, pero sobre todo
justo para nuestro país. No pensamos en un largo decálogo de
diagnósticos y frustraciones sino en un cuerpo de ideas, con amplio respaldo
en las diferentes experiencias sociales populares. Un proyecto que no sea propaganda
y voluntarismo, sino un ejercicio de política real, volcada a la búsqueda
de los caminos posibles para sacar al país adelante.
Tenemos que empezar cuanto antes a construir la “maqueta” del Uruguay
que imaginamos, por el que ya trabajamos y en cuya edificación quizás
tengamos responsabilidades decisivas a partir de 1995.
2. La Intendencia de Montevideo como responsabilidad fundamental
El desarrollo de esta experiencia, aún embrionaria, debiera ser responsabilidad
central de toda la izquierda. De los resultados de su gestión, de su
relación con los ciudadanos y también con sus trabajadores, de
las imágenes políticas y humanas que proyecte dependerá
grandemente el futuro político nacional.
Mucho ha hecho este gobierno municipal, que constituye sin duda un avance importante
respecto a las anteriores; así lo ve la gente. Pero mucho queda por hacer.
Los puntos de referencia deben estar dados por el proyecto de una ciudad diferente,
en sus obras, en sus servicios, en el protagonismo democrático de la
ciudadanía, en la participación de los funcionarios municipales,
en las prioridades sociales, en la transparencia de la administración.
Los montevideanos tienen en sus manos la posibilidad de construir otras formas
de relación con las instituciones, generando una cultura de gobierno
democrática, capaz de desterrar el clientelismo, el amiguismo y otras
formas parasitarias que atacan la eficiencia del Estado.
La participación de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, de jóvenes
y viejos, de los sin techo, de los carenciados en todos los sentidos, no tiene
una única estructura de articulación.
Pero es sólo desde esta pluralidad de sujetos e intereses, muchas veces
en tensión, que la profundización de la democracia se convierte
en un desafío de hoy.
Para lograr tales metas creemos importante:
1. Reformar profundamente la estructura de la Intendencia,
realizando una efectiva desconcentración orientada a una mayor eficiencia,
lo que incluye mejores condiciones para el trabajo y la participación
en la gestión de los funcionarios municipales.
2. Combatir a todos los niveles la burocratización, el peor
Enemigo de todo proyecto renovador.
3. Promover nuevas formas de organización del trabajo por
programas, que atiendan a las necesidades integrales de la población
y posibiliten la participación de ésta en las definiciones de
gobierno.
4. Evaluar el desempeño de los cargos políticos sólo según
su
capacidad y las necesidades de la gestión, sin tener en cuenta la interna
frenteamplista.
5. Incorporar en breve instancias de definición electoral a las
formas de representación democrática de los vecinos, para que
el proceso de descentralización no se refleje sólo en la gestión
a nivel de cada barrio sino también en la radicalización de la
de democracia.
3. Las reformas urgentes
Corresponde impulsar desde ya, a nivel popular y parlamentario,
cuatro grandes reformas que el país requiere.
La Reforma Política para construir un gobierno de mayorías.
El actual régimen presidencialista no estimula la formación de
mayorías gubernamentales estables, pero aviva la tentación autoritaria.
Quienes temen el avance de las izquierdas promueven un reforma constitucional
que garantice mayorías parlamentarias al gobierno, a través de
la supresión de la representación proporcional. Frente a esa iniciativa
retrógrada, no corresponde defender este régimen frágil
y poco eficiente, surgido de la Reforma “Naranja”, sino propiciar
una reforma de signo opuesto, que favorezca la conformación de gobiernos
de mayorías reales, programáticas y electorales.
Profundizar la democracia lleva a promover un régimen de características
más parlamentarias –en el cual el gobierno responde a la representación
mayoritaria de la ciudadanía-, una reforma electoral que aumente la libertad
del elector así como la correspondencia entre su voto y su voluntad,
y una legislación de partidos políticos que haga más transparente
el funcionamiento de los mismos.
Esa triple reforma política requiere una reforma Constitucional en serio,
la que a su vez sólo podrá concretarse como fruto de iniciativas
plurales, capaces de recoger propuestas de orígenes variados. La reforma
debiera ofrecer la ocasión para un gran debate nacional, alejado de las
pujas por cargos gubernamentales. Y los trabajos en pro de la reforma pueden
constituir, en sí mismos, un importante paso hacia la conformación
de una nueva mayoría.
