La política del gobierno, en alianza con sectores del Partido Nacional,
tiene un carácter antinacional, antipopular y antidemocrático;
es la continuación adaptada a otras circunstancias, de la que practicó
la dictadura.
En este período se sigue favoreciendo a una oligarquía económica
-principalmente a sus sectores financieros- y consolidando nuestra dependencia
del exterior. El país está administrado de forma que sus recursos
producidos por el trabajo de la mayoría, se destinan al pago de una deuda
externa reproducida y expandida sin cesar, en vez de satisfacer las necesidades
de vivienda, salud, alimentación, educación, salario y empleo.
Sostener esta política implica, también, mantener la impunidad
de las fuerzas armadas, como garantía de su aplicación.
Estamos convencidos de que el Frente Amplio es el instrumento político
apropiado para impulsar las grandes transformaciones que la sociedad nacional
requiere. Como en 1971, el Frente Amplio debe definirse claramente antiimperialista
y antioligárquico; de ello se deduce que sólo puede ser una fuerza
popular, nacional, democrática y revolucionaria, cuya composición,
programa y conducción tienen que ajustarse a tales características.
Preocupados por el creciente desdibujamiento de los principios y objetivos esenciales
que dieron origen al Frente, creemos que su presencia en el próximo período
electoral y sus relaciones con las restantes fuerzas políticas no deben
impedirle cumplir sus compromisos básicos:
Mantener un nítido perfil opositor antiimperialista y
antioligárquico, que rechace, con respaldo popular y eficacia,
la injusticia, el autoritarismo y la entrega del país al
capitalismo transnacional; impulsar soluciones para las
necesidades de nuestra población en el marco del desarrollo
y la democracia social;
iniciar el camino hacia la ruptura de la dependencia;
avanzar hacia una sociedad equitativa, participativa,
democrática y socialista.
Creemos ya imprescindible la creación de una corriente política,
dentro del marco general de unidad de la izquierda, con real capacidad de incidencia
sobre los procesos políticos y absoluta fidelidad a los principios programáticos
sobre los que se fundó el Frente Amplio, que tenga a la vez una posición
imaginativa y creadora ante los problemas del presente y propugne nuevos mecanismos
de intervención de las bases en la elaboración y las decisiones
del proyecto común.
Nos proponemos llamar en todo el país a las agrupaciones políticas
del Frente Amplio, a los militantes sectoriales de base y a los ciudadanos independientes
que compartan nuestra preocupación, a unir esfuerzos para el establecimiento
y puesta en marcha de una gran Corriente Nacional, cuya acción consolide
la unidad de la izquierda en el proceso de cambio. La tarea prioritaria será
movilizar al Frente hacia el cumplimiento de sus fines, retomando el espíritu
de la vieja Corriente, para restablecer el equilibrio interno y rescatarlo de
la estéril polémica cupular.
Convocamos a considerar reflexiva y críticamente este documento preliminar,
reuniéndose en el barrio, en el centro de trabajo o en el lugar de estudio,
mediante charlas abiertas, difusión de estos propósitos e intercambio
general de ideas; a enviar delegados a las reuniones centrales de este movimiento
en formación; a que, en torno a estas premisas de unidad y cambio, los
vecinos se organicen y emprendan gestiones y movilizaciones por los problemas
del barrio y de la sociedad. Sugerimos además la participación
individual en los comités de base del Frente, con posiciones y tareas
que sean verdaderos instrumentos del poder popular.
Diciembre de 1988
DOCUMENTO 2
Pautas para la elaboración de una estructura organizativa del movimiento.
1) Se trata de conformar un movimiento político donde confluyan en un pie de igualdad militantes independientes y militantes de los grupos políticos que se comprometen en el desarrollo del movimiento.
2) Dicho movimiento tiene como meta conformar una opción
política de mediano y largo plazo (contenida en el documento
Nº 1) trascendiendo la instancia electoral.
3) La columna vertebral del movimiento serán sus grupos de base
formados al efecto, cuya tarea se insertará en el ámbito social
y político. En ellos confluirán de manera integrada, militantes
independientes y de grupos políticos.
4) La dirección política del Movimiento será elegida de
manera
directa mediante voto secreto, por los militantes de todos los
grupos de base en una instancia a fijar de acuerdo al desarrollo
del Proyecto. (La condición de militantes se establecerá en un
próximo material).
5) En la medida del crecimiento del movimiento se irán
conformando direcciones intermedias que permitan una
coordinación efectiva entre grupos de una misma zona, gremio,
etcétera.
6) En cada Departamento se podrá crear una estructura de
grupos de base y dirección, integrada a la dinámica del
movimiento, pero surgida de acuerdo a las características de
cada lugar.
7) En lo referido a la instancia electoral de los organismos deliberativos, el movimiento tendrá candidatos propios para las elecciones departamentales.
8) Los candidatos propios serán elegidos por los militantes de los grupos de base mediante el voto secreto, entre todos los candidatos propuestos por los diferentes organismos del movimiento.
9) Para los candidatos propios funcionará el mandato imperativo como norma general de actuación.
DOCUMENTO 3
Comisión 20/3/89
1) Este movimiento frenteamplista está integrado por militantes independientes
y por militantes pertenecientes a los grupos políticos que lo apoyan,
comprometiéndose todos en la creación de un movimiento popular
que asegure la participación real y democrática de todos los adherentes
y garantice el auténtico protagonismo de sus Agrupaciones de Base.
Las organizaciones políticas que respaldan este movimiento y
lo enriquecen con sus aportes, no están obligadas a
disolverse ni a renunciar a su propia identidad. Esto último
siempre que no contradiga los objetivos y la estrategia que
defina el movimiento.
2) Tanto los militantes independientes convocantes como los grupos políticos integrantes deberán manifestar su adhesión antes del 30/3/89 mediante comunicación pública, en la que constará la firma individual de los primeros así como el organismo colectivo que adopte, la resolución de parte de los segundos, a los documentos aprobados a la fecha indicada.
3) Antes del 16/4/89 deberán ser aprobados los siguientes Documentos:
a) una base general para el Documento de Plataforma
b) el documento de Orientación Electoral.
Configuran parte de este acuerdo los Documentos ya aprobados:
c) Documento político Nº 1
d) Documentos Organizativos Nº 2 y 3
e) Documento sobre Referéndum Nº 4
4) La Dirección Nacional deberá ser elegida por voto directo
y
secreto de los integrantes del Padrón de Adherentes.
Los candidatos electorales también serán electos por el voto
directo y secreto.
5) La elección de la Dirección Nacional no podrá exceder
el
30/5/89.
6) La elección de candidatos para el acto electoral nacional de noviembre no podrá exceder el 15/7/89.
7) Los integrantes de la Dirección Nacional podrán ser renovados
en sus cargos por resolución fundada del máximo organismo
representativo de las Agrupaciones de Base.
En la misma forma podrán ser revocables los cargos políticos
representativos.
8) Las Agrupaciones de Base designarán de entre sus integrantes a quienes los representen en el Plenario Coordinador, Comisiones, etcétera.
9) Los organismos del Movimiento (ya existentes o que se
creen en el futuro) serán abiertos a los integrantes de las
Agrupaciones de Base, quienes concurrirán como
observadores con la acreditación correspondiente.
10) La Comisión de Organización en acuerdo con el Plenario designará los delegados para concurrir a las reuniones de Agrupaciones de Base en formación o en consolidación.
11) Los documentos enviados a las Agrupaciones de Base podrán
Circular libremente estableciendo el Plenario Coordinador la fuente del Movimiento
de la que emanen. Su inclusión en la discusión del Movimiento
deberá ser resuelta por el Plenario Coordinador.
12) El Movimiento designará, en forma rotativa, sus voceros para expresar posiciones oficiales, procurando estén representados Agrupaciones de Base, Comisiones y Plenario Coordinador.
13) Hasta el momento de la elección de la Dirección Nacional,
los
órganos del Movimiento serán: el Plenario Coordinador, las
Comisiones, las Agrupaciones de Base y los mecanismos de
coordinación que se establezcan.
14) El nombre del Movimiento será: Movimiento de Participación
Popular (MPP) y su Lema “Por la Liberación y el Socialismo”.
DOCUMENTO 4
Referéndum: anular la ley de impunidad con el voto verde y la movilización popular.
El Referéndum contra la ley de impunidad es una conquista popular.
Se obtuvo a partir de una decisión irrenunciable, de saludable intransigencia
que levantó la consigna de Verdad y Justicia como única garantía
de cumplir con las aspiraciones democráticas que levó a nuestro
pueblo a luchar contra la dictadura y contra este gobierno antipopular.
Desde el llamado efectuado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos,
Matilde y Elisa el 23 de diciembre de 1986, fue generándose un amplio
movimiento democrático que durante dos años marcó el eje
fundamental de acumulación y avance popular.
La Comisión Nacional Pro Referéndum, presidida por esas dos valientes
mujeres, fue la síntesis donde se nuclearon diferentes fuerzas políticas
y organizaciones sociales que expresaron, en general, el infatigable objetivo
de que el pueblo decidiera, para anular la Ley de Caducidad. Al calor de este
movimiento, el pueblo encontró nuevos canales de participación
y organización en las Comisiones Barriales pro-referéndum, que
le dieron a la campaña las garantías de dinamismo, pluralidad
y movilización, en muchos casos decisivos.
Han sido dos años de enorme valor. Recoger, defender y ratificar las
firmas ha sido una victoria del campo popular, hecha contra las maniobras del
Partido Colorado y la mayoría blanca. Contra el clima de miedo e intimidación
impulsado por las FFAA y su vocero y representante en el Poder Ejecutivo, el
teniente general Medina. Contra el fraude del gobierno y de la Corte Electoral.
Contra el clima de resignación y desesperanza reinante en todo el país.
Ahora, y fundamentalmente luego de las jornadas del 17, 18 y 19 de diciembre
podemos decir, que es posible desplegar el potencial movilizador de la gente.
Estos hechos demostraron que cuando hay objetivos claros, se interpreta correctamente
las aspiraciones populares, se establece una dirección firme y decidida
y se instrumenta la participación popular, amplia y democrática,
se puede triunfar.
Las libertades democráticas, los derechos del pueblo vuelven a ser garantizados
por la movilización popular. No es menor el hecho de que un instituto
de democracia directa como el referéndum, haya sido obtenido por la lucha
del pueblo. En un país donde las decisiones fundamentales se toman de
espalda a la gente, donde el futuro de nuestra gente se rifa en conciliábulos
de cuatro o cinco personas, que el pueblo vaya a decidir el 16 de abril, es
de enorme trascendencia.
El 16 de abril es, entonces, la continuidad de la movilización popular
iniciada hace dos años, que rescata para el pueblo un instrumento de
soberanía popular como el referéndum, y que resume el enfrentamiento
político principal del período. El resultado del referéndum,
ante el cual se agrupan el conjunto de las fuerzas
sociales y políticas del país, es fundamental para el campo popular.
Anular la Ley de Caducidad mediante la abrumadora mayoría de votos verdes,
a través del referéndum, creará una situación política
totalmente nueva, será una nueva conquista popular que abrirá
las puertas de nuevos avances y creará sin lugar a dudas las condiciones
para obtener una nueva realidad democrática que hará retroceder
como nunca las pretensiones tuteladoras que hoy impulsa el gobierno y las FFAA.
Será una derrota política y moral de aquellos que dicen ser representantes
de la voluntad popular y que en realidad cuando tienen una banca hacen lo que
se les antoja y expresan los intereses antinacionales y antipopulares.
Será una derrota política en particular para las FFAA que siguen
cohesionadas por la doctrina de seguridad nacional, embuidas de una concepción
mesiánica que niega el derecho de los pueblos a elegir libremente su
destino y pretenden continuar la guerra que desarrollaron contra el pueblo durante
11 años bajo la tutela, el control y el chantaje permanente. El cuestionamiento
de fondo al régimen de democracia tutelada, repercutir en su dinámica
sobre el actual sistema de dominación, en tanto éste tiene en
la presencia militar, el reaseguro fundamental para su concreción.
Para la conciencia democrática, para el FA y la izquierda y, en particular,
para nuestro movimiento, es fundamental subordinar todo al triunfo del voto
verde en el referéndum. Para las libertades democráticas, para
las aspiraciones de bienestar de nuestro pueblo, para el avance del programa
nacional, democrático y popular, de ruptura con el sistema, es fundamental
que haya Verdad y Justicia. Que removamos los efectos permanentes del terrorismo
de Estado, del miedo como comportamiento social, del chantaje terrorista sobre
el conjunto de la población, del espionaje y el control de las actividades
sociales y políticas, del presupuesto militar desmedido, de las prebendas
y privilegios de que hoy siguen gozando los militares. En perspectiva, anulando
la ley de impunidad, es preciso apuntar al desmantelamiento del aparato represivo.
