LOS ORIENTALES M.P.P. Documentos

M.P.P. DOCUMENTOS APROBADOS

Bases para la discusión

DOCUMENTO 1

La política del gobierno, en alianza con sectores del Partido Nacional, tiene un carácter antinacional, antipopular y antidemocrático; es la continuación adaptada a otras circunstancias, de la que practicó la dictadura.
En este período se sigue favoreciendo a una oligarquía económica -principalmente a sus sectores financieros- y consolidando nuestra dependencia del exterior. El país está administrado de forma que sus recursos producidos por el trabajo de la mayoría, se destinan al pago de una deuda externa reproducida y expandida sin cesar, en vez de satisfacer las necesidades de vivienda, salud, alimentación, educación, salario y empleo. Sostener esta política implica, también, mantener la impunidad de las fuerzas armadas, como garantía de su aplicación.
Estamos convencidos de que el Frente Amplio es el instrumento político apropiado para impulsar las grandes transformaciones que la sociedad nacional requiere. Como en 1971, el Frente Amplio debe definirse claramente antiimperialista y antioligárquico; de ello se deduce que sólo puede ser una fuerza popular, nacional, democrática y revolucionaria, cuya composición, programa y conducción tienen que ajustarse a tales características.
Preocupados por el creciente desdibujamiento de los principios y objetivos esenciales que dieron origen al Frente, creemos que su presencia en el próximo período electoral y sus relaciones con las restantes fuerzas políticas no deben impedirle cumplir sus compromisos básicos:

Mantener un nítido perfil opositor antiimperialista y
antioligárquico, que rechace, con respaldo popular y eficacia,
la injusticia, el autoritarismo y la entrega del país al
capitalismo transnacional; impulsar soluciones para las
necesidades de nuestra población en el marco del desarrollo
y la democracia social;

iniciar el camino hacia la ruptura de la dependencia;

avanzar hacia una sociedad equitativa, participativa,
democrática y socialista.

Creemos ya imprescindible la creación de una corriente política, dentro del marco general de unidad de la izquierda, con real capacidad de incidencia sobre los procesos políticos y absoluta fidelidad a los principios programáticos sobre los que se fundó el Frente Amplio, que tenga a la vez una posición imaginativa y creadora ante los problemas del presente y propugne nuevos mecanismos de intervención de las bases en la elaboración y las decisiones del proyecto común.
Nos proponemos llamar en todo el país a las agrupaciones políticas del Frente Amplio, a los militantes sectoriales de base y a los ciudadanos independientes que compartan nuestra preocupación, a unir esfuerzos para el establecimiento y puesta en marcha de una gran Corriente Nacional, cuya acción consolide la unidad de la izquierda en el proceso de cambio. La tarea prioritaria será movilizar al Frente hacia el cumplimiento de sus fines, retomando el espíritu de la vieja Corriente, para restablecer el equilibrio interno y rescatarlo de la estéril polémica cupular.
Convocamos a considerar reflexiva y críticamente este documento preliminar, reuniéndose en el barrio, en el centro de trabajo o en el lugar de estudio, mediante charlas abiertas, difusión de estos propósitos e intercambio general de ideas; a enviar delegados a las reuniones centrales de este movimiento en formación; a que, en torno a estas premisas de unidad y cambio, los vecinos se organicen y emprendan gestiones y movilizaciones por los problemas del barrio y de la sociedad. Sugerimos además la participación individual en los comités de base del Frente, con posiciones y tareas que sean verdaderos instrumentos del poder popular.
Diciembre de 1988

DOCUMENTO 2

Pautas para la elaboración de una estructura organizativa del movimiento.

1) Se trata de conformar un movimiento político donde confluyan en un pie de igualdad militantes independientes y militantes de los grupos políticos que se comprometen en el desarrollo del movimiento.

2) Dicho movimiento tiene como meta conformar una opción
política de mediano y largo plazo (contenida en el documento
Nº 1) trascendiendo la instancia electoral.

3) La columna vertebral del movimiento serán sus grupos de base
formados al efecto, cuya tarea se insertará en el ámbito social
y político. En ellos confluirán de manera integrada, militantes
independientes y de grupos políticos.

4) La dirección política del Movimiento será elegida de manera
directa mediante voto secreto, por los militantes de todos los
grupos de base en una instancia a fijar de acuerdo al desarrollo
del Proyecto. (La condición de militantes se establecerá en un
próximo material).

5) En la medida del crecimiento del movimiento se irán
conformando direcciones intermedias que permitan una
coordinación efectiva entre grupos de una misma zona, gremio,
etcétera.

6) En cada Departamento se podrá crear una estructura de
grupos de base y dirección, integrada a la dinámica del
movimiento, pero surgida de acuerdo a las características de
cada lugar.

7) En lo referido a la instancia electoral de los organismos deliberativos, el movimiento tendrá candidatos propios para las elecciones departamentales.

8) Los candidatos propios serán elegidos por los militantes de los grupos de base mediante el voto secreto, entre todos los candidatos propuestos por los diferentes organismos del movimiento.

9) Para los candidatos propios funcionará el mandato imperativo como norma general de actuación.

DOCUMENTO 3
Comisión 20/3/89

1) Este movimiento frenteamplista está integrado por militantes independientes y por militantes pertenecientes a los grupos políticos que lo apoyan, comprometiéndose todos en la creación de un movimiento popular que asegure la participación real y democrática de todos los adherentes y garantice el auténtico protagonismo de sus Agrupaciones de Base.
Las organizaciones políticas que respaldan este movimiento y
lo enriquecen con sus aportes, no están obligadas a
disolverse ni a renunciar a su propia identidad. Esto último
siempre que no contradiga los objetivos y la estrategia que
defina el movimiento.

2) Tanto los militantes independientes convocantes como los grupos políticos integrantes deberán manifestar su adhesión antes del 30/3/89 mediante comunicación pública, en la que constará la firma individual de los primeros así como el organismo colectivo que adopte, la resolución de parte de los segundos, a los documentos aprobados a la fecha indicada.

3) Antes del 16/4/89 deberán ser aprobados los siguientes Documentos:

a) una base general para el Documento de Plataforma
b) el documento de Orientación Electoral.

Configuran parte de este acuerdo los Documentos ya aprobados:

c) Documento político Nº 1
d) Documentos Organizativos Nº 2 y 3
e) Documento sobre Referéndum Nº 4

4) La Dirección Nacional deberá ser elegida por voto directo y
secreto de los integrantes del Padrón de Adherentes.
Los candidatos electorales también serán electos por el voto
directo y secreto.

5) La elección de la Dirección Nacional no podrá exceder el
30/5/89.

6) La elección de candidatos para el acto electoral nacional de noviembre no podrá exceder el 15/7/89.

7) Los integrantes de la Dirección Nacional podrán ser renovados
en sus cargos por resolución fundada del máximo organismo
representativo de las Agrupaciones de Base.
En la misma forma podrán ser revocables los cargos políticos
representativos.

8) Las Agrupaciones de Base designarán de entre sus integrantes a quienes los representen en el Plenario Coordinador, Comisiones, etcétera.

9) Los organismos del Movimiento (ya existentes o que se
creen en el futuro) serán abiertos a los integrantes de las
Agrupaciones de Base, quienes concurrirán como
observadores con la acreditación correspondiente.

10) La Comisión de Organización en acuerdo con el Plenario designará los delegados para concurrir a las reuniones de Agrupaciones de Base en formación o en consolidación.

11) Los documentos enviados a las Agrupaciones de Base podrán
Circular libremente estableciendo el Plenario Coordinador la fuente del Movimiento de la que emanen. Su inclusión en la discusión del Movimiento deberá ser resuelta por el Plenario Coordinador.

12) El Movimiento designará, en forma rotativa, sus voceros para expresar posiciones oficiales, procurando estén representados Agrupaciones de Base, Comisiones y Plenario Coordinador.

13) Hasta el momento de la elección de la Dirección Nacional, los
órganos del Movimiento serán: el Plenario Coordinador, las
Comisiones, las Agrupaciones de Base y los mecanismos de
coordinación que se establezcan.

14) El nombre del Movimiento será: Movimiento de Participación
Popular (MPP) y su Lema “Por la Liberación y el Socialismo”.

DOCUMENTO 4

Referéndum: anular la ley de impunidad con el voto verde y la movilización popular.

El Referéndum contra la ley de impunidad es una conquista popular. Se obtuvo a partir de una decisión irrenunciable, de saludable intransigencia que levantó la consigna de Verdad y Justicia como única garantía de cumplir con las aspiraciones democráticas que levó a nuestro pueblo a luchar contra la dictadura y contra este gobierno antipopular.
Desde el llamado efectuado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Matilde y Elisa el 23 de diciembre de 1986, fue generándose un amplio movimiento democrático que durante dos años marcó el eje fundamental de acumulación y avance popular.
La Comisión Nacional Pro Referéndum, presidida por esas dos valientes mujeres, fue la síntesis donde se nuclearon diferentes fuerzas políticas y organizaciones sociales que expresaron, en general, el infatigable objetivo de que el pueblo decidiera, para anular la Ley de Caducidad. Al calor de este movimiento, el pueblo encontró nuevos canales de participación y organización en las Comisiones Barriales pro-referéndum, que le dieron a la campaña las garantías de dinamismo, pluralidad y movilización, en muchos casos decisivos.
Han sido dos años de enorme valor. Recoger, defender y ratificar las firmas ha sido una victoria del campo popular, hecha contra las maniobras del Partido Colorado y la mayoría blanca. Contra el clima de miedo e intimidación impulsado por las FFAA y su vocero y representante en el Poder Ejecutivo, el teniente general Medina. Contra el fraude del gobierno y de la Corte Electoral. Contra el clima de resignación y desesperanza reinante en todo el país. Ahora, y fundamentalmente luego de las jornadas del 17, 18 y 19 de diciembre podemos decir, que es posible desplegar el potencial movilizador de la gente. Estos hechos demostraron que cuando hay objetivos claros, se interpreta correctamente las aspiraciones populares, se establece una dirección firme y decidida y se instrumenta la participación popular, amplia y democrática, se puede triunfar.
Las libertades democráticas, los derechos del pueblo vuelven a ser garantizados por la movilización popular. No es menor el hecho de que un instituto de democracia directa como el referéndum, haya sido obtenido por la lucha del pueblo. En un país donde las decisiones fundamentales se toman de espalda a la gente, donde el futuro de nuestra gente se rifa en conciliábulos de cuatro o cinco personas, que el pueblo vaya a decidir el 16 de abril, es de enorme trascendencia.
El 16 de abril es, entonces, la continuidad de la movilización popular iniciada hace dos años, que rescata para el pueblo un instrumento de soberanía popular como el referéndum, y que resume el enfrentamiento político principal del período. El resultado del referéndum, ante el cual se agrupan el conjunto de las fuerzas
sociales y políticas del país, es fundamental para el campo popular.
Anular la Ley de Caducidad mediante la abrumadora mayoría de votos verdes, a través del referéndum, creará una situación política totalmente nueva, será una nueva conquista popular que abrirá las puertas de nuevos avances y creará sin lugar a dudas las condiciones para obtener una nueva realidad democrática que hará retroceder como nunca las pretensiones tuteladoras que hoy impulsa el gobierno y las FFAA.
Será una derrota política y moral de aquellos que dicen ser representantes de la voluntad popular y que en realidad cuando tienen una banca hacen lo que se les antoja y expresan los intereses antinacionales y antipopulares.
Será una derrota política en particular para las FFAA que siguen cohesionadas por la doctrina de seguridad nacional, embuidas de una concepción mesiánica que niega el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino y pretenden continuar la guerra que desarrollaron contra el pueblo durante 11 años bajo la tutela, el control y el chantaje permanente. El cuestionamiento de fondo al régimen de democracia tutelada, repercutir en su dinámica sobre el actual sistema de dominación, en tanto éste tiene en la presencia militar, el reaseguro fundamental para su concreción.
Para la conciencia democrática, para el FA y la izquierda y, en particular, para nuestro movimiento, es fundamental subordinar todo al triunfo del voto verde en el referéndum. Para las libertades democráticas, para las aspiraciones de bienestar de nuestro pueblo, para el avance del programa nacional, democrático y popular, de ruptura con el sistema, es fundamental que haya Verdad y Justicia. Que removamos los efectos permanentes del terrorismo de Estado, del miedo como comportamiento social, del chantaje terrorista sobre el conjunto de la población, del espionaje y el control de las actividades sociales y políticas, del presupuesto militar desmedido, de las prebendas y privilegios de que hoy siguen gozando los militares. En perspectiva, anulando la ley de impunidad, es preciso apuntar al desmantelamiento del aparato represivo.

Ante el desafío del Referéndum

1) El objetivo fundamental es ganar el referéndum. Esto exige
desarrollar una movilización nacional que profundice la amplitud y la convocatoria ya realizada en la campaña de recolección, defensa y ratificación de firmas. Se trata por lo tanto de una apelación muy amplia a la conciencia democrática del conjunto de la ciudadanía.
Significa conformar una opinión pública favorable para anular la ley a partir de los sentimientos democráticos, desplegando todas las facetas que hacen a los reclamos de Verdad y Justicia del movimiento popular.
2) La consigna adoptada por la Comisión Nacional Pro
Referéndum Todos iguales ante la ley es un punto de partida, desde el cual hay que profundizar hasta sus últimas consecuencias todo lo que implica y abarca como lógica democrática.
Se hace imprescindible levantarla junto a las banderas de Verdad y Justicia que expresan el bagaje en conciencia y movilización del movimiento popular, en ellas se resume la intransigencia democrática de vastos sectores populares, implican un punto de vista bien definido sobre la impunidad, son la síntesis de un programa democrático y popular.
3) Hay que colocar en el centro de la denuncia política la ley de
impunidad como factor principal del actual esquema de dominación, en la medida que legitima el rol tutelar de las FFAA y se ha convertido en la piedra angular de la democracia tutelada. La campaña por el voto verde implica un amplio debate acerca del tipo de salida conservador, de la visión que tiene la izquierda sobre las raíces estructurales que tuvo el proceso autoritario en el país. Este debate hay que darlo a partir de la denuncia de tutela militar coincidente con los objetivos del Partido Colorado y la mayoría blanca y donde estos claudican nuevamente de los principios democráticos y de las propias plataformas electorales que levantaron.
4) Se hace imprescindible explicar la impunidad y la violación
sistemática a los derechos individuales y colectivos, civiles y sociales que sufrió nuestro pueblo a partir de la denuncia del terrorismo de Estado. Sistema integral de represión que se organizó a partir del dominio del aparato de Estado y que fue instrumentado a todos los niveles. La impunidad es hija del terrorismo de Estado, en tanto éste no fue el accionar más o menos peregrino de un grupo de militares dementes o sedientos de poder, fue una respuesta a la crisis estructural y a la resistencia popular, instrumentada a partir de las FFAA y a través de ellas organizando desde el Estado una política autoritaria destinada a paralizar y modificar la respuesta de los más amplios sectores políticos y sociales. Hay que denunciar por lo tanto los dos niveles de acción que instrumentaron las FFAA en nuestro país:
A) el ataque y las violaciones cometidas contra los luchadores
sociales y políticos demostrando que esto tuvo como objetivo, liquidar lo mejor del movimiento popular y también expresar en ellos el ataque terrorista contra lo que representaban.
B) Todo el andamiaje de control, represión y persecución
impuesto al conjunto de la sociedad destinado a internalizar el miedo como comportamiento social permanente e imponer un proyecto de remodelación capitalista de gran envergadura, en defensa de los intereses de los sectores hegemónicos de las clases dominantes.
Ello lo instrumentaremos:

a) A partir de lo que denominamos nuevo operativo memoria:
• denunciar la tortura como sistema permanente de represión,
que se extendió a las condiciones de reclusión, a la Justicia
Militar, a los comunicados de prensa. Divulgar los casos de
muertes en prisión. Mostrar que la tortura fue una de las
herramientas principales del andamiaje represivo del que
nadie abjuró y que incluso se sigue reivindicando como
instrumento de “inteligencia”-
• denunciar el tema de los desaparecidos como crimen
permanente, que mientras no se aclaren todos los casos, todos los días se está cometiendo un nuevo crimen: contra la víctima, contra sus familiares y contra todo el entorno social del desaparecido.
• en especial y como capítulo particular, el tema del secuestro
de los niños. Impulso a su búsqueda y restitución a su
verdadera familia y al derecho de su propia identidad.
Subrayar el hecho de que hay militares que saben la verdad
de lo ocurrido y el paradero de ellos y la importancia capital
para su dilucidación que tiene la comparecencia de ellos ante
la justicia.
• impulsar y divulgar los casos judiciales ya presentados.
Desarrollar a los efectos la tesis de Casinelli Muñoz por la cual a partir de la presentación de las firmas la ley está en suspenso y por lo tanto los jueces deben actuar.
b) En relación al terrorismo de Estado y sus efectos sobre el
cuerpo social:
• la represión de los trabajadores, las listas negras, la
prohibición sindical, el ataque a sus dirigentes, la
desarticulación de las herramientas de lucha social.
• el sistema autoritario y represivo en la enseñanza,
convirtiéndola, desde sus programas, en disciplina cuartelera para con los muchachos, hasta la persecución de los docentes, en un instrumento más de reproducción del miedo y de la ideología autoritaria que caracterizó a la dictadura.
• todos lo mecanismos de espionaje y control de la población.
Mostrar que las categorías A, B y C tuvieron ese objetivo, que todas las actividades sociales, deportivas, culturales, etcétera, estuvieron sujetas a la supervisión policíaca. Insistir en que subsiste en la actualidad toda una actividad de espionaje llevado adelante por los servicios de inteligencia y que eso es un ataque, hoy, a los derechos políticos de los ciudadanos.
• la censura, el control de los medios de expresión, la
represión cultural.

5) Denunciar la actual política militar del Partido Colorado y el
apoyo de la mayoría del Partido Nacional a esta política. Explicar ésta a partir de cuál es la lógica y todas las consecuencias de la impunidad. Cómo se manifiesta en otros planos institucionales y el significado de latente amenaza, de negación de las aspiraciones democráticas del pueblo, del significado peligroso que tiene esta democracia tutelada. En definitiva mostrar cómo la impunidad no es cosa del pasado, sino que tiene sus manifestaciones en el presente que abarcan un conjunto de problemas, que hacen a los derechos ciudadanos, a aspectos institucionales, e incluso a aspectos económicos y sociales que sufren el conjunto de los uruguayos:
• el presupuesto asignado a Defensa e Interior, las rendiciones
de cuenta, donde en forma vergonzosa se destinan los
recursos que pagamos todos a reforzar unas FFAA de un
país “en guerra” dejando de lado los rubros de salud,
educación y vivienda.
• la sobrevivencia de la doctrina de la seguridad nacional, que
continúa actuando como cohesionadora de las FFAA. Doctrina que es radicalmente incompatible con la conciencia democrática en tanto le asigna un papel mesiánico a los militares sustrayéndole a la soberanía popular la capacidad de decidir sobre los destinos del país. Doctrina presente en los discursos de los jefes militares, en los programas de estudio de las escuelas y liceos militares, en las publicaciones de los centros. Presente también en la campaña desplegada permanentemente por el colectivo militar que pretende no sólo la impunidad, no sólo que se avale todo lo actuado por ellos, sino también el agradecimiento del país por su “cruzada”.
• la política de ascensos, que promueve a cargos y destinos de mandos a oficiales claramente identificados en numerosas causas judiciales, en esto está demostrado que no sólo no hay voluntad de juzgarlos sino que se los premia
promoviéndolos y conservándoles su carrera profesional.
• todos los privilegios que siguen ostentando y defendiendo
en materia salarial, jubilatoria, de atención sanitaria, etcétera y que son intolerables para la conciencia democrática del país. Acá también hay que exigir que todos sean iguales.
• Denunciar que la impunidad, la doctrina y el pensamiento
actual de las FFAA las ha llevado a asumir compromisos
internacionales como los firmados en la XVII Conferencia de
Ejércitos Americanos (Mar del Plata). Compromisos que
nada tienen que ver con los intereses nacionales, que se
hacen a espaldas del pueblo, sin ningún tipo de control
institucional pertinente y que nos siguen ligando a una
estrategia represiva continental diseñada y al servicio de los
intereses de los EEUU.