La reforma del Estado
Somos partidarios de la reforma del Estado. Ante la privatización cerril,
no nos acantonamos en la defensa de un aparato vetusto, pervertido por el clientelismo,
que ahoga los dinamismos de la sociedad y atiende mal las carencias de la población.
Rechazamos sí la propuesta falaz de “achicar el Estado”.
El sector público representa poco más del 20 % de la actividad
nacional –según el indicador que se elija- lo que no es más
de la mitad de lo habitual en Europa Occidental, incluso tras la gestión
de la señora Thatcher. Nuestro Estado no es grande; se parece más
bien a un gordito debilucho. Urge deshincharlo y fortalecerlo.
Corresponde, en primer lugr, terminar con las cuotas políticas en los
directorios de los entes y organismos descentralizados, nombrando en cada área
personas capacitadas para gestionar los bienes del Estado –que son de
todo el pueblo- con espíritu público y dinamismo empresarial.
Conviene asimismo que el Estado se desprenda de multitud de cometidos periféricos,
que no tiene por qué desempeñar y para los cuales otras formas
de gestión pueden ser más adecuadas.
Tiene, sin duda, que achicar aparatos hipertrofiados, de los cuales el militar
–con sus 450 coroneles- constituye el mejor ejemplo. Urge que descentralice
y desconcentre su funcionamiento, como se esfuerza por hacerlo la Intendencia
de Montevideo.
Paralelamente, el sector público debe alcanzar un desempeño mucho
más activo y eficiente en áreas que –como la salud, la educación,
la vivienda y el progreso tecnológico, entre otras- son esenciales para
la vida de la gente y para el desarrollo del país.
Un paso en la mala dirección –como se puede demostrar analizando
la historia de la electrónica y las telecomunicaciones en el Uruguay-
lo constituye la disminución de la capacidad estratégica de Antel.
Empresas de ese tamaño y tan neurálgica ubicación pueden,
si son dirigidas con vocación por construir la nación, desempeñar
un papel fundamental para el desarrollo de la industria y la tecnología
en el país.
El funcionamiento de la administración pública debe ser modificado;
por un lado, hay que premiar al personal eficiente y penalizar las conductas
de signo opuesto; por otro, urge podar esa burocratización que recarga
a ciudadanos y usuarios con tanto trámite superfluo.
Ahora bien, ninguna buena reforma del Estado se hará realidad si se la
plantea como un ataque a sus empleados. Un sector público diversificado
y ágil sólo puede ser construido a partir de propuestas que tengan
en cuenta el interés material y moral de los funcionarios de la nación,
y que los involucren directamente. También aquí la participación
es imprescindible para la eficiencia y la democratización del Estado.
La reforma de la educación
En el siglo XXI, el lugar de cada país en el mundo y las condiciones
de vida de su población dependerán grandemente de que logre o
no ofrecer a la gran mayoría de su gente una educación permanente
de calidad, a nivel avanzado.
Aquí tiene el país por su rica tradición educativa y por
el esfuerzo que los uruguayos hacen por educarse, una de sus grandes oportunidades.
La aprovechará si comprende no sólo que su sistema de enseñanza
está muy deteriorado sino que ha llegado a ser anacrónico y requiere
urgentemente una reforma a fondo. Cuando alrededor del 50 % de los matriculados
escolares no es capaz de asimilar nociones básicas, la brecha social
que ello supone no admite demoras. El sistema educativo tiene que volver a ser
un factor unificador de la sociedad.
Por supuesto, la reforma es inviable sin la decisión de invertir seriamente
en la educación, vale decir, en la preparación del futuro. Al
presente, el gasto público en educación es aproximadamente los
dos tercios de lo que era en 1967 y equivalente a lo que se entrega al aparato
militar.
Gastar más en la enseñanza es imprescindible, pero de por sí
completamente insuficiente.
Hay que priorizar la atención a los preescolares, entre otros motivos
porque las desigualdades que surgen en l primera infancia son rápidamente
amplificadas debido a que el porcentaje de los niños de familias de bajos
ingresos que reciben educación preprimaria es varias veces inferior al
de los otros. Para avanzar hacia la igualdad de resultados, hay que tratar de
manera distinta las situaciones desiguales. Hay que aumentar sustantivamente
las horas de clase a nivel primario y medio. Hay que apoyar el desarrollo universitario.