Ante el desafío del Referéndum
1) El objetivo fundamental es ganar el referéndum. Esto exige
desarrollar una movilización nacional que profundice la amplitud y la
convocatoria ya realizada en la campaña de recolección, defensa
y ratificación de firmas. Se trata por lo tanto de una apelación
muy amplia a la conciencia democrática del conjunto de la ciudadanía.
Significa conformar una opinión pública favorable para anular
la ley a partir de los sentimientos democráticos, desplegando todas las
facetas que hacen a los reclamos de Verdad y Justicia del movimiento popular.
2) La consigna adoptada por la Comisión Nacional Pro
Referéndum Todos iguales ante la ley es un punto de partida, desde el
cual hay que profundizar hasta sus últimas consecuencias todo lo que
implica y abarca como lógica democrática.
Se hace imprescindible levantarla junto a las banderas de Verdad y Justicia
que expresan el bagaje en conciencia y movilización del movimiento popular,
en ellas se resume la intransigencia democrática de vastos sectores populares,
implican un punto de vista bien definido sobre la impunidad, son la síntesis
de un programa democrático y popular.
3) Hay que colocar en el centro de la denuncia política la ley de
impunidad como factor principal del actual esquema de dominación, en
la medida que legitima el rol tutelar de las FFAA y se ha convertido en la piedra
angular de la democracia tutelada. La campaña por el voto verde implica
un amplio debate acerca del tipo de salida conservador, de la visión
que tiene la izquierda sobre las raíces estructurales que tuvo el proceso
autoritario en el país. Este debate hay que darlo a partir de la denuncia
de tutela militar coincidente con los objetivos del Partido Colorado y la mayoría
blanca y donde estos claudican nuevamente de los principios democráticos
y de las propias plataformas electorales que levantaron.
4) Se hace imprescindible explicar la impunidad y la violación
sistemática a los derechos individuales y colectivos, civiles y sociales
que sufrió nuestro pueblo a partir de la denuncia del terrorismo de Estado.
Sistema integral de represión que se organizó a partir del dominio
del aparato de Estado y que fue instrumentado a todos los niveles. La impunidad
es hija del terrorismo de Estado, en tanto éste no fue el accionar más
o menos peregrino de un grupo de militares dementes o sedientos de poder, fue
una respuesta a la crisis estructural y a la resistencia popular, instrumentada
a partir de las FFAA y a través de ellas organizando desde el Estado
una política autoritaria destinada a paralizar y modificar la respuesta
de los más amplios sectores políticos y sociales. Hay que denunciar
por lo tanto los dos niveles de acción que instrumentaron las FFAA en
nuestro país:
A) el ataque y las violaciones cometidas contra los luchadores
sociales y políticos demostrando que esto tuvo como objetivo, liquidar
lo mejor del movimiento popular y también expresar en ellos el ataque
terrorista contra lo que representaban.
B) Todo el andamiaje de control, represión y persecución
impuesto al conjunto de la sociedad destinado a internalizar el miedo como comportamiento
social permanente e imponer un proyecto de remodelación capitalista de
gran envergadura, en defensa de los intereses de los sectores hegemónicos
de las clases dominantes.
Ello lo instrumentaremos:
a) A partir de lo que denominamos nuevo operativo memoria:
• denunciar la tortura como sistema permanente de represión,
que se extendió a las condiciones de reclusión, a la Justicia
Militar, a los comunicados de prensa. Divulgar los casos de
muertes en prisión. Mostrar que la tortura fue una de las
herramientas principales del andamiaje represivo del que
nadie abjuró y que incluso se sigue reivindicando como
instrumento de “inteligencia”-
• denunciar el tema de los desaparecidos como crimen
permanente, que mientras no se aclaren todos los casos, todos los días
se está cometiendo un nuevo crimen: contra la víctima, contra
sus familiares y contra todo el entorno social del desaparecido.
• en especial y como capítulo particular, el tema del secuestro
de los niños. Impulso a su búsqueda y restitución a su
verdadera familia y al derecho de su propia identidad.
Subrayar el hecho de que hay militares que saben la verdad
de lo ocurrido y el paradero de ellos y la importancia capital
para su dilucidación que tiene la comparecencia de ellos ante
la justicia.
• impulsar y divulgar los casos judiciales ya presentados.
Desarrollar a los efectos la tesis de Casinelli Muñoz por la cual a partir
de la presentación de las firmas la ley está en suspenso y por
lo tanto los jueces deben actuar.
b) En relación al terrorismo de Estado y sus efectos sobre el
cuerpo social:
• la represión de los trabajadores, las listas negras, la
prohibición sindical, el ataque a sus dirigentes, la
desarticulación de las herramientas de lucha social.
• el sistema autoritario y represivo en la enseñanza,
convirtiéndola, desde sus programas, en disciplina cuartelera para con
los muchachos, hasta la persecución de los docentes, en un instrumento
más de reproducción del miedo y de la ideología autoritaria
que caracterizó a la dictadura.
• todos lo mecanismos de espionaje y control de la población.
Mostrar que las categorías A, B y C tuvieron ese objetivo, que todas
las actividades sociales, deportivas, culturales, etcétera, estuvieron
sujetas a la supervisión policíaca. Insistir en que subsiste en
la actualidad toda una actividad de espionaje llevado adelante por los servicios
de inteligencia y que eso es un ataque, hoy, a los derechos políticos
de los ciudadanos.
• la censura, el control de los medios de expresión, la
represión cultural.
5) Denunciar la actual política militar del Partido Colorado y el
apoyo de la mayoría del Partido Nacional a esta política. Explicar
ésta a partir de cuál es la lógica y todas las consecuencias
de la impunidad. Cómo se manifiesta en otros planos institucionales y
el significado de latente amenaza, de negación de las aspiraciones democráticas
del pueblo, del significado peligroso que tiene esta democracia tutelada. En
definitiva mostrar cómo la impunidad no es cosa del pasado, sino que
tiene sus manifestaciones en el presente que abarcan un conjunto de problemas,
que hacen a los derechos ciudadanos, a aspectos institucionales, e incluso a
aspectos económicos y sociales que sufren el conjunto de los uruguayos:
• el presupuesto asignado a Defensa e Interior, las rendiciones
de cuenta, donde en forma vergonzosa se destinan los
recursos que pagamos todos a reforzar unas FFAA de un
país “en guerra” dejando de lado los rubros de salud,
educación y vivienda.
• la sobrevivencia de la doctrina de la seguridad nacional, que
continúa actuando como cohesionadora de las FFAA. Doctrina que es radicalmente
incompatible con la conciencia democrática en tanto le asigna un papel
mesiánico a los militares sustrayéndole a la soberanía
popular la capacidad de decidir sobre los destinos del país. Doctrina
presente en los discursos de los jefes militares, en los programas de estudio
de las escuelas y liceos militares, en las publicaciones de los centros. Presente
también en la campaña desplegada permanentemente por el colectivo
militar que pretende no sólo la impunidad, no sólo que se avale
todo lo actuado por ellos, sino también el agradecimiento del país
por su “cruzada”.
• la política de ascensos, que promueve a cargos y destinos de
mandos a oficiales claramente identificados en numerosas causas judiciales,
en esto está demostrado que no sólo no hay voluntad de juzgarlos
sino que se los premia
promoviéndolos y conservándoles su carrera profesional.
• todos los privilegios que siguen ostentando y defendiendo
en materia salarial, jubilatoria, de atención sanitaria, etcétera
y que son intolerables para la conciencia democrática del país.
Acá también hay que exigir que todos sean iguales.
• Denunciar que la impunidad, la doctrina y el pensamiento
actual de las FFAA las ha llevado a asumir compromisos
internacionales como los firmados en la XVII Conferencia de
Ejércitos Americanos (Mar del Plata). Compromisos que
nada tienen que ver con los intereses nacionales, que se
hacen a espaldas del pueblo, sin ningún tipo de control
institucional pertinente y que nos siguen ligando a una
estrategia represiva continental diseñada y al servicio de los
intereses de los EEUU.
6) Asociar a todo este programa democrático (que sin duda
será el centro de la confrontación), el conjunto de cuestiones
económicas y sociales que fueron la otra cara del terrorismo de Estado
y que han continuado en la política económica del actual gobierno.
Terreno en el que necesariamente debemos introducirnos para traducir hacia amplios
sectores populares, la relación existente con el programa democrático
y con los porqués de la impunidad; así como también para
clarificar sobre el tipo de enfrentamiento que está planteado con el
referéndum, las fuerzas que en él participan y por qué
lo hacen.
7) Después del plebiscito lo único que corresponde es respetar
el veredicto soberano del pueblo. Nos oponemos a toda salida política
que implique negar el reclamo de Verdad y Justicia, negar el concepto de igualdad
ante la ley. Después de la victoria popular, insistimos que hay creada
una situación política nueva en el país, donde la movilización
popular habrá obtenido una nueva conquista, donde la conciencia popular
habrá crecido y no podemos permitir que esa fuerza se despilfarre en
negociaciones espúreas. Lo único que cabe cuando se anude la ley
es que los militares acusados concurran a los tribunales y sean juzgados. Se
pretende intimidar a la ciudadanía diciendo que hay una situación
de hecho y que contra las armas nada se puede. Esto es un chantaje que no tiene
en cuenta que el pueblo se ha pronunciado y que de la misma forma que garantizamos
el recurso constitucional del referéndum, estaremos en mejores condiciones
aún para asegurar con la movilización, que se respete la voluntad
popular. El gobierno y las instituciones lo único que pueden hacer es
respetar el resultado de las urnas. Más aún, la victoria en el
referéndum además de crear una situación nueva, desata
una fuerza popular que a través de la misma movilización y de
nuestra acción política tiene que llevar a cada cimiento del programa
nacional, popular, democrático y anticapitalista, de ruptura con el sistema
y de transición al socialismo, único capaz de dar cumplimiento
cabal a las aspiraciones populares.
8) Los defensores de la impunidad han lanzado dos ideas
fuerza que debemos responder y esclarecer. Una es de que ellos y la ley de caducidad
representan la paz, la tranquilidad institucional y que la anulación
es el caos. Otra, que la ley de caducidad en realidad es una amnistía,
y que ésta procede en la medida de que si hubo amnistía para los
presos políticos, “es equitativo y coherente con la tradición
nacional” que se instrumente una amnistía para los militares.
Respondemos que:
• La idea de que la Ley de Caducidad conduce a la Paz y al
Afianzamiento de la democracia y su anulación a la violencia, al caos,
y la desestabilización de las instituciones es hasta el momento, el “caballito
de batalla” del gobierno.
Debemos responder no a partir de valoraciones de corte jurídico, que
escapan a la comprensión y el interés precisamente de aquellos
sectores que pueden ser permeados por esta propaganda, sino de argumentos de
fácil captación y asociación. Cuatro cuestiones entraña
esta falsedad:
a) La referente a que las FFAA están sujetas a la Constitución.
Diversos hechos políticos, algunos de los cuales ya hemos mencionado,
demuestran que esto es falso y confirman la responsabilidad-complicidad del
gobierno colorado en tal cuestión; la no comparecencia a la justicia,
el incumplimiento de los pedidos de extradición de Gavazzo y otros, la
negativa a remitir la información exigida por el Parlamento, la actuación
en la Conferencia de Ejércitos Americanos. La Ley de Caducidad que fue
expresión jurídico-política de la voluntad del poder de
consagrar la impunidad y afirmar el régimen de democracia tutelada. Junto
a ello, la creación de un estatuto para la coparticipación de
las FFAA en el esquema de poder (por fuera de toda legitimidad constitucional):
comité de crisis, para intervenir en los temas trascendentes del quehacer
político, y otras cuestiones, ya mencionadas, dirigidas a perpetuar un
conjunto de mecanismos que fueron parte constitutiva del terrorismo de Estado.
No se trata, pues, de si las FFAA están o no sujetas a la Constitución,
sino de que no existe voluntad política de realizar esto.
b) La cuestión de la paz y la inestabilidad es, sin duda, un
elemento que golpea sobre la población. La dictadura está
aún muy fresca en la conciencia popular como para empujar a comparar
situaciones. No estamos, como en el plebiscito
del 80, por la recuperación del conjunto de las libertades
democráticas y puede penetrar la amenaza, en muchos
sectores, de que se pierda lo conquistado. Aquí es preciso
apelar al concepto de Justicia, como opuesto a toda situación de desigualdad
social y política y, por tanto, como opuesto a la
violencia de los opresores sobre los oprimidos. No hay paz sobre la injusticia,
por tanto, tampoco pleno ejercicio de los
derechos democráticos por las grandes mayorías oprimidas. Todo
el sistema de desigualdad y opresión se refuerza y
perpetúa sobre la base de la impunidad de los opresores. Para el gobierno,
el ejercicio de los derechos democráticos por el pueblo, aparece como
contrapuesto a la paz y la estabilidad democrática, cada vez que el mismo
conduce al cuestionamiento de la opresión y la explotación. Cuando
es cuestionada la política gubernamental, se accionan inmediatamente
los mecanismos tutelares de la democracia.