6) Asociar a todo este programa democrático (que sin duda
será el centro de la confrontación), el conjunto de cuestiones económicas y sociales que fueron la otra cara del terrorismo de Estado y que han continuado en la política económica del actual gobierno. Terreno en el que necesariamente debemos introducirnos para traducir hacia amplios sectores populares, la relación existente con el programa democrático y con los porqués de la impunidad; así como también para clarificar sobre el tipo de enfrentamiento que está planteado con el referéndum, las fuerzas que en él participan y por qué lo hacen.
7) Después del plebiscito lo único que corresponde es respetar
el veredicto soberano del pueblo. Nos oponemos a toda salida política que implique negar el reclamo de Verdad y Justicia, negar el concepto de igualdad ante la ley. Después de la victoria popular, insistimos que hay creada una situación política nueva en el país, donde la movilización popular habrá obtenido una nueva conquista, donde la conciencia popular habrá crecido y no podemos permitir que esa fuerza se despilfarre en negociaciones espúreas. Lo único que cabe cuando se anude la ley es que los militares acusados concurran a los tribunales y sean juzgados. Se pretende intimidar a la ciudadanía diciendo que hay una situación de hecho y que contra las armas nada se puede. Esto es un chantaje que no tiene en cuenta que el pueblo se ha pronunciado y que de la misma forma que garantizamos el recurso constitucional del referéndum, estaremos en mejores condiciones aún para asegurar con la movilización, que se respete la voluntad popular. El gobierno y las instituciones lo único que pueden hacer es respetar el resultado de las urnas. Más aún, la victoria en el referéndum además de crear una situación nueva, desata una fuerza popular que a través de la misma movilización y de nuestra acción política tiene que llevar a cada cimiento del programa nacional, popular, democrático y anticapitalista, de ruptura con el sistema y de transición al socialismo, único capaz de dar cumplimiento cabal a las aspiraciones populares.
8) Los defensores de la impunidad han lanzado dos ideas
fuerza que debemos responder y esclarecer. Una es de que ellos y la ley de caducidad representan la paz, la tranquilidad institucional y que la anulación es el caos. Otra, que la ley de caducidad en realidad es una amnistía, y que ésta procede en la medida de que si hubo amnistía para los presos políticos, “es equitativo y coherente con la tradición nacional” que se instrumente una amnistía para los militares.
Respondemos que:
• La idea de que la Ley de Caducidad conduce a la Paz y al
Afianzamiento de la democracia y su anulación a la violencia, al caos, y la desestabilización de las instituciones es hasta el momento, el “caballito de batalla” del gobierno.
Debemos responder no a partir de valoraciones de corte jurídico, que escapan a la comprensión y el interés precisamente de aquellos sectores que pueden ser permeados por esta propaganda, sino de argumentos de fácil captación y asociación. Cuatro cuestiones entraña esta falsedad:
a) La referente a que las FFAA están sujetas a la Constitución.
Diversos hechos políticos, algunos de los cuales ya hemos mencionado, demuestran que esto es falso y confirman la responsabilidad-complicidad del gobierno colorado en tal cuestión; la no comparecencia a la justicia, el incumplimiento de los pedidos de extradición de Gavazzo y otros, la negativa a remitir la información exigida por el Parlamento, la actuación en la Conferencia de Ejércitos Americanos. La Ley de Caducidad que fue expresión jurídico-política de la voluntad del poder de consagrar la impunidad y afirmar el régimen de democracia tutelada. Junto a ello, la creación de un estatuto para la coparticipación de las FFAA en el esquema de poder (por fuera de toda legitimidad constitucional): comité de crisis, para intervenir en los temas trascendentes del quehacer político, y otras cuestiones, ya mencionadas, dirigidas a perpetuar un conjunto de mecanismos que fueron parte constitutiva del terrorismo de Estado.
No se trata, pues, de si las FFAA están o no sujetas a la Constitución, sino de que no existe voluntad política de realizar esto.
b) La cuestión de la paz y la inestabilidad es, sin duda, un
elemento que golpea sobre la población. La dictadura está
aún muy fresca en la conciencia popular como para empujar a comparar situaciones. No estamos, como en el plebiscito
del 80, por la recuperación del conjunto de las libertades
democráticas y puede penetrar la amenaza, en muchos
sectores, de que se pierda lo conquistado. Aquí es preciso
apelar al concepto de Justicia, como opuesto a toda situación de desigualdad social y política y, por tanto, como opuesto a la
violencia de los opresores sobre los oprimidos. No hay paz sobre la injusticia, por tanto, tampoco pleno ejercicio de los
derechos democráticos por las grandes mayorías oprimidas. Todo el sistema de desigualdad y opresión se refuerza y
perpetúa sobre la base de la impunidad de los opresores. Para el gobierno, el ejercicio de los derechos democráticos por el pueblo, aparece como contrapuesto a la paz y la estabilidad democrática, cada vez que el mismo conduce al cuestionamiento de la opresión y la explotación. Cuando es cuestionada la política gubernamental, se accionan inmediatamente los mecanismos tutelares de la democracia.
La paz que el gobierno ofrece, es la paz de la resignación
frente a la injusticia social y política. La paz que crea el camino
para la mayor de las injusticias.
c) La anulación como sinónimo de regreso al pasado y a hechos
ya superados. Ya insistimos en que estamos ante delitos cometidos por el Estado que aún persisten como es el caso de las desapariciones. A su vez, el conjunto de crímenes se dieron en el marco no de una confrontación civil que abarcó y sumergió a la sociedad toda sino por parte del Estado y contra la población civil indefensa. El terrorismo de Estado se proyecta sobre el presente como una gran amenaza y la impunidad es en sí misma un atentado a los derechos democráticos de la ciudadanía.
d) Por último, la Verdad y la Justicia, no son banderas
levantadas por renegados sociales, minorías inconformes con todo y resentidos. Es la aspiración democrática de un pueblo, conquistada a través de la lucha contra la dictadura y contra las pretensiones autoritarias del actual gobierno. Aspiración que expresa la voluntad de recuperar para la población toda, el derecho de decidir sobre su destino, y de no resignarse frente a las injusticias, así como la conciencia de que esto sólo es obtenible a partir del pleno ejercicio de los derechos democráticos por un pueblo organizado y movilizado.
• Respecto a la amnistía recíproca. Esta no puede existir
donde no ha habido situaciones comparables de reciprocidad. No es lo mismo la situación de los presos políticos que estuvieron sometidos a una prisión rigurosa, que fueron juzgados sin garantías luego de arrancarles confesiones por tortura, a la de los militares que ni siquiera han concurrido a los tribunales civiles a esclarecer las causas. Pero, por otra parte, no es comparable el ciudadano que por una idea política se levanta en armas, o comete un delito, a los delitos cometidos por los militares que actuaron desde el campo del Estado. Ser funcionarios públicos, que tienen el privilegio de detentar el monopolio de la violencia física en la sociedad, no los autoriza ni a torturar, ni a secuestrar adultos y niños o a fusilar y matar prisioneros. Estos delitos están fuera, incluso, de la lógica de la guerra. La tradición jurídica internacional los caracteriza como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su naturaleza, y por ser cometidos por funcionarios del Estado no están sujetos a amnistías, no prescriben y son extraditables (no son considerados delitos políticos). Por otra parte, la guerra desarrollada por las FFAA en realidad fue contra todo el pueblo. Lucha sórdida y sucia que utilizó cualquier método para imponer su proyecto. No tiene nada que ver con las guerras civiles del pasado que eran confrontaciones a cielo abierto, donde las barbaridades cometidas se realizaban al calor y la pasión del enfrentamiento, al fragor de la batalla. Por último, la amnistía de los presos políticos fue un reclamo nacional, una bandera del conjunto de organizaciones políticas y sociales del pueblo. Por eso no fue contemplada la aministía de policías y militares en la ley del año 85 (así lo dice el art. 5º). Esta “amnistía recíproca” pretende ser una imposición por medio de la fuerza, como lo demostró el hecho de que la ley de caducidad fue una imposición al Parlamento bajo el chantaje del desacato.

9) Sobre No Partidización de la campaña.

Defendemos este carácter por:

a) Necesidad de llegar a un espacio mayor que el de los partidos
que apoyan la anulación de la ley, como única posibilidad de ganar el referéndum. Quebrar la argumentación impulsada por el gobierno que hace depender la opción de cada votante en el plebiscito de su identificación partidaria.
b) Impedir las fracturas que traería sobre la campaña el
embanderamiento electoral. Reafirmar las Comisiones Barriales como los organismos más aptos para llevar adelante la campaña, como quedó demostrado en la etapa de recolección y en la ratificación. Nuestro movimiento, como fuerza frenteamplista, insta a todos los frenteamplistas, no sólo a coordinar con las Comisiones Barriales, sino además a integrarse activamente al seno de las mismas. Esta posición no surge sólo de los logros obtenidos por las comisiones, sino también por la fuerza potencial que demostraron como organizaciones populares.


DOCUMENTO 5

Caracterización de la etapa y la coyuntura

LA DEMOCRACIA TUTELADA

1) Frente a la crisis que padecía América Latina en los años 60
resultaba necesario, para lo intereses imperialistas, una reestructuración económica, social y política. A esos efectos las dictaduras militares cumplieron un objetivo fundamental: aplastar los movimientos de resistencia popular, desarticulando por un largo período a las organizaciones sociales, a las fuerzas de izquierda y, en particular, a las revolucionarias opuestas a dicha reestructuración.
2) Las graves consecuencias económicas, sociales y políticas
que las dictaduras produjeron en los sectores populares llevaron, sobre fines de los 70, a una estrategia continental del imperialismo que apuntó a prevenir que las acciones de resistencia desbordaran el sistema de dominación. En este contexto la Revolución Nicaragüense introdujo un llamado de alarma adicional.
El imperialismo y sus aliados internos de cada país fueron, así, obligados a readecuar el sistema de dominación sobre la base del mayor consenso posible, y de una recomposición del marco ideológico y político que trabara la posibilidad de que la lucha democrática pusiera en peligro dicho sistema. La variante estratégica fue la salida democrática negociada, manejada por grupos políticos, representantes de los intereses de los sectores principales de la economía asociados al imperialismo.
3) En nuestro país, la dictadura comenzó a manifestar síntomas
de desgaste a fines de la década del 70. Intentó entonces institucionalizarse por medio de una reforma constitucional plebiscitada, que estableciera una fachada democrática de cobertura al sistema de coerción. La derrota del proyecto de reforma en 1980 aceleró la crisis de dominación y alentó la reorganización del movimiento popular.
4) El Partido Colorado, con su experiencia de conducir el Estado
durante un siglo, contribuyó decisivamente a organizar esta salida. Las consecuencias de la derrota del movimiento popular, las tradiciones, ilusiones y aspiraciones democráticas existentes en la población, el papel colaborador del reformismo político para este tipo de salida, la debilidad de la izquierda revolucionaria, ayudaron a que el proceso abierto por la resistencia a la dictadura desembocara en la apertura política hacia un gobierno constitucional civil basado en un régimen de nuevo tipo: una democracia tutelada por los militares.

5) El carácter negociado de la salida se concretó en el Pacto del
Club Naval, con un retiro militar en orden, que no tocaba orgánicamente a las FFAA ni eliminaba su presencia en la dirección de Organismos públicos como la Dirección de Aeronáutica Civil, Comunicaciones y otros; con elecciones proscriptivas y presos políticos. Por ellas se instaló en el gobierno el sector más conservador y comprometido con los militares y el imperialismo: el Partido Colorado. Este Partido planificó y llevó adelante una apertura política que, sin contar con un acuerdo concreto de los dos partidos tradicionales, consiguió sin embargo consenso a partir de la participación del Frente Amplio en el Pacto. Esto y la habilidad del Partido Colorado para mantener siempre dividido al Frente democrático opositor y debilitar a cualquier variante intransigente de la apertura, constituyeron una primera victoria para la estrategia colorada-imperialista, imprimiendo una dinámica de centro-derecha al proceso subsiguiente.
6) Para asegurar la gobernabilidad del país, según el proyecto
del partido colorado, era necesario desmantelar la conflictividad social del movimiento obrero y popular, que estaba dispuesto a recuperar lo perdido durante la dictadura. La atomización y aislamiento de las luchas y las derrotas sucesivas de los conflictos laborales más trascendentes, fueron quitando efectividad al movimiento sindical. Los Consejos de salarios y los convenios a largo plazo operaron como mecanismos debilitadores de su capacidad de respuesta.
7) Paralelamente el gobierno recompuso sus relaciones con la
mayoría del partido Nacional y logró que compartiera su doctrina de gobernabilidad. De este modo la comprometió a respaldar la impunidad y la política hacia las fuerzas armadas, además de afirmar los ejes de la orientación económica: deuda externa, deuda interna, salvataje de bancos, contención salarial. La mayoría blanca fue un sostén fundamental del gobierno y pieza importante en la aplicación del proyecto conservador de las clases dominantes. Para ello debió renunciar a los postulados democráticos de la campaña electoral y avalar esta política antipopular.
8) La democracia tutelada establecida implica:
a) Reestructuración de la división clásica de los Poderes del
Estado, pero con un Ejecutivo donde se concentra casi exclusivamente la toma de decisiones; un Parlamento supeditado permanentemente al veto presidencial y a la amenaza de disolución, si lo levanta, y a las componendas de la gobernabilidad, y una judicatura desfinanciada, limitada en sus medios de acción y bajo presión permanente del Ejecutivo para que no ejerza con independencia su función; continuidad de un equipo tecnocrático que conduce la economía de acuerdo a las directivas de los organismos financieros internacionales.
b) Mantenimiento del aparato militar íntegro, sin depuración y sin
anulación de los privilegios obtenidos bajo la dictadura; legalización de la impunidad para crímenes y delitos de terrorismo de Estado cometidos en el “Proceso”; acumulación del potencial represivo para proyectarlo sobre la sociedad como amenaza pendiente contra el proyecto de cambio; reconocimiento por el Partido colorado, el sector blanco de la gobernabilidad y algunos otros segmentos de la incidencia militar en el sistema político y en el Estado, con ocupación real de algunas parcelas de poder y de la administración, mando de los cuerpos represivos y, en especial participación en el Comité de Crisis. Como instrumento de la tutela, las FFAA siguen rigiendo su conducta y concepción del país por la supuestamente abolida Doctrina de la Seguridad Nacional, representa los intereses de la contrainsurgencia regional del militarismo norteamericano y son la garantía de continuidad del modelo transnacional de economía global que, aplicado a los países subdesarrollados, empobrece, marginaliza y es, por lo tanto, potencialmente conflictivo.
c) Desarrollo de una fuerte ofensiva ideológica sobre cualquier tipo
de cambio y, en especial, toda propuesta revolucionaria; amplio espacio para aquellos que, desde la izquierda, se adaptan al nuevo esquema de dominación; fomento de actitudes individualistas y de una actitud de resignación “realista” en el conjunto de la sociedad.
Utilización del autoritarismo como patrón de comportamiento individual y social, a partir de la amenaza y el chantaje permanente del poder en su conjunto como tentativa de disciplinar a la sociedad. Por ejemplo: prohibición de ocupar los lugares de trabajo en protesta laboral, funcionamiento de “servicios especiales”, razzias contra jóvenes y barrios marginales.
El control de los medios de comunicación es ejercido de manera a veces solapada pero siempre con mano dura, y los transforma en sistema reproductor de la ideología de dominio, para favorecer la ofensiva ideológica y marginalizar cualquier planteo que exceda los límites del proyecto conservador. Dentro de esta ofensiva ideológica el Partido Colorado ha hecho reiterados intentos de captación de las cúpulas partidarias opositoras (viajes, integración de los Entes Autónomos, coincidencias de política exterior), utilizando alternativamente el poder del Estado y los medios de comunicación, para profundizar las divisiones internas en los grupos políticos y entre sus dirigentes y las bases.

EL CONTINUISMO ECONOMICO.

1) El pasaje de la dictadura militar a la apertura política que la lucha
popular consiguió finalmente en 1984 (aunque mediatizado por el Pacto del Club Naval y sus derivados), no pudo revertir el continuismo en materia de política económica. El gobierno de Sanguinetti encontró medidas para que la nueva situación contuviera las mismas líneas económicas, aunque la acción organizada de los trabajadores consiguió, durante 1985 al menos, que no se continuara abatiendo el salario real promedio, como venía sucediendo desde hacía más de una década.

2) El PIT-CNT logró un relativo -si bien bajo- incremento del
promedio salarial, pero a partir de 1985 ese indicador volvió a descender, debido a la concepción del equipo económico de que el crecimiento sólo es posible mediante la exportación. En este punto de vista, el salario es determinante de que la producción exportable pueda ser colocada en el exterior.

3) Lo anterior es el más claro signo de la política de resignación,
que en todos los aspectos, lleva adelante este gobierno.
Ella considera que el país ya no tiene ninguna posibilidad de crecer internamente y, mucho menos de desarrollarse. El pago de la deuda externa y sus intereses así lo exigen. Producir para exportar se convierte, por consiguiente, en el requisito para viabilizar lo más posible ese pago, creando a la vez condiciones que beneficien al empresario exportador, el cual para vender al exterior, no tiene otra posibilidad que vincularse a los canales del capital transnacional.

4) Para que este capital venga a “salvarnos” hay que ofrecerles
ventajas. De ahí la privatización como estrategia económica fundamental. La ley de Zonas Francas, los permisos de capitalización de la deuda externa propician como nunca antes, en el país, las facilidades para la entrega del patrimonio (Bancos, tierras, empresas) al capital. Este continúa, por otra parte, aprovechando el conjunto de medidas financieras vigentes desde el período de la dictadura, por las que la economía uruguaya privilegia la especulación financiera (compra de títulos, bonos, moneda extranjera, etc.).

5) Esta línea se vió ayudada por una situación internacional
favorable a Uruguay, en 1986. Pero ese crecimiento no benefició a los trabajadores. Se trata de un buen ejemplo del grado de dependencia del país, con sus negativas consecuencias sobre los sectores populares, aún en el caso de que el Uruguay sea auxiliado por la situación internacional. En el mejor de los casos, los salarios apenas aumentaron en algún sector exportador, en la medida en que creció la llamada “productividad” del trabajo (que significa en realidad, aumentar el esfuerzo de los trabajadores para que los empresarios dispongan de más productos a colocar en el exterior a igual o menor costo salarial y, de ese modo, aumentar sus ganancias).

6) Pero jugar a la tómbola de la situación internacional para el
crecimiento de un país subdesarrollado y dependiente como el nuestro, no sólo es riesgoso; muestra que las pocas veces que se acierta, las ganancias no duran mucho. Así, cuando las condiciones favorables desaparecieron, el crecimiento fue bajando a tal grado que en 1988 fue nulo. Y si con crecimiento, los sectores que viven de un salario o de un ingreso limitado pueden, a lo sumo, apenas mantener o hacer crecer en algo su entrada real, al no existir crecimiento, su nivel de vida tiende otra vez a descender.

7) El salario mínimo nacional, percibido por aproximadamente cien
mil trabajadores rurales y casi otro tanto de trabajadores urbanos y que sirve además, para fijar el monto de las asignaciones familiares, hogar constituído e incluso los ingresos mínimos de parte muy importante de los pasivos, disminuyó entre abril de 1985 y octubre de 1988 en más de un 21 %. Los casi 600.000 jubilados y pensionistas reciben, alrededor de su mitad, ingresos inferiores a ese mínimo nacional. O sea: 750.000 compatriotas (la cuarta parte de la población); están por debajo de la línea de pobreza, como lo reconoció recientemente el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

8) A esta situación debe agregarse el problema de los alquileres
absolutamente prohibitivos, causa inmediata del constante crecimiento de los cantegriles y el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas), que vienen consolidando la existencia del llamado sector informal de la economía. El sector informal no es otra cosa que un resultado de la desocupación estructural sufrida por la economía y la continuación de la emigración de muchos uruguayos, especialmente gran cantidad de jóvenes, que no tienen más remedio que irse del país, al no encontrar en él los lugares que le permitan ejercer su vocación, sus deseos de participación y trabajo, su poder de creatividad. La juventud es, así, uno de los sectores más reprimidos del país, incluso por la violencia, cuando intentan manifestar como protesta social, cultural o política.
A todo lo anterior se suman el permanente aumento de los
servicios públicos, como efecto directo del pago de la deuda externa y sus intereses, la aplicación de una política impositiva y fiscal centrada en los ingresos indirectos (IVA, IMESI) que descarga su mayor peso relativo en la población de menores ingresos y asfixia a pequeños y medianos productores, favoreciendo la concentración de la riqueza entre muy pocos; la política presupuestal, antigua de más de veinte años, que consiste en comprimir gradualmente los recursos destinados a la represión como forma de asegurarse el dominio del sistema.
Mientras tanto la deuda externa, que creció durante la dictadura a razón de un millón de dólares por día, ha continuado su expansión a partir de este gobierno, en proporción similar, sin contar las transferencias por el pago de servicios.

9) Otra sería la situación actual si esos recursos se hubiesen
aplicado a la inversión productiva y al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Aún teniendo en cuenta lo dificultoso, para un país como Uruguay, de salir de tales condiciones, una asignación de recursos diametralmente opuesta a la que se practica podría conducir a la reversión de la ruina y miseria de nuestros hospitales, a la construcción de nuevos liceos y escuelas, al establecimiento de programas de investigación para lograr una tecnología propia y liberadora que siente las bases de un desarrollo nacional.

10) Esta política y su intento de inducir a la resignación ante el
continuismo de la línea económica, conduce sin duda a catalogarla como antinacional, antipopular y antidemocrática.