También hay que modernizar contenidos y métodos de la enseñanza
a todos los niveles, a fin de que ella pueda cumplir con tres objetivos básicos:
preparar para el trabajo, ofrecer elementos para una ubicación consciente
ante el mundo de hoy, capacitar para seguir aprendiendo toda la vida.
La cultura nacional ha sido –por sus valores humanos, la riqueza de su
producción, sus convicciones democráticas, su ingenio creativo-
una fuerza espiritual insustituible. Un proyecto auténticamente nacional
y renovador debe rescatar, promover y desarrollar esos valores culturales. Esta
visión se enfrenta con toda convivencia cómoda con la mediocridad,
la mezquindad y la burocratización de la cultura. La cultura es sobre
todo renovación, audacia y dinamismo.
En este contexto, la tradición educativa del país, la valoración
que la gente tiene de la enseñanza y la capacidad de entrega de tantos
docentes hacen posible que el Uruguay se piense a sí mismo a través
de un proyecto educativo de largo plazo, orientado a ofrecer educación
de alto nivel a la mayoría de la población. El camino hacia ello
pasa por la creación de una alianza para una segunda reforma de la educación.
La reforma tributaria
El Frente Amplio trabaja ya hacia una reforma que redistribuya de manera a la vez más justa y más eficiente las cargas impositivas. Se apunta a que los impuestos al patrimonio, a la renta y a la herencia, establecidos con criterio progresivo, vayan adquiriendo importancia creciente, y permitan reducir sustancialmente el paso regresivo de las contribuciones indirectas, que son comparativamente más gravosas para los sectores de menores recursos. Ello debe hacerse realidad a través de un proceso que permita ir conformando una estructura administrativa eficiente. La experiencia internacional demuestra que ese tipo de impuestos personales puede llegar a configurar más del 50 % de los ingresos tributarios, sin afectar la inversión, siempre y cuando una buena administración evite la competencia desleal de los que no pagan y asegure que no son pocos los que pagan.
4. La estrategia política
La clave para afrontar los problemas políticos que tenemos
por delante radica en la construcción de un amplio respaldo social y
político para el proyecto transformador de signo progresista, enfrentado
al proyecto transformador subliberal en curso.
Nadie puede resolver por sí mismo los problemas de esta grave y augural
encrucijada nacional. No se trata sólo ni principalmente de un problema
de alianzas, sino de definir los alcances de las tareas históricas que
el país debe afrontar. Si no comenzamos ahora a trabajar en esa dirección,
con la mayor amplitud e inteligencia, sin cuentas menores que saldar que no
sean las cuentas con el Uruguay, estaremos preparando una nueva y grave frustración.
Hay energías y voluntad de cambio, existe una gran reserva moral en sectores
amplios del espectro político nacional y en amplísimos sectores
sociales. La coincidencia en 1995 del cambio de gobierno y la culminación
de la integración regional le confiere a esta tarea una urgencia redoblada.
Es en esta perspectiva que encaramos los problemas que, ante el avance del proyecto
popular transformador, suscitarán los nostálgicos de la dictadura,
y de los que son un índice ciertos discursos políticos de militares
en actividad, típicos del mesianismo castrense: será la amplia
confluencia de mayorías sociales y políticas que les cerrará
el paso.
5. La omisión de la cuestión militar
Los uruguayos no hemos encontrado aún el camino para resolver aspectos
fundamentales de la cuestión militar. La definición de las FFAA
que necesita el país, de sus funciones y características, no forma
parte del debate público, ni a nivel político ni al académico
civil. En ello todos tenemos responsabilidades que asumir, aunque las mismas
tengan motivos y magnitudes muy diversas.
Los sucesivos gobiernos han tenido como actitud expresa la de evitar que los
temas militares integraran el intercambio democrático de ideas. En los
últimos años, especialmente durante la administración Sanguinetti,
se ha transformado ese “tabú” en un arma de negociación
y/o de presión. En general, los políticos y los programas partidarios
no hacen referencia expresa a la misión que le cabe cumplir a las FFAA
en nuestro país. El Frente, si bien se ha ocupado permanentemente del
tema y elaborado al respecto planteos teóricos correctos, no lo ha abordado
como conjunto en profundidad. En el ámbito de la investigación
civil, se conocen poquísimos trabajos al respecto, en clara contradicción
con la dimensión del asunto militar.