La paz que el gobierno ofrece, es la paz de la resignación
frente a la injusticia social y política. La paz que crea el camino
para la mayor de las injusticias.
c) La anulación como sinónimo de regreso al pasado y a hechos
ya superados. Ya insistimos en que estamos ante delitos cometidos por el Estado
que aún persisten como es el caso de las desapariciones. A su vez, el
conjunto de crímenes se dieron en el marco no de una confrontación
civil que abarcó y sumergió a la sociedad toda sino por parte
del Estado y contra la población civil indefensa. El terrorismo de Estado
se proyecta sobre el presente como una gran amenaza y la impunidad es en sí
misma un atentado a los derechos democráticos de la ciudadanía.
d) Por último, la Verdad y la Justicia, no son banderas
levantadas por renegados sociales, minorías inconformes con todo y resentidos.
Es la aspiración democrática de un pueblo, conquistada a través
de la lucha contra la dictadura y contra las pretensiones autoritarias del actual
gobierno. Aspiración que expresa la voluntad de recuperar para la población
toda, el derecho de decidir sobre su destino, y de no resignarse frente a las
injusticias, así como la conciencia de que esto sólo es obtenible
a partir del pleno ejercicio de los derechos democráticos por un pueblo
organizado y movilizado.
• Respecto a la amnistía recíproca. Esta no puede existir
donde no ha habido situaciones comparables de reciprocidad. No es lo mismo la
situación de los presos políticos que estuvieron sometidos a una
prisión rigurosa, que fueron juzgados sin garantías luego de arrancarles
confesiones por tortura, a la de los militares que ni siquiera han concurrido
a los tribunales civiles a esclarecer las causas. Pero, por otra parte, no es
comparable el ciudadano que por una idea política se levanta en armas,
o comete un delito, a los delitos cometidos por los militares que actuaron desde
el campo del Estado. Ser funcionarios públicos, que tienen el privilegio
de detentar el monopolio de la violencia física en la sociedad, no los
autoriza ni a torturar, ni a secuestrar adultos y niños o a fusilar y
matar prisioneros. Estos delitos están fuera, incluso, de la lógica
de la guerra. La tradición jurídica internacional los caracteriza
como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su naturaleza,
y por ser cometidos por funcionarios del Estado no están sujetos a amnistías,
no prescriben y son extraditables (no son considerados delitos políticos).
Por otra parte, la guerra desarrollada por las FFAA en realidad fue contra todo
el pueblo. Lucha sórdida y sucia que utilizó cualquier método
para imponer su proyecto. No tiene nada que ver con las guerras civiles del
pasado que eran confrontaciones a cielo abierto, donde las barbaridades cometidas
se realizaban al calor y la pasión del enfrentamiento, al fragor de la
batalla. Por último, la amnistía de los presos políticos
fue un reclamo nacional, una bandera del conjunto de organizaciones políticas
y sociales del pueblo. Por eso no fue contemplada la aministía de policías
y militares en la ley del año 85 (así lo dice el art. 5º).
Esta “amnistía recíproca” pretende ser una imposición
por medio de la fuerza, como lo demostró el hecho de que la ley de caducidad
fue una imposición al Parlamento bajo el chantaje del desacato.
9) Sobre No Partidización de la campaña.
Defendemos este carácter por:
a) Necesidad de llegar a un espacio mayor que el de los partidos
que apoyan la anulación de la ley, como única posibilidad de ganar
el referéndum. Quebrar la argumentación impulsada por el gobierno
que hace depender la opción de cada votante en el plebiscito de su identificación
partidaria.
b) Impedir las fracturas que traería sobre la campaña el
embanderamiento electoral. Reafirmar las Comisiones Barriales como los organismos
más aptos para llevar adelante la campaña, como quedó demostrado
en la etapa de recolección y en la ratificación. Nuestro movimiento,
como fuerza frenteamplista, insta a todos los frenteamplistas, no sólo
a coordinar con las Comisiones Barriales, sino además a integrarse activamente
al seno de las mismas. Esta posición no surge sólo de los logros
obtenidos por las comisiones, sino también por la fuerza potencial que
demostraron como organizaciones populares.
DOCUMENTO 5
Caracterización de la etapa y la coyuntura
LA DEMOCRACIA TUTELADA
1) Frente a la crisis que padecía América Latina en los años
60
resultaba necesario, para lo intereses imperialistas, una reestructuración
económica, social y política. A esos efectos las dictaduras militares
cumplieron un objetivo fundamental: aplastar los movimientos de resistencia
popular, desarticulando por un largo período a las organizaciones sociales,
a las fuerzas de izquierda y, en particular, a las revolucionarias opuestas
a dicha reestructuración.
2) Las graves consecuencias económicas, sociales y políticas
que las dictaduras produjeron en los sectores populares llevaron, sobre fines
de los 70, a una estrategia continental del imperialismo que apuntó a
prevenir que las acciones de resistencia desbordaran el sistema de dominación.
En este contexto la Revolución Nicaragüense introdujo un llamado
de alarma adicional.
El imperialismo y sus aliados internos de cada país fueron, así,
obligados a readecuar el sistema de dominación sobre la base del mayor
consenso posible, y de una recomposición del marco ideológico
y político que trabara la posibilidad de que la lucha democrática
pusiera en peligro dicho sistema. La variante estratégica fue la salida
democrática negociada, manejada por grupos políticos, representantes
de los intereses de los sectores principales de la economía asociados
al imperialismo.
3) En nuestro país, la dictadura comenzó a manifestar síntomas
de desgaste a fines de la década del 70. Intentó entonces institucionalizarse
por medio de una reforma constitucional plebiscitada, que estableciera una fachada
democrática de cobertura al sistema de coerción. La derrota del
proyecto de reforma en 1980 aceleró la crisis de dominación y
alentó la reorganización del movimiento popular.
4) El Partido Colorado, con su experiencia de conducir el Estado
durante un siglo, contribuyó decisivamente a organizar esta salida. Las
consecuencias de la derrota del movimiento popular, las tradiciones, ilusiones
y aspiraciones democráticas existentes en la población, el papel
colaborador del reformismo político para este tipo de salida, la debilidad
de la izquierda revolucionaria, ayudaron a que el proceso abierto por la resistencia
a la dictadura desembocara en la apertura política hacia un gobierno
constitucional civil basado en un régimen de nuevo tipo: una democracia
tutelada por los militares.
5) El carácter negociado de la salida se concretó en el Pacto
del
Club Naval, con un retiro militar en orden, que no tocaba orgánicamente
a las FFAA ni eliminaba su presencia en la dirección de Organismos públicos
como la Dirección de Aeronáutica Civil, Comunicaciones y otros;
con elecciones proscriptivas y presos políticos. Por ellas se instaló
en el gobierno el sector más conservador y comprometido con los militares
y el imperialismo: el Partido Colorado. Este Partido planificó y llevó
adelante una apertura política que, sin contar con un acuerdo concreto
de los dos partidos tradicionales, consiguió sin embargo consenso a partir
de la participación del Frente Amplio en el Pacto. Esto y la habilidad
del Partido Colorado para mantener siempre dividido al Frente democrático
opositor y debilitar a cualquier variante intransigente de la apertura, constituyeron
una primera victoria para la estrategia colorada-imperialista, imprimiendo una
dinámica de centro-derecha al proceso subsiguiente.
6) Para asegurar la gobernabilidad del país, según el proyecto
del partido colorado, era necesario desmantelar la conflictividad social del
movimiento obrero y popular, que estaba dispuesto a recuperar lo perdido durante
la dictadura. La atomización y aislamiento de las luchas y las derrotas
sucesivas de los conflictos laborales más trascendentes, fueron quitando
efectividad al movimiento sindical. Los Consejos de salarios y los convenios
a largo plazo operaron como mecanismos debilitadores de su capacidad de respuesta.
7) Paralelamente el gobierno recompuso sus relaciones con la
mayoría del partido Nacional y logró que compartiera su doctrina
de gobernabilidad. De este modo la comprometió a respaldar la impunidad
y la política hacia las fuerzas armadas, además de afirmar los
ejes de la orientación económica: deuda externa, deuda interna,
salvataje de bancos, contención salarial. La mayoría blanca fue
un sostén fundamental del gobierno y pieza importante en la aplicación
del proyecto conservador de las clases dominantes. Para ello debió renunciar
a los postulados democráticos de la campaña electoral y avalar
esta política antipopular.
8) La democracia tutelada establecida implica:
a) Reestructuración de la división clásica de los Poderes
del
Estado, pero con un Ejecutivo donde se concentra casi exclusivamente la toma
de decisiones; un Parlamento supeditado permanentemente al veto presidencial
y a la amenaza de disolución, si lo levanta, y a las componendas de la
gobernabilidad, y una judicatura desfinanciada, limitada en sus medios de acción
y bajo presión permanente del Ejecutivo para que no ejerza con independencia
su función; continuidad de un equipo tecnocrático que conduce
la economía de acuerdo a las directivas de los organismos financieros
internacionales.
b) Mantenimiento del aparato militar íntegro, sin depuración y
sin
anulación de los privilegios obtenidos bajo la dictadura; legalización
de la impunidad para crímenes y delitos de terrorismo de Estado cometidos
en el “Proceso”; acumulación del potencial represivo para
proyectarlo sobre la sociedad como amenaza pendiente contra el proyecto de cambio;
reconocimiento por el Partido colorado, el sector blanco de la gobernabilidad
y algunos otros segmentos de la incidencia militar en el sistema político
y en el Estado, con ocupación real de algunas parcelas de poder y de
la administración, mando de los cuerpos represivos y, en especial participación
en el Comité de Crisis. Como instrumento de la tutela, las FFAA siguen
rigiendo su conducta y concepción del país por la supuestamente
abolida Doctrina de la Seguridad Nacional, representa los intereses de la contrainsurgencia
regional del militarismo norteamericano y son la garantía de continuidad
del modelo transnacional de economía global que, aplicado a los países
subdesarrollados, empobrece, marginaliza y es, por lo tanto, potencialmente
conflictivo.
c) Desarrollo de una fuerte ofensiva ideológica sobre cualquier tipo
de cambio y, en especial, toda propuesta revolucionaria; amplio espacio para
aquellos que, desde la izquierda, se adaptan al nuevo esquema de dominación;
fomento de actitudes individualistas y de una actitud de resignación
“realista” en el conjunto de la sociedad.
Utilización del autoritarismo como patrón de comportamiento individual
y social, a partir de la amenaza y el chantaje permanente del poder en su conjunto
como tentativa de disciplinar a la sociedad. Por ejemplo: prohibición
de ocupar los lugares de trabajo en protesta laboral, funcionamiento de “servicios
especiales”, razzias contra jóvenes y barrios marginales.
El control de los medios de comunicación es ejercido de manera a veces
solapada pero siempre con mano dura, y los transforma en sistema reproductor
de la ideología de dominio, para favorecer la ofensiva ideológica
y marginalizar cualquier planteo que exceda los límites del proyecto
conservador. Dentro de esta ofensiva ideológica el Partido Colorado ha
hecho reiterados intentos de captación de las cúpulas partidarias
opositoras (viajes, integración de los Entes Autónomos, coincidencias
de política exterior), utilizando alternativamente el poder del Estado
y los medios de comunicación, para profundizar las divisiones internas
en los grupos políticos y entre sus dirigentes y las bases.
EL CONTINUISMO ECONOMICO.
1) El pasaje de la dictadura militar a la apertura política que la lucha
popular consiguió finalmente en 1984 (aunque mediatizado por el Pacto
del Club Naval y sus derivados), no pudo revertir el continuismo en materia
de política económica. El gobierno de Sanguinetti encontró
medidas para que la nueva situación contuviera las mismas líneas
económicas, aunque la acción organizada de los trabajadores consiguió,
durante 1985 al menos, que no se continuara abatiendo el salario real promedio,
como venía sucediendo desde hacía más de una década.
2) El PIT-CNT logró un relativo -si bien bajo- incremento del
promedio salarial, pero a partir de 1985 ese indicador volvió a descender,
debido a la concepción del equipo económico de que el crecimiento
sólo es posible mediante la exportación. En este punto de vista,
el salario es determinante de que la producción exportable pueda ser
colocada en el exterior.