EL PROYECTO CONSERVADOR

1) Es preciso examinar el proyecto conservador en su conjunto,
para elaborar una propuesta global. El mismo combina todo lo que significa la democracia tutelada, el continuismo económico y las pautas ideológicas predominantes, analizadas anteriormente.
Este proyecto se ha ido aplicando a partir de una correlación de fuerzas políticas y sociales que determinan -y a la vez es determinada- por las luchas que han desarrollado en su interior: la lucha antidictatorial y la forma particular (pactada) en que se salió de la dictadura, punto de arranque de la democracia tutelada.
El carácter que asumen las luchas políticas, parlamentarias y fundamentalmente sindicales, en el contexto de la política de concertación.
La lucha democrática contra la impunidad y la tutela militar, único terreno en el que se verificó un enfrentamiento colectivo con el sistema y se llegó al enorme hecho político de triunfo en la batalla de las firmas. Tendremos que examinar, al mismo tiempo la supremacía del voto amarillo como indicador de un cuadro político y electoral desfavorable para las finalidades del cambio.
Las consecuencias profundas de la campaña del referéndum sobre la situación política del país serán analizadas en otros materiales.

2) El proceso vivido durante la dictadura militar regido por la
Doctrina de la Seguridad Nacional y por la imposición de un nuevo modelo económico ha dejado una estructura de poder por la que ya es imposible la vuelta a la antigua democracia liberal uruguaya. La participación de las FFAA en ella no puede ser soslayada. La lucha contra la Ley de impunidad ha demostrado a las claras el peso político de los militares, aunque hoy no estén en el gobierno directo del país, como en los tiempos de la dictadura.

3) En el Uruguay el proyecto conservador impuesto restringe aún
más la participación del conjunto de los sectores populares. Las actuales características de la situación económica, política y social del país impiden la vigencia plena de los derechos democráticos.

4) Puede afirmarse que, mientras la situación aquí definida venía
produciéndose en perjuicio de la gente, de su calidad de vida, presente y de su futuro, no ha habido una oposición política que coordinara una propuesta diferente y eficaz para enfrentar al proyecto conservador.

5) Esa oposición política conformada fundamentalmente por el
Partido Nacional y el Frente Amplio no tuvo capacidad para aunar una respuesta alternativa a ese modelo conservador, y al creciente autoritarismo del Poder Ejecutivo. El Partido Nacional con su mayoría alineada en ese modelo a través de la gobernabilidad y su deseo de “pasar factura” por el Pacto del Club Naval, derivó en socio cómplice del gobierno, con la salvedad del Movimiento de Rocha, que en su propósito de marcar un perfil diferente, se aproximó al campo popular. Sólo el F.A. en la medida que recupere su potencialidad transformadora podrá ser la base de la propuesta popular, nacional y democrática que haga por fin realidad que “los más infelices sean los más privilegiados”.

LA SITUACION DEL F.A.

1) A la salida de la dictadura, el F.A. recupera el empuje y el
entusiasmo popular, mostrando la persistencia del sentimiento frenteamplista de grandes sectores de nuestro pueblo, tras superar los intentos del régimen por desarticular y aislar a la izquierda. Ese arraigo popular y la vigencia de su programa transformador, crearon temor e incertidumbre en los sostenedores del proyecto conservador al tiempo que alentó la esperanza de cambio real en un sector importante de la población.

2) Las concepciones que durante este período prevalecieron en la
conducción del F.A. no permitieron el desarrollo de ese potencial transformador, sino que diluyeron y desdibujaron la línea política y el perfil opositor que lo habían caracterizado antes de la dictadura. Pesaron en este sentido las ilusiones en torno a acuerdos efectivos políticos y programáticos con el Partido Colorado, el miedo al aislamiento con respecto a los partidos tradicionales, la falta de confianza en las masas y su movilización. Una línea política que manifestó la voluntad de ocupar todos los espacios y que desde los acuerdos del Club Naval pasó por las etapas de la concertación, de la participación en las convocatorias de Sanguinetti para “Acuerdos Nacionales”, de participación en viajes que afirmaron la imagen del Presidente en el exterior. Se llegó también a coincidir públicamente con el conjunto de la política exterior del gobierno. Frente a la táctica gubernamental de imponer su política antipopular mientras recurría a un discurso de diálogo y concertación, el F.A. no desenmascaró esa maniobra ni convocó a la movilización popular para enfrentarla. Esa falta de claridad opositora generó confusiones y le permitió al gobierno actuar con las manos libres, distrayendo el descontento de la gente, y entorpeciendo la lucha por las reivindicaciones populares.
En los hechos, esta orientación debilitó al F.A. como alternativa de gobierno y de poder, a pesar de proclamar este objetivo.

3) Esta concepción, cuya responsabilidad comparten los sectores
predominantes del F.A., creó la “mesa chica”, integrada por PC, PS, PDC, 99 y Seregni, como forma de ampararse en su trabajo cupular. De este modo marginaron y desmovilizaron a las bases frentistas y excluyeron a un sector importante de partidos y movimientos.
Tal Organismo no estaba estatuido, no fue resuelto orgánicamente y no rendía cuentas ante ninguna instancia frentista.
Esta tendencia procuró mantener los debates, exclusivamente en el marco de la discusión de direcciones, además de concentrar las decisiones.
En ese sentido, su responsabilidad fue global, sin embargo, por un lado, la incidencia del PC en la estructura frentista y su pose dentro del movimiento de trabajadores organizados y por otro lado, la presencia parlamentaria de la 99 y sus espacios en la prensa, determinaron que ambos jugaran un papel decisivo en el desarrollo de dicha concepción.

4) Ante esta situación del F.A. y el movimiento popular, quienes hoy
integramos el MPP e impulsamos orientaciones distintas, no fuimos capaces de incidir para revertir la situación.
Así como criticamos lo que entendemos orientaciones equivocadas que prevalecen en la izquierda en este período, debemos señalar también con claridad y franqueza nuestras insuficiencias y nuestros errores. En primer lugar tenemos que autocriticarnos la atomización, la dispersión de este sector de la izquierda.
Esta división debilitó las posibilidades de construir un alternativa distinta a nivel de la gente. Existieron diferencias políticas objetivas que no tuvieron ni se hicieron los esfuerzos suficientes para crear un ámbito, para discutirlas y procesarlas.
También se dieron sectarismos que contribuyeron a aislarnos así como pesaron los efectos negativos de la frustración del proyecto inicial de la IDI. La propia situación de exclusión de algunas fuerzas en relación al F.A., dificultó una visión común de determinados problemas y su encare en forma conjunta.
No logramos desarrollar una propuesta política de masas que aglutinara esfuerzos y que se enraizara en la gente, creando una opción distinta.

5) La actitud de la dirección mayoritaria del F.A. fue de pasividad y
de distanciamiento ante los conflictos sociales y sindicales. En varios sectores pesó el temor a ser arrastrados a una dinámica de enfrentamiento con el gobierno. Las consecuencias de esta actitud para una fuerza política como el F.A., tan relacionada con los intereses de los trabajadores y de los sectores más oprimidos de nuestra sociedad, fueron su debilitamiento y desmovilización, sumados al desconcierto y la sensación de abandono que sintieron muchos miles de compatriotas que debieron soportar las consecuencias de la política oficial sobre salarios, jubilaciones, alquileres, vivienda, salud, sin poder contar con su apoyo organizativo y solidario.

6) Simultáneamente el F.A. fue derivando, cada vez más, hacia la
actividad parlamentaria, incluso sin librar grandes batallas en ese plano. La amenaza permanente de vetos, y en algunas oportunidades los amagos de disolución de las Cámaras, aunado a la complicidad de mayorías del P. Nacional, consolidó el predominio del Ejecutivo sobre el Parlamento. Desvinculado el F.A. de la movilización social, su actitud parlamentaria tendió a parecerse demasiado a la de los partidos tradicionales, que adjudican a la gente el mero rol político de espectadores y cuya única actividad política admitida consiste en participar en las elecciones cada 5 años.
La falta de proyectos de Ley sobre los problemas que afectan a las grandes mayorías, tales como las jubilaciones, los salarios, la protección para los inquilinos, la salud, así como la inacción ante el creciente autoritarismo en la Enseñanza, no quedó disimulada por los aciertos en la actitud de la bancada del F.A. sobre la deuda interna, la ley de impunidad y las Zonas Francas. Muchos de los proyectos presentados, aisladamente sin coordinación, parecieron estar en el campo de la búsqueda de apoyo del P. Nacional o del P. Colorado para evitar vetos.

7) En torno a la lucha por la Verdad y la Justicia, debemos señalar
que la sensibilidad de la militancia frentista, el eco público de las denuncias realizadas, la labor de los familiares y organizaciones de los DDHH, así como de las fuerzas políticas comprometidas con un planteo democrático intransigente y el peso moral innegable que el propio tema tenía, lograron que todo el F.A. se alineara en una posición firme sobre el tema.
Superando vacilaciones iniciales, entonces, el FA se comprometió en la lucha por el referéndum. Pero lo hizo más sobre las espaldas de su militancia (que junto a la de otros sectores dieron la gran batalla por las firmas y por el Plebiscito) que por el accionar cauteloso de algunos de sus dirigentes políticos. El planteo de “soluciones políticas” al tema de la impunidad (relacionado con la visión particular de la relación FA-FFAA) provocó una gran confusión que fue hábilmente aprovechada por los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad. No fueron menos desalentadoras las declaraciones sobre la confianza que les merecían, tanto Medina como la Corte Electoral, efectuadas por parte de los connotados dirigentes del PGP.

8) En este contexto de desmovilización y castración del potencial
de lucha y esperanza en los cambios que representa el FA, es que surgen en el debate interno y público las concepciones llamadas de centro-izquierda o “izquierda renovadora”. Esta concepción forma parte de una estrategia que comenzó a ser desarrollada hace más de dos años, y que hoy asume la responsabilidad de romper la unidad popular forjada a lo largo de muchos años de luchas. En nombre de una “nueva izquierda” pragmática y flexible, se levantaron, en realidad, viejas ideas que siempre apuntaron a mediatizar los cambios en las injustas estructuras del país. Argumentando que no era viable la aplicación del programa democrático, popular y nacional del FA, se buscó rebajarlo y se logró que la mayoría de las fuerzas frentistas, para “contener la hemorragia” aceptaran eliminar algunas medidas que enfrentan profundamente la estructura de dominio que padece el país.
Esta concepción, en los hechos, expresa el renunciamiento al objetivo político de ganar el gobierno -cualquier gobierno- para el FA, apostando más a ser o actuar como complemento de los partidos tradicionales, como “bisagra”, que permitiera integrar mayorías parlamentarias conducidas por aquellos. El debate con la orientación rupturista se caracterizó por la falta de claridad, por la marginación de las bases frentistas, por las dilaciones permanentes y las condiciones a planteos de rebaja programática. Se creó una polarización que no reflejaba la realidad del FA, que trabó una discusión amplia y participativa alimentando la crisis del FA.

9) Al momento de su nacimiento, el FA expresó su voluntad de
“construir” una sociedad justa con sentido nacional y progresista, atribuyéndole al pueblo el papel protagónico en ese proceso. Como consecuencia se crearon los Comités de Base, verdaderos sustentos del FA y su más innovadora propuesta en la política nacional. Hasta allí llegó el corrosivo intento centroizquierdista, apuntalando el concepto de coalición y renegando del movimiento, para lo cual procuraron eliminar el papel participativo que deberán tener los Comités.
En la reestructura del FA de 1986, y luego de trabajosas negociaciones, se le reconoció a los C. De Base el derecho a incidir en las decisiones de los órganos políticos. Sin embargo, en los hechos, no se alcanzó ese objetivo por la falta de voluntad política y equivocada práctica aparatista de ciertos sectores del FA, reduciendo el peso que los comités pudieron alcanzar en el camino democrático. Ello derivó en que los militantes y adherentes han terminado entre angustiados y doloridos, siendo meros espectadores de las disputas y los errores de las cúpulas partidarias. Por otra parte, esa concepción aparatista creó asimismo condiciones favorables para los planteos rupturistas, que la utilizaron como pretexto para su política.

10) Cabe también recordar que en el Documento Constitutivo del
FA, su verdadera acta de nacimiento, se hace un expreso llamamiento para incorporar a las “fuerzas políticas que alientan su misma concepción nacional, progresista y democrática avanzada”.
No obstante, durante todo este período, distintas fuerzas políticas se fueron oponiendo o condicionando al ingreso de organizaciones políticas de la izquierda, pese a que expresaron reiteradamente su vocación frenteamplista y la aceptación de sus documentos fundamentales.

EL MPP Y SU PROPUESTA POLITICA.
(EL FA QUE QUEREMOS)

1) El MPP surge como opción política para responder a un
conjunto de desafíos que tiene planteado el movimiento popular, el FA y la izquierda revolucionaria. Es preciso definir las tareas principales que debe emprender el movimiento popular en el actual período para enfrentar, contener y en perspectiva hacer retroceder el proyecto conservador. Debemos ofrecer una respuesta a la crisis del FA, al retroceso que éste ha evidenciado como opción programática y de masas, como marco político de unidad de la izquierda y del movimiento popular y como alternativa de gobierno al bipartidismo.
Por último, es necesario crear el marco político para responder y superar la crisis y atomización de la izquierda revolucionaria, que en este período no ha logrado construirse como una referencia de masas. Para ello deberá romper el cerco que le ha tratado de imponer el sistema y el aislamiento - división sostenido por las organizaciones mayoritarias dentro del FA.

2) El FA es el espacio político en el que el MPP ha definido
responder a dichos desafíos, en tanto marco de alianzas y expresión política unitaria del movimiento popular, necesario para emprender la lucha contra el actual proyecto conservador y por las transformaciones democráticas anti-imperialistas, y anti-oligárquicas que nuestro país requiere.
Desde una posición crítica y autocrítica debemos responder a un conjunto de cuestiones: qué tareas políticas priorizar; que concepción sostenemos respecto al FA y en la construcción del MPP; cómo modificar la correlación actual de fuerzas, para poner a la orden del día las transformaciones de signo racional, popular y democráticas que las bases programáticas del FA expresan. En definitiva, definir qué FA queremos y qué movimiento vamos a construir.

3) De ello se desprende un conjunto de tareas a ser abordadas por
el FA que son punto de partida para enfrentar el proyecto conservador: la lucha contra la tutela militar por el no pago de la deuda externa, soluciones efectivas para la salud, enseñanza y vivienda popular; recuperación salarial; alcanzar los niveles de la canasta familiar; defensa del patrimonio nacional y creación de fuentes de trabajo para detener la emigración y ocupar amplios sectores hoy ligados a la economía “informal”. Se trata de una propuesta global, que no eluda el enfrentamiento, que no puede quedar subordinada y postergada a la posibilidad futura de un gobierno popular del FA o a obtener una relación de fuerzas mejor a nivel institucional. Es preciso que el FA, no sólo en el Parlamento, sino a partir de la movilización de masas, promueva esta lucha.
Esta política, a su vez se constituye en un importantísimo resorte para que el FA continúe avanzando en términos institucionales y construyendo las bases sociales para un gobierno popular y para las grandes transformaciones.

4) La democracia tutelada como régimen de nuevo tipo que busca
ajustar el sistema político, el marco jurídico-institucional y el aparato del Estado a las exigencias de la dominación en el cuadro de la crisis, constituye un obstáculo poderosísimo para emprender la defensa de los intereses populares, salvaguardar los derechos y libertades democráticas y proyectar una alternativa de gobierno popular a los partidos tradicionales. Para las perspectivas de un gobierno del FA (nacional o municipal) dar una respuesta en este terreno determina las posibilidades de sortear los límites que el actual régimen impone.

5) Es preciso responder a la ofensiva ideológica de las clases
dominantes. Una ofensiva que apunta, en primer lugar, a destruir cualquier opción radical, y que ha logrado imponer la lógica del posibilismo, del seudo-realismo de la moderación y que paralelamente impulsa la resignación, el criterio de que la lucha no paga, etc. El FA ha sido fuertemente penetrado por esta ideología y su crisis así como el alejamiento del PGP-PDC también debe ser analizada tomando en cuenta este factor.

6) El MPP nace afirmando su vocación frenteamplista y
defendiendo el instrumento político de unidad de la izquierda y de expresión de los anhelos de cambios del movimiento popular. Surge en momentos en que el FA atraviesa una profunda crisis, para abrir un debate franco que el conjunto de la base frenteamplista reclama y para unir fuerzas en la lucha por hacer retroceder el proyecto conservador y hacer viables los cambios profundos. Repudiando las recientes rupturas y reafirmando la necesidad de un instrumento político unitario de toda la izquierda uruguaya.

7) Es preciso reafirmar al FA como oposición programática y de
masas. Esto equivale a construirlo como la principal herramienta política de lucha contra el proyecto conservador y contra toda iniciativa antinacional, antipopular y antidemocrática. Significa poner en acción toda su capacidad de convocatoria y movilización en defensa de los intereses populares, con propuestas claras y terminantes para enfrentar la tutela militar, la creciente dependencia del imperialismo y toda forma de injusticia social. Desterrando la conciliación con los partidos tradicionales como concepción del quehacer político y haciendo de la movilización popular el eje de la misma.
Además de actuar en las instituciones democrático-representativas, el FA debe promover todos los posibles mecanismos de democracia directa (como formas de auto-organización de las masas) de carácter extra-institucional, combinando ambas cuestiones, en tanto componentes indispensables de una política dirigida a modificar la actual correlación de fuerzas y a concretar los cambios.
Sólo cambiando la política de la resignación por una de lucha que no se amolde a la realidad, sino que procure transformarla mediante formas participativas de la política y con la gente ingresando directamente a los niveles de decisión, podrá ponerse en marcha, con resultados reales, el proyecto de cambio.

8) Lo anterior exige de un FA sólidamente afirmado sobre la
democracia interna como afirmación del respeto y reconocimiento a la diversidad de ideas; desterrando el manejo cupular en las discusiones y en las resoluciones; apelando permanentemente a las bases y respetando sus decisiones; volcando a los comités de base a organizar a amplios sectores populares para deliberar, resolver y actuar transformando en organismos vivos para el debate constructivo y la fraternal confrontación de ideas y erradicando los hegemonismos dentro del aparato organizativo.

9) Un FA que retome el camino de la unidad sin exclusiones, en
tanto condición indispensable de un instrumento que se propone realizar cambios de fondo en el país y ser expresión política unitaria del movimiento popular.
Esto exige levantar una lucha contra las concepciones sectarias y esencialmente antidemocráticas que obstaculizan la unidad y que en este período han negado las bases fundacionales mismas del FA: un Frente que surge a la vida política, buscando expresar los niveles de unidad alcanzados por el movimiento popular en sus luchas y potenciándolos a partir de la construcción de una alternativa política al bipartidismo.

10) El MPP nace para hundir sus manos en estas tareas;
buscando superar la atomización de la izquierda revolucionaria, sus dificultades para nuclear amplios sectores de luchadores y ser referencia para miles de frenteamplistas. Un proyecto político de largo alcance, que se construye como movimiento de masas y de militantes; que subordina la participación electoral a su concepción política global de movilización y participación, en la más amplia democracia interna, en una perspectiva de cambios revolucionarios para la liberación y el socialismo.

DOCUMENTOS APROBADOS

En general


BASES GENERALES MINIMAS PARA LA PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO

INTRODUCCION

La elaboración de la Plataforma para el Movimiento es uno de los desafíos más trascendentes. La idea que maneja la Comisión de Plataforma y Programa desde sus inicios fue la de presentar una serie de propuestas básicas, fundamentales para el desarrollo y la organización de cualquier movimiento político de izquierda, participativo, combativo y radical.
Al mismo tiempo, se pretende que estas ideas sirvan para fomentar la discusión en los grupos de base, en el entendido de que estas propuestas generales sin duda van a ser enriquecidas, apoyadas y/o cuestionadas por el desenvolvimiento fermental de la discusión y el debate. Sobre todo en lo que hace referencia al enriquecimiento “desde abajo” a todas las experiencias que tienen que brindar compañeras y compañeros, extraídas de sus lugares de trabajo, de estudio o de barrio. Así, van a ser tratados y comprendidos mucho mejor en una Plataforma-Programa temas tales como salario, jubilaciones y pensiones, desocupación, opresión de la mujer, opresión racial, la problemática de la juventud y de los ancianos, los problemas barriales, ecológicos, de recolección de basura, de moradores de cantegriles y viviendas de emergencia, trabajadores informales, los tremendos problemas del interior del país, así como también los problemas graves de falta de atención sanitaria, educacional, etc. Todos estos temas van a ser contemplados y desarrollados de forma más completa por la óptica particular de cada sector.
Pensamos que ese tiene que ser el método a utilizarse, permitiéndose una amplia y prolongada discusión de todos los grupos de base y organismos, sin temer a los cambios o a la crítica, ya que el programa, la plataforma, tiene que ser una cosa viva, que se adapte constantemente a las nuevas necesidades populares, permitiendo avanzar hacia una mayor conciencia de la explotación sufrida por las clases populares, adelantando algunas soluciones para sus anhelos.

1) El carácter estructural de la crisis del modelo capitalista
dependiente que prevalece en nuestro país determina que sea impostergable abordar un conjunto de transformaciones de fondo en la estructura económica, social y política del país.
Es necesario que nuestro movimiento impulse resueltamente la solución de estos problemas, a través del desarrollo de una propuesta para avanzar hacia una sociedad igualitaria, participativa, democrática y socialista, respondiendo a las necesidades de amplios y crecientes sectores populares.
Para ello debemos tener una definición y una práctica claramente antiimperialista, antioligárquica y democrática radical en una perspectiva socialista que implica la ruptura de la forma de dominación capitalista.

2) La plataforma del movimiento debe reunir las siguientes características:
- Mantener un nítido perfil opositor que rechace la injusticia, el
autoritarismo y la entrega del país al capital transnacional.
- Utilizar nuevos mecanismos de participación de las bases en la
elaboración y la implementación de la plataforma común.
- Debe expresarse en propuestas concretas para que se
transforme en motor de la movilización popular. Sin movilización popular no tiene viabilidad una propuesta alternativa.
- Será fiel a los principios programáticos sobre los que se fundó el
FA, como línea rectora de un pensamiento que comprendía la necesidad de transformaciones de fondo en nuestro país. Buscando hallar desde nuestra realidad actual y con la participación imaginativa y creadora de todos, el camino al socialismo.

3) Por todo ello las definiciones deben ser las siguientes:

- Deben ser eliminados los mecanismos que sirven para perpetuar
el poder antinacional, antidemocrático y antipopular de las
mayorías dueñas de la riqueza. En ese sentido debemos
impulsar:
- La anulación de la ley de caducidad para que haya verdad y justicia, por el voto verde.
- La desmilitarización del país. Es necesario desmantelar el
aparato represivo y someter a las FFAA a las decisiones emanadas del poder civil, lo que implica:

** Reducción de los efectivos y adecuación de la infraestructura y armamento a dicho objetivo.
** Eliminación del “Comité de Crisis” y de todos los mecanismos de injerencia en las condiciones políticas.
** Eliminar los servicios de inteligencia interna.
** Eliminar los centros de educación secundaria de carácter militar.
** Anulación de los acuerdos militares vigentes que nos ligan a la política imperialista.
** Los presupuestos de los ministerios de Defensa e Interior deben ser reducidos a no más del 10 % del presupuesto total.
** Eliminación de la política militarizada.
** Eliminación de los sistemas de policía privados.
** Creación de la policía judicial.
** Desmilitarización del cuerpo de bomberos, meteorología, etc..
** Rompimiento con el FMI y no pago de la Deuda Externa. Creación de un frente de todas las fuerzas latinoamericanas que se comprometan al enfrentamiento de los mecanismos de presión y explotación de la Banca Internacional.
- Una Reforma Agraria que tenga los siguientes criterios:
** Darle tierra a quien la trabaje.
** Entrega de tierras a los aspirantes a colonos.
** Expropiación de las tierras en manos extranjeras.
** Eliminación del latifundio.
** Vida digna para los trabajadores rurales.

- Impulsar soluciones para las necesidades de nuestro pueblo en
un marco participativo y de democracia social:
Debe acrecentarse el papel que tiene la economía estatal, en una economía capitalista dependiente, como garante de la soberanía nacional y de la justicia social, en un proceso de democratización de la toma de decisiones referidas a la gestión del Estado a través de una creciente participación de la población en la misma. Esto implica la defensa intransigente del patrimonio nacional, combatiendo las privatizaciones y los desmantelamientos de las empresas del Estado, debe ser uno de los aspectos principales de nuestro trabajo. Debemos ser impulsores de medidas concretas que prioricen la inmediata mejora de las condiciones de vida de los sectores del pueblo que están sin trabajo, sin vivienda, sin acceso a una vida decorosa, partiendo de la base de su propia participación, organización y protagonismo.
- Garantizar a todos los uruguayos trabajo, salario mínimo y
jubilación mínima de acuerdo a la canasta familiar con reajuste bimestral; incrementar el gasto público social que viabilice el pleno acceso a los servicios públicos esenciales: salud, educación, transporte, luz, agua, alcantarillado, para lo cual debemos impulsar la unificación de las luchas, promover la organización de los desocupados y trabajadores informales.
En lo que se refiere a educación, cultura, vivienda, salud y seguridad social es necesaria la participación efectiva de la población en la creación, definición e implementación de las políticas sociales.
- Apoyar el protagonismo de los sectores históricamente
discriminados y oprimidos de la sociedad asegurando el pleno ejercicio de sus derechos a través de sus organizaciones representativas.
** Asegurar las condiciones que permitan el pleno desarrollo de las mujeres y su inserción en igualdad de condiciones en todos los niveles de la sociedad. A igual trabajo, igual remuneración.
** Generar condiciones para que los jóvenes encuentren en nuestro país espacio para satisfacer sus necesidades (educación, trabajo y respeto por sus propias opciones).
** Luchar decididamente contra toda forma de discriminación y opresión de la raza negra.
** Estimular la recuperación y el desarrollo de nuestra cultura popular, priorizando las expresiones genuinas de la misma.
** Es necesario, también, generar propuestas para sectores específicos como la minoridad y la tercera edad en lo que refiere a su pleno desarrollo como seres humanos.
- Democratización del sistema político-institucional.
Esta propuesta debe hacer hincapié fundamental en la reforma del sistema político-jurídico para incentivar la participación popular en las decisiones de los grandes temas, vigorizando los mecanismos de ejercicio de la democracia directa.
La gestión de todos nosotros en la elaboración, discusión y ejecución de planes, trabajos, políticas, etc., implica la aplicación de políticas de descentralización de las decisiones del Estado, en áreas tales como la gestión municipal.
Nuestra propuesta debe incluir garantías instrumentales para el ejercicio pleno de:
** Los derechos individuales (acción de amparo) defensor del pueblo, reforma de la justicia y el proceso.
** Derechos colectivos, tanto en lo que se refiere a las organizaciones sociales (extensiones del derecho de huelga y nuevas formas de acción gremial, convenios colectivos, participación de los trabajadores en la gestión de empresas) como al de los pobladores (ley de arrendamiento, usuario de servicios públicos, preservación del medio ambiente).
A la vez debe reglamentarse y controlarse la actividad económica. En aspectos básicos como el secreto bancario y delitos económicos, creando mecanismos de control directo por parte de la población.
- Una propuesta para el trabajo inmediato.
La primera tarea de especial significación es desarrollar nuestras propuestas en trabajo directo y conjunto con los sectores sindicales y sociales directamente relacionados. Tanto para incidir sobre la definición de las medidas inmediatas, como los cambios de fondo, entendiendo que cada barrio, pueblo, sindicato, comisión, todo organismo social específico, debe elaborar su propia propuesta de reivindicaciones, enriqueciendo más este marco de ejes programáticos, y caminando hacia formas auténticas y reales de participación popular.
Esta plataforma para ser realmente convocante, movilizadora y combativa debe definir cuales son las principales áreas de confrontación con las propuestas políticas del bloque dominante.
En ese sentido la tarea prioritaria fundamental es dar todo nuestro esfuerzo en la lucha por la derogación de la ley de caducidad.


PROYECTO DE PLATAFORMA

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS DE PLAN DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA.

En el Plenario del sábado 14 de mayo se inició la discusión de las “Bases Generales Mínimas para la Plataforma del Movimiento”.
En esa ocasión se expresaron, por un lado, propuestas críticas sobre la concepción de este documento, algunas de ellas referían a la falta de contenido revolucionario de la misma, entendibles por la gente. Una parte importante no opinó por no haber discutido el documento.
A raíz de lo anterior esta comisión decidió, por un lado, realizar algunas puntualizaciones sobre el contenido del material y por otro, elevar una propuesta de plan de trabajo. Otra consideración refiere al carácter revolucionario o reformista del planteo, para nosotros una plataforma será revolucionaria no por su contenido formal sino por su capacidad para acumular fuerzas con un objetivo revolucionario. Ello significa que nuestra propuesta, a partir de reconocer los niveles de conciencia existentes, debe avanzar para lograr que importantes sectores de la población se plieguen a un proceso de organización, movilización y lucha.
La primera parte de este documento marca con claridad esta orientación al señalar que los objetivos que son “avanzar hacia una sociedad igualitaria, participativa, democrática y socialista” y la necesidad “de tener una práctica claramente antiimperialista, antioligárquica y democrática radical”.
La comisión entiende que la concepción de estas bases generales mínimas para la plataforma permiten acumular fuerzas en ese sentido y la concibe como un conjunto de propuestas que deben ser motor de la movilización popular.
Otro aspecto a clarificar es la relación que existe entre estas bases para una plataforma, los principios programáticos sobre los que se fundó el FA y el Programa revolucionario de fondo.
A nuestro entender la plataforma responde a un determinado nivel de conciencia y a una determinada correlación de fuerzas, inscribiéndose en el marco de la propuesta programática frenteamplista, que a su vez es una aproximación al programa revolucionario de fondo que deberemos construir.
Una tercera consideración debe hacerse sobre la inclusión de puntos de referencia programáticos dentro de la plataforma.
Entendemos que -más allá del contenido específico que posteriormente adopte- era importante incluirlas porque en esta hora de rebajas programáticas es necesario marcar claramente nuestra disposición a continuar enarbolando las viejas banderas del movimiento popular.
Entendemos que estos temas, reforma agraria, deuda externa, estatización de la Banca, etc. , por su importancia y trascendencia deben ser motivo de un exhaustivo análisis. Para que ello sea posible, la comisión incorpora en su plan de trabajo, el desarrollo de mesas redondas con trabajadores, técnicos y políticos, especialistas en cada uno de los temas, en los que podrán participar activamente todos los militantes del MPP. A partir de allí se crearán condiciones para una discusión fructífera con la participación de todos y definir con mayor precisión estos puntos.
Una concepción participativa implica avanzar lentamente en temas complejos, para que efectivamente podamos definirlo entre todos. En ese sentido no nos pareció correcto elevar a la consideración del Plenario planteos que no se corresponderían para nada con el nivel de discusión efectuado hasta el momento.
En ese sentido, tampoco compartimos la propuesta realizada en el Plenario sobre la necesidad de tener un programa de corto, mediano y largo plazo dado que eso no se corresponde con el desarrollo del movimiento.
Un cuarto aspecto corresponde al capítulo “impulsar soluciones para las necesidades de nuestro pueblo en un marco participativo y de democracia social”. Allí se señalan una serie de criterios generales respecto a temas como salud, educación, vivienda, transporte, etc. En esta etapa nos limitamos a la ennumeración, dado que si respetamos el criterio de que la propuesta debe ser elaborada con la participación popular, es incorrecto que un reducido grupo de compañeros sustituya ese proceso participativo con una propuesta demasiado “redonda”. El trabajo, en lo que tiene relación a estos temas, deberá constar de tres partes, estas son:
1) Un cuestionario a ser llenado por cada agrupación, sobre las
necesidades y soluciones posibles a encarar.
2) Entrevistas con las organizaciones sociales (MOVIDE,
FUCVAM, etc.) y las organizaciones de los trabajadores, para interiorizarnos de sus propuestas.
3) Tomando en cuenta lo anterior, se elaborará una propuesta que se pondrá a la consideración del Movimiento.
Respecto al capítulo sobre “apoyar el protagonismo de los
sectores históricamente discriminados y oprimidos...” la comisión se limitó a ennumerarlos y señalar objetivos muy generales, entendiendo que dentro del MPP deberán crearse comisiones específicas de jóvenes, mujeres, jubilados, etc., las cuales además de desarrollar sus tareas de organización y dirección de esos frentes, deberán elaborar un conjunto de propuestas para incluir en la plataforma. Un tratamiento similar debería darse al tema de la cultura.
En cuanto al capítulo sobre “Democratización del Sistema Político Institucional” entendemos en primer lugar que es una tarea prioritaria en cuanto permite crear mecanismos para que la voluntad popular pueda expresarse y de esa manera se inscribe en la lucha contra la democracia tutelada y por una verdadera democracia.
El tratamiento de este tema debe realizarse en dos planos:
1) Por un lado recoger -a través de un cuestionario- los
reclamos y propuestas de las agrupaciones.
2) Mesas redondas con compañeros especialistas en el tema
como por ejemplo Sarthou.
En paralelo con estas tareas que permitan que nuestra propuesta de plataforma sea construida por todos y para todos, deberemos organizar nuestro trabajo para fortalecer el área programática del FA, con el objetivo de mantener las características del Programa Fundacional del FA. En estos días, esto se hace imprescindible dado que se está elaborando la plataforma electoral y el plan de gobierno del FA con un contenido de rebaje programático importante, lo cual hace imprescindible la presencia de los compañeros del MPP en dichas instancias. Esto significa que estamos convocando al conjunto de compañeros para participar en las sub-comisiones programáticas abiertas del FA (salud, educación, vivienda, presupuesto, etc.) y a los compañeros de las organizaciones que están representadas en la Comisión Central de Programa (PVP, MLN) -espacio de decisión política- para que en ella expresen las definiciones adoptadas por el área programática del MPP.


PROYECTO DE REGLAMENTO

REGLAMENTO PROVISORIO QUE REGIRA PARA LAS ELECCIONES INTERNAS DEL MPP.

El sábado 24 de junio de 1989, se realizarán las elecciones internas del MPP para elegir los 13 miembros titulares y los 13 suplentes de su Dirección Nacional. Esta tendrá carácter provisorio y durará un año, sin perjuicio de lo que establezca el estatuto.
Podrán elegir y ser elegidos en dicha instancia todos los miembros del MPP que hayan adherido al mismo llenando y entregando en tiempo y forma, la papeleta de adhesión correspondiente.
Hasta la hora 24 del domingo 18 de junio de 1989 se recibirán papeletas de adhesión en la Comisión de Organización y en los locales de los Grupos Políticos; en los Grupos de Base el plazo se extenderá hasta la hora 24 del martes 20 de junio del 89.
El lunes 19 de junio de 1989 la Comisión de Organización entregará a los Grupos de Base una lista detallando los nombres y las direcciones de aquellos que hayan presentado su solicitud para ser considerados miembros del MPP. A cada Grupo de Base se le entregará la lista correspondiente a su zona de influencia.
En todos los casos las solicitudes deberán ser resueltas por la Asamblea del Grupo de Base.
Antes de la hora 20 del jueves 22 de junio del 89 los Grupos de Base deberán entregar a la Comisión de Organización la lista de los miembros del MPP que existan en su zona de influencia; así como la lista de aquellos casos que no haya sido posible comprobar su existencia.
La Comisión de Organización resolverá en forma definitiva sobre los casos en que no haya sido posible comprobar la existencia real en la zona.
Luego de recibidas las listas definitivas de miembros del MPP, la Comisión de Organización procederá a confeccionar los padrones que se utilizarán el día de la elección.
En Montevideo la elección se realizará en tres locales ubicados en zonas de fácil acceso.
En cada local de votación habrá un padrón parcial ordenado alfabéticamente.
El jueves 8 de junio de 1989, el Plenario Coordinador designará la Comisión Electoral. Esta comisión cesará en sus funciones inmediatamente después de dar a conocer el resultado electoral.
Desde el martes 23 de mayo de 1989 y hasta la hora 24 del sábado 3 de junio de 1989, los Grupos de Base podrán presentar las listas conteniendo los nombres de los miembros propuestos para la Dirección Nacional del MPP. Los Grupos de Base deberán presentar todos los nombres que se propongan en su seno como candidatos.
No se recibirá ninguna propuesta que no llegue de los Grupos de Base. Todas las propuestas serán recepcionadas por la Comisión de Propuestas.
El domingo 4 de junio de 1989, la Comisión de Propuestas confeccionará la plancha incluyendo la totalidad de nombres propuestos. Esta plancha estará a disposición de los Grupos de Base y de los Grupos Políticos hasta el martes 6 de junio de 1989.
Hasta la fecha mencionada habrá plazo para impugnar algunos de los nombres.
El jueves 1 de junio de 1989 el Plenario Coordinador designará 3 miembros que conformarán la Comisión de Apelaciones.
Ante esta Comisión deberán presentar los recursos de apelación, aquellos miembros que hayan sido impugnados como candidatos.
El plazo para presentar los recursos de apelación terminará el jueves 8 de junio de 1989 a las 17 horas. La Comisión de Apelaciones resolverá en un plazo no mayor a 24 horas y en forma definitiva, sobre los recursos presentados. El procedimiento que se seguirá para la elección de los miembros de la Dirección Nacional del MPP, será el siguiente:

A) El voto será secreto.
B) El elector deberá marcar con una cruz al lado del nombre hasta 13 candidatos.
C) Se podrán marcar menos de 13 candidatos.
D) No se podrán marcar más de 13 nombres.
E) Las papeletas que tengan más de 13 nombres marcados, serán anuladas.
F) Los 13 nombres más votados serán los miembros titulares de la Dirección Nacional y los 13 que les sigan en número de votos serán los suplentes.


ESTATUTOS EN DISCUSION

BASES PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO DEL M.P.P.

Los organismos del MPP serán los siguientes:

Nacionales: Congreso Nacional; Plenario Nacional, Dirección Nacional.

Regionales: Congreso Regional; Dirección Regional

Departamentales: Plenario Departamental; Consejo Departamental.

Zonales: Cabildo Zonal; Plenario Zonal; Ejecutivo Zonal


CONGRESO NACIONAL.

Será el órgano máximo del MPP. Habrá dos tipos de Congreso: Ordinario, que funcionará cada dos años. Extraordinario, cuando sea convocado por los dos tercios del Plenario Nacional, por un tercio de los grupos de base constituidos, o por la firma del 25 % de los miembros del MPP.
Integración: Se integrará con los Delegados de los Grupos de Base en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos por cada Grupo de Base y el Plenario Nacional.
Los miembros del Plenario Nacional tendrán derecho a voz pero no a voto.
Competencias: 1) Evaluar la actividad política organizativa del MPP.
2) Definir grandes líneas de acción política. 3) Aprobar Bases
Programáticas del MPP. 4) Aprobar o modificar los Estatutos.
5) Resolver sobre los recursos que puedan presentarse para revocar de sus cargos a los integrantes de la Dirección Nacional.

Instalación: se instalará con la presencia de la mayoría de sus miembros.
Resoluciones: se resolverá por mayoría de dos tercios

PLENARIO NACIONAL.

Será la máxima autoridad entre Congreso y Congreso.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que funcionará por lo menos una vez cada tres meses. Extraordinario, cuando sea convocado por un tercio de la Dirección Nacional o un tercio de los miembros del Plenario Nacional.
Integración: Se integrará con los Delegados de las Zonales o Departamentos (en los casos que no existan Coordinadoras Zonales) en proporción al número de miembros, con un mínimo de uno por zonal o departamento. La proporcionalidad para el Interior será menor.
También serán miembros del Plenario Nacional los integrantes de la Dirección Nacional.
Competencias:
1) Ejercer dirección política entre Congreso y Congreso.
2) Supervisar la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales.
3) Presentar los informes de discusión al Congreso.
4) Definir la Plataforma del MPP.
5) Designar las Comisiones Nacionales y determinar sus competencias.
6) Modificar transitoriamente los Estatutos.
7) Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos Grupos políticos al MPP.
8) Definir la política de relacionamiento internacional.

Instalación: se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: las resoluciones sobre táctica se tomarán por mayoría simple. Los siguientes temas se resolverán por mayoría de 2/3: Plataforma, Estatutos, nombramiento de Comisiones Nacionales y solicitudes de ingreso.

DIRECCION NACIONAL.

Será el Organo de Dirección cotidiana.
Sesionará ordinariamente, una vez a la semana. Funcionará extraordinariamente, por solicitud de 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará con los 13 miembros electos en las elecciones internas del MPP. Estos miembros serán elegidos por dos años y la instancia electoral se realizará al mes siguiente de realizado el Congreso Ordinario.
Competencias:
1) Ejercer la conducción política del MPP cotidianamente.
2) Ejecutar las resoluciones del Congreso y del Plenario Nacional.
3) Supervisar el funcionamiento de los organismos regionales, departamentales, zonales y de base, así como las Comisiones Nacionales.
4) Planificar la movilización de masas.
5) Ejecutar el relacionamiento internacional del MPP.

Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

CONGRESO REGIONAL.

Será el Organo máximo de cada Región.
Habrá dos tipos de Congreso: Ordinario, que funcionará cada dos años, alternando con el Congreso Nacional. Extraordinario, cuando sea convocado por los 2/3 de la Dirección Regional, 1/3 de los Grupos de Base de la Región o por la firma del 25 % de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de los Grupos de Base en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos por cada Grupo de Base y la Dirección Regional. Los integrantes de la Dirección Regional tendrán voz pero no voto.
Competencias:
1) Evaluar la actividad del MPP en la Región.
2) Definir grandes líneas de acción política en la Región.
3) Aprobar el Programa Regional.
Instalación: Se instalará con la mayoría de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

DIRECCION REGIONAL.

Será el Organo de dirección entre Congreso y Congreso. Funcionará por lo menos una vez a la semana.
Integración: Se integrará con los Delegados de Base de la Región al Plenario Nacional y un miembro de la Dirección Nacional. El integrante de la Dirección Nacional tendrá voz pero no voto.
Competencias:
1) Ejercer la dirección política en la Región.
2) Aplicar la línea política nacional del MPP, a la realidad regional.
3) Supervisar el funcionamiento de los organismos de la Región.
4) Presentar los documentos de discusión al Congreso Regional.
5) Llamar a encuentros de Plenarios Departamentales.
6) Planificar la movilización de masas en la Región.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

PLENARIO DEPARTAMENTAL.

Será el Organo de conducción política en el Departamento.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que se reunirá cada 3 meses. Extraordinario, cuando sea convocado por la Dirección Regional, el Consejo Departamental o 1/3 de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de Base en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos por cada Grupo de Base, los Delegados del Departamento en el Plenario Nacional y hasta cinco ciudadanos independientes.
Competencias:
1) Ejercer la dirección política en el Departamento.
2) Aplicar las Resoluciones de la Dirección Nacional y Regional.
3) Aprobar Programa departamental.
4) Nombrar Comisiones Departamentales.
5) Planificar y desarrollar la acción municipal y comunal.
6) Supervisar el funcionamiento de los organismos del Departamento.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Se resolverá por mayoría de 2/3.

CONSEJO DEPARTAMENTAL.

Será el Organo de dirección cotidiana en el Departamento. Funcionará una vez a la semana como mínimo. Podrá ser convocado extraordinariamente por 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará con un Delegado por los Grupos de Base del Departamento, los Delegados de Base del Departamento al Plenario Nacional y los primeros candidatos a Edil y Diputado del Departamento.
Competencias:
1) Ejercer la conducción política cotidiana.
2) Ejecutar las resoluciones del Plenario Departamental.
3) Organizar y dirigir el funcionamiento del MPP en el Departamento.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

CABILDO ZONAL.

Será el máximo Organo de la Zona.
Habrá dos tipos de Cabildo: Ordinario, que funcionará una vez al año. Extraordinario cuando sea convocado por los 2/3 del Plenario Nacional, 2/3 del Plenario Zonal, el 25 % de los miembros de la zona ó ½ de los Grupos de Base de la zona. En Departamentos donde no existan las Coordinadoras Zonales el Cabildo será Departamental.
Integración: Se integrará con los miembros del MPP de la zona.
Competencias:
1) Elegir los Delegados al Plenario Nacional.
2) Definir grandes líneas de acción en la zona.
3) Mandatar al Delegado al Plenario Nacional en cualquier asunto de importancia en la política nacional, para la cual se reuniere.
Instalación: Se instalará con la presencia del 25 % de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

PLENARIO ZONAL.

Será el Organo de conducción política en la zona entre Cabildo y Cabildo.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que funcionará por lo menos una vez cada 3 meses. Extraordinario, cuando sea convocado por 2/3 del Ejecutivo Zonal, 1/3 de los Grupos de Base de la zona o la firma del 25 % de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de los Grupos de Base en proporción l número de miembros, con un mínimo de dos por cada Grupo de Base y los Delegados de la Zona en el Plenario Nacional.
Competencias:
1) Planificar la movilización y la acción de masas en la zona.
2) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los organismos superiores.
3) Supervisar el funcionamiento orgánico en la zona.
4) Designar las Comisiones de Trabajo del Zonal.

Instalación: Se instalará con la presencia de la mayoría de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

EJECUTIVO ZONAL.

Será el Organo de dirección cotidiana en la zona.
Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez la semana. Extraordinariamente cuando sea convocado por 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará por un Delegado por los Grupos de Base (elegido entre los designados al Plenario Zonal) y los Delegados de la zona al Plenario Nacional.
Competencias:
1) Ejecutar las resoluciones de los organismos superiores.
2) Resolver sobre los problemas cotidianos de la zona.
3) Elevar informes al Plenario Zonal.
Instalación: se instalará con la presencia de la mayoría de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.

GRUPOS DE BASE.

Serán la columna vertebral del MPP.
Integración: Se integrarán con todos los miembros de una misma circunscripción geográfica, o de un mismo centro de estudio, trabajo ó de una misma rama de actividad.
Competencias:
1) Difundir el programa y línea del MPP.
2) Promover el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales, así como su creación donde no existan.
3) Promover la participación de los miembros del MPP en las organizaciones sociales.
4) Promover el desarrollo del F.A., así como la orientación del MPP en él.
5) Elaborar lineamientos frente a los problemas específicos de la zona.
6) Promover la movilización de masas en la zona.
7) Desarrollar el MPP en la zona.
8) Elegir los Delegados al Plenario Zonal y al Congreso Nacional.
Funcionamiento: La Asamblea será la máxima autoridad del Grupo de Base.
Funcionará por lo menos una vez por mes. Nombrará un Secretariado (Organización, Finanzas, Propaganda) el que junto con los Delegados al Plenario Zonal constituirá la Mesa Ejecutiva del Grupo de Base. Esta será el Organo Ejecutivo y funcionará semanalmente. Sus reuniones serán abiertas a los miembros del Grupo de Base.
Instalación: La Asamblea se instalará con la presencia del 25 % de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
Para constituir un Grupo de Base se requerirá un mínimo de diez miembros en el Interior y 20 miembros en Montevideo.



F.A. CONGRESO A “MEDIAS”

El FA realizó durante los días 3 y 4 de junio un Congreso Especial, bajo la consigna “Ahora sí para hacer posible los sueños”, donde serían definidos los temas de plataforma electoral y considerar los candidatos nacionales.
El tema de las candidaturas fue aprobado sin objeciones, la iniciativa del Plenario Nacional postulando a Seregni para el cargo de Presidente y la del Cr. Danilo Astori para vice, recibieron apoyo unánime, la incorporación del reconocido economista, hábil polemista, que demostró una excepcional capacidad para vincularse al pueblo en los áridos temas económicos en un lenguaje claro y sencillo, una firmeza de convicciones en la necesidad de las transformaciones revolucionarias y una vocación unitaria, instando en su discurso de aceptación, sentir compañero al del costado, sea o no de la propia organización.
Otro tema ha sido, el de la Plataforma Electoral. Aquí una vez más, se define un tema trascendental sin la rigurosidad de participación y debate generalizado. Los documentos iban siendo entregados al entrar al Palacio Peñarol para el inicio del Congreso.
Dicho documento, presentaba modificaciones aportadas por coordinadoras y trabajos de la Comisión de Programa, que variaban en importancia, los documentos que habían visto las bases y cuyos delegados venían mandatados. Bases que en el transcurso del Congreso reiteraron que no habían tenido tiempo suficiente para analizarlo en profundidad.
Es necesario convenir, que este Congreso se efectúa en un marco de desmovilización, saliendo el FA de una fractura, donde las discusiones se habían dado en la cúpula, con el vaciamiento de los comités y donde los que se habían quedado a militar, gran porcentaje, respondían a líneas PC y PS.
El grueso de los delegados respondían entonces, no a valoraciones partidarias, pero sí a valoraciones de comités de base, cuya composición en su mayoría respondía a tendencias partidarias.
La votación, “a ojos vistas”, tendría un carácter oficialista y por amplísima mayoría. Las votaciones del día domingo lo confirmaron y quienes intentaron representar visiones de los que son frenteamplistas de “afuera” de los comités, sólo podían testimoniar una propuesta, sin posibilidad de modificar sustancialmente los lineamientos de la Comisión de Programa.
El trabajo de comisiones (Política Salarial, Agro, Banca, temas políticos, económicos, sectores productivos, servicios y áreas sociales) permitieron fecundos debates, pero que a la hora de votar, la suerte estaba echada.
La plataforma fue votada por un 99,10 % de congresales, la misma establece la necesidad de consolidar y profundizar la democracia, no define claramente el no pago de la deuda externa, no estatiza la banca ni el comercio exterior, no expropia el latifundio y combina la política de redistribución con la del alza de la producción.
Conclusión: un candidato de excepción Danilo Astori, su discurso de aceptación es de antología. Sobre la Plataforma Electoral lo esperado, un programa rebajado donde las culpas no se las puede llevar totalmente el “realismo político” de la 99 y el PDC, que impregnaron el programa en su momento.

MOCION DE PRORROGA DE 30 DIAS
FORMULO EL M.R.O.

La delegación del MRO, debido a reiteradas manifestaciones de delegados de Coordinadoras acerca de la falta de tiempo para discutir en profundidad y extensión la plataforma electoral y que el documento final se había repartido en la entrada del propio Congreso, resolvió presentar una moción de prórroga de 30 días, en base a lo acordado en el Plenario Coordinador del MPP de fecha jueves 1º de junio. La misma se transcribe en toda su fidelidad.

Considerando:
1) Que el presente proyecto de plataforma electoral modifica en
variados puntos el documento anteriormente repartido.
2) Que el mismo ha sido entregado a los grupos políticos en la
noche del viernes 2 de junio y a los delegados del Congreso en los inicios del mismo.
3) Que la participación de las bases es un elemento fundacional
en la concepción del Frente Amplio y por lo tanto las bases no tuvieron tiempo material para discutirlas.
El MRO plantea la postergación de la definición de la Plataforma Electoral pasando al Congreso Especial a un cuarto intermedio de 30 días.
Delegación autorizada.


CONGRESO DEL F.A.

ORATORIA DEL CRO. MARIO ROSSI

Compañeros y compañeras:

La tiranía del tiempo nos obliga a ir directamente al punto. Entendemos que debemos analizar el documento de Plataforma Electoral, desde un punto de vista formal, metodológico. El documento ha sido entregado a los delegados hoy a las 8 hs. a la entrada del Congreso. Esto modifica en variados puntos, el repartido con anterioridad. Es más, varias Coordinadoras, que han hecho uso de la palabra, han manifestado que no dispusieron de tiempo suficiente para debatir el anterior en profundidad. El tema de la participación y de la marginación de las bases en los últimos períodos han sido una constante crítica a la conducción frenteamplista, de ahí que plantearemos una postergación en la definición de la Plataforma Electoral pasando el Congreso Especial a un cuarto intermedio por 30 días.
Las 30 medidas en el año 1971, fueron dadas a conocer el 25 de agosto y hubo tiempo suficiente para propagandearlas y convertirlas en instrumentos de movilización. Dentro de 30 días estaríamos en los primeros de julio, después de un participación masiva de la militancia frenteamplista en la discusión y construcción de la Plataforma, eje de la Campaña Electoral y de la concientización.
Veremos ahora, el contenido o sea la filosofía política que primó en la elaboración de los grandes lineamientos programáticos. No debe confundirse un programa de emergencia con un modelo alternativo de largo plazo. El programa de emergencia debe estar conformado, a nuestro entender, por un conjunto de medidas que reviertan aceleradamente una situación de penuria y le den a corto plazo oxígeno al aparato productivo, pero como transición hacia el modelo alternativo.
Importa entonces, que un aumento generalizado de salarios y pasividades se haga en forma inmediata para una rápida reactivación. A corto plazo sólo es posible el crecimiento si se atiende el mercado interno y ello depende de un aumento generalizado de los salarios. En el mediano plazo el crecimiento es hacia fuera, dada la estrechez del mercado interno. De ahí, que no compartimos la tesis de que la REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA ES PARALELA, COMBINADA O CUANTO PALABRERIO INTENTE CONCILIAR CON EL AUMENTO DE LA PRODUCCION.
La actual riqueza acumulada tras cientos de años de explotación al pueblo, debe ser primariamente distribuida, el tema del aumento de la producción vendrá por añadidura y teniendo en cuenta que dicho aumento estará fijado por pautas de justicia social. No se producirá de acuerdo a criterios de mercado ó facilidades a multinacionales.
Cada trabajador y cada jubilado, debe saber que un gobierno frenteamplista elevará como primer medida salarios y pasividades. El dinero, los recursos, están, existen, los tienen los privilegiados.
Para que esta medida sea creíble, debe estar combinada o complementada con una serie de pautas, que incidan directamente en los responsables de la miseria y el estancamiento. Medidas que no se pueden negociar, lo máximo es la posibilidad de negociar el plazo, el tiempo de aplicación: en vez de a los tres meses, a los seis; o de un año a dos.
Estas medidas son, la estatización de la Banca, la estatización del Comercio Exterior, la erradicación del latifundio, una real reforma agraria, el no pago de la deuda externa y una vigorosa incidencia del Estado en la planificación y conducción de la economía.
Y el tercer aspecto, es que si vamos a tocar a los privilegiados, si vamos a efectuar grandes cambios, si vamos a transformar revolucionariamente, entonces, la movilización, una mentalidad de enfrentamiento, de lucha y perfil opositor a los conservadores y reaccionarios, debe ser la gran línea de acumulación.
Estos tres elementos: redistribución con sentido de justicia social, a través de sacar de quien tiene y respaldando las medidas con fuerza movilizadora no se desprenden del actual documento de Plataforma Programática. De ahí que nos merece una opinión desfavorable para el mismo.
Basta hacer un repaso acerca de las 30 medidas del año 71, para ver cuánto hemos retrocedido en programa, confianza en las fuerzas populares y la decisión de construir una sociedad justa e igualitaria.
Tanto las Bases Programáticas como las 30 medidas establecían claramente: Ruptura con el FMI y negociación de la Deuda Externa para postergar pagos y si no daba resultados, medidas unilaterales más allá de la búsqueda de un sindicato de deudores latinoamericanos. Intervención de la Banca privada hacia su nacionalización y estatización. Monopolio estatal de divisas, nacionalización del Comercio Exterior, Nacionalización de la Industria frigorífica, Reforma Agraria, etc.
Sería una torpeza política, trasladar mecánicamente las medidas del 71 al 89, pero en materia económico-social, la crisis de estancamiento y de retroceso del poder adquisitivo, las condiciones de miseria y marginación se han acentuado. Aquellas medidas son tan necesarias hoy como ayer.
La Plataforma electoral es la síntesis de una concepción nacional, popular, democrática y revolucionaria. Bien, entonces, hay que romper la dependencia, enfrentar a las multinacionales y al gran capital, expropiar a la oligarquía (Banca y Agro) y viendo el pueblo que gobernamos para ellos. Y con ellos las transformaciones revolucionarias se harán de hecho y de derecho.
Varios son los discursos, libros y exposiciones del compañero que con alegría se apresta a asumir la fórmula electoral frenteamplista con Seregni, el Cro. Astori. Allí están las argumentaciones para el NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA Y LA ESTATIZACION DE LA BANCA.
Si asumimos estos desafíos entonces, el FA será indefectiblemente una cruzada de la dignidad nacional y una fuerza redentora de los postergados.

POSICION DEL M.P.P. SOBRE PLATAFORMA ELECTORAL.

APROBADA EL 1 DE JUNIO DE 1989

El Frente Amplio fue creado para lograr cambios profundos y definitivos en lo económico, político y social, fundamentalmente en beneficio de todos los sectores oprimidos y explotados de la sociedad uruguaya. Para esto es imprescindible la movilización popular y, por consiguiente, la plataforma electoral del Frente tiene que ser un instrumento de tal movilización para avanzar y asegurar esas conquistas.
Es en este sentido que queremos marcar nuestras fraternales discrepancias con el proyecto de plataforma presentado al Congreso para su discusión. Discrepancias que no se circunscriben a los aspectos formales de párrafos, palabras o estilo, sino que se refieren a conceptos globales.
1) Consideramos que la plataforma electoral del Frente debe
hacer hincapié en la reivindicación de las necesidades de los sectores postergados del país, planteando medidas claras e inequívocas sobre la elevación del nivel de vida de las grandes mayorías, la participación popular en todos los aspectos de la vida pública y la justicia social irrestricta. Una plataforma frentista tiene que hacer suyos los principales planteos de los movimientos obrero, estudiantil, juvenil, de los jubilados, de las mujeres, de los colonos, de cooperativistas y, en general, de todos aquellos que representan la creación de la riqueza nacional por medio del trabajo y a quienes la sociedad debe inexcusablemente protección y amparo. Y debe ofrecer una herramienta política idónea para comenzar a hacerlos efectivos.
2) Nos parece inconveniente seguir sosteniendo la
consolidación y profundización de la actual democracia transicional. Durante estos 5 años de gobierno colorado ya se profundizó y se consolidó demasiado un nuevo régimen de dominación política por minorías, demostradamente antipopular. En este período han existido, reconquistados por la lucha del pueblo, derechos y libertades individuales, pero se postergó una real democratización de la sociedad. En apoyo de este proyecto de democracia tutelada, que el pueblo nunca quiso ni votó, se nos ha impuesto la presencia de los militares en el mismo gobierno mediante el Comité de Crisis, y el Ministerio de Defensa en materias y servicios de índole esencialmente civil, y se los ha privilegiado con presupuestos y normas que de hecho mantienen en vigencia el funcionamiento de una Doctrina de Seguridad Nacional abolida por el Parlamento. En contrapartida ello ha llevado a la reducción de gastos sociales más importantes, como educación, salud y vivienda.
Este modelo de democracia la recorta a través de una concepción autoritaria que impregna ya toda la sociedad: la política de vetos del Poder Ejecutivo, los desalojos sistemáticos de los locales ocupados por los trabajadores en sus legítimas medidas de lucha; la expulsión de sus precarias viviendas de miles de familias humildes que han perdido ya su derecho a dormir bajo techo; las razzias policiales contra los jóvenes y otros procedimientos igualmente represivos y atentatorios de los beneficios constitucionales.
No estamos pues, ante un proceso de democratización que deba ser profundizado, sino ante otro que debe ser radicalmente combatido y cambiado hacia rumbos opuestos a los presentes.
Esta tutela se reviste de ropajes democráticos para disfrazar la dominación de los mismos sectores oligárquicos que impulsaron y sostuvieron la Dictadura; debe, en consecuencia, ser rechazada en su conjunto y se tienen que aprovechar las instituciones y la tradición democrática del país, que le son anteriores, para aplicarse en su esencial modificación.
El MPP quiere retomar el concepto plasmado en las Bases programáticas de la Unidad en agosto de 1984, decidido por la construcción de una democracia auténtica que pasa necesariamente por dos condiciones:
- la desmilitarización de la sociedad y el Estado; la plena vigencia
de los derechos humanos, las garantías de la Constitución sobre la libertad individual, los derechos sindicales y gremiales; la real democratización del sistema de medios de comunicación; la plena vigencia del principio medular de la separación de Poderes;
- que se impulse desde los Comités de Base frentistas y desde
toda forma de organización popular donde el Frente participe, el predominio de la iniciativa y voluntad del pueblo; que las disposiciones constitucionales sobre referéndum, purgadas de reglamentaciones capciosas, sean verdaderos resortes de control de las grandes decisiones de la política estatal y municipal.
3) Por supuesto que se debe estar de acuerdo en que una
plataforma electoral, como ésta lo hace, debe postular en el Uruguay de hoy un aumento de la producción y la productividad. No hay otra forma para crear los recursos destinados a elevar el nivel de vida de las mayorías e invertir en el desarrollo del país; las otras fuentes conducen casi siempre a la dependencia o a la dilapidación. Pero consideramos que este aserto del proyecto de Plataforma remite a un futuro indeterminado los cambios urgentemente necesarios en el sistema productivo y no se complementa con soluciones concretas para las carencias inmediatas de los sectores más oprimidos.
Consideramos que en estos aspectos la plataforma del FA debería poner énfasis en que todos los recursos nacionales, públicos y privados, se apliquen a lograr los máximos niveles posibles de justicia social a partir de:
- una mejor distribución de la renta y de la riqueza ya existente,
aumentando la participación de los trabajadores asalariados y de otras mayorías en el ingreso nacional; incrementando remuneraciones laborales y jubilaciones y reestructurando a todos esos fines el Presupuesto del Estado;
- una democratización de la gran propiedad que implique un nuevo
rol de la economía estatal, de las cooperativas y de las empresas pequeñas, con prioridad sobre el capital monopólico en el comercio y la industria y del latifundio en el sector agropecuario, a efectos de que los necesarios aumentos de la producción y la productividad no sirvan para concentrar más riquezas y poder en pocas manos, y sí para beneficiar a aquellas mayorías nacionales;
- un control nacional de la economía que busque eliminar la
dependencia, para impedir que la riqueza sea extraída por la banca extranjera instalada en el país, por los acreedores exteriores o por el gran capital transnacional. La plataforma debería estipular que para progresar hacia ese control deben cesar los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda externa, controlarse efectivamente la operación de las empresas transnacionales dentro de fronteras y reestructurarse la posición del Uruguay dentro de las injustas reglas de las relaciones económicas internacionales.
Todo esto requiere plantear una modificación del papel actual del Estado e impulsar una nueva política económica, que para ser viable precisa la participación de los trabajadores en las decisiones, tanto en la regulación de la economía como en los planes de la producción de bienes y servicios.
Sabemos que el trabajo de los Comités de Base y sus planteos a presentar en este Congreso modifican ya muchas de las situaciones apuntadas en el proyecto de Plataforma, y saludamos esa presencia. Pero seguimos considerando que, en sus aspectos globales el proyecto no satisface todavía las necesidades actuales del pueblo uruguayo y los postulados que deben esperarse del FA.
Como creemos profundamente en la necesidad de discutir con la necesaria extensión estos planteos en la relación con el proyecto de Plataforma Electoral (y reconociendo el avance ya realizado por el trabajo en los Comités de Base), proponemos que el proyecto tenga una prórroga de 30 días en su discusión y aprobación, en las instancias que se juzgue convenientes, para su definitivo análisis y su aprobación por las bases.

PLENARIO COORDINADOR DEL MPP.



DOCUMENTO DE LOS “24”

“Documento alternativo al Congreso del FA: La cultura de la izquierda debe incluir una noción genuinamente plural de las formas de militancia”

(Publicado en el diario La República el 6 de julio de 1991)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

INTRODUCCIÓN: Desde el Frente Amplio, a los uruguayos todos.

Al convocar a su próximo Congreso, el Frente Amplio se declara en estado de asamblea. A la discusión que se abre queremos aportar puntos de vista que responden a un enfoque y a una sensibilidad que nos parecen aún insuficientemente expresados. Creemos que ésta es una ocasión propicia para dirigirnos, desde nuestra ubicación como militantes frenteamplistas, a todos nuestros compatriotas.
El Uruguay no puede sufrir más frustraciones. La ciudadanía parece encaminarse hacia nuevos y grandes cambios de rumbo. Cuando crecen las responsabilidades del Frente Amplio, y las expectativas que en él se centran, es tiempo de reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una confluencia grande y nueva, del Frente con todos los sectores progresistas del país, que haga posible un gobierno de mayorías, eficiente y transformador.
El Uruguay como proyecto colectivo –el de construir una nación en la que valga la pena vivir juntos- es tarea a realizar en espacios muy variados y que requiere aportes plurales.
Basta de lugares comunes, de pálidos y lejanos reflejos de una realidad que es mucho más compleja y apasionante, llena de desafíos, pero también atiborrada de frustraciones. La izquierda uruguaya está hoy construyendo y avanzando. Nuestro mensaje puede contribuir a la esperanza en una alternativa real y posible frente a esta frustración que nos impone la política neoliberal.
Para ello los frenteamplistas necesitamos realizar un congreso que esté estrechamente enlazado con la vida de los uruguayos. Esa es la primera y fundamental condición de su éxito. Un congreso que tenga que ver con el trabajo, con la calidad de vida, con la nueva cultura emergente, con la niñez y con las mujeres, con los jóvenes y con los que no lo son, con la soledad que sobra, con la educación y la salud que faltan y que hay que humanizar. Este será nuestro esfuerzo.
Las ideas que presentamos no están dirigidas contra nadie en el FA. Estamos hartos de menudas disputas. Queremos sí pelear, por la prosperidad del país y en primer lugar por los derechos y reclamos de los más postergados; pero en este Uruguay gris y amenazado, para que esta lucha sea eficaz y victoriosa, debemos también pelear y ganar la gran batalla anímica y cultural que se libra en la mente y la conciencia de todos los uruguayos. Sin entusiasmo, sin confianza, sin expectativas vitales y políticas generosas, nada es posible.
Quisiéramos crear y recrear palabras. Porque también las palabras se han gastado, se han vuelto grises y tristes de tanto frotarlas. Palabras que han tenido un sentido estimulante en la historia de las naciones y de nuestro país, hoy rozan lejanas o indiferentes la vida de casi todos los ciudadanos. Hay que recuperarlas y dotarlas de nueva fuerza.
La enorme fuerza social, espiritual y política que representa para el país el FA lo inviste cada vez más de responsabilidades que no puede eludir. Sin embargo, no pretendemos tener respuestas seguras para todas las grandes interrogantes que nos asaltan. En esta era de la incertidumbre, debemos aprender a vivir a la intemperie, ya que no hay certezas totalmente protectoras. No exponemos hoy pues propuestas acabadas ni, mucho menos, cerradas. Son más una búsqueda que una conclusión, esbozan apenas un camino que queremos y necesitamos compartir con otros compañeros. Con ese propósito varios frenteamplistas hemos sumado ideas y diferentes experiencias, políticas y humanas.
Tenemos, por supuesto, convicciones: son las que se refieren a los compromisos éticos que constituyen nuestra razón de ser como militantes de izquierda. Queremos que nuestra vida tenga entre sus dimensiones fundamentales el accionar solidario y la búsqueda permanente de canales para que se expresen los que hoy no tienen voz. Creemos en la búsqueda colectiva, racionalmente orientada e impulsada desde abajo, de una sociedad igualitaria. Apostamos a los protagonismos plurales de la gente para la ampliación de la libertad y la democracia política y social en todos sus aspectos. Confiamos en el país.
No somos nostálgicos. Tenemos sí historia; la queremos en su grandeza, en sus tragedias, en sus generosidades; la asumimos en sus mezquindades. Pero no le pedimos permiso para pensar y para proponer. Porque los grandes momentos han sido construidos siempre con audacia, con valentía. Con fracturas.
Hay momentos que no volverán; son irrepetibles, pero nos han dejado enseñanzas imborrables. Recuperamos la libertad y la democracia porque los refugios y la resistencia tenían muchos colores; porque las banderas se abrazaron con grandeza; sobre todo, porque había una gran expectativa nacional que nos convocaba. Eso es lo que hoy nos falta, un proyecto nacional que convoque, entusiasme y galvanice las grandes energías del país.
Quienes han dirigido al país durante los últimos 30 años no han querido o sabido resolver ese desafío.
El Uruguay se acerca a lo que puede ser la cita con su destino. Si fallamos, la emigración de los jóvenes y el desaliento de todos signarán nuestro futuro. Pero podemos dar la talla, pues tenemos las mujeres y los hombres, las muchachas y los muchachos capacitados para aprender permanentemente, con ganas de crear y de trabajar juntos
Los trabajadores y sus organizaciones, a los que está ligada nuestra tradición y nuestra definición como izquierda, pueden y deben estar a la altura de los retos que debemos afrontar. Su capacidad para luchar por sus derechos y para innovar abrirá rumbos. La modernización del país será progresista y solidaria, o no será.
En todos los rincones del país, en las tareas más diversas, en las iniciativas, el sudor y las luchas de multitud de compatriotas, un país nuevo pugna por nacer. Que el desaliento no nos impida verlo. Y es tiempo de que tantos esfuerzos se vertebren en un auténtico proyecto nacional.
El Uruguay puede. Podemos, si elaboramos y concretamos un proyecto alternativo que asuma las tareas de la hora. Si aceptando los desafíos de esta nueva época, generamos un proyecto de reconversión productiva que al mismo tiempo logre derrotar la injusticia y la especulación parasitaria. Si aceptamos nuestra integración en el mundo y en la región con sentido dinámico de la historia pero con realismo. Si logramos enfrentar a los adversarios nacionales y extranjeros del país que quiere nacer. Si rompemos con la resignación y derrotamos al país de los que hacen la plancha en lugar de nadar.
Tal vez nos acusen de ilusos. Pero hoy la ilusión es una aventura valiosa, una navegación necesaria. Es una rebelión. Para esta rebelión contra el desaliento debemos apelar más que nunca a la libertad para pensar y para vivir. Libertad para criticar, debatir y proponer. Libertad para soñar y para construir.

CAPITULO I: El país que quiere nacer

Lo que podemos los uruguayos

Confiamos en el país: ese es nuestro punto de partida. Lo hacemos porque, mirando al presente y al pasado, vemos todo lo que somos capaces de hacer los uruguayos.
Pese al terror dictatorial, reconquistamos las libertades públicas. Supimos construir una gran concertación nacional para la recuperación institucional del país.
Durante la dictadura y después de ella, la sociedad uruguaya inventó nuevas respuestas colectivas a problemas viejos y nuevos, desde la solidaridad con los perseguidos y los desposeídos hasta la atención a los problemas específicos de los barrios y de las regiones postergadas, de las mujeres y de los jóvenes, pasando por los temas de la vivienda y de la producción. Diversos movimientos sociales, basados en el protagonismo de los interesados, despliegan una mayor capacidad de hacer cosas.
Los nuevos dinamismos de nuestra sociedad tienen mucho que ver con los nuevos papeles que asumen las mujeres cuya tasa de actividad en el Uruguay llegó a ser, a comienzos de los ´80, la más alta de América Latina.
Los sindicatos, enfrentados como en todo el mundo a grandes problemas, conservan una notoria representatividad y empiezan a desarrollar una estrategia removedora en materia tecnológica. Pese a quienes sostienen que lo colectivo pasó de moda, el cooperativismo, las organizaciones no gubernamentales y otras formas asociativas son parte cada vez más significativas del quehacer nacional. Si bien la inversión es crónicamente insuficiente varias empresas se arriesgan y entre ellas hay no pocas de primer nivel en ramas de punta. Desde comienzos de los ´60 hasta hoy, pese al deterioro de la enseñanza pública y a la caída de los ingresos, aumentó notablemente el nivel educativo medio de los uruguayos debido al esfuerzo que algunos sectores sociales han hecho por educarse más. La dictadura arrasó la estructura científica de país, pero su comunidad de investigadores construyó un Programa, el Pedeciba, que desde el exterior se considera un ejemplo para el Tercer Mundo.
Cuando se empezaba a afirmar que la gente ya no se moviliza, el movimiento pro-referéndum surgió para signar una época y para mostrar potencialidades que aún no han sido aprovechadas a cabalidad. Nos repiten que los jóvenes sólo atienden a lo individual, pero la movilización de la juventud universitaria marca la primavera del ´90 y en estos días reaparece para salvar al hospital de Clínicas.
Con sus últimas opciones electorales, la ciudadanía, que los escépticos tildan de conservadora, muestra su decisión de ensayar rumbos nuevos, y dibuja así un escenario de posibilidades más abiertas que nunca.
Los ejemplos podrían desarrollarse y multiplicarse. En el plano de la producción, de las costumbres y de la cultura, el país está cambiando y hay mucha gente que innova. La mejor prueba de lo que podemos hacer los uruguayos surge de la comparación entre las trabas del sistema y lo que, pese a tantas carencias y bloqueos, ya hemos sido capaces de hacer.

Un país pequeño en un mundo acelerado

En los últimos veinte años, el ritmo de los cambios en este planeta se ha acelerado vertiginosamente. Una nueva revolución científica y tecnológica trastoca todas las estructuras, abre nuevas posibilidades para los seres humanos y los confronta también con nuevos peligros, no sólo para los países menos desarrollados y las grandes masas desposeídas sino incluso para la supervivencia de la especie. Sus efectos son notorios en la redistribución del poder a escala internacional.
Esa revolución ya ha alterado sustancialmente las claves de la eficiencia productiva que se vincula cada vez menos con la rígida separación entre dirigentes y dirigidos, el autoritarismo de los primeros y el trabajo rutinario de los segundos, las jerarquías verticales y la gran producción repetitiva. Nuevos espacios se abren para la innovación, la flexibilidad y la participación.
Vista desde los países subdesarrollados, la revolución científico-tecnológica tiende a profundizar la brecha que los separa de los más desarrollados y desnuda la crisis de los modelos clásicos para el desarrollo, incapaces de resolver los problemas de la generación propia de tecnología, sin la cual no hay desarrollo autónomo. Si no resolvemos problemas de ese tipo, pasaremos del subdesarrollo a la marginalidad.
A su vez, un desarrollo tecnológico autónomo de nuestros países, al servicio de la justicia social, exige enfrentar factores de poder –geopolíticos, militares, de las multinacionales- que apuntan a la consolidación de la dependencia.
La expansión capitalista y el auge de las comunicaciones han acelerado la internacionalización de la economía y de la cultura. Crecen los contactos y las interdependencias entre países y pueblos. Ciertas tendencias similares se difunden por el globo, pero los tiempos favorecen también el cultivo tanto de las diferencias como de las reivindicaciones específicas étnicas, culturales, generacionales, de género. A nivel espiritual y cultural, asistimos a una verdadera explosión de la diversidad. Pero algo sustancial tienen en común corrientes muy distintas: expresan un ansia renovada de libertad, un rechazo a todas las dominaciones.
Las tendencias anotadas se manifiestan en la gran crisis del llamado “socialismo real”. Este se ha visto jaqueado tanto por las trabas que opone a la innovación técnica y social como por las crecientes aspiraciones a la diversidad y a la libertad. Los regímenes de ese tipo en Europa Oriental se fueron desmoronando en un proceso que culminó en 1989 con grandes movilizaciones populares.
Al mismo tiempo, el “capitalismo real” muestra su incapacidad para solucionar los problemas del desempleo y de la miseria, incluso en los países, más poderosos del mundo.
El panorama del presente alienta la pretensión imperial, expresada durante la guerra del Golfo, de un “nuevo orden” mundial con vértice en USA. Pero su actual predominio militar refleja su predominio técnico-productivo de ayer, no la situación de hoy, cuando los mayores dinamismos se observan en Alemania y Japón. Estos países no figuraban en las ecuaciones del poder hace algunos años. Muy pronto puede resquebrajarse la supremacía de quienes hoy se proclaman vencedores, pues las dominaciones estables son difícilmente compatibles con el ritmo y la complejidad de los cambios en curso.
Esas mismas dinámicas han agudizado en todas partes la problemática del Estado, visible en el resquebrajamiento del “socialismo real” y en las dificultades de tantos regímenes tercermundistas, pero también en la crisis del llamado “Estado de bienestar”. Ante ella, las derechas impulsan el “achicamiento del Estado”, que no es por cierto el de sus cuerpos represivos sino el de sus funciones sociales y de promoción del desarrollo técnico-productivo. Así, debilitan la capacidad de la nación y agrandan la injusticia de la sociedad.
La alternativa de las izquierdas no puede sustentarse, a contramano de la historia en una reivindicación del estatismo, sino que debe superar la paralizante oposición maniquea entre lo público y lo privado. Ante los nuevos desarrollos tecnológicos, las nuevas corrientes culturales y la crisis del “socialismo de Estado”, creemos que es la hora de la apuesta a la sociedad, a las iniciativas desde todos los niveles, a los protagonismos de diversos actores sociales, a la promoción de variadas formas de gestión, a la colaboración de un sector público eficiente y de orientación progresista con sindicatos, empresarios, cooperativas y todo género de expresiones colectivas.
Las claves de la época tienen que ver con la fluidez para comunicarse y sumar esfuerzos, con la capacidad de innovación de cada sociedad, con su flexibilidad para cambiar permanentemente, para superar la miseria y ser cada vez más libre, a fin de aprovechar las contribuciones del mayor número.
En esa perspectiva vemos las oportunidades de un Uruguay que debe, enfrentando innúmeros escollos, conquistar una inserción dinámica en el mundo de hoy, para que su gente pueda vivir como la gente.

La región como desafío

La internacionalización de la economía va de la mano con la creación de grandes espacios económicos. Las tendencias integradoras constituyen una respuesta necesaria a lo que se requiere, al presente, para constituir una base técnico-productiva mínimamente autónoma y eficiente, objetivo que aún grandes países no pueden alcanzar por sí solos.
Preciso es pues ensayar en América Latina nuevos caminos de avance hacia la integración, proyecto que en el pasado ha producido poco más que frustraciones, pero que constituye un mandato histórico cuya vigencia reafirmará el futuro. Su cumplimiento no puede quedar librado sólo a las gestiones diplomáticas o a la voluntad de algunas grandes empresas; corresponde promover el surgimiento de verdaderas redes de integración –a nivel de ramas de la producción, de la educación, de la cultura, etcétera- cuyos protagonistas sean los actores sociales directamente involucrados, los que en varios casos ya han establecido promisorios contactos a nivel regional.
En este contexto, la integración –productiva, comercial, cultural y social- de los países del Cono Sur debe ser un objetivo prioritario del FA y de todas las fuerzas progresistas del país. De ello depende hoy día el propio destino nacional.
Debemos ser conscientes que la actual formulación del Mercosur –limitada básicamente a un mercado común comercial y potencialmente, de capitales y fuerza de trabajo- está lejos de representar por sí sola un verdadero proceso de integración, como el que el Uruguay necesita para maximizar sus potencialidades, sobre todo en relación con sus dos grandes vecinos.
La forma en que se creó el Mercosur adolece de graves defectos que pueden costarle muy caro al país. Entre otros se pueden mencionar los plazos perentorios establecidos para la completa desgravación arancelaria –contradictorios con los ejemplos exitosos que se conocen-, la ausencia de acuerdos de integración productiva y de políticas sociales, el silencio sobre el área financiera, fiscal y monetaria, etcétera.
Todo ello hace más preocupante la política actual del gobierno uruguayo, contraproducente para el desarrollo productivo y en particular contraria a la que la experiencia internacional muestra como responsabilidades ineludibles del sector público en un proceso de integración.
Pese a ello, el proceso del Mercosur –más allá de sus incertidumbres- es un dato de la realidad. Las fuerzas progresistas deben jugar un papel activo de primera línea para su mejoramiento y transformación en un proceso de integración más ambicioso y fructífero para el país que queremos construir. Renunciar a proponer y negociar medidas concretas significaría aceptar una marginación contra la que se podrá protestar pero que, en los hechos, apenas dejará espacio para lo que no sea una resignada pasividad.
El desafío urgente del Mercosur puede estimular la convergencia de fuerzas progresistas en el marco de un gran esfuerzo nacional en pro de la reconversión productiva con equidad, de la dinamización del país a todos los niveles y de la construcción de una verdadera integración regional.

El Uruguay que imaginamos

Cuando el ritmo de los cambios se acelera, si no se quiere ser juguete del destino, es imprescindible intentar imaginar los futuros posibles y deseables; ellos deben iluminar la tarea cotidiana. Ciertas utopías pueden ser estériles; el realismo miope no lo es menos. Avanzar, con los pies en la tierra pero con la mirada en el horizonte, es necesario para que los caminos que hagamos al andar nos acerquen a donde queremos ir.
En esa perspectiva, nos imaginamos un país en el cual tradiciones variadas y experiencias disímiles se van vertebrando en torno a un auténtico proyecto nacional. Esto no puede consistir en un programa detallado ni, mucho menos, ser el patrimonio de un grupo cualquiera; tampoco ha de reducir la diversidad sino, por el contrario, favorecer su efectivo despliegue. Un proyecto nacional es más bien un confluencia cultural y de actores colectivos –políticos y sociales- en torno a ciertas metas generales y al tipo de vías para tender hacia ellas, lo que constituye el sustento de una voluntad colectiva de transformación.
Entre los pilares del proyecto nacional que se viene esbozando en las prácticas de muchísimos compatriotas figuran los siguientes: la rotunda afirmación de la democracia y de los derechos humanos y la voluntad de extender su vigencia, en lo institucional y en la vida cotidiana. La decisión inquebrantable de luchar contra el empobrecimiento y la degradación de la calidad de vida que se ha instalado en el país. La prioridad atribuída a la producción de bienes y servicios, mediante la revaloración del trabajo productivo; la tecnificación, el estímulo a la capacitación y a la participación en la gestión, como facetas de una apuesta a la solidaridad eficiente. La preocupación ecológica, ligada a la comprensión de que la calidad espiritual y ambiental de la vida en el Uruguay puede llegar a ser grande. La difusión de una atmósfera cultural adversa a los caminos trillados y, por el contrario, estimulante, a todos los niveles, para el trabajo bien hecho, la pluralidad y la innovación. La revaloración de las tradiciones ligadas a la defensa de la autonomía cultural y de la soberanía de la nación.
Nos imaginamos un país en el que un proyecto de este tipo va tomando cuerpo e incide con fuerza creciente en el surgimiento de una sociedad más equitativa y creativa, donde cada uno sea más libre para hacer su propia vida y las mayorías sientan que en el Uruguay vale la pena luchar.
Ese país que imaginamos lo creemos posible, porque si bien tiene por delante poderosos adversarios, vemos mil signos de que lucha por nacer.


CAPITULO II: Los adversarios del país que nace

La crisis endémica que vive el país tiene sus causas y sus responsables. El Uruguay tiene todas las condiciones naturales, humanas y geográficas para su desarrollo y para ofrecerle a su población condiciones de vida sustancialmente distintas.
El modelo mal llamado neoliberal es responsable del agravamiento, en nuestro país y en todo el continente, de una situación ya comprometida en las décadas anteriores por el fracaso del proceso de desarrollo. Es responsable del empobrecimiento creciente de nuestros países, del endeudamiento y la sujeción a los centros de poder financiero internacionales.
Este modelo está destinado exclusivamente a la exportación para los países del Tercer Mundo, pues los países desarrollados aplican políticas proteccionistas y sus estados intervienen de diversas maneras en el diseño de las políticas económicas, comerciales, financieras, mientras para nosotros se pregona la libertad absoluta del mercado. En realidad tendríamos que hablar de un modelo SUB LIBERAL: destinado a los países subdesarrollados.
La sociedad uruguaya ha cambiado negativamente al influjo de esta política que se viene aplicando con pequeñas variantes desde antes de la dictadura. Se han acentuado las diferencias sociales, crece la pobreza y la marginación mientras un pequeño sector de élite concentra cada día más los resortes del poder financiero.
En el plano económico los gobiernos post dictatoriales no han afectado en absoluto la continuidad del modelo y, con las diferencias obvias que impone la democracia, han insistido en un camino que no sólo es injusto para las mayorías nacionales, sino que se ha demostrado en el Uruguay y en otros países como un fracaso para el desarrollo.
Si bien el actual gobierno del doctor. Lacalle expresa con mayor crudeza el objetivo de una reformulación regresiva del país, dentro de los lineamientos del modelo subliberal, no debemos olvidar que las coincidencias y apoyos recibidos de parte de los sectores colorados corresponden básicamente a la continuidad de un política que también aplicó, con matices, el gobierno del doctor Sanguinetti. Esta realidad no debe simplificar los verdaderos procesos histórico-políticos nacionales y su potencialidad actual y de futuro: el batllismo y el nacionalismo verdaderos son adversarios del modelo subliberal.
Cualquier proyecto alternativo, para un auténtico desarrollo nacional, debe necesariamente romper con esta política subliberal y desplazar del poder a los responsables de su aplicación.
El imperialismo ha sido el creador, impulsor y principal beneficiario del modelo subliberal. La transferencia de recursos netos desde nuestros países se ha operado través de nuevas modalidades de dominación, en particular la deuda externa, que representa hoy una traba fundamental, para todos los países del continente, en el camino hacia un desarrollo independiente.
El subliberalismo fue afianzado en nuestra tierra por la dictadura. Cualquier expresión de nostalgia por un pasado autoritario, en particular de los sectores militares, representa no sólo un peligro para la convivencia civilizada del país, sino también una loza que aplasta las energías renovadoras y de progreso.
Para superar los obstáculos que levantan los adversarios del país que nace, debemos ensayar nuevas estrategias y propuestas.

CAPITULO III: Caminos de transformación

Una búsqueda plural

Queremos encontrar rumbos que le permitan al país salir de la frustración que padece desde hace décadas. Para evitar nuevos fracasos, tenemos que analizar logros y carencias de los diversos proyectos progresistas, ensayados dentro y fuera de fronteras.
La experiencia muestra que el cambio, en sociedades complejas, no puede ser impuesto desde un vértice cualquiera, sino que resulta de la articulación de esfuerzos, a variados niveles, desplegados por actores sociales y políticos que mantienen importantes márgenes de autonomía e iniciativa.
Un programa auténtico de transformación no puede pues consistir en un “paquete” de medidas, cuya adopción se le recomienda a la sociedad, sino más bien en la articulación y la síntesis de las experiencias más ricas y de las iniciativas más sugerentes, emanadas de sectores diversos, que signifiquen una contribución al proyecto nacional en gestación.
Las propuestas han de surgir, en consecuencia, de una búsqueda y de un diálogo plural, en el cual las buenas preguntas pueden ser tan útiles como las respuestas concretas, y éstas últimas están siempre sujetas a revisión.

La militancia en los años 90

No hay pues un tipo de militancia privilegiada, supuestamente destinada a dirigir a las otras.
Tan digna y potencialmente útil es la lucha política como la lucha por construir una cooperativa, promover una región marginada, reivindicar los derechos postergados de las mujeres y los jóvenes, sindicalizar a los trabajadores, entender un problema del país, generar un técnica, mejorar la producción de un bien o servicio, ensayar una estrategia educativa, promover una forma nueva de expresión cultural. En el fondo, cada una de ellas dará frutos sustanciosos sólo si las otras lo dan.
No podemos identificar la participación con las formas que ayer fueron exitosas; éstas pueden o no seguir vigentes, pero cada época inventa las suyas. Corresponde observar sin anteojeras las que son propias de los jóvenes, las que se vinculan al auge de las comunicaciones y a las nuevas sensibilidades. El compromiso ético no se mide por la adhesión a un tipo determinado de participación.
La lucha sirve si se despliega en muchos terrenos y si son muchos sus protagonistas.
Si se espera todo de la política, la frustración es difícil de evitar. Si se la abandona a unos pocos, los esfuerzos de muchos en otros espacios se desperdigarán al carecer de una instancia colectiva de articulación. La complejidad de nuestras sociedades no disminuye la importancia de la política y de la participación cívica, sino todo lo contrario, pues éste es el terreno de síntesis de todas las formas de militancia y participación. Así, la política adquiere una nueva dimensión. La cultura política de la izquierda debe incluir una noción genuinamente plural de las formas de militancia. En particular, ello hará posible una jerarquización efectiva de los temas que preocupan concretamente a sectores diversos, así como una profunda transformación de las formas de hacer política, ampliando los canales de participación y consulta. Todo esto no disminuye sino que realza las responsabilidades de las direcciones políticas, para captar y sintetizar la pluralidad de formas de expresión de la sociedad.

La reconversión productiva

No mejorarán las condiciones de vida de los uruguayos postergados sin un sustancial incremento, en cantidad y calidad, de la producción nacional. Esta tiene que ser competitiva a escala internacional, para que el país pueda crecer y atender las necesidades básicas de su población. La izquierda es una apuesta a un tipo de desarrollo sustentado en el trabajo colectivo, solidario y eficiente. No es un proyecto para la redistribución de la pobreza sino un auténtico proyecto de crecimiento.
La reconversión productiva con incorporación de progreso tecnológico debe ser una prioridad nacional. Hasta ahora ha sido desatendida, en aras de los privilegios otorgados al sector financiero y al servicio de la deuda externa, sin que la servicial conducta ante los acreedores haya beneficiado al país. Una inversión radical de prioridades es imperiosa. Sin ella, la desaparición de las barreras arancelarias para la importación desde los países vecinos puede devastar nuestro aparato productivo.
Esas tareas sólo pueden ser encaradas en un contexto estable de economía mixta –en el que se promueva la pluralidad de formas de propiedad y de gestión- a partir de la concertación entre el sector público, los productores y los trabajadores.

Las urgencias sociales

Viven en la pobreza la cuarta parte de las familias urbanas, a las que pertenecen el 40 % de los menores de 15 años; más de la mitad de los niños pobres de menos de 5 años tienen peso y talla significativamente por debajo de lo normal; la mortalidad infantil en los estratos más pobres es promedialmente el triple que en el resto de la población. Pero el gasto público en salud es apenas superior a la mitad del gasto militar.
La vida cotidiana, jaqueada tanto por la falta de empleo como por el multiempleo, no abre espacios para pensar y crear.
En esas condiciones, se pierde tanto la batalla por la justicia social como la batalla por el desarrollo. Ya es tiempo de comprender que los recursos dedicados a subsanar las principales carencias de la población no son, propiamente hablando, un gasto sino una inversión.
Pero una inversión sirve si se la ejecuta bien. En este caso, ello tiene que ver con la eficiencia del sector público -vale decir, con la reforma del Estado- y también con una transformación de las políticas sociales. Estas tienen que ser ágiles y específicas, definir precisamente los sectores a los que se pretende llegar y los objetivos a lograr, podar burocracias y apoyarse en las diversas formas de gestión colectiva.
Por ejemplo: el desempleo femenino duplica al masculino, y más de la mitad de los desempleados tienen menos de 25 años; de estos últimos, alrededor de la mitad son jóvenes escasamente calificados, que por ende tienden a la desocupación crónica, vale decir, a la marginación. La priorización de los gastos y la concertación de esfuerzos para el desarrollo de la infraestructura social y la capacitación laboral de los jóvenes atacaría pues una vasta problemática social, recuperaría para la producción a compatriotas en la edad más fructífera y afrontaría una de las causas mayores del descreimiento en el país.
En el Uruguay ya se hace visible, y tiende a ampliarse, una división material y cultural entre sectores modernizantes y sectores de tipo más tradicional. Los primeros mejoran su situación, adaptándose a la modernización en curso –limitada, poco eficiente, inequitativa- mientras que los otros van quedando al margen, pagando sus costos y sintiendo que su desaliento crece. Esa brecha, si se consolida, será nefasta tanto para el desarrollo del país como para su clima espiritual.
No hay tarea más urgente para las izquierdas que luchan eficazmente contra esa brecha. Por un lado, hace falta impulsar una modernización que sea auténtica porque le abra cada vez más espacios a la gente, en lugar de agravar la marginación. Al mismo tiempo, es imprescindible concentrar esfuerzos en una inmediata lucha de emergencia contra la pobreza y sus consecuencias.

Radicalización de la democracia y nuevas dimensiones de la libertad

Este subtítulo alude a grandes aspiraciones que signan la atmósfera espiritual del mundo contemporáneo. En el Uruguay, se han hecho aún más sentidas a partir de la dictadura y de la lucha contra ella. Hoy soportamos bastante menos que antes cualquier tipo de verticalismo o autoritarismo, y sabemos bastante mejor cómo enfrentarlo.
Radicalizar la democracia lleva a luchar permanentemente por hacer más efectiva la vigencia de los derechos humanos y más auténtica la participación ciudadana en las decisiones políticas. Pero también lleva a luchar por la extensión de la democracia y la igualdad a los ámbitos de la información, del trabajo, del consumo y de la vida familiar.
La radicalización de la democracia se vincula pues con la promoción del desarrollo local, de la descentralización y de las autonomías municipales. Con la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, públicas y privadas. Con los derechos de los consumidores. Con el acceso a la información y la multiplicación de las posibilidades de expresión. Con la redistribución de los poderes de decisión, que esta sociedad concentra en las manos de pocos, ubicados casi todos entre los 30 y los 60 años.
Se trata de metas plurales, para cuyo logro es imprescindible la lucha organizada de los directamente involucrados, y también la colaboración de un sector público, eficiente, encabezado por un gobierno progresista.
Tales metas tienen que ver con la ampliación de la libertad: de las mujeres, a partir de una mayor igualdad entre los sexos en la vida familiar, el cuidado de los hijos y el acceso a responsabilidades; de los jóvenes, en relación a la diversificación de oportunidades y a la lucha contra las jerarquías esclerosadas; de los viejos, para evitar que se les margine del disfrute de la vida y de la posibilidad de aportar sus experiencias; de todos, para decidir acerca del ambiente en el que viviremos, evitando que decisiones cupulares –la de instalar una central nuclear, por ejemplo- lo afecten irreparablemente.
La gran meta colectiva de la recuperación de la democracia uruguaya y las libertades públicas dinamizó a nuestra sociedad a comienzos de la década pasada. En ésta, la aspiración de ampliar la libertad y la democracia orientarán las luchas cotidianas y la construcción del futuro.

CAPITULO IV: Hacia la construcción de propuestas

Porque nuestro esfuerzo va dirigido a la construcción es que formulamos la siguiente serie de ideas para la acción futura del Frente Amplio, sin ninguna pretensión exclusivista: nuestra máxima aspiración es que estas propuestas embrionarias sean corregidas y enriquecidas con nuevos aportes e ideas. La gente nos reclama, cada día más, propuestas concretas y sugerencias variadas en relación a las diversas responsabilidades que tiene el FA como protagonista de la vida nacional.

1. El proyecto necesario

La primera tarea de la izquierda uruguaya es responder al
desaliento con la elaboración de un proyecto posible, pero sobre todo justo para nuestro país. No pensamos en un largo decálogo de
diagnósticos y frustraciones sino en un cuerpo de ideas, con amplio respaldo en las diferentes experiencias sociales populares. Un proyecto que no sea propaganda y voluntarismo, sino un ejercicio de política real, volcada a la búsqueda de los caminos posibles para sacar al país adelante.
Tenemos que empezar cuanto antes a construir la “maqueta” del Uruguay que imaginamos, por el que ya trabajamos y en cuya edificación quizás tengamos responsabilidades decisivas a partir de 1995.

2. La Intendencia de Montevideo como responsabilidad fundamental

El desarrollo de esta experiencia, aún embrionaria, debiera ser responsabilidad central de toda la izquierda. De los resultados de su gestión, de su relación con los ciudadanos y también con sus trabajadores, de las imágenes políticas y humanas que proyecte dependerá grandemente el futuro político nacional.
Mucho ha hecho este gobierno municipal, que constituye sin duda un avance importante respecto a las anteriores; así lo ve la gente. Pero mucho queda por hacer. Los puntos de referencia deben estar dados por el proyecto de una ciudad diferente, en sus obras, en sus servicios, en el protagonismo democrático de la ciudadanía, en la participación de los funcionarios municipales, en las prioridades sociales, en la transparencia de la administración.
Los montevideanos tienen en sus manos la posibilidad de construir otras formas de relación con las instituciones, generando una cultura de gobierno democrática, capaz de desterrar el clientelismo, el amiguismo y otras formas parasitarias que atacan la eficiencia del Estado.
La participación de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, de jóvenes y viejos, de los sin techo, de los carenciados en todos los sentidos, no tiene una única estructura de articulación.
Pero es sólo desde esta pluralidad de sujetos e intereses, muchas veces en tensión, que la profundización de la democracia se convierte en un desafío de hoy.
Para lograr tales metas creemos importante:
1. Reformar profundamente la estructura de la Intendencia,
realizando una efectiva desconcentración orientada a una mayor eficiencia, lo que incluye mejores condiciones para el trabajo y la participación en la gestión de los funcionarios municipales.
2. Combatir a todos los niveles la burocratización, el peor
Enemigo de todo proyecto renovador.
3. Promover nuevas formas de organización del trabajo por
programas, que atiendan a las necesidades integrales de la población y posibiliten la participación de ésta en las definiciones de gobierno.
4. Evaluar el desempeño de los cargos políticos sólo según su
capacidad y las necesidades de la gestión, sin tener en cuenta la interna frenteamplista.
5. Incorporar en breve instancias de definición electoral a las
formas de representación democrática de los vecinos, para que el proceso de descentralización no se refleje sólo en la gestión a nivel de cada barrio sino también en la radicalización de la de democracia.

3. Las reformas urgentes

Corresponde impulsar desde ya, a nivel popular y parlamentario,
cuatro grandes reformas que el país requiere.

La Reforma Política para construir un gobierno de mayorías.
El actual régimen presidencialista no estimula la formación de mayorías gubernamentales estables, pero aviva la tentación autoritaria. Quienes temen el avance de las izquierdas promueven un reforma constitucional que garantice mayorías parlamentarias al gobierno, a través de la supresión de la representación proporcional. Frente a esa iniciativa retrógrada, no corresponde defender este régimen frágil y poco eficiente, surgido de la Reforma “Naranja”, sino propiciar una reforma de signo opuesto, que favorezca la conformación de gobiernos de mayorías reales, programáticas y electorales.
Profundizar la democracia lleva a promover un régimen de características más parlamentarias –en el cual el gobierno responde a la representación mayoritaria de la ciudadanía-, una reforma electoral que aumente la libertad del elector así como la correspondencia entre su voto y su voluntad, y una legislación de partidos políticos que haga más transparente el funcionamiento de los mismos.
Esa triple reforma política requiere una reforma Constitucional en serio, la que a su vez sólo podrá concretarse como fruto de iniciativas plurales, capaces de recoger propuestas de orígenes variados. La reforma debiera ofrecer la ocasión para un gran debate nacional, alejado de las pujas por cargos gubernamentales. Y los trabajos en pro de la reforma pueden constituir, en sí mismos, un importante paso hacia la conformación de una nueva mayoría.

La reforma del Estado

Somos partidarios de la reforma del Estado. Ante la privatización cerril, no nos acantonamos en la defensa de un aparato vetusto, pervertido por el clientelismo, que ahoga los dinamismos de la sociedad y atiende mal las carencias de la población.
Rechazamos sí la propuesta falaz de “achicar el Estado”. El sector público representa poco más del 20 % de la actividad nacional –según el indicador que se elija- lo que no es más de la mitad de lo habitual en Europa Occidental, incluso tras la gestión de la señora Thatcher. Nuestro Estado no es grande; se parece más bien a un gordito debilucho. Urge deshincharlo y fortalecerlo.
Corresponde, en primer lugr, terminar con las cuotas políticas en los directorios de los entes y organismos descentralizados, nombrando en cada área personas capacitadas para gestionar los bienes del Estado –que son de todo el pueblo- con espíritu público y dinamismo empresarial.
Conviene asimismo que el Estado se desprenda de multitud de cometidos periféricos, que no tiene por qué desempeñar y para los cuales otras formas de gestión pueden ser más adecuadas.
Tiene, sin duda, que achicar aparatos hipertrofiados, de los cuales el militar –con sus 450 coroneles- constituye el mejor ejemplo. Urge que descentralice y desconcentre su funcionamiento, como se esfuerza por hacerlo la Intendencia de Montevideo.
Paralelamente, el sector público debe alcanzar un desempeño mucho más activo y eficiente en áreas que –como la salud, la educación, la vivienda y el progreso tecnológico, entre otras- son esenciales para la vida de la gente y para el desarrollo del país.
Un paso en la mala dirección –como se puede demostrar analizando la historia de la electrónica y las telecomunicaciones en el Uruguay- lo constituye la disminución de la capacidad estratégica de Antel. Empresas de ese tamaño y tan neurálgica ubicación pueden, si son dirigidas con vocación por construir la nación, desempeñar un papel fundamental para el desarrollo de la industria y la tecnología en el país.
El funcionamiento de la administración pública debe ser modificado; por un lado, hay que premiar al personal eficiente y penalizar las conductas de signo opuesto; por otro, urge podar esa burocratización que recarga a ciudadanos y usuarios con tanto trámite superfluo.
Ahora bien, ninguna buena reforma del Estado se hará realidad si se la plantea como un ataque a sus empleados. Un sector público diversificado y ágil sólo puede ser construido a partir de propuestas que tengan en cuenta el interés material y moral de los funcionarios de la nación, y que los involucren directamente. También aquí la participación es imprescindible para la eficiencia y la democratización del Estado.

La reforma de la educación

En el siglo XXI, el lugar de cada país en el mundo y las condiciones de vida de su población dependerán grandemente de que logre o no ofrecer a la gran mayoría de su gente una educación permanente de calidad, a nivel avanzado.
Aquí tiene el país por su rica tradición educativa y por el esfuerzo que los uruguayos hacen por educarse, una de sus grandes oportunidades. La aprovechará si comprende no sólo que su sistema de enseñanza está muy deteriorado sino que ha llegado a ser anacrónico y requiere urgentemente una reforma a fondo. Cuando alrededor del 50 % de los matriculados escolares no es capaz de asimilar nociones básicas, la brecha social que ello supone no admite demoras. El sistema educativo tiene que volver a ser un factor unificador de la sociedad.
Por supuesto, la reforma es inviable sin la decisión de invertir seriamente en la educación, vale decir, en la preparación del futuro. Al presente, el gasto público en educación es aproximadamente los dos tercios de lo que era en 1967 y equivalente a lo que se entrega al aparato militar.
Gastar más en la enseñanza es imprescindible, pero de por sí completamente insuficiente.
Hay que priorizar la atención a los preescolares, entre otros motivos porque las desigualdades que surgen en l primera infancia son rápidamente amplificadas debido a que el porcentaje de los niños de familias de bajos ingresos que reciben educación preprimaria es varias veces inferior al de los otros. Para avanzar hacia la igualdad de resultados, hay que tratar de manera distinta las situaciones desiguales. Hay que aumentar sustantivamente las horas de clase a nivel primario y medio. Hay que apoyar el desarrollo universitario.
También hay que modernizar contenidos y métodos de la enseñanza a todos los niveles, a fin de que ella pueda cumplir con tres objetivos básicos: preparar para el trabajo, ofrecer elementos para una ubicación consciente ante el mundo de hoy, capacitar para seguir aprendiendo toda la vida.
La cultura nacional ha sido –por sus valores humanos, la riqueza de su producción, sus convicciones democráticas, su ingenio creativo- una fuerza espiritual insustituible. Un proyecto auténticamente nacional y renovador debe rescatar, promover y desarrollar esos valores culturales. Esta visión se enfrenta con toda convivencia cómoda con la mediocridad, la mezquindad y la burocratización de la cultura. La cultura es sobre todo renovación, audacia y dinamismo.
En este contexto, la tradición educativa del país, la valoración que la gente tiene de la enseñanza y la capacidad de entrega de tantos docentes hacen posible que el Uruguay se piense a sí mismo a través de un proyecto educativo de largo plazo, orientado a ofrecer educación de alto nivel a la mayoría de la población. El camino hacia ello pasa por la creación de una alianza para una segunda reforma de la educación.

La reforma tributaria

El Frente Amplio trabaja ya hacia una reforma que redistribuya de manera a la vez más justa y más eficiente las cargas impositivas. Se apunta a que los impuestos al patrimonio, a la renta y a la herencia, establecidos con criterio progresivo, vayan adquiriendo importancia creciente, y permitan reducir sustancialmente el paso regresivo de las contribuciones indirectas, que son comparativamente más gravosas para los sectores de menores recursos. Ello debe hacerse realidad a través de un proceso que permita ir conformando una estructura administrativa eficiente. La experiencia internacional demuestra que ese tipo de impuestos personales puede llegar a configurar más del 50 % de los ingresos tributarios, sin afectar la inversión, siempre y cuando una buena administración evite la competencia desleal de los que no pagan y asegure que no son pocos los que pagan.


4. La estrategia política

La clave para afrontar los problemas políticos que tenemos
por delante radica en la construcción de un amplio respaldo social y político para el proyecto transformador de signo progresista, enfrentado al proyecto transformador subliberal en curso.
Nadie puede resolver por sí mismo los problemas de esta grave y augural encrucijada nacional. No se trata sólo ni principalmente de un problema de alianzas, sino de definir los alcances de las tareas históricas que el país debe afrontar. Si no comenzamos ahora a trabajar en esa dirección, con la mayor amplitud e inteligencia, sin cuentas menores que saldar que no sean las cuentas con el Uruguay, estaremos preparando una nueva y grave frustración. Hay energías y voluntad de cambio, existe una gran reserva moral en sectores amplios del espectro político nacional y en amplísimos sectores sociales. La coincidencia en 1995 del cambio de gobierno y la culminación de la integración regional le confiere a esta tarea una urgencia redoblada.
Es en esta perspectiva que encaramos los problemas que, ante el avance del proyecto popular transformador, suscitarán los nostálgicos de la dictadura, y de los que son un índice ciertos discursos políticos de militares en actividad, típicos del mesianismo castrense: será la amplia confluencia de mayorías sociales y políticas que les cerrará el paso.

5. La omisión de la cuestión militar

Los uruguayos no hemos encontrado aún el camino para resolver aspectos fundamentales de la cuestión militar. La definición de las FFAA que necesita el país, de sus funciones y características, no forma parte del debate público, ni a nivel político ni al académico civil. En ello todos tenemos responsabilidades que asumir, aunque las mismas tengan motivos y magnitudes muy diversas.
Los sucesivos gobiernos han tenido como actitud expresa la de evitar que los temas militares integraran el intercambio democrático de ideas. En los últimos años, especialmente durante la administración Sanguinetti, se ha transformado ese “tabú” en un arma de negociación y/o de presión. En general, los políticos y los programas partidarios no hacen referencia expresa a la misión que le cabe cumplir a las FFAA en nuestro país. El Frente, si bien se ha ocupado permanentemente del tema y elaborado al respecto planteos teóricos correctos, no lo ha abordado como conjunto en profundidad. En el ámbito de la investigación civil, se conocen poquísimos trabajos al respecto, en clara contradicción con la dimensión del asunto militar.
Ahora bien, no contribuimos a salvar la omisión discutiendo la vinculación FA-FFAA, enfoque que supone una confusión en materia institucional, ni polemizando con los militares. El debate es con la ciudadanía toda. Blancos, colorados, nuevoespacistas y frentistas deben confrontar enfoques sobre la noción de “Defensa Nacional” en el marco del proceso integrador.
El momento, la forma y el espacio más apropiado para ubicar las cosas en su lugar, sin misterios ni traumas, es la discusión de una nueva ley orgánica militar. La vigente proviene de la época dictatorial; su continuidad es inadmisible. Esta discusión pública sobre la política de Defensa Nacional arrojará luz, además, sobre objetivos, esctructura, presupuesto, técnicas y aspectos operacionales de las FFAA.
Los doctrinarios de la “seguridad nacional” nos han impuesto la identificación del concepto de “seguridad” con su versión militarista, impulsada por el intervencionismo norteamericano, que tan trágicas consecuencias tuviera para nuestro pueblo. Pero la Constitución de la República alude a un muy otro concepto de seguridad cuando establece en su artículo 7: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie podrá ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. Se trata de definir adecuadamente este concepto de seguridad –que para nosotros es fundamental- como un sistema de garantías para los derechos del individuo y la sociedad.
Corresponde ratificar aquí una posición a la que está ligada toda la historia del Frente Amplio: no puede haber respeto por los derechos humanos si no es en democracia, pero ésta sólo será plena en tanto haya una vigencia irrestricta de aquéllos. Los derechos humanos incluyen a los de carácter individual y político, pero también a los que surgen de la ubicación del individuo en la sociedad – derechos económicos, sociales, culturales, ecológicos y los de la sociedad como tal- la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial, etcétera. En este plano, la “seguridad”, entendida como garantía de los derechos humanos en su más vasta acepción, constituye un objetivo esencial. De ese concepto, que por definición no puede ser agresivo frente a los derechos a preservar, surge el papel de las FFAA: la defensa exterior de la nación, bajo la conducción política de su gobierno.

6. La integración y el Mercosur

La integración, y más concretamente el proceso en marcha del Mercosur, es un terreno más para la confrontación –de ideas, de iniciativas, de prácticas- entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas.
La posición del FA sobre este tema, que respaldamos plenamente, debe ahora generar el protagonismo y la toma de iniciativas, no una actitud de expectativa.
El país debe recurrir a todas sus energías para abordar el desafío de la integración y tratar de expandirla a otras áreas económicas y sociales.
Para ello deben desarrollarse desde ya políticas activas, en cuya formulación deben participar todos los actores implicados, incluyendo los sindicatos y los pequeños y medianos empresarios, sin duda los sectores que arriesgan pagar los más altos costos en el corto plazo.
En primer lugar, debe proponerse la creación de un organismo ejecutivo, del más alto nivel, para la promoción de la reconversión productiva y la elaboración de políticas específicas a largo plazo para cada rama de la producción, incluyendo políticas de reciclaje y de seguridad social para los trabajadores. Para ello cabe tener en cuenta las experiencias de otros países. En este proceso una política crediticia renovada y de inversión pública es esencial. Debe ampliarse la negociación regional a los problemas técnicos, sociales y jurídicos del empleo y la seguridad social. El FA, además de formular estos y otros reclamos a nivel nacional, tiene que crear rápidamente estructuras propias de asesoramiento y apoyo al proceso de reconversión productiva y de preparación para la integración.

7. La emergencia social

Empeño especial, concentrado y urgente requieren varias cuestiones que hoy laceran a la sociedad uruguaya.
En primer lugar, la desocupación; sus niveles actuales, su crecimiento y la amenaza de cierre de varias empresas plantean la necesidad de buscar y sobre todo de encontrar soluciones urgentes. Este flagelo influye sobre toda la vida de la sociedad, aumenta la emigración y la marginación, golpea a los sindicatos en su capacidad de lucha y negociación. Esta cuestión, que se entrelaza con los problemas del salario y de la jubilación, demanda una gran sensibilidad política y la búsqueda de soluciones diversas, que deben vincularse a la reconversión productiva. Al respecto, varias iniciativas pueden ser promovidas, tanto por la Intendencia de Montevideo como por el propio Frente Amplio. Corresponde, por ejemplo, ligar el seguro de paro a la recapacitación de los trabajadores para mejorar sus perspectivas ocupacionales. En este aspecto debemos tener iniciativas para ayudar a la reconversión de las empresas – que necesariamente constituyen el soporte del proceso productivo- a nivel tecnológico, de la formación de cuadros y en los más variados aspectos.
Entre otras cuestiones no menos urgentes figura la de la vivienda. Sabemos que su solución requiere transformaciones de carácter estructural. Pero sus peores consecuencias pueden ser atendidas desde ya: ¿no es posible acaso que gobierno, municipios, actores sociales y políticos sumen esfuerzos para que en el Uruguay no haya gente viviendo en la calle?

8. La comunicación y la información

En el mundo moderno no hay posibilidad de un auténtico proceso democrático sin una información y comunicación democráticas. En el Uruguay estamos muy lejos de ello, y existe el peligro de una seria degradación, si la información queda librada simplemente a las fuerzas del mercado. El FA debe participar –junto a los actores sociales y culturales, y a los operadores del sector- en el diseño e impulso de los principios éticos y profesionales de nuevos modelos informativos, a nivel de todo el país. Esto también tiene directa relación con el Mercosur, que puede representar un agravamiento sustantivo de la situación.
En la elaboración, urgente e impostergable, se debe tener en cuenta las nuevas tecnologías, los nuevos actores y temas de la información y la comunicación. Para asegurar una respuesta positiva, debemos erradicar toda visión nostálgica y aceptar el reto de la nueva época también en este sector clave.
Sólo a partir de este empeño el FA podrá elaborar su propia estrategia de comunicación e información, que es hoy absolutamente insuficiente, para las tareas actuales y sobre todo para los objetivos políticos que se propone. Necesitamos una propuesta de comunicación frenteamplista que no desperdigue ni desperdicie esfuerzos, abierta y pluralista, de alta profesionalidad y dirigida a todo el país. No hay ningún gran proyecto político sin un buen proyecto de comunicación e información.


9. Un proyecto para todo el país: el Interior

La larga crisis que vive el país es también la del agotamiento de un modelo de acumulación territorialmente centralizado en torno a Montevideo y su región circundante, que, en la décima parte del territorio –en un radio de 100 km. Desde la capital- concentra el 70 % de las unidades económicas no agropecuarias y los dos tercios de la población. Este modelo ha acumulado graves disfuncionalidades, tanto en la región metropolitana como en la base agropecuaria y urbana del “interior”, la producción familiar agropecuaria ha entrado en un proceso de desestructuración que se ha vuelto vertiginoso en los últimos quince años, mientras que en la parte urbana del “interior” la población aumenta más rápidamente que la oferta de empleo y hay una marginación social que crece, agravada por la notoria insuficiencia de los recursos volcados a los servicios básicos.
La extrema relevancia de estos temas le impone a la izquierda una elaboración programática de carácter global, es decir, nacional. Esta es una comprobación autocrítica. No se trata de reelaborar nuestra política a partir de cálculos electorales, sino de comprender que no hay ninguna posibilidad de renovación del país sin la participación activa de todos sus sectores, incluyendo naturalmente el interior, y el campo en particular.
No necesitamos una política especial hacia el interior, sino una gran política de alcance nacional.
Esto se refiere a la elaboración programática, a las formas de participación y al conocimiento de los temas específicos así como al protagonismo en la reconversión productiva de importantísimos sectores del interior.
Necesitamos distribuir los recursos, las fuerzas humanas y políticas, los medios de comunicación e información, los recursos económicos y financieros del Frente Amplio con un auténtico sentido nacional.
Es confiando en toda la gente de nuestro país, en su capacidad de búsqueda y renovación, sin recetas, a partir de su propia experiencia, es que iremos dando forma a una propuesta verdaderamente alternativa de país. Puede resultar que los que hoy miran al interior como la reserva de conservadurismo para sostener sus proyectos reaccionarios terminen sorprendidos.
Así se plantea uno de los principales desafíos de nuestro segundo Congreso.

10. Los problemas globales

En el mundo moderno, cualquier proyecto nacional debe considerar y definir su actitud y sus propuestas en relación a los grandes temas globales. En este sentido es que creemos que el FA debe volcar su atención a cuestiones tan centrales como las siguientes.
-La ecología. No se trata de promover sólo una actitud defensiva ante la creciente agresión al medio ambiente, sino la construcción de una nueva filosofía de la relación entre el hombre y la naturaleza. Impulsar la información y el conocimiento de los distintos temas que atañen a esta área es una tarea de primer nivel, a desarrollar en conjunto con las organizaciones especializadas del Tercer Mundo, ya que muchas son en este terreno las amenazas que confrontan muchos países de la periferia. La Conferencia Internacional de Río de Janeiro en 1992 será un momento muy importante. Pero en este capítulo nosotros pensamos en una batalla en todos los frentes: legislativo, político, educativo, cultural, etcétera. La Intendencia de Montevideo tiene un gran papel a desempeñar en este tema.
-La calidad de vida. Es prioritaria la creación de una conciencia relacionada con la calidad del consumo, lo cual ayudará no sólo a mejorar el nivel de vida sino también la calidad de la producción. Para ello el respaldo legislativo y normativo –a nivel departamental, nacional y, ahora, regional- es imprescindible.
-La infancia. La insensibilidad ante los gravísimos problemas de la infancia en nuestro país y en el mundo nos conduce irremediablemente a la degradación de todas las formas de solidaridad social.
El FA debe priorizar todas las iniciativas positivas en defensa de la niñez. Es necesario un plan de emergencia y de intervención rápida, con respaldo nacional e internacional, y con la más amplia participación de los sectores sociales y políticos.


11. Los jóvenes

Si la izquierda no emite señales claras y creíbles de que se está
renovando, no convocará a los jóvenes; si no convoca a los jóvenes, se privará de una de las principales fuerzas renovadoras.
El veredicto de la juventud no se hace esperar; sus juicios son claros y también plásticos y flexibles, como la realidad misma. Sus señales deben ser recogidas por el FA:
a) Es necesario construir una identidad común de los jóvenes
frenteamplistas, con espacios de expresión y organización en el seno del Frente, y con capacidad de comunicación tanto a nivel departamental como del Interior. Los jóvenes son capaces de superar vallas y alambrados que durante demasiado tiempo han dificultado el pensamiento y la acción del FA.
b) La dirección frentista debe tener la audacia de asumir las
reivindicaciones de los jóvenes, siempre cuestionadoras, y proyectarlas en el escenario político. Más en general, es preciso apoyar a la juventud cuando ésta se propone elaborar autónomamente su proyecto de inserción en la sociedad.


12. La mujer

La situación de opresión y marginación de la mujer ha sido uno de los emergentes en la conciencia pública del Uruguay posdictatorial. Esto constituye en particular un desafío para la izquierda. La mujer, como sujeto social y político, irrumpe con una nueva cultura y una subjetividad no expresada en la política de todos los días.
Un FA de hombres y mujeres supone un cambio radical del discurso y la práctica. Supone reconocer que el género humano se compone de hombres y mujeres en condiciones sociales, humanas y subjetivas desiguales. Supone asumir que la dirigencia política sigue siendo masculina y tiene dificultades, desde su parcialidad e individualidad, para escuchar, entender y asumir el pensamiento inédito de las mujeres como nuevos sujetos sociales y políticos.
La mujer participa crecientemente en la vida económica del país, pero lo hace en gran medida por vías informales, por lo cual frecuentemente no tiene acceso a los seguros de salud, a la seguridad social y a la negociación salarial. Esto lo hace más pobre entre los pobres. Urge por todo ello incorporar al pensamiento colectivo la conciencia de que sobre la mujer –cada vez en mayor porcentaje jefa exclusiva del hogar- ha caído tradicionalmente la responsabilidad por los niños, los jóvenes y los viejos, la que se suma a sus nuevos papeles laborales.
Se hace así impostergable una gran batalla para la dignificación de la mujer, lo que incluye tareas como las siguientes:
1. Desarrollar una campaña efectiva que sensibilice contra la
violencia hacia la mujer y los niños.
2. Eliminar la discriminación salarial de categorización y de
acceso al empleo.
3. Desarrollar políticas sociales específicas que aseguren la
infraestructura social que atiende la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, entendido este fenómeno no sólo como necesidad económica, sino como un derecho inalienable de opción personal.
4. Reconocer los espacios autónomos de las mujeres –aún en las
estructuras políticas- como ámbitos necesarios para desarrollar y fortalecer su presencia social y política.

13. Formación de cuadros

El éxito de buena parte de estas iniciativas –particularmente
en la eventualidad de futuras responsabilidades gubernamentales del FA- depende en una medida importante del nivel de sus cuadros. También en el perfil y características de los dirigentes políticos se han producido en esta época modificaciones rápidas y profundas. Sobre la base de l realidad cultural, educativa y profesional con l que cuenta el país; el FA debe encarar con urgencia, y poner en práctica, variados mecanismos de formación. Esto es particularmente necesario para conformar sus equipos técnico-políticos. Para ello será preciso recurrir a nuevas formas de capacitación, a nivel nacional e internacional, en variadas disciplinas. También en esta cuestión correspondería coordinar los esfuerzos dispersos que ya se están realizando.
Las claves serán siempre la libertad de pensamiento, la capacidad técnico-profesional y la pluralidad de ideas puestas al servicio de los grandes objetivos políticos e históricos.

14. La iniciativa internacional

El FA debe abordar con mayor dinamismo el relacionamiento
internacional y la definición de su política en este ámbito, buscando contactos, cooperación e intercambio de ideas y de iniciativas con un amplio espectro de fuerzas democráticas en todo el mundo.
Ninguna gran fuerza política puede excluirse del debate y de la actividad internacional, ni disminuir su participación en ese escenario. Para ello hace falta un seguimiento especializado de los temas cardinales y de las distintas áreas, así como priorizar objetivos, como los vinculados a la integración subregional y al protagonismo conjunto de Latinoamérica en el nuevo escenario universal. Sin confundir la política externa del país con la del FA como tal, corresponde colaborar a la construcción de una política de Estado, de la nación entera, para las relaciones exteriores.

15. La estructura del FA

Sería particularmente negativo sumergir al FA en un debate
estructural en estos momentos en que necesitamos iniciativas políticas en todos los terrenos.
Pero tampoco podemos obviar el tema. Forma prte de la discusión de las necesidades futuras del Frente.
No podemos estar bloqueados permanentemente por los vetos cruzdos en materia de estructura. Asumimos el doble carácter del Frente como coalición y movimiento, y cualquier propuesta estructural deberá tener en cuenta estas características junto con l diversidad y pluralidad de opiniones, pero también la necesidad de acción y definición del FA en todas las circunstancias. Llegar al gobierno nacional, y sobre todo pretender ejercerlo, en las actuales condiciones estructurales sería extremadamente difícil, aunque tenemos bien claro que no se debe confundir al Frente con sus responsabilidades estatales.
Asumir tales responsabilidades, supone la existencia de una estructura dinámica, capaz de elaborar teórica y prácticamente las respuestas a los desafíos de cada momento, sin coartar la creatividad y la necesaria eficiencia. Al mismo tiempo, la pluralidad del FA –y la riqueza que esto supone- requiere reglas de juego democráticas explícitas que la salvaguarden en los hechos.
Es por todo ello que consideramos necesario iniciar la elaboración de alternativas estructurales para el FA. Partimos de una definición básica: la necesidad de la participación democrática y lo más amplia posible de la gente. Hay que tener en cuenta en primer lugar al pueblo frenteamplista, a los adherentes y también los militantes, sin fracturas artificiales entre estos factores, sin predominancias impuestas, pero tampoco con una democracia de élite ejercida cada cinco años.
Hay que comenzar a pensar, elaborar y discutir sobre: las elecciones internas, los nuevos perfiles de los Comités de Base; la posibilidad y la necesidad de que, sobre determinados temas, se expresen no sólo las posiciones de partidos y grupos sino también cortes transversales, es decir, corrientes de opinión, como sucedió por ejemplo en el debate sobre el Mercosur; los plebiscitos en el FA, las definiciones y elecciones de los candidatos, etc.
La dirigencia de las izquierdas no puede seguir siendo esencialmente masculina, montevideana y con un grado de renovación generacional extremadamente lento.
La peor solución para estos problemas es ignorarlos.


CONCLUSION: LA ALTERNATIVA DE LAS MAYORIAS

Las izquierdas y la transformación del país

Sacar adelante al Uruguay no es tarea que las izquierdas puedan realizar por sí solas. La magnitud de los cambios a impulsar y las resistencias que suscitarán requieren la conformación de una nueva mayoría, social y regional.
No se podrá dinamizar la producción, priorizar la atención a los más desposeídos y cerrarle el camino a los nostálgicos del golpismo sin una gran confluencia de esfuerzos, originados en distintas zonas del país, en distintos ámbitos sociales, en distintas tradiciones políticas.
Pero tampoco se podrá sacar adelante al Uruguay sin las izquierdas. Por su gravitación, que crece sobre todo en la juventud, y porque, en varios sentidos, lasa gentes de izquierda soportan al país: en los educadores, sindicalistas, trabajadores sociales, cooperativistas y tantos otros que se esfuerzan por impedir que se siga desgarrando nuestro tejido social, están profundamente arraigados los valores solidarios de la izquierda; tales valores son gravitantes en todos los sectores donde nuestra sociedad ha mostrado capacidad para la innovación.
No habrá transformación progresista del país sin una confluencia de mayorías; ni la una ni la otra tendrán lugar sin la participación de las izquierdas.

Hacia una nueva alternativa

El país que nace necesita un gobierno de alternativa. No un gobierno que sustituya a los actores sociales o que les diga lo que supuestamente deberían hacer. Pero sí un gobierno que estimule y apoye las iniciativas más dinámicas y progresistas que surgen de la sociedad, que le abra caminos a la modernización solidaria del país, y que priorice la atención a los más necesitados.
Pues bien, se puede avanzar hacia el encuentro de las mayorías nacionales. Ciertas alambradas divisorias del pasado han empezado a caer. Se venga de donde se venga, lo que importa es adónde se va.
Nuevas confluencias se hacen posibles. Confluencias renovadoras dentro del Frente Amplio. Confluencias del Nuevo Espacio y el Frente, para que todas las izquierdas sumen esfuerzos. Confluencias de las izquierdas con sectores progresistas de los partidos tradicionales, en ruta hacia una coalición para un gobierno no alternativo de mayorías.
Por tales confluencias trabajamos, desde el Frente Amplio, en la lucha contra el desaliento. Para abrirle paso al país que nace, apostamos al protagonismo de las mayorías.
Carlos Abín (Indep.), Rodrigo Arocena (VA), José Bayardi (VA), José Bentancor (Fed. Ancap), Gerardo Caetano (Indep.), Gonzalo Crámbula (PCU), Marcos Carámbula (PCU), Daniel Coll (VA), Luis Garibaldi (Magisterio), Cristina González (FUS), Néstor Luisi (SUANP), Federico Martínez (PCU), Daniel Mesa (PCU), Margarita Percovich (VA), Alvaro Rico (PCU), José Pedro Rilla (Cientista social), Juan Manuel Rodríguez (VA), Enrique Rubio (VA), Rafael Sanseviero (PCU), Jorge Silvano (Transporte), Judith Sutz (VA), Esteban Valenti (PCU), Ricardo Vilaro (VA), Rodolfo Zanota (Artiguismo y Unidad).