Ahora bien, no contribuimos a salvar la omisión discutiendo la vinculación
FA-FFAA, enfoque que supone una confusión en materia institucional, ni
polemizando con los militares. El debate es con la ciudadanía toda. Blancos,
colorados, nuevoespacistas y frentistas deben confrontar enfoques sobre la noción
de “Defensa Nacional” en el marco del proceso integrador.
El momento, la forma y el espacio más apropiado para ubicar las cosas
en su lugar, sin misterios ni traumas, es la discusión de una nueva ley
orgánica militar. La vigente proviene de la época dictatorial;
su continuidad es inadmisible. Esta discusión pública sobre la
política de Defensa Nacional arrojará luz, además, sobre
objetivos, esctructura, presupuesto, técnicas y aspectos operacionales
de las FFAA.
Los doctrinarios de la “seguridad nacional” nos han impuesto la
identificación del concepto de “seguridad” con su versión
militarista, impulsada por el intervencionismo norteamericano, que tan trágicas
consecuencias tuviera para nuestro pueblo. Pero la Constitución de la
República alude a un muy otro concepto de seguridad cuando establece
en su artículo 7: “Los habitantes de la República tienen
derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad,
trabajo y propiedad. Nadie podrá ser privado de estos derechos sino conforme
a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
Se trata de definir adecuadamente este concepto de seguridad –que para
nosotros es fundamental- como un sistema de garantías para los derechos
del individuo y la sociedad.
Corresponde ratificar aquí una posición a la que está ligada
toda la historia del Frente Amplio: no puede haber respeto por los derechos
humanos si no es en democracia, pero ésta sólo será plena
en tanto haya una vigencia irrestricta de aquéllos. Los derechos humanos
incluyen a los de carácter individual y político, pero también
a los que surgen de la ubicación del individuo en la sociedad –
derechos económicos, sociales, culturales, ecológicos y los de
la sociedad como tal- la autodeterminación de los pueblos, la integridad
territorial, etcétera. En este plano, la “seguridad”, entendida
como garantía de los derechos humanos en su más vasta acepción,
constituye un objetivo esencial. De ese concepto, que por definición
no puede ser agresivo frente a los derechos a preservar, surge el papel de las
FFAA: la defensa exterior de la nación, bajo la conducción política
de su gobierno.
6. La integración y el Mercosur
La integración, y más concretamente el proceso en marcha del
Mercosur, es un terreno más para la confrontación –de ideas,
de iniciativas, de prácticas- entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas
progresistas.
La posición del FA sobre este tema, que respaldamos plenamente, debe
ahora generar el protagonismo y la toma de iniciativas, no una actitud de expectativa.
El país debe recurrir a todas sus energías para abordar el desafío
de la integración y tratar de expandirla a otras áreas económicas
y sociales.
Para ello deben desarrollarse desde ya políticas activas, en cuya formulación
deben participar todos los actores implicados, incluyendo los sindicatos y los
pequeños y medianos empresarios, sin duda los sectores que arriesgan
pagar los más altos costos en el corto plazo.
En primer lugar, debe proponerse la creación de un organismo ejecutivo,
del más alto nivel, para la promoción de la reconversión
productiva y la elaboración de políticas específicas a
largo plazo para cada rama de la producción, incluyendo políticas
de reciclaje y de seguridad social para los trabajadores. Para ello cabe tener
en cuenta las experiencias de otros países. En este proceso una política
crediticia renovada y de inversión pública es esencial. Debe ampliarse
la negociación regional a los problemas técnicos, sociales y jurídicos
del empleo y la seguridad social. El FA, además de formular estos y otros
reclamos a nivel nacional, tiene que crear rápidamente estructuras propias
de asesoramiento y apoyo al proceso de reconversión productiva y de preparación
para la integración.
7. La emergencia social
Empeño especial, concentrado y urgente requieren varias cuestiones
que hoy laceran a la sociedad uruguaya.