3) Lo anterior es el más claro signo de la política de resignación,
que en todos los aspectos, lleva adelante este gobierno.
Ella considera que el país ya no tiene ninguna posibilidad de crecer
internamente y, mucho menos de desarrollarse. El pago de la deuda externa y
sus intereses así lo exigen. Producir para exportar se convierte, por
consiguiente, en el requisito para viabilizar lo más posible ese pago,
creando a la vez condiciones que beneficien al empresario exportador, el cual
para vender al exterior, no tiene otra posibilidad que vincularse a los canales
del capital transnacional.
4) Para que este capital venga a “salvarnos” hay que ofrecerles
ventajas. De ahí la privatización como estrategia económica
fundamental. La ley de Zonas Francas, los permisos de capitalización
de la deuda externa propician como nunca antes, en el país, las facilidades
para la entrega del patrimonio (Bancos, tierras, empresas) al capital. Este
continúa, por otra parte, aprovechando el conjunto de medidas financieras
vigentes desde el período de la dictadura, por las que la economía
uruguaya privilegia la especulación financiera (compra de títulos,
bonos, moneda extranjera, etc.).
5) Esta línea se vió ayudada por una situación internacional
favorable a Uruguay, en 1986. Pero ese crecimiento no benefició a los
trabajadores. Se trata de un buen ejemplo del grado de dependencia del país,
con sus negativas consecuencias sobre los sectores populares, aún en
el caso de que el Uruguay sea auxiliado por la situación internacional.
En el mejor de los casos, los salarios apenas aumentaron en algún sector
exportador, en la medida en que creció la llamada “productividad”
del trabajo (que significa en realidad, aumentar el esfuerzo de los trabajadores
para que los empresarios dispongan de más productos a colocar en el exterior
a igual o menor costo salarial y, de ese modo, aumentar sus ganancias).
6) Pero jugar a la tómbola de la situación internacional para
el
crecimiento de un país subdesarrollado y dependiente como el nuestro,
no sólo es riesgoso; muestra que las pocas veces que se acierta, las
ganancias no duran mucho. Así, cuando las condiciones favorables desaparecieron,
el crecimiento fue bajando a tal grado que en 1988 fue nulo. Y si con crecimiento,
los sectores que viven de un salario o de un ingreso limitado pueden, a lo sumo,
apenas mantener o hacer crecer en algo su entrada real, al no existir crecimiento,
su nivel de vida tiende otra vez a descender.
7) El salario mínimo nacional, percibido por aproximadamente cien
mil trabajadores rurales y casi otro tanto de trabajadores urbanos y que sirve
además, para fijar el monto de las asignaciones familiares, hogar constituído
e incluso los ingresos mínimos de parte muy importante de los pasivos,
disminuyó entre abril de 1985 y octubre de 1988 en más de un 21
%. Los casi 600.000 jubilados y pensionistas reciben, alrededor de su mitad,
ingresos inferiores a ese mínimo nacional. O sea: 750.000 compatriotas
(la cuarta parte de la población); están por debajo de la línea
de pobreza, como lo reconoció recientemente el propio Ministro de Trabajo
y Seguridad Social.
8) A esta situación debe agregarse el problema de los alquileres
absolutamente prohibitivos, causa inmediata del constante crecimiento de los
cantegriles y el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas),
que vienen consolidando la existencia del llamado sector informal de la economía.
El sector informal no es otra cosa que un resultado de la desocupación
estructural sufrida por la economía y la continuación de la emigración
de muchos uruguayos, especialmente gran cantidad de jóvenes, que no tienen
más remedio que irse del país, al no encontrar en él los
lugares que le permitan ejercer su vocación, sus deseos de participación
y trabajo, su poder de creatividad. La juventud es, así, uno de los sectores
más reprimidos del país, incluso por la violencia, cuando intentan
manifestar como protesta social, cultural o política.
A todo lo anterior se suman el permanente aumento de los
servicios públicos, como efecto directo del pago de la deuda externa
y sus intereses, la aplicación de una política impositiva y fiscal
centrada en los ingresos indirectos (IVA, IMESI) que descarga su mayor peso
relativo en la población de menores ingresos y asfixia a pequeños
y medianos productores, favoreciendo la concentración de la riqueza entre
muy pocos; la política presupuestal, antigua de más de veinte
años, que consiste en comprimir gradualmente los recursos destinados
a la represión como forma de asegurarse el dominio del sistema.
Mientras tanto la deuda externa, que creció durante la dictadura a razón
de un millón de dólares por día, ha continuado su expansión
a partir de este gobierno, en proporción similar, sin contar las transferencias
por el pago de servicios.
9) Otra sería la situación actual si esos recursos se hubiesen
aplicado a la inversión productiva y al mejoramiento de la calidad de
vida de la gente. Aún teniendo en cuenta lo dificultoso, para un país
como Uruguay, de salir de tales condiciones, una asignación de recursos
diametralmente opuesta a la que se practica podría conducir a la reversión
de la ruina y miseria de nuestros hospitales, a la construcción de nuevos
liceos y escuelas, al establecimiento de programas de investigación para
lograr una tecnología propia y liberadora que siente las bases de un
desarrollo nacional.
10) Esta política y su intento de inducir a la resignación ante
el
continuismo de la línea económica, conduce sin duda a catalogarla
como antinacional, antipopular y antidemocrática.
EL PROYECTO CONSERVADOR
1) Es preciso examinar el proyecto conservador en su conjunto,
para elaborar una propuesta global. El mismo combina todo lo que significa la
democracia tutelada, el continuismo económico y las pautas ideológicas
predominantes, analizadas anteriormente.
Este proyecto se ha ido aplicando a partir de una correlación de fuerzas
políticas y sociales que determinan -y a la vez es determinada- por las
luchas que han desarrollado en su interior: la lucha antidictatorial y la forma
particular (pactada) en que se salió de la dictadura, punto de arranque
de la democracia tutelada.
El carácter que asumen las luchas políticas, parlamentarias y
fundamentalmente sindicales, en el contexto de la política de concertación.
La lucha democrática contra la impunidad y la tutela militar, único
terreno en el que se verificó un enfrentamiento colectivo con el sistema
y se llegó al enorme hecho político de triunfo en la batalla de
las firmas. Tendremos que examinar, al mismo tiempo la supremacía del
voto amarillo como indicador de un cuadro político y electoral desfavorable
para las finalidades del cambio.
Las consecuencias profundas de la campaña del referéndum sobre
la situación política del país serán analizadas
en otros materiales.
2) El proceso vivido durante la dictadura militar regido por la
Doctrina de la Seguridad Nacional y por la imposición de un nuevo modelo
económico ha dejado una estructura de poder por la que ya es imposible
la vuelta a la antigua democracia liberal uruguaya. La participación
de las FFAA en ella no puede ser soslayada. La lucha contra la Ley de impunidad
ha demostrado a las claras el peso político de los militares, aunque
hoy no estén en el gobierno directo del país, como en los tiempos
de la dictadura.
3) En el Uruguay el proyecto conservador impuesto restringe aún
más la participación del conjunto de los sectores populares. Las
actuales características de la situación económica, política
y social del país impiden la vigencia plena de los derechos democráticos.
4) Puede afirmarse que, mientras la situación aquí definida venía
produciéndose en perjuicio de la gente, de su calidad de vida, presente
y de su futuro, no ha habido una oposición política que coordinara
una propuesta diferente y eficaz para enfrentar al proyecto conservador.
5) Esa oposición política conformada fundamentalmente por el
Partido Nacional y el Frente Amplio no tuvo capacidad para aunar una respuesta
alternativa a ese modelo conservador, y al creciente autoritarismo del Poder
Ejecutivo. El Partido Nacional con su mayoría alineada en ese modelo
a través de la gobernabilidad y su deseo de “pasar factura”
por el Pacto del Club Naval, derivó en socio cómplice del gobierno,
con la salvedad del Movimiento de Rocha, que en su propósito de marcar
un perfil diferente, se aproximó al campo popular. Sólo el F.A.
en la medida que recupere su potencialidad transformadora podrá ser la
base de la propuesta popular, nacional y democrática que haga por fin
realidad que “los más infelices sean los más privilegiados”.
LA SITUACION DEL F.A.
1) A la salida de la dictadura, el F.A. recupera el empuje y el
entusiasmo popular, mostrando la persistencia del sentimiento frenteamplista
de grandes sectores de nuestro pueblo, tras superar los intentos del régimen
por desarticular y aislar a la izquierda. Ese arraigo popular y la vigencia
de su programa transformador, crearon temor e incertidumbre en los sostenedores
del proyecto conservador al tiempo que alentó la esperanza de cambio
real en un sector importante de la población.
2) Las concepciones que durante este período prevalecieron en la
conducción del F.A. no permitieron el desarrollo de ese potencial transformador,
sino que diluyeron y desdibujaron la línea política y el perfil
opositor que lo habían caracterizado antes de la dictadura. Pesaron en
este sentido las ilusiones en torno a acuerdos efectivos políticos y
programáticos con el Partido Colorado, el miedo al aislamiento con respecto
a los partidos tradicionales, la falta de confianza en las masas y su movilización.
Una línea política que manifestó la voluntad de ocupar
todos los espacios y que desde los acuerdos del Club Naval pasó por las
etapas de la concertación, de la participación en las convocatorias
de Sanguinetti para “Acuerdos Nacionales”, de participación
en viajes que afirmaron la imagen del Presidente en el exterior. Se llegó
también a coincidir públicamente con el conjunto de la política
exterior del gobierno. Frente a la táctica gubernamental de imponer su
política antipopular mientras recurría a un discurso de diálogo
y concertación, el F.A. no desenmascaró esa maniobra ni convocó
a la movilización popular para enfrentarla. Esa falta de claridad opositora
generó confusiones y le permitió al gobierno actuar con las manos
libres, distrayendo el descontento de la gente, y entorpeciendo la lucha por
las reivindicaciones populares.
En los hechos, esta orientación debilitó al F.A. como alternativa
de gobierno y de poder, a pesar de proclamar este objetivo.
3) Esta concepción, cuya responsabilidad comparten los sectores
predominantes del F.A., creó la “mesa chica”, integrada por
PC, PS, PDC, 99 y Seregni, como forma de ampararse en su trabajo cupular. De
este modo marginaron y desmovilizaron a las bases frentistas y excluyeron a
un sector importante de partidos y movimientos.
Tal Organismo no estaba estatuido, no fue resuelto orgánicamente y no
rendía cuentas ante ninguna instancia frentista.
Esta tendencia procuró mantener los debates, exclusivamente en el marco
de la discusión de direcciones, además de concentrar las decisiones.
En ese sentido, su responsabilidad fue global, sin embargo, por un lado, la
incidencia del PC en la estructura frentista y su pose dentro del movimiento
de trabajadores organizados y por otro lado, la presencia parlamentaria de la
99 y sus espacios en la prensa, determinaron que ambos jugaran un papel decisivo
en el desarrollo de dicha concepción.
4) Ante esta situación del F.A. y el movimiento popular, quienes hoy
integramos el MPP e impulsamos orientaciones distintas, no fuimos capaces de
incidir para revertir la situación.
Así como criticamos lo que entendemos orientaciones equivocadas que prevalecen
en la izquierda en este período, debemos señalar también
con claridad y franqueza nuestras insuficiencias y nuestros errores. En primer
lugar tenemos que autocriticarnos la atomización, la dispersión
de este sector de la izquierda.
Esta división debilitó las posibilidades de construir un alternativa
distinta a nivel de la gente. Existieron diferencias políticas objetivas
que no tuvieron ni se hicieron los esfuerzos suficientes para crear un ámbito,
para discutirlas y procesarlas.
También se dieron sectarismos que contribuyeron a aislarnos así
como pesaron los efectos negativos de la frustración del proyecto inicial
de la IDI. La propia situación de exclusión de algunas fuerzas
en relación al F.A., dificultó una visión común
de determinados problemas y su encare en forma conjunta.
No logramos desarrollar una propuesta política de masas que aglutinara
esfuerzos y que se enraizara en la gente, creando una opción distinta.
5) La actitud de la dirección mayoritaria del F.A. fue de pasividad
y
de distanciamiento ante los conflictos sociales y sindicales. En varios sectores
pesó el temor a ser arrastrados a una dinámica de enfrentamiento
con el gobierno. Las consecuencias de esta actitud para una fuerza política
como el F.A., tan relacionada con los intereses de los trabajadores y de los
sectores más oprimidos de nuestra sociedad, fueron su debilitamiento
y desmovilización, sumados al desconcierto y la sensación de abandono
que sintieron muchos miles de compatriotas que debieron soportar las consecuencias
de la política oficial sobre salarios, jubilaciones, alquileres, vivienda,
salud, sin poder contar con su apoyo organizativo y solidario.
6) Simultáneamente el F.A. fue derivando, cada vez más, hacia
la
actividad parlamentaria, incluso sin librar grandes batallas en ese plano. La
amenaza permanente de vetos, y en algunas oportunidades los amagos de disolución
de las Cámaras, aunado a la complicidad de mayorías del P. Nacional,
consolidó el predominio del Ejecutivo sobre el Parlamento. Desvinculado
el F.A. de la movilización social, su actitud parlamentaria tendió
a parecerse demasiado a la de los partidos tradicionales, que adjudican a la
gente el mero rol político de espectadores y cuya única actividad
política admitida consiste en participar en las elecciones cada 5 años.
La falta de proyectos de Ley sobre los problemas que afectan a las grandes mayorías,
tales como las jubilaciones, los salarios, la protección para los inquilinos,
la salud, así como la inacción ante el creciente autoritarismo
en la Enseñanza, no quedó disimulada por los aciertos en la actitud
de la bancada del F.A. sobre la deuda interna, la ley de impunidad y las Zonas
Francas. Muchos de los proyectos presentados, aisladamente sin coordinación,
parecieron estar en el campo de la búsqueda de apoyo del P. Nacional
o del P. Colorado para evitar vetos.
7) En torno a la lucha por la Verdad y la Justicia, debemos señalar
que la sensibilidad de la militancia frentista, el eco público de las
denuncias realizadas, la labor de los familiares y organizaciones de los DDHH,
así como de las fuerzas políticas comprometidas con un planteo
democrático intransigente y el peso moral innegable que el propio tema
tenía, lograron que todo el F.A. se alineara en una posición firme
sobre el tema.
Superando vacilaciones iniciales, entonces, el FA se comprometió en la
lucha por el referéndum. Pero lo hizo más sobre las espaldas de
su militancia (que junto a la de otros sectores dieron la gran batalla por las
firmas y por el Plebiscito) que por el accionar cauteloso de algunos de sus
dirigentes políticos. El planteo de “soluciones políticas”
al tema de la impunidad (relacionado con la visión particular de la relación
FA-FFAA) provocó una gran confusión que fue hábilmente
aprovechada por los sectores más conservadores y reaccionarios de la
sociedad. No fueron menos desalentadoras las declaraciones sobre la confianza
que les merecían, tanto Medina como la Corte Electoral, efectuadas por
parte de los connotados dirigentes del PGP.
8) En este contexto de desmovilización y castración del potencial
de lucha y esperanza en los cambios que representa el FA, es que surgen en el
debate interno y público las concepciones llamadas de centro-izquierda
o “izquierda renovadora”. Esta concepción forma parte de
una estrategia que comenzó a ser desarrollada hace más de dos
años, y que hoy asume la responsabilidad de romper la unidad popular
forjada a lo largo de muchos años de luchas. En nombre de una “nueva
izquierda” pragmática y flexible, se levantaron, en realidad, viejas
ideas que siempre apuntaron a mediatizar los cambios en las injustas estructuras
del país. Argumentando que no era viable la aplicación del programa
democrático, popular y nacional del FA, se buscó rebajarlo y se
logró que la mayoría de las fuerzas frentistas, para “contener
la hemorragia” aceptaran eliminar algunas medidas que enfrentan profundamente
la estructura de dominio que padece el país.
Esta concepción, en los hechos, expresa el renunciamiento al objetivo
político de ganar el gobierno -cualquier gobierno- para el FA, apostando
más a ser o actuar como complemento de los partidos tradicionales, como
“bisagra”, que permitiera integrar mayorías parlamentarias
conducidas por aquellos. El debate con la orientación rupturista se caracterizó
por la falta de claridad, por la marginación de las bases frentistas,
por las dilaciones permanentes y las condiciones a planteos de rebaja programática.
Se creó una polarización que no reflejaba la realidad del FA,
que trabó una discusión amplia y participativa alimentando la
crisis del FA.
9) Al momento de su nacimiento, el FA expresó su voluntad de
“construir” una sociedad justa con sentido nacional y progresista,
atribuyéndole al pueblo el papel protagónico en ese proceso. Como
consecuencia se crearon los Comités de Base, verdaderos sustentos del
FA y su más innovadora propuesta en la política nacional. Hasta
allí llegó el corrosivo intento centroizquierdista, apuntalando
el concepto de coalición y renegando del movimiento, para lo cual procuraron
eliminar el papel participativo que deberán tener los Comités.
En la reestructura del FA de 1986, y luego de trabajosas negociaciones, se le
reconoció a los C. De Base el derecho a incidir en las decisiones de
los órganos políticos. Sin embargo, en los hechos, no se alcanzó
ese objetivo por la falta de voluntad política y equivocada práctica
aparatista de ciertos sectores del FA, reduciendo el peso que los comités
pudieron alcanzar en el camino democrático. Ello derivó en que
los militantes y adherentes han terminado entre angustiados y doloridos, siendo
meros espectadores de las disputas y los errores de las cúpulas partidarias.
Por otra parte, esa concepción aparatista creó asimismo condiciones
favorables para los planteos rupturistas, que la utilizaron como pretexto para
su política.
10) Cabe también recordar que en el Documento Constitutivo del
FA, su verdadera acta de nacimiento, se hace un expreso llamamiento para incorporar
a las “fuerzas políticas que alientan su misma concepción
nacional, progresista y democrática avanzada”.
No obstante, durante todo este período, distintas fuerzas políticas
se fueron oponiendo o condicionando al ingreso de organizaciones políticas
de la izquierda, pese a que expresaron reiteradamente su vocación frenteamplista
y la aceptación de sus documentos fundamentales.
EL MPP Y SU PROPUESTA POLITICA.
(EL FA QUE QUEREMOS)
1) El MPP surge como opción política para responder a un
conjunto de desafíos que tiene planteado el movimiento popular, el FA
y la izquierda revolucionaria. Es preciso definir las tareas principales que
debe emprender el movimiento popular en el actual período para enfrentar,
contener y en perspectiva hacer retroceder el proyecto conservador. Debemos
ofrecer una respuesta a la crisis del FA, al retroceso que éste ha evidenciado
como opción programática y de masas, como marco político
de unidad de la izquierda y del movimiento popular y como alternativa de gobierno
al bipartidismo.
Por último, es necesario crear el marco político para responder
y superar la crisis y atomización de la izquierda revolucionaria, que
en este período no ha logrado construirse como una referencia de masas.
Para ello deberá romper el cerco que le ha tratado de imponer el sistema
y el aislamiento - división sostenido por las organizaciones mayoritarias
dentro del FA.
2) El FA es el espacio político en el que el MPP ha definido
responder a dichos desafíos, en tanto marco de alianzas y expresión
política unitaria del movimiento popular, necesario para emprender la
lucha contra el actual proyecto conservador y por las transformaciones democráticas
anti-imperialistas, y anti-oligárquicas que nuestro país requiere.
Desde una posición crítica y autocrítica debemos responder
a un conjunto de cuestiones: qué tareas políticas priorizar; que
concepción sostenemos respecto al FA y en la construcción del
MPP; cómo modificar la correlación actual de fuerzas, para poner
a la orden del día las transformaciones de signo racional, popular y
democráticas que las bases programáticas del FA expresan. En definitiva,
definir qué FA queremos y qué movimiento vamos a construir.
3) De ello se desprende un conjunto de tareas a ser abordadas por
el FA que son punto de partida para enfrentar el proyecto conservador: la lucha
contra la tutela militar por el no pago de la deuda externa, soluciones efectivas
para la salud, enseñanza y vivienda popular; recuperación salarial;
alcanzar los niveles de la canasta familiar; defensa del patrimonio nacional
y creación de fuentes de trabajo para detener la emigración y
ocupar amplios sectores hoy ligados a la economía “informal”.
Se trata de una propuesta global, que no eluda el enfrentamiento, que no puede
quedar subordinada y postergada a la posibilidad futura de un gobierno popular
del FA o a obtener una relación de fuerzas mejor a nivel institucional.
Es preciso que el FA, no sólo en el Parlamento, sino a partir de la movilización
de masas, promueva esta lucha.
Esta política, a su vez se constituye en un importantísimo resorte
para que el FA continúe avanzando en términos institucionales
y construyendo las bases sociales para un gobierno popular y para las grandes
transformaciones.
4) La democracia tutelada como régimen de nuevo tipo que busca
ajustar el sistema político, el marco jurídico-institucional y
el aparato del Estado a las exigencias de la dominación en el cuadro
de la crisis, constituye un obstáculo poderosísimo para emprender
la defensa de los intereses populares, salvaguardar los derechos y libertades
democráticas y proyectar una alternativa de gobierno popular a los partidos
tradicionales. Para las perspectivas de un gobierno del FA (nacional o municipal)
dar una respuesta en este terreno determina las posibilidades de sortear los
límites que el actual régimen impone.
5) Es preciso responder a la ofensiva ideológica de las clases
dominantes. Una ofensiva que apunta, en primer lugar, a destruir cualquier opción
radical, y que ha logrado imponer la lógica del posibilismo, del seudo-realismo
de la moderación y que paralelamente impulsa la resignación, el
criterio de que la lucha no paga, etc. El FA ha sido fuertemente penetrado por
esta ideología y su crisis así como el alejamiento del PGP-PDC
también debe ser analizada tomando en cuenta este factor.
6) El MPP nace afirmando su vocación frenteamplista y
defendiendo el instrumento político de unidad de la izquierda y de expresión
de los anhelos de cambios del movimiento popular. Surge en momentos en que el
FA atraviesa una profunda crisis, para abrir un debate franco que el conjunto
de la base frenteamplista reclama y para unir fuerzas en la lucha por hacer
retroceder el proyecto conservador y hacer viables los cambios profundos. Repudiando
las recientes rupturas y reafirmando la necesidad de un instrumento político
unitario de toda la izquierda uruguaya.
7) Es preciso reafirmar al FA como oposición programática y de
masas. Esto equivale a construirlo como la principal herramienta política
de lucha contra el proyecto conservador y contra toda iniciativa antinacional,
antipopular y antidemocrática. Significa poner en acción toda
su capacidad de convocatoria y movilización en defensa de los intereses
populares, con propuestas claras y terminantes para enfrentar la tutela militar,
la creciente dependencia del imperialismo y toda forma de injusticia social.
Desterrando la conciliación con los partidos tradicionales como concepción
del quehacer político y haciendo de la movilización popular el
eje de la misma.
Además de actuar en las instituciones democrático-representativas,
el FA debe promover todos los posibles mecanismos de democracia directa (como
formas de auto-organización de las masas) de carácter extra-institucional,
combinando ambas cuestiones, en tanto componentes indispensables de una política
dirigida a modificar la actual correlación de fuerzas y a concretar los
cambios.
Sólo cambiando la política de la resignación por una de
lucha que no se amolde a la realidad, sino que procure transformarla mediante
formas participativas de la política y con la gente ingresando directamente
a los niveles de decisión, podrá ponerse en marcha, con resultados
reales, el proyecto de cambio.
8) Lo anterior exige de un FA sólidamente afirmado sobre la
democracia interna como afirmación del respeto y reconocimiento a la
diversidad de ideas; desterrando el manejo cupular en las discusiones y en las
resoluciones; apelando permanentemente a las bases y respetando sus decisiones;
volcando a los comités de base a organizar a amplios sectores populares
para deliberar, resolver y actuar transformando en organismos vivos para el
debate constructivo y la fraternal confrontación de ideas y erradicando
los hegemonismos dentro del aparato organizativo.
9) Un FA que retome el camino de la unidad sin exclusiones, en
tanto condición indispensable de un instrumento que se propone realizar
cambios de fondo en el país y ser expresión política unitaria
del movimiento popular.
Esto exige levantar una lucha contra las concepciones sectarias y esencialmente
antidemocráticas que obstaculizan la unidad y que en este período
han negado las bases fundacionales mismas del FA: un Frente que surge a la vida
política, buscando expresar los niveles de unidad alcanzados por el movimiento
popular en sus luchas y potenciándolos a partir de la construcción
de una alternativa política al bipartidismo.
10) El MPP nace para hundir sus manos en estas tareas;
buscando superar la atomización de la izquierda revolucionaria, sus dificultades
para nuclear amplios sectores de luchadores y ser referencia para miles de frenteamplistas.
Un proyecto político de largo alcance, que se construye como movimiento
de masas y de militantes; que subordina la participación electoral a
su concepción política global de movilización y participación,
en la más amplia democracia interna, en una perspectiva de cambios revolucionarios
para la liberación y el socialismo.
DOCUMENTOS APROBADOS
En general
BASES GENERALES MINIMAS PARA LA PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO
INTRODUCCION
La elaboración de la Plataforma para el Movimiento es uno de los desafíos
más trascendentes. La idea que maneja la Comisión de Plataforma
y Programa desde sus inicios fue la de presentar una serie de propuestas básicas,
fundamentales para el desarrollo y la organización de cualquier movimiento
político de izquierda, participativo, combativo y radical.
Al mismo tiempo, se pretende que estas ideas sirvan para fomentar la discusión
en los grupos de base, en el entendido de que estas propuestas generales sin
duda van a ser enriquecidas, apoyadas y/o cuestionadas por el desenvolvimiento
fermental de la discusión y el debate. Sobre todo en lo que hace referencia
al enriquecimiento “desde abajo” a todas las experiencias que tienen
que brindar compañeras y compañeros, extraídas de sus lugares
de trabajo, de estudio o de barrio. Así, van a ser tratados y comprendidos
mucho mejor en una Plataforma-Programa temas tales como salario, jubilaciones
y pensiones, desocupación, opresión de la mujer, opresión
racial, la problemática de la juventud y de los ancianos, los problemas
barriales, ecológicos, de recolección de basura, de moradores
de cantegriles y viviendas de emergencia, trabajadores informales, los tremendos
problemas del interior del país, así como también los problemas
graves de falta de atención sanitaria, educacional, etc. Todos estos
temas van a ser contemplados y desarrollados de forma más completa por
la óptica particular de cada sector.
Pensamos que ese tiene que ser el método a utilizarse, permitiéndose
una amplia y prolongada discusión de todos los grupos de base y organismos,
sin temer a los cambios o a la crítica, ya que el programa, la plataforma,
tiene que ser una cosa viva, que se adapte constantemente a las nuevas necesidades
populares, permitiendo avanzar hacia una mayor conciencia de la explotación
sufrida por las clases populares, adelantando algunas soluciones para sus anhelos.
1) El carácter estructural de la crisis del modelo capitalista
dependiente que prevalece en nuestro país determina que sea impostergable
abordar un conjunto de transformaciones de fondo en la estructura económica,
social y política del país.
Es necesario que nuestro movimiento impulse resueltamente la solución
de estos problemas, a través del desarrollo de una propuesta para avanzar
hacia una sociedad igualitaria, participativa, democrática y socialista,
respondiendo a las necesidades de amplios y crecientes sectores populares.
Para ello debemos tener una definición y una práctica claramente
antiimperialista, antioligárquica y democrática radical en una
perspectiva socialista que implica la ruptura de la forma de dominación
capitalista.
2) La plataforma del movimiento debe reunir las siguientes características:
- Mantener un nítido perfil opositor que rechace la injusticia, el
autoritarismo y la entrega del país al capital transnacional.
- Utilizar nuevos mecanismos de participación de las bases en la
elaboración y la implementación de la plataforma común.
- Debe expresarse en propuestas concretas para que se
transforme en motor de la movilización popular. Sin movilización
popular no tiene viabilidad una propuesta alternativa.
- Será fiel a los principios programáticos sobre los que se fundó
el
FA, como línea rectora de un pensamiento que comprendía la necesidad
de transformaciones de fondo en nuestro país. Buscando hallar desde nuestra
realidad actual y con la participación imaginativa y creadora de todos,
el camino al socialismo.
3) Por todo ello las definiciones deben ser las siguientes:
- Deben ser eliminados los mecanismos que sirven para perpetuar
el poder antinacional, antidemocrático y antipopular de las
mayorías dueñas de la riqueza. En ese sentido debemos
impulsar:
- La anulación de la ley de caducidad para que haya verdad y justicia,
por el voto verde.
- La desmilitarización del país. Es necesario desmantelar el
aparato represivo y someter a las FFAA a las decisiones emanadas del poder civil,
lo que implica:
** Reducción de los efectivos y adecuación de la infraestructura
y armamento a dicho objetivo.
** Eliminación del “Comité de Crisis” y de todos los
mecanismos de injerencia en las condiciones políticas.
** Eliminar los servicios de inteligencia interna.
** Eliminar los centros de educación secundaria de carácter militar.
** Anulación de los acuerdos militares vigentes que nos ligan a la política
imperialista.
** Los presupuestos de los ministerios de Defensa e Interior deben ser reducidos
a no más del 10 % del presupuesto total.
** Eliminación de la política militarizada.
** Eliminación de los sistemas de policía privados.
** Creación de la policía judicial.
** Desmilitarización del cuerpo de bomberos, meteorología, etc..
** Rompimiento con el FMI y no pago de la Deuda Externa. Creación de
un frente de todas las fuerzas latinoamericanas que se comprometan al enfrentamiento
de los mecanismos de presión y explotación de la Banca Internacional.
- Una Reforma Agraria que tenga los siguientes criterios:
** Darle tierra a quien la trabaje.
** Entrega de tierras a los aspirantes a colonos.
** Expropiación de las tierras en manos extranjeras.
** Eliminación del latifundio.
** Vida digna para los trabajadores rurales.
- Impulsar soluciones para las necesidades de nuestro pueblo en
un marco participativo y de democracia social:
Debe acrecentarse el papel que tiene la economía estatal, en una economía
capitalista dependiente, como garante de la soberanía nacional y de la
justicia social, en un proceso de democratización de la toma de decisiones
referidas a la gestión del Estado a través de una creciente participación
de la población en la misma. Esto implica la defensa intransigente del
patrimonio nacional, combatiendo las privatizaciones y los desmantelamientos
de las empresas del Estado, debe ser uno de los aspectos principales de nuestro
trabajo. Debemos ser impulsores de medidas concretas que prioricen la inmediata
mejora de las condiciones de vida de los sectores del pueblo que están
sin trabajo, sin vivienda, sin acceso a una vida decorosa, partiendo de la base
de su propia participación, organización y protagonismo.
- Garantizar a todos los uruguayos trabajo, salario mínimo y
jubilación mínima de acuerdo a la canasta familiar con reajuste
bimestral; incrementar el gasto público social que viabilice el pleno
acceso a los servicios públicos esenciales: salud, educación,
transporte, luz, agua, alcantarillado, para lo cual debemos impulsar la unificación
de las luchas, promover la organización de los desocupados y trabajadores
informales.
En lo que se refiere a educación, cultura, vivienda, salud y seguridad
social es necesaria la participación efectiva de la población
en la creación, definición e implementación de las políticas
sociales.
- Apoyar el protagonismo de los sectores históricamente
discriminados y oprimidos de la sociedad asegurando el pleno ejercicio de sus
derechos a través de sus organizaciones representativas.
** Asegurar las condiciones que permitan el pleno desarrollo de las mujeres
y su inserción en igualdad de condiciones en todos los niveles de la
sociedad. A igual trabajo, igual remuneración.
** Generar condiciones para que los jóvenes encuentren en nuestro país
espacio para satisfacer sus necesidades (educación, trabajo y respeto
por sus propias opciones).
** Luchar decididamente contra toda forma de discriminación y opresión
de la raza negra.
** Estimular la recuperación y el desarrollo de nuestra cultura popular,
priorizando las expresiones genuinas de la misma.
** Es necesario, también, generar propuestas para sectores específicos
como la minoridad y la tercera edad en lo que refiere a su pleno desarrollo
como seres humanos.
- Democratización del sistema político-institucional.
Esta propuesta debe hacer hincapié fundamental en la reforma del sistema
político-jurídico para incentivar la participación popular
en las decisiones de los grandes temas, vigorizando los mecanismos de ejercicio
de la democracia directa.
La gestión de todos nosotros en la elaboración, discusión
y ejecución de planes, trabajos, políticas, etc., implica la aplicación
de políticas de descentralización de las decisiones del Estado,
en áreas tales como la gestión municipal.
Nuestra propuesta debe incluir garantías instrumentales para el ejercicio
pleno de:
** Los derechos individuales (acción de amparo) defensor del pueblo,
reforma de la justicia y el proceso.
** Derechos colectivos, tanto en lo que se refiere a las organizaciones sociales
(extensiones del derecho de huelga y nuevas formas de acción gremial,
convenios colectivos, participación de los trabajadores en la gestión
de empresas) como al de los pobladores (ley de arrendamiento, usuario de servicios
públicos, preservación del medio ambiente).
A la vez debe reglamentarse y controlarse la actividad económica. En
aspectos básicos como el secreto bancario y delitos económicos,
creando mecanismos de control directo por parte de la población.
- Una propuesta para el trabajo inmediato.
La primera tarea de especial significación es desarrollar nuestras propuestas
en trabajo directo y conjunto con los sectores sindicales y sociales directamente
relacionados. Tanto para incidir sobre la definición de las medidas inmediatas,
como los cambios de fondo, entendiendo que cada barrio, pueblo, sindicato, comisión,
todo organismo social específico, debe elaborar su propia propuesta de
reivindicaciones, enriqueciendo más este marco de ejes programáticos,
y caminando hacia formas auténticas y reales de participación
popular.
Esta plataforma para ser realmente convocante, movilizadora y combativa debe
definir cuales son las principales áreas de confrontación con
las propuestas políticas del bloque dominante.
En ese sentido la tarea prioritaria fundamental es dar todo nuestro esfuerzo
en la lucha por la derogación de la ley de caducidad.
PROYECTO DE PLATAFORMA
ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS DE PLAN DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA.
En el Plenario del sábado 14 de mayo se inició la discusión
de las “Bases Generales Mínimas para la Plataforma del Movimiento”.
En esa ocasión se expresaron, por un lado, propuestas críticas
sobre la concepción de este documento, algunas de ellas referían
a la falta de contenido revolucionario de la misma, entendibles por la gente.
Una parte importante no opinó por no haber discutido el documento.
A raíz de lo anterior esta comisión decidió, por un lado,
realizar algunas puntualizaciones sobre el contenido del material y por otro,
elevar una propuesta de plan de trabajo. Otra consideración refiere al
carácter revolucionario o reformista del planteo, para nosotros una plataforma
será revolucionaria no por su contenido formal sino por su capacidad
para acumular fuerzas con un objetivo revolucionario. Ello significa que nuestra
propuesta, a partir de reconocer los niveles de conciencia existentes, debe
avanzar para lograr que importantes sectores de la población se plieguen
a un proceso de organización, movilización y lucha.
La primera parte de este documento marca con claridad esta orientación
al señalar que los objetivos que son “avanzar hacia una sociedad
igualitaria, participativa, democrática y socialista” y la necesidad
“de tener una práctica claramente antiimperialista, antioligárquica
y democrática radical”.
La comisión entiende que la concepción de estas bases generales
mínimas para la plataforma permiten acumular fuerzas en ese sentido y
la concibe como un conjunto de propuestas que deben ser motor de la movilización
popular.
Otro aspecto a clarificar es la relación que existe entre estas bases
para una plataforma, los principios programáticos sobre los que se fundó
el FA y el Programa revolucionario de fondo.
A nuestro entender la plataforma responde a un determinado nivel de conciencia
y a una determinada correlación de fuerzas, inscribiéndose en
el marco de la propuesta programática frenteamplista, que a su vez es
una aproximación al programa revolucionario de fondo que deberemos construir.
Una tercera consideración debe hacerse sobre la inclusión de puntos
de referencia programáticos dentro de la plataforma.
Entendemos que -más allá del contenido específico que posteriormente
adopte- era importante incluirlas porque en esta hora de rebajas programáticas
es necesario marcar claramente nuestra disposición a continuar enarbolando
las viejas banderas del movimiento popular.
Entendemos que estos temas, reforma agraria, deuda externa, estatización
de la Banca, etc. , por su importancia y trascendencia deben ser motivo de un
exhaustivo análisis. Para que ello sea posible, la comisión incorpora
en su plan de trabajo, el desarrollo de mesas redondas con trabajadores, técnicos
y políticos, especialistas en cada uno de los temas, en los que podrán
participar activamente todos los militantes del MPP. A partir de allí
se crearán condiciones para una discusión fructífera con
la participación de todos y definir con mayor precisión estos
puntos.
Una concepción participativa implica avanzar lentamente en temas complejos,
para que efectivamente podamos definirlo entre todos. En ese sentido no nos
pareció correcto elevar a la consideración del Plenario planteos
que no se corresponderían para nada con el nivel de discusión
efectuado hasta el momento.
En ese sentido, tampoco compartimos la propuesta realizada en el Plenario sobre
la necesidad de tener un programa de corto, mediano y largo plazo dado que eso
no se corresponde con el desarrollo del movimiento.
Un cuarto aspecto corresponde al capítulo “impulsar soluciones
para las necesidades de nuestro pueblo en un marco participativo y de democracia
social”. Allí se señalan una serie de criterios generales
respecto a temas como salud, educación, vivienda, transporte, etc. En
esta etapa nos limitamos a la ennumeración, dado que si respetamos el
criterio de que la propuesta debe ser elaborada con la participación
popular, es incorrecto que un reducido grupo de compañeros sustituya
ese proceso participativo con una propuesta demasiado “redonda”.
El trabajo, en lo que tiene relación a estos temas, deberá constar
de tres partes, estas son:
1) Un cuestionario a ser llenado por cada agrupación, sobre las
necesidades y soluciones posibles a encarar.
2) Entrevistas con las organizaciones sociales (MOVIDE,
FUCVAM, etc.) y las organizaciones de los trabajadores, para interiorizarnos
de sus propuestas.
3) Tomando en cuenta lo anterior, se elaborará una propuesta que se pondrá
a la consideración del Movimiento.
Respecto al capítulo sobre “apoyar el protagonismo de los
sectores históricamente discriminados y oprimidos...” la comisión
se limitó a ennumerarlos y señalar objetivos muy generales, entendiendo
que dentro del MPP deberán crearse comisiones específicas de jóvenes,
mujeres, jubilados, etc., las cuales además de desarrollar sus tareas
de organización y dirección de esos frentes, deberán elaborar
un conjunto de propuestas para incluir en la plataforma. Un tratamiento similar
debería darse al tema de la cultura.
En cuanto al capítulo sobre “Democratización del Sistema
Político Institucional” entendemos en primer lugar que es una tarea
prioritaria en cuanto permite crear mecanismos para que la voluntad popular
pueda expresarse y de esa manera se inscribe en la lucha contra la democracia
tutelada y por una verdadera democracia.
El tratamiento de este tema debe realizarse en dos planos:
1) Por un lado recoger -a través de un cuestionario- los
reclamos y propuestas de las agrupaciones.
2) Mesas redondas con compañeros especialistas en el tema
como por ejemplo Sarthou.
En paralelo con estas tareas que permitan que nuestra propuesta de plataforma
sea construida por todos y para todos, deberemos organizar nuestro trabajo para
fortalecer el área programática del FA, con el objetivo de mantener
las características del Programa Fundacional del FA. En estos días,
esto se hace imprescindible dado que se está elaborando la plataforma
electoral y el plan de gobierno del FA con un contenido de rebaje programático
importante, lo cual hace imprescindible la presencia de los compañeros
del MPP en dichas instancias. Esto significa que estamos convocando al conjunto
de compañeros para participar en las sub-comisiones programáticas
abiertas del FA (salud, educación, vivienda, presupuesto, etc.) y a los
compañeros de las organizaciones que están representadas en la
Comisión Central de Programa (PVP, MLN) -espacio de decisión política-
para que en ella expresen las definiciones adoptadas por el área programática
del MPP.
PROYECTO DE REGLAMENTO
REGLAMENTO PROVISORIO QUE REGIRA PARA LAS ELECCIONES INTERNAS DEL MPP.
El sábado 24 de junio de 1989, se realizarán las elecciones internas
del MPP para elegir los 13 miembros titulares y los 13 suplentes de su Dirección
Nacional. Esta tendrá carácter provisorio y durará un año,
sin perjuicio de lo que establezca el estatuto.
Podrán elegir y ser elegidos en dicha instancia todos los miembros del
MPP que hayan adherido al mismo llenando y entregando en tiempo y forma, la
papeleta de adhesión correspondiente.
Hasta la hora 24 del domingo 18 de junio de 1989 se recibirán papeletas
de adhesión en la Comisión de Organización y en los locales
de los Grupos Políticos; en los Grupos de Base el plazo se extenderá
hasta la hora 24 del martes 20 de junio del 89.
El lunes 19 de junio de 1989 la Comisión de Organización entregará
a los Grupos de Base una lista detallando los nombres y las direcciones de aquellos
que hayan presentado su solicitud para ser considerados miembros del MPP. A
cada Grupo de Base se le entregará la lista correspondiente a su zona
de influencia.
En todos los casos las solicitudes deberán ser resueltas por la Asamblea
del Grupo de Base.
Antes de la hora 20 del jueves 22 de junio del 89 los Grupos de Base deberán
entregar a la Comisión de Organización la lista de los miembros
del MPP que existan en su zona de influencia; así como la lista de aquellos
casos que no haya sido posible comprobar su existencia.
La Comisión de Organización resolverá en forma definitiva
sobre los casos en que no haya sido posible comprobar la existencia real en
la zona.
Luego de recibidas las listas definitivas de miembros del MPP, la Comisión
de Organización procederá a confeccionar los padrones que se utilizarán
el día de la elección.
En Montevideo la elección se realizará en tres locales ubicados
en zonas de fácil acceso.
En cada local de votación habrá un padrón parcial ordenado
alfabéticamente.
El jueves 8 de junio de 1989, el Plenario Coordinador designará la Comisión
Electoral. Esta comisión cesará en sus funciones inmediatamente
después de dar a conocer el resultado electoral.
Desde el martes 23 de mayo de 1989 y hasta la hora 24 del sábado 3 de
junio de 1989, los Grupos de Base podrán presentar las listas conteniendo
los nombres de los miembros propuestos para la Dirección Nacional del
MPP. Los Grupos de Base deberán presentar todos los nombres que se propongan
en su seno como candidatos.
No se recibirá ninguna propuesta que no llegue de los Grupos de Base.
Todas las propuestas serán recepcionadas por la Comisión de Propuestas.
El domingo 4 de junio de 1989, la Comisión de Propuestas confeccionará
la plancha incluyendo la totalidad de nombres propuestos. Esta plancha estará
a disposición de los Grupos de Base y de los Grupos Políticos
hasta el martes 6 de junio de 1989.
Hasta la fecha mencionada habrá plazo para impugnar algunos de los nombres.
El jueves 1 de junio de 1989 el Plenario Coordinador designará 3 miembros
que conformarán la Comisión de Apelaciones.
Ante esta Comisión deberán presentar los recursos de apelación,
aquellos miembros que hayan sido impugnados como candidatos.
El plazo para presentar los recursos de apelación terminará el
jueves 8 de junio de 1989 a las 17 horas. La Comisión de Apelaciones
resolverá en un plazo no mayor a 24 horas y en forma definitiva, sobre
los recursos presentados. El procedimiento que se seguirá para la elección
de los miembros de la Dirección Nacional del MPP, será el siguiente:
A) El voto será secreto.
B) El elector deberá marcar con una cruz al lado del nombre hasta 13
candidatos.
C) Se podrán marcar menos de 13 candidatos.
D) No se podrán marcar más de 13 nombres.
E) Las papeletas que tengan más de 13 nombres marcados, serán
anuladas.
F) Los 13 nombres más votados serán los miembros titulares de
la Dirección Nacional y los 13 que les sigan en número de votos
serán los suplentes.
ESTATUTOS EN DISCUSION
BASES PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO DEL M.P.P.
Los organismos del MPP serán los siguientes:
Nacionales: Congreso Nacional; Plenario Nacional, Dirección Nacional.
Regionales: Congreso Regional; Dirección Regional
Departamentales: Plenario Departamental; Consejo Departamental.
Zonales: Cabildo Zonal; Plenario Zonal; Ejecutivo Zonal
CONGRESO NACIONAL.
Será el órgano máximo del MPP. Habrá dos tipos
de Congreso: Ordinario, que funcionará cada dos años. Extraordinario,
cuando sea convocado por los dos tercios del Plenario Nacional, por un tercio
de los grupos de base constituidos, o por la firma del 25 % de los miembros
del MPP.
Integración: Se integrará con los Delegados de los Grupos de Base
en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos
por cada Grupo de Base y el Plenario Nacional.
Los miembros del Plenario Nacional tendrán derecho a voz pero no a voto.
Competencias: 1) Evaluar la actividad política organizativa del MPP.
2) Definir grandes líneas de acción política. 3) Aprobar
Bases
Programáticas del MPP. 4) Aprobar o modificar los Estatutos.
5) Resolver sobre los recursos que puedan presentarse para revocar de sus cargos
a los integrantes de la Dirección Nacional.
Instalación: se instalará con la presencia de la mayoría
de sus miembros.
Resoluciones: se resolverá por mayoría de dos tercios
PLENARIO NACIONAL.
Será la máxima autoridad entre Congreso y Congreso.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que funcionará por lo
menos una vez cada tres meses. Extraordinario, cuando sea convocado por un tercio
de la Dirección Nacional o un tercio de los miembros del Plenario Nacional.
Integración: Se integrará con los Delegados de las Zonales o Departamentos
(en los casos que no existan Coordinadoras Zonales) en proporción al
número de miembros, con un mínimo de uno por zonal o departamento.
La proporcionalidad para el Interior será menor.
También serán miembros del Plenario Nacional los integrantes de
la Dirección Nacional.
Competencias:
1) Ejercer dirección política entre Congreso y Congreso.
2) Supervisar la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales.
3) Presentar los informes de discusión al Congreso.
4) Definir la Plataforma del MPP.
5) Designar las Comisiones Nacionales y determinar sus competencias.
6) Modificar transitoriamente los Estatutos.
7) Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos Grupos políticos
al MPP.
8) Definir la política de relacionamiento internacional.
Instalación: se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: las resoluciones sobre táctica se tomarán por mayoría
simple. Los siguientes temas se resolverán por mayoría de 2/3:
Plataforma, Estatutos, nombramiento de Comisiones Nacionales y solicitudes de
ingreso.
DIRECCION NACIONAL.
Será el Organo de Dirección cotidiana.
Sesionará ordinariamente, una vez a la semana. Funcionará extraordinariamente,
por solicitud de 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará con los 13 miembros electos en las elecciones
internas del MPP. Estos miembros serán elegidos por dos años y
la instancia electoral se realizará al mes siguiente de realizado el
Congreso Ordinario.
Competencias:
1) Ejercer la conducción política del MPP cotidianamente.
2) Ejecutar las resoluciones del Congreso y del Plenario Nacional.
3) Supervisar el funcionamiento de los organismos regionales, departamentales,
zonales y de base, así como las Comisiones Nacionales.
4) Planificar la movilización de masas.
5) Ejecutar el relacionamiento internacional del MPP.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
CONGRESO REGIONAL.
Será el Organo máximo de cada Región.
Habrá dos tipos de Congreso: Ordinario, que funcionará cada dos
años, alternando con el Congreso Nacional. Extraordinario, cuando sea
convocado por los 2/3 de la Dirección Regional, 1/3 de los Grupos de
Base de la Región o por la firma del 25 % de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de los Grupos de Base
en proporción al número de miembros, con un mínimo de dos
por cada Grupo de Base y la Dirección Regional. Los integrantes de la
Dirección Regional tendrán voz pero no voto.
Competencias:
1) Evaluar la actividad del MPP en la Región.
2) Definir grandes líneas de acción política en la Región.
3) Aprobar el Programa Regional.
Instalación: Se instalará con la mayoría de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
DIRECCION REGIONAL.
Será el Organo de dirección entre Congreso y Congreso. Funcionará
por lo menos una vez a la semana.
Integración: Se integrará con los Delegados de Base de la Región
al Plenario Nacional y un miembro de la Dirección Nacional. El integrante
de la Dirección Nacional tendrá voz pero no voto.
Competencias:
1) Ejercer la dirección política en la Región.
2) Aplicar la línea política nacional del MPP, a la realidad regional.
3) Supervisar el funcionamiento de los organismos de la Región.
4) Presentar los documentos de discusión al Congreso Regional.
5) Llamar a encuentros de Plenarios Departamentales.
6) Planificar la movilización de masas en la Región.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
PLENARIO DEPARTAMENTAL.
Será el Organo de conducción política en el Departamento.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que se reunirá cada 3
meses. Extraordinario, cuando sea convocado por la Dirección Regional,
el Consejo Departamental o 1/3 de los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de Base en proporción
al número de miembros, con un mínimo de dos por cada Grupo de
Base, los Delegados del Departamento en el Plenario Nacional y hasta cinco ciudadanos
independientes.
Competencias:
1) Ejercer la dirección política en el Departamento.
2) Aplicar las Resoluciones de la Dirección Nacional y Regional.
3) Aprobar Programa departamental.
4) Nombrar Comisiones Departamentales.
5) Planificar y desarrollar la acción municipal y comunal.
6) Supervisar el funcionamiento de los organismos del Departamento.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Se resolverá por mayoría de 2/3.
CONSEJO DEPARTAMENTAL.
Será el Organo de dirección cotidiana en el Departamento. Funcionará
una vez a la semana como mínimo. Podrá ser convocado extraordinariamente
por 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará con un Delegado por los Grupos de Base
del Departamento, los Delegados de Base del Departamento al Plenario Nacional
y los primeros candidatos a Edil y Diputado del Departamento.
Competencias:
1) Ejercer la conducción política cotidiana.
2) Ejecutar las resoluciones del Plenario Departamental.
3) Organizar y dirigir el funcionamiento del MPP en el Departamento.
Instalación: Se instalará con la presencia de 2/3 de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
CABILDO ZONAL.
Será el máximo Organo de la Zona.
Habrá dos tipos de Cabildo: Ordinario, que funcionará una vez
al año. Extraordinario cuando sea convocado por los 2/3 del Plenario
Nacional, 2/3 del Plenario Zonal, el 25 % de los miembros de la zona ó
½ de los Grupos de Base de la zona. En Departamentos donde no existan
las Coordinadoras Zonales el Cabildo será Departamental.
Integración: Se integrará con los miembros del MPP de la zona.
Competencias:
1) Elegir los Delegados al Plenario Nacional.
2) Definir grandes líneas de acción en la zona.
3) Mandatar al Delegado al Plenario Nacional en cualquier asunto de importancia
en la política nacional, para la cual se reuniere.
Instalación: Se instalará con la presencia del 25 % de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
PLENARIO ZONAL.
Será el Organo de conducción política en la zona entre
Cabildo y Cabildo.
Habrá dos tipos de Plenario: Ordinario, que funcionará por lo
menos una vez cada 3 meses. Extraordinario, cuando sea convocado por 2/3 del
Ejecutivo Zonal, 1/3 de los Grupos de Base de la zona o la firma del 25 % de
los miembros.
Integración: Se integrará con Delegados de los Grupos de Base
en proporción l número de miembros, con un mínimo de dos
por cada Grupo de Base y los Delegados de la Zona en el Plenario Nacional.
Competencias:
1) Planificar la movilización y la acción de masas en la zona.
2) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los organismos superiores.
3) Supervisar el funcionamiento orgánico en la zona.
4) Designar las Comisiones de Trabajo del Zonal.
Instalación: Se instalará con la presencia de la mayoría
de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
EJECUTIVO ZONAL.
Será el Organo de dirección cotidiana en la zona.
Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez la semana. Extraordinariamente
cuando sea convocado por 1/3 de sus miembros.
Integración: Se integrará por un Delegado por los Grupos de Base
(elegido entre los designados al Plenario Zonal) y los Delegados de la zona
al Plenario Nacional.
Competencias:
1) Ejecutar las resoluciones de los organismos superiores.
2) Resolver sobre los problemas cotidianos de la zona.
3) Elevar informes al Plenario Zonal.
Instalación: se instalará con la presencia de la mayoría
de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
GRUPOS DE BASE.
Serán la columna vertebral del MPP.
Integración: Se integrarán con todos los miembros de una misma
circunscripción geográfica, o de un mismo centro de estudio, trabajo
ó de una misma rama de actividad.
Competencias:
1) Difundir el programa y línea del MPP.
2) Promover el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales,
así como su creación donde no existan.
3) Promover la participación de los miembros del MPP en las organizaciones
sociales.
4) Promover el desarrollo del F.A., así como la orientación del
MPP en él.
5) Elaborar lineamientos frente a los problemas específicos de la zona.
6) Promover la movilización de masas en la zona.
7) Desarrollar el MPP en la zona.
8) Elegir los Delegados al Plenario Zonal y al Congreso Nacional.
Funcionamiento: La Asamblea será la máxima autoridad del Grupo
de Base.
Funcionará por lo menos una vez por mes. Nombrará un Secretariado
(Organización, Finanzas, Propaganda) el que junto con los Delegados al
Plenario Zonal constituirá la Mesa Ejecutiva del Grupo de Base. Esta
será el Organo Ejecutivo y funcionará semanalmente. Sus reuniones
serán abiertas a los miembros del Grupo de Base.
Instalación: La Asamblea se instalará con la presencia del 25
% de sus miembros.
Resoluciones: Resolverá por mayoría de 2/3.
Para constituir un Grupo de Base se requerirá un mínimo de diez
miembros en el Interior y 20 miembros en Montevideo.
F.A. CONGRESO A “MEDIAS”
El FA realizó durante los días 3 y 4 de junio un Congreso Especial,
bajo la consigna “Ahora sí para hacer posible los sueños”,
donde serían definidos los temas de plataforma electoral y considerar
los candidatos nacionales.
El tema de las candidaturas fue aprobado sin objeciones, la iniciativa del Plenario
Nacional postulando a Seregni para el cargo de Presidente y la del Cr. Danilo
Astori para vice, recibieron apoyo unánime, la incorporación del
reconocido economista, hábil polemista, que demostró una excepcional
capacidad para vincularse al pueblo en los áridos temas económicos
en un lenguaje claro y sencillo, una firmeza de convicciones en la necesidad
de las transformaciones revolucionarias y una vocación unitaria, instando
en su discurso de aceptación, sentir compañero al del costado,
sea o no de la propia organización.
Otro tema ha sido, el de la Plataforma Electoral. Aquí una vez más,
se define un tema trascendental sin la rigurosidad de participación y
debate generalizado. Los documentos iban siendo entregados al entrar al Palacio
Peñarol para el inicio del Congreso.
Dicho documento, presentaba modificaciones aportadas por coordinadoras y trabajos
de la Comisión de Programa, que variaban en importancia, los documentos
que habían visto las bases y cuyos delegados venían mandatados.
Bases que en el transcurso del Congreso reiteraron que no habían tenido
tiempo suficiente para analizarlo en profundidad.
Es necesario convenir, que este Congreso se efectúa en un marco de desmovilización,
saliendo el FA de una fractura, donde las discusiones se habían dado
en la cúpula, con el vaciamiento de los comités y donde los que
se habían quedado a militar, gran porcentaje, respondían a líneas
PC y PS.
El grueso de los delegados respondían entonces, no a valoraciones partidarias,
pero sí a valoraciones de comités de base, cuya composición
en su mayoría respondía a tendencias partidarias.
La votación, “a ojos vistas”, tendría un carácter
oficialista y por amplísima mayoría. Las votaciones del día
domingo lo confirmaron y quienes intentaron representar visiones de los que
son frenteamplistas de “afuera” de los comités, sólo
podían testimoniar una propuesta, sin posibilidad de modificar sustancialmente
los lineamientos de la Comisión de Programa.
El trabajo de comisiones (Política Salarial, Agro, Banca, temas políticos,
económicos, sectores productivos, servicios y áreas sociales)
permitieron fecundos debates, pero que a la hora de votar, la suerte estaba
echada.
La plataforma fue votada por un 99,10 % de congresales, la misma establece la
necesidad de consolidar y profundizar la democracia, no define claramente el
no pago de la deuda externa, no estatiza la banca ni el comercio exterior, no
expropia el latifundio y combina la política de redistribución
con la del alza de la producción.
Conclusión: un candidato de excepción Danilo Astori, su discurso
de aceptación es de antología. Sobre la Plataforma Electoral lo
esperado, un programa rebajado donde las culpas no se las puede llevar totalmente
el “realismo político” de la 99 y el PDC, que impregnaron
el programa en su momento.
MOCION DE PRORROGA DE 30 DIAS
FORMULO EL M.R.O.
La delegación del MRO, debido a reiteradas manifestaciones de delegados de Coordinadoras acerca de la falta de tiempo para discutir en profundidad y extensión la plataforma electoral y que el documento final se había repartido en la entrada del propio Congreso, resolvió presentar una moción de prórroga de 30 días, en base a lo acordado en el Plenario Coordinador del MPP de fecha jueves 1º de junio. La misma se transcribe en toda su fidelidad.
Considerando:
1) Que el presente proyecto de plataforma electoral modifica en
variados puntos el documento anteriormente repartido.
2) Que el mismo ha sido entregado a los grupos políticos en la
noche del viernes 2 de junio y a los delegados del Congreso en los inicios del
mismo.
3) Que la participación de las bases es un elemento fundacional
en la concepción del Frente Amplio y por lo tanto las bases no tuvieron
tiempo material para discutirlas.
El MRO plantea la postergación de la definición de la Plataforma
Electoral pasando al Congreso Especial a un cuarto intermedio de 30 días.
Delegación autorizada.
CONGRESO DEL F.A.
ORATORIA DEL CRO. MARIO ROSSI
Compañeros y compañeras:
La tiranía del tiempo nos obliga a ir directamente al punto. Entendemos
que debemos analizar el documento de Plataforma Electoral, desde un punto de
vista formal, metodológico. El documento ha sido entregado a los delegados
hoy a las 8 hs. a la entrada del Congreso. Esto modifica en variados puntos,
el repartido con anterioridad. Es más, varias Coordinadoras, que han
hecho uso de la palabra, han manifestado que no dispusieron de tiempo suficiente
para debatir el anterior en profundidad. El tema de la participación
y de la marginación de las bases en los últimos períodos
han sido una constante crítica a la conducción frenteamplista,
de ahí que plantearemos una postergación en la definición
de la Plataforma Electoral pasando el Congreso Especial a un cuarto intermedio
por 30 días.
Las 30 medidas en el año 1971, fueron dadas a conocer el 25 de agosto
y hubo tiempo suficiente para propagandearlas y convertirlas en instrumentos
de movilización. Dentro de 30 días estaríamos en los primeros
de julio, después de un participación masiva de la militancia
frenteamplista en la discusión y construcción de la Plataforma,
eje de la Campaña Electoral y de la concientización.
Veremos ahora, el contenido o sea la filosofía política que primó
en la elaboración de los grandes lineamientos programáticos. No
debe confundirse un programa de emergencia con un modelo alternativo de largo
plazo. El programa de emergencia debe estar conformado, a nuestro entender,
por un conjunto de medidas que reviertan aceleradamente una situación
de penuria y le den a corto plazo oxígeno al aparato productivo, pero
como transición hacia el modelo alternativo.
Importa entonces, que un aumento generalizado de salarios y pasividades se haga
en forma inmediata para una rápida reactivación. A corto plazo
sólo es posible el crecimiento si se atiende el mercado interno y ello
depende de un aumento generalizado de los salarios. En el mediano plazo el crecimiento
es hacia fuera, dada la estrechez del mercado interno. De ahí, que no
compartimos la tesis de que la REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA ES PARALELA, COMBINADA
O CUANTO PALABRERIO INTENTE CONCILIAR CON EL AUMENTO DE LA PRODUCCION.
La actual riqueza acumulada tras cientos de años de explotación
al pueblo, debe ser primariamente distribuida, el tema del aumento de la producción
vendrá por añadidura y teniendo en cuenta que dicho aumento estará
fijado por pautas de justicia social. No se producirá de acuerdo a criterios
de mercado ó facilidades a multinacionales.
Cada trabajador y cada jubilado, debe saber que un gobierno frenteamplista elevará
como primer medida salarios y pasividades. El dinero, los recursos, están,
existen, los tienen los privilegiados.
Para que esta medida sea creíble, debe estar combinada o complementada
con una serie de pautas, que incidan directamente en los responsables de la
miseria y el estancamiento. Medidas que no se pueden negociar, lo máximo
es la posibilidad de negociar el plazo, el tiempo de aplicación: en vez
de a los tres meses, a los seis; o de un año a dos.
Estas medidas son, la estatización de la Banca, la estatización
del Comercio Exterior, la erradicación del latifundio, una real reforma
agraria, el no pago de la deuda externa y una vigorosa incidencia del Estado
en la planificación y conducción de la economía.
Y el tercer aspecto, es que si vamos a tocar a los privilegiados, si vamos a
efectuar grandes cambios, si vamos a transformar revolucionariamente, entonces,
la movilización, una mentalidad de enfrentamiento, de lucha y perfil
opositor a los conservadores y reaccionarios, debe ser la gran línea
de acumulación.
Estos tres elementos: redistribución con sentido de justicia social,
a través de sacar de quien tiene y respaldando las medidas con fuerza
movilizadora no se desprenden del actual documento de Plataforma Programática.
De ahí que nos merece una opinión desfavorable para el mismo.
Basta hacer un repaso acerca de las 30 medidas del año 71, para ver cuánto
hemos retrocedido en programa, confianza en las fuerzas populares y la decisión
de construir una sociedad justa e igualitaria.
Tanto las Bases Programáticas como las 30 medidas establecían
claramente: Ruptura con el FMI y negociación de la Deuda Externa para
postergar pagos y si no daba resultados, medidas unilaterales más allá
de la búsqueda de un sindicato de deudores latinoamericanos. Intervención
de la Banca privada hacia su nacionalización y estatización. Monopolio
estatal de divisas, nacionalización del Comercio Exterior, Nacionalización
de la Industria frigorífica, Reforma Agraria, etc.
Sería una torpeza política, trasladar mecánicamente las
medidas del 71 al 89, pero en materia económico-social, la crisis de
estancamiento y de retroce