Chury: Estamos recibiendo a Luis Puig, de la Comisión de Derechos Humanos
del PIT CNT, bienvenido al programa, tenemos varios temas para enfocar, vamos
a arrancar por lo que el potro día provocó sorpresa cuando apareció
la información de la página de la Presidencia en donde en primer
lugar aparecía el nombramiento del Dr. Juan Carlos Blanco integrando
el Comité de Controversias del Mercosur, después de todo lo que
había ocurrido en cuanto al procesamiento de Juan Carlos Blanco, todavía
a toda esa cosa pendiente que hay con la Justicia fue una cosa bastante fuerte,
cómo lo tomaron ustedes...
Puig: En primer lugar con una profunda indignación aunque siendo sincero
no con una gran sorpresa porque este gobierno y los anteriores han tenido una
clara actitud de complicidad con los violadores de los Derechos Humanos, una
actitud de respaldarlos, de protección y voy a citar algunos ejemplos
por los cuales podemos ver que esto es una política de protección
y promoción de aquellos militares y civiles que tuvieron activa participación
en lo que fue el terrorismo de estado en el país, las torturas, crímenes,
desapariciones, el miedo que se instaló en la sociedad.
Estando preso Juan Carlos Blanco por privación de libertad en relación
al secuestro de la compañera maestra Elena Quinteros fue nombrado profesor
del Centro de Altos Estudios Militares en un decreto firmado por el Sr. Yamandú
Fau, señor que en algún momento supo integrar las mismas filas
de Zelmar Michelini, lo cual, verlo hoy produce un profundo desprecio.
Firmo ese decreto en el cual se instalaba, estando en Cárcel Central
como Profesor, seguramente con la filosofía que existe para seguir creando
generaciones de oficiales que sigan respondiendo a la doctrina de la seguridad
nacional, que sigan respondiendo aquello de tratar de cerrar cualquier intento
de los pueblos por liberarse, seguramente Juan Carlos Blanco debe aportar mucho
en ese instituto cerrado de los militares.
Hace un tiempo el Presidente Batlle propuso nada menos que para la Suprema Corte
de Justicia al Coronel Angel Neira que tuvo una activa participación
en la detención, en la tortura y en la muerte de trabajadores portuarios
en el año 75.
Este torturador, asesino, fue propuesto por Batlle para ser juez de la Suprema
Corte de Justicia.
En aquel momento la secretaría del PIT CNT, el PIT CNT en su conjunto,
organizaciones de DD.HH. denunciaron esa situación lo que generó
una repulsa que hizo fracasar el intento de Batlle.
Hablemos en el período de Sanguinetti, cuando Jorge "pajarito"
Silveira, este nefasto personaje torturador en la Cárcel de Punta de
Rieles y de Libertad, participante en secuestro y traslados clandestinos de
militantes uruguayos y argentinos desde el vecino país hacia Uruguay
fue integrante del estado mayor del entonces comandante en jefe del ejército
Fernán Amado, designado por el Presidente Sanguinetti.
Acá hay una política de promoción, de complicidad, de defensa
a ultranza de protección de quienes participaron directamente en el terrorismo
de estado.
Este nuevo acto que provoca la indignación de la inmensa mayoría
de los uruguayos viene a reafirmar cual es la política de Batlle en materia
de DD.HH..
Esto que causó algunas controversias cuando el Presidente creó
la llamada Comisión para la Paz hace unos años atrás y
donde desde muchas tiendas hubo confusiones y donde se decía que Batlle
quería avanzar en el tema de la verdad, en este país no se avanzó
en el tema de la verdad, si se avanzó algo en ese tema y en el tema de
la justicia fue por la actitud consecuente de los propios sobrevivientes de
los campos de Concentración, de los familiares, de los organismos de
DD.HH., de la modesta colaboración del movimiento sindical y fue a contrapelo
de lo que plantea este gobierno.
Esta designación provocó un profundo rechazo en Uruguay y seguramente
en la región, Argentina y Brasil, países cuyos gobiernos están
haciendo un esfuerzo por tratar de avanzar en el tema DD.HH. partiendo de la
base de que la impunidad es una de las peores lacras con las cuales pueden enfrentarse
los pueblos van a considerar esto como lo que es, una profunda provocación
a cualquier sensibilidad democrática, cualquier sensibilidad que apueste
a que el tema de los DD.HH., el derecho a la vida como derecho fundamental es
un derecho que no puede ser soslayado, hoy este gobierno da un nuevo paso en
ese sentido.
Chury: Ricardo dice que en el Centro de Estudios Militares no solo se están
preparando militares sino también docentes civiles de UTU, la mayoría
de los que están participando en la Reforma porque esos cursos tienen
carácter de post-grado.
Esto partió de un convenio del primer gobierno de Sanguinetti y luego
fue ratificado por el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Vamos a hablar del Batallón 13 donde se están realizando obras
de saneamiento, la IMM ha echo reclamaciones y apelaciones para que se siga
haciendo ese trabajo.
Esto altera la propia decisión del juez, eso que había decidido
está vigente, no se puede hacer remoción de tierra en el lugar,
la IMM reclama hacerlas, y el PIT CNT tomó posición sobre esto...
Puig: Si, primero vamos a hacer una pequeña referencia a algunas de las
medidas dispuestas por el Juez Recarey que fueron dejadas sin efecto por el
Tribunal de Apelaciones.
En ese sentido hubo una activa participación en la presentación
de quejas y demandas del propio Ministerio de Defensa dentro de una estrategia
de tratar de bloquear la acción que estaba desarrollando el juez Recarey
que no estaba haciendo otra cosa que cumplir con las dirigencias tendientes
a seguir investigando sobre la situación de Juan Carlos Blanco que está
procesado por homicidio especialmente agravado y donde alguno de los planteos
echos en ese proceso judicial debían ser clarificados y dirigenció
una serie de actividades Recarey.
Hubo un planteo muy fuerte y amenazas de desacato y demás en aquel momento,
situación que fue salvada a partir de que se reintegra el juez Cavalli.
Dentro de las medidas, la medida cautelar que había planteado el Juez
Recarey en cuanto al Batallón 13 tienen como objeto no solo no congelar
una situación.
Nos parece que el paso inmediato que hay que dar es que se permita la investigación,
hay un estudio muy serio echo por un estudio de antropólogos uruguayos
dependientes de la Universidad de la República que señalan los
lugares donde ha habido remoción de tierra y donde seguramente se pueden
hallar restos a partir de lo que fueron los asesinatos de presos políticos,
de desaparecidos.
Nosotros lo que estamos reclamando es que esa investigación se haga lo
más rápidamente posible, que en definitiva no se obstruya esa
labor y que si está vigente la medida del juez Cavalli de Medida Cautelar
que se pueda ingresar al Batallón 13 para realizar esas excavaciones.
Hay una serie de planos, indicaciones, lugares aproximados y algunos muy determindos
por este estudio realizado por los antropólogos en los cuales las obras
a realizar por la Intendencia, según lo planteado por la propia Intendencia
y puede surgir de los informes estarían lejos de allí.
Para nosotros el tema no es, y entendemos la urgencia de la IMM porque también
es calidad de vida para los vecinos de Montevideo realizar el saneamiento, pero
para nosotros el camino inmediato es poder liberar esa situación, que
la IMM pueda realizar esas obras a partir de que se pueda realizar inmediatamente
esa situación, que se permita el ingreso de los antropólogos y
poder concretar algo que sabe todo el país que es que en predios del
Ministerio de Defensa, en predios del estado uruguayo existen cementerios clandestinos.
Esto nos parece que es fundamental, por tanto nos parece que ese es el camino,
no lo vemos por el lado de que se habilite el tema del saneamiento sin antes
haber realizado esa investigación.
Lo que planteamos es que inmediatamente debe de dejar de obstruirse por parte
del Poder Ejecutivo y que se acceda a investigar el Batallón 13 y como
consecuencia de eso se podrá habilitar a la IMM para realizar esas obras.
Chury: Qué pasa con la gente del SUNTMA en estos líos por la detención
en Australia de barcos pesqueros con bandera uruguaya, que estaban pescando
para otros intereses y para otros países, qué pasa con esa gente
que quedó ahí, qué pasa con esa gente, qué está
pasando...
Puig: En primer lugar en torno a este tema, el tema de las banderas de conveniencia,
las banderas uruguayas que se otorgan como otorgan otros países para
realizar determinadas tareas de pesca por el mundo, están demostrando
que acá hay una gran joda, pero una gran joda económica donde
barcos de bandera uruguaya, que ni siquiera se sabe qué tripulación
tiene, los roles que declaran estas empresas como la propietaria del Maya 5
no se corresponden con la realidad, violan las leyes con las cuales el 50% de
la tripulación debe tener ciudadanía del país de bandera
de origen, y al mismo tiempo se da una situación muy extraña,
quienes tienen que controlar, los veedores de DINARA aparentemente no controlan.
Se da la paradoja de que detenido el barco quienes primero salen son los oficiales
con una fianza pagada por la empresa.
Sin embargo, los tripulantes que no tienen responsabilidad alguna en el lugar
de la ubicación del barco que no pueden determinar donde está
el barco porque solo ven cielo y mar porque no tienen acceso a los lugares de
control ni a los sofisticados elementos de ubicación del barco que permitirían
hipotéticamente a la armada uruguaya controlar donde está el Barco,
los marineros son los que pagan con la responsabilidad.
Estuvieron detenidos como delincuentes de alta peligrosidad, gente que estaba
trabajando, estuvieron en cárceles de alta seguridad.
Yo acá quiero reivindicar el papel de denuncia de defensa de los pescadores
que ha realizado SUNTMA.
Ha realizado una tarea de denuncia cuando nadie denunciaba esta situación,
cuando esto era dado como una noticia que era la detención de un barco
en las condiciones a las que fueron sometidos los pescadores, afiliados y no
afiliados al sindicato.
El SUNTMA hizo una tarea de denuncia, de sensibilidad junto a los familiares,
a las esposas, que logró que se cambiaran algunas actitudes por parte
del gobierno.
Esa denuncia persistente clarificando esa situación, planteando que no
existe responsabilidad penal por parte de la tripulación de alguna manera
hizo variar la posición de Cancillería que dio una actitud de
abstenerse de ese tema al principio, hoy ha encarado una actitud mucho más
simple en la cual ha nombrado incluso un estudio de abogados -dicen que muy
prestigioso en Australia- para que analice la situación porque la única
asesoría jurídica que tenían los trabajadores es la asesoría
de la empresa, abogados que defienden a la empresa.
Lo que están planteando los trabajadores es que se declaren culpables.
El intento de la empresa de que los trabajadores se declaren culpables lo cual
le allanaría el camino a la empresa que es la responsable de esta situación
y hacer cargar toda la responsabilidad sobre los trabajadores, el SUNTMA, el
PIT CNT vienen trabajando para que eso no ocurra, hay comunicaciones periódicas
con los trabajadores que están en Australia.
Están planteando que los compañeros se mantengan en la situación
natural de que no son culpables sino que son inocentes de esa situación
y están sufriendo las presiones de la empresa que a trabajadores que
fueron detenidos en esa función, trabajando, que los tuvieron en cárceles
de máxima seguridad, que enfrentan un proceso que no se sabe cuanto puede
durar.
Les dicen que si se declaran culpables en poco tiempo más podrían
ser repatriados o expulsados de australia con todos los inconvenientes que eso
les genera.
Hemos hecho varias gestiones en la Cancillería que tomo tarde el tema,
pero queremos ser muy claros en esto, la actitud que tomo la cancillería
consideramos que es correcta, ayer la valorábamos con los compañeros
del SUNTMA que tanto el Embajador como la Cónsul están planteando
que los trabajadores son inocentes y que la responsabilidad es de la empresa.
Se está planteando por parte del SUNTMA y del PIT CNT que hay que investigar
estas empresas.
Empresas que evaden contribuciones al BPS, que no presentan planillas al Ministerio
de Trabajo, que están en una situación de total irregularidad
y que están haciendo un negociado fabuloso con el tema de la pesca y
cuando eso salta los que quedan expuestos son los trabajadores, por eso estamos
reivindicando como SUNTMA, como PIT CNT que los trabajadores puedan ser liberados
sin cargos y que puedan volver a Uruguay.
Estamos trabajando en eso.
Chury: Seguramente en Uruguay hay responsables y hay gente metida en este lío...
Puig: Sin duda, muy sintomático que representantes de los armadores que
integran una Comisión Asesora del propio Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca sean los mismos que tienen un largo prontuario que en el
año 98 en Francia y en otros lugares por pesca ilegal, que en varios
casos hay dictámenes judiciales, que se les han hundido barcos por dictámenes
judiciales comprobando la actividad ilegal que desarrollaban y resulta que hoy
son asesores de la Comisión de Pesca del Ministerio, como el Sr. Luis
Pasos.
Hay una serie de responsabilidades que deben de investigar, el sindicato y el
PIT CNT están presentando documentación permanentemente porque
acá hay grupos económicos que se están beneficiando de
esta situación cuando hay compañeros que por trabajar están
pasando una penuria desde hace más de un mes y medio donde sus familiares
acá no saben en qué situación están y cuando va
a terminar este calvario para los trabajadores.
Estamos trabajando en ese tema, en el día de hoy estamos pidiendo una
reunión con el Ministro de Trabajo, se ha recibido al SUNTMA y al PIT
CNT por parte del Canciller, acá hay que operar y el estado debe asumir
su responsabilidad de quienes son los verdaderamente responsables, que sean
los que asuman esa responsabilidad en el sentido de las observaciones que hace
en Uruguay y eventualmente las responsabilidades de lo que pueda estar sucediendo
afuera con estos barcos, que no es el único barco que ha sido avistado
en zonas de dudosa legalidad.
Este es otro de los temas, a vuelo de pájaro les cuento que estamos trabajando
también en conjunto con los vecinos del Complejo América, que
están en una situación intimándolos prácticamente
al pago o a dejar sus viviendas en una actitud del Banco Hipotecario que niegan
la razón por la cual ese banco existe en Uruguay.
En este complejo como en otros lugares hay situaciones muy difíciles
para muchas familias y estamos trabajando con estos compañeros.
También estamos trabajando junto a FUCVAM este tema, pensamos hacer cosas
en conjunto.
Este también es un tema de DD.HH. como lo son sin dudas los temas que
golpean al conjunto de los uruguayos,nosotros no sircunscribimos el tema de
DD.HH. únicamente al tema de impunidad, que es un tema muy importante.
En la campaña "Usted tiene derechos" que fue aprobada por iniciativa
de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y que ahora forma parte
de una campaña central del PIT CNT donde los derechos sociales, económicos
y culturales de la población son los que hay que defender todos los días.
Escuchaba a un prestigioso médico y comprometido no solo con la salud
física de la población sino con lo que implica la salud, una vida
íntegra, escuchaba al Dr. Marcos Carámbula decir lo grave que
significa que un niño, que tiene un diagnóstico de una neumopatía
grave no tiene camas para ser internado en el interior del país y es
derivado a su casa donde seguramente las condiciones sanitarias de esa vivienda
van a agravar su situación, en ese caso el Estado tiene que hacerse responsable.
Como dijera Raúl Olivera, un compañero de la comisión de
DD.HH., el estado tendrá que gestionar para comprar una cama en la mueblería
de la esquina, instalarla en el Hospital y darle a ese niño la atención
que merece.
Hay una especie de resignación en cuanto a que nos estamos acostumbrando
a que la gente vive en la calle, que hay gurises chicos que no tienen donde
vivir, que la mayoría de las veces no comen, que muchos gurises de este
país que la única comida que tienen es en las guarderías
o en las escuelas y que ese presupuesto cada vez se restringe más, que
la gente no tiene acceso a la educación, cada vez se restringe más
por la propia condición de desocupación, de marginación
en la cual hay importantes sectores de la población hoy.
Todo eso es lo que queremos salir a discutir y lo que queremos que la gente
haga valer sus derechos.
Es muy importante que la gente asuma un valor protagónico, que no es
una cuestión de delegar en otro, cuando la gente organizada puede hacer
valer sus derechos como hay múltiples ejemplos en el Uruguay, eso forma
parte de una campaña del PIT CNT que también va a estar reivindicando
el derecho no solo a la vivienda, a la educación, a la salud, a una alimentación
digna sino también el derecho a la seguridad social, a la sindicalización,
el enfrentar las prepotencias patronales.
Todos esos temas están encarados hoy por el PIT CNT y algunos de estos
temas formaron parte de la entrevista mantenida con el Ministerio de Trabajo