En primer lugar, la desocupación; sus niveles actuales, su crecimiento
y la amenaza de cierre de varias empresas plantean la necesidad de buscar y
sobre todo de encontrar soluciones urgentes. Este flagelo influye sobre toda
la vida de la sociedad, aumenta la emigración y la marginación,
golpea a los sindicatos en su capacidad de lucha y negociación. Esta
cuestión, que se entrelaza con los problemas del salario y de la jubilación,
demanda una gran sensibilidad política y la búsqueda de soluciones
diversas, que deben vincularse a la reconversión productiva. Al respecto,
varias iniciativas pueden ser promovidas, tanto por la Intendencia de Montevideo
como por el propio Frente Amplio. Corresponde, por ejemplo, ligar el seguro
de paro a la recapacitación de los trabajadores para mejorar sus perspectivas
ocupacionales. En este aspecto debemos tener iniciativas para ayudar a la reconversión
de las empresas – que necesariamente constituyen el soporte del proceso
productivo- a nivel tecnológico, de la formación de cuadros y
en los más variados aspectos.
Entre otras cuestiones no menos urgentes figura la de la vivienda. Sabemos que
su solución requiere transformaciones de carácter estructural.
Pero sus peores consecuencias pueden ser atendidas desde ya: ¿no es posible
acaso que gobierno, municipios, actores sociales y políticos sumen esfuerzos
para que en el Uruguay no haya gente viviendo en la calle?
8. La comunicación y la información
En el mundo moderno no hay posibilidad de un auténtico proceso democrático
sin una información y comunicación democráticas. En el
Uruguay estamos muy lejos de ello, y existe el peligro de una seria degradación,
si la información queda librada simplemente a las fuerzas del mercado.
El FA debe participar –junto a los actores sociales y culturales, y a
los operadores del sector- en el diseño e impulso de los principios éticos
y profesionales de nuevos modelos informativos, a nivel de todo el país.
Esto también tiene directa relación con el Mercosur, que puede
representar un agravamiento sustantivo de la situación.
En la elaboración, urgente e impostergable, se debe tener en cuenta las
nuevas tecnologías, los nuevos actores y temas de la información
y la comunicación. Para asegurar una respuesta positiva, debemos erradicar
toda visión nostálgica y aceptar el reto de la nueva época
también en este sector clave.
Sólo a partir de este empeño el FA podrá elaborar su propia
estrategia de comunicación e información, que es hoy absolutamente
insuficiente, para las tareas actuales y sobre todo para los objetivos políticos
que se propone. Necesitamos una propuesta de comunicación frenteamplista
que no desperdigue ni desperdicie esfuerzos, abierta y pluralista, de alta profesionalidad
y dirigida a todo el país. No hay ningún gran proyecto político
sin un buen proyecto de comunicación e información.
9. Un proyecto para todo el país: el Interior
La larga crisis que vive el país es también la del agotamiento
de un modelo de acumulación territorialmente centralizado en torno a
Montevideo y su región circundante, que, en la décima parte del
territorio –en un radio de 100 km. Desde la capital- concentra el 70 %
de las unidades económicas no agropecuarias y los dos tercios de la población.
Este modelo ha acumulado graves disfuncionalidades, tanto en la región
metropolitana como en la base agropecuaria y urbana del “interior”,
la producción familiar agropecuaria ha entrado en un proceso de desestructuración
que se ha vuelto vertiginoso en los últimos quince años, mientras
que en la parte urbana del “interior” la población aumenta
más rápidamente que la oferta de empleo y hay una marginación
social que crece, agravada por la notoria insuficiencia de los recursos volcados
a los servicios básicos.
La extrema relevancia de estos temas le impone a la izquierda una elaboración
programática de carácter global, es decir, nacional. Esta es una
comprobación autocrítica. No se trata de reelaborar nuestra política
a partir de cálculos electorales, sino de comprender que no hay ninguna
posibilidad de renovación del país sin la participación
activa de todos sus sectores, incluyendo naturalmente el interior, y el campo
en particular.
No necesitamos una política especial hacia el interior, sino una gran
política de alcance nacional.
Esto se refiere a la elaboración programática, a las formas de
participación y al conocimiento de los temas específicos así
como al protagonismo en la reconversión productiva de importantísimos
sectores del interior.
Necesitamos distribuir los recursos, las fuerzas humanas y políticas,
los medios de comunicación e información, los recursos económicos
y financieros del Frente Amplio con un auténtico sentido nacional.
Es confiando en toda la gente de nuestro país, en su capacidad de búsqueda
y renovación, sin recetas, a partir de su propia experiencia, es que
iremos dando forma a una propuesta verdaderamente alternativa de país.
Puede resultar que los que hoy miran al interior como la reserva de conservadurismo
para sostener sus proyectos reaccionarios terminen sorprendidos.
Así se plantea uno de los principales desafíos de nuestro segundo
Congreso.
10. Los problemas globales
En el mundo moderno, cualquier proyecto nacional debe considerar y definir
su actitud y sus propuestas en relación a los grandes temas globales.
En este sentido es que creemos que el FA debe volcar su atención a cuestiones
tan centrales como las siguientes.
-La ecología. No se trata de promover sólo una actitud defensiva
ante la creciente agresión al medio ambiente, sino la construcción
de una nueva filosofía de la relación entre el hombre y la naturaleza.
Impulsar la información y el conocimiento de los distintos temas que
atañen a esta área es una tarea de primer nivel, a desarrollar
en conjunto con las organizaciones especializadas del Tercer Mundo, ya que muchas
son en este terreno las amenazas que confrontan muchos países de la periferia.
La Conferencia Internacional de Río de Janeiro en 1992 será un
momento muy importante. Pero en este capítulo nosotros pensamos en una
batalla en todos los frentes: legislativo, político, educativo, cultural,
etcétera. La Intendencia de Montevideo tiene un gran papel a desempeñar
en este tema.
-La calidad de vida. Es prioritaria la creación de una conciencia relacionada
con la calidad del consumo, lo cual ayudará no sólo a mejorar
el nivel de vida sino también la calidad de la producción. Para
ello el respaldo legislativo y normativo –a nivel departamental, nacional
y, ahora, regional- es imprescindible.
-La infancia. La insensibilidad ante los gravísimos problemas de la infancia
en nuestro país y en el mundo nos conduce irremediablemente a la degradación
de todas las formas de solidaridad social.
El FA debe priorizar todas las iniciativas positivas en defensa de la niñez.
Es necesario un plan de emergencia y de intervención rápida, con
respaldo nacional e internacional, y con la más amplia participación
de los sectores sociales y políticos.
11. Los jóvenes
Si la izquierda no emite señales claras y creíbles de que se
está
renovando, no convocará a los jóvenes; si no convoca a los jóvenes,
se privará de una de las principales fuerzas renovadoras.
El veredicto de la juventud no se hace esperar; sus juicios son claros y también
plásticos y flexibles, como la realidad misma. Sus señales deben
ser recogidas por el FA:
a) Es necesario construir una identidad común de los jóvenes
frenteamplistas, con espacios de expresión y organización en el
seno del Frente, y con capacidad de comunicación tanto a nivel departamental
como del Interior. Los jóvenes son capaces de superar vallas y alambrados
que durante demasiado tiempo han dificultado el pensamiento y la acción
del FA.
b) La dirección frentista debe tener la audacia de asumir las
reivindicaciones de los jóvenes, siempre cuestionadoras, y proyectarlas
en el escenario político. Más en general, es preciso apoyar a
la juventud cuando ésta se propone elaborar autónomamente su proyecto
de inserción en la sociedad.
12. La mujer
La situación de opresión y marginación de la mujer ha
sido uno de los emergentes en la conciencia pública del Uruguay posdictatorial.
Esto constituye en particular un desafío para la izquierda. La mujer,
como sujeto social y político, irrumpe con una nueva cultura y una subjetividad
no expresada en la política de todos los días.
Un FA de hombres y mujeres supone un cambio radical del discurso y la práctica.
Supone reconocer que el género humano se compone de hombres y mujeres
en condiciones sociales, humanas y subjetivas desiguales. Supone asumir que
la dirigencia política sigue siendo masculina y tiene dificultades, desde
su parcialidad e individualidad, para escuchar, entender y asumir el pensamiento
inédito de las mujeres como nuevos sujetos sociales y políticos.
La mujer participa crecientemente en la vida económica del país,
pero lo hace en gran medida por vías informales, por lo cual frecuentemente
no tiene acceso a los seguros de salud, a la seguridad social y a la negociación
salarial. Esto lo hace más pobre entre los pobres. Urge por todo ello
incorporar al pensamiento colectivo la conciencia de que sobre la mujer –cada
vez en mayor porcentaje jefa exclusiva del hogar- ha caído tradicionalmente
la responsabilidad por los niños, los jóvenes y los viejos, la
que se suma a sus nuevos papeles laborales.
Se hace así impostergable una gran batalla para la dignificación
de la mujer, lo que incluye tareas como las siguientes:
1. Desarrollar una campaña efectiva que sensibilice contra la
violencia hacia la mujer y los niños.
2. Eliminar la discriminación salarial de categorización y de
acceso al empleo.
3. Desarrollar políticas sociales específicas que aseguren la
infraestructura social que atiende la incorporación masiva de la mujer
al mercado de trabajo, entendido este fenómeno no sólo como necesidad
económica, sino como un derecho inalienable de opción personal.
4. Reconocer los espacios autónomos de las mujeres –aún
en las
estructuras políticas- como ámbitos necesarios para desarrollar
y fortalecer su presencia social y política.
13. Formación de cuadros
El éxito de buena parte de estas iniciativas –particularmente
en la eventualidad de futuras responsabilidades gubernamentales del FA- depende
en una medida importante del nivel de sus cuadros. También en el perfil
y características de los dirigentes políticos se han producido
en esta época modificaciones rápidas y profundas. Sobre la base
de l realidad cultural, educativa y profesional con l que cuenta el país;
el FA debe encarar con urgencia, y poner en práctica, variados mecanismos
de formación. Esto es particularmente necesario para conformar sus equipos
técnico-políticos. Para ello será preciso recurrir a nuevas
formas de capacitación, a nivel nacional e internacional, en variadas
disciplinas. También en esta cuestión correspondería coordinar
los esfuerzos dispersos que ya se están realizando.
Las claves serán siempre la libertad de pensamiento, la capacidad técnico-profesional
y la pluralidad de ideas puestas al servicio de los grandes objetivos políticos
e históricos.
14. La iniciativa internacional
El FA debe abordar con mayor dinamismo el relacionamiento
internacional y la definición de su política en este ámbito,
buscando contactos, cooperación e intercambio de ideas y de iniciativas
con un amplio espectro de fuerzas democráticas en todo el mundo.
Ninguna gran fuerza política puede excluirse del debate y de la actividad
internacional, ni disminuir su participación en ese escenario. Para ello
hace falta un seguimiento especializado de los temas cardinales y de las distintas
áreas, así como priorizar objetivos, como los vinculados a la
integración subregional y al protagonismo conjunto de Latinoamérica
en el nuevo escenario universal. Sin confundir la política externa del
país con la del FA como tal, corresponde colaborar a la construcción
de una política de Estado, de la nación entera, para las relaciones
exteriores.
15. La estructura del FA
Sería particularmente negativo sumergir al FA en un debate
estructural en estos momentos en que necesitamos iniciativas políticas
en todos los terrenos.
Pero tampoco podemos obviar el tema. Forma prte de la discusión de las
necesidades futuras del Frente.
No podemos estar bloqueados permanentemente por los vetos cruzdos en materia
de estructura. Asumimos el doble carácter del Frente como coalición
y movimiento, y cualquier propuesta estructural deberá tener en cuenta
estas características junto con l diversidad y pluralidad de opiniones,
pero también la necesidad de acción y definición del FA
en todas las circunstancias. Llegar al gobierno nacional, y sobre todo pretender
ejercerlo, en las actuales condiciones estructurales sería extremadamente
difícil, aunque tenemos bien claro que no se debe confundir al Frente
con sus responsabilidades estatales.
Asumir tales responsabilidades, supone la existencia de una estructura dinámica,
capaz de elaborar teórica y prácticamente las respuestas a los
desafíos de cada momento, sin coartar la creatividad y la necesaria eficiencia.
Al mismo tiempo, la pluralidad del FA –y la riqueza que esto supone- requiere
reglas de juego democráticas explícitas que la salvaguarden en
los hechos.
Es por todo ello que consideramos necesario iniciar la elaboración de
alternativas estructurales para el FA. Partimos de una definición básica:
la necesidad de la participación democrática y lo más amplia
posible de la gente. Hay que tener en cuenta en primer lugar al pueblo frenteamplista,
a los adherentes y también los militantes, sin fracturas artificiales
entre estos factores, sin predominancias impuestas, pero tampoco con una democracia
de élite ejercida cada cinco años.
Hay que comenzar a pensar, elaborar y discutir sobre: las elecciones internas,
los nuevos perfiles de los Comités de Base; la posibilidad y la necesidad
de que, sobre determinados temas, se expresen no sólo las posiciones
de partidos y grupos sino también cortes transversales, es decir, corrientes
de opinión, como sucedió por ejemplo en el debate sobre el Mercosur;
los plebiscitos en el FA, las definiciones y elecciones de los candidatos, etc.
La dirigencia de las izquierdas no puede seguir siendo esencialmente masculina,
montevideana y con un grado de renovación generacional extremadamente
lento.
La peor solución para estos problemas es ignorarlos.
CONCLUSION: LA ALTERNATIVA DE LAS MAYORIAS
Las izquierdas y la transformación del país
Sacar adelante al Uruguay no es tarea que las izquierdas puedan realizar por
sí solas. La magnitud de los cambios a impulsar y las resistencias que
suscitarán requieren la conformación de una nueva mayoría,
social y regional.
No se podrá dinamizar la producción, priorizar la atención
a los más desposeídos y cerrarle el camino a los nostálgicos
del golpismo sin una gran confluencia de esfuerzos, originados en distintas
zonas del país, en distintos ámbitos sociales, en distintas tradiciones
políticas.
Pero tampoco se podrá sacar adelante al Uruguay sin las izquierdas. Por
su gravitación, que crece sobre todo en la juventud, y porque, en varios
sentidos, lasa gentes de izquierda soportan al país: en los educadores,
sindicalistas, trabajadores sociales, cooperativistas y tantos otros que se
esfuerzan por impedir que se siga desgarrando nuestro tejido social, están
profundamente arraigados los valores solidarios de la izquierda; tales valores
son gravitantes en todos los sectores donde nuestra sociedad ha mostrado capacidad
para la innovación.
No habrá transformación progresista del país sin una confluencia
de mayorías; ni la una ni la otra tendrán lugar sin la participación
de las izquierdas.
Hacia una nueva alternativa
El país que nace necesita un gobierno de alternativa. No un gobierno
que sustituya a los actores sociales o que les diga lo que supuestamente deberían
hacer. Pero sí un gobierno que estimule y apoye las iniciativas más
dinámicas y progresistas que surgen de la sociedad, que le abra caminos
a la modernización solidaria del país, y que priorice la atención
a los más necesitados.
Pues bien, se puede avanzar hacia el encuentro de las mayorías nacionales.
Ciertas alambradas divisorias del pasado han empezado a caer. Se venga de donde
se venga, lo que importa es adónde se va.
Nuevas confluencias se hacen posibles. Confluencias renovadoras dentro del Frente
Amplio. Confluencias del Nuevo Espacio y el Frente, para que todas las izquierdas
sumen esfuerzos. Confluencias de las izquierdas con sectores progresistas de
los partidos tradicionales, en ruta hacia una coalición para un gobierno
no alternativo de mayorías.
Por tales confluencias trabajamos, desde el Frente Amplio, en la lucha contra
el desaliento. Para abrirle paso al país que nace, apostamos al protagonismo
de las mayorías.
Carlos Abín (Indep.), Rodrigo Arocena (VA), José Bayardi (VA),
José Bentancor (Fed. Ancap), Gerardo Caetano (Indep.), Gonzalo Crámbula
(PCU), Marcos Carámbula (PCU), Daniel Coll (VA), Luis Garibaldi (Magisterio),
Cristina González (FUS), Néstor Luisi (SUANP), Federico Martínez
(PCU), Daniel Mesa (PCU), Margarita Percovich (VA), Alvaro Rico (PCU), José
Pedro Rilla (Cientista social), Juan Manuel Rodríguez (VA), Enrique Rubio
(VA), Rafael Sanseviero (PCU), Jorge Silvano (Transporte), Judith Sutz (VA),
Esteban Valenti (PCU), Ricardo Vilaro (VA), Rodolfo Zanota (Artiguismo y Unidad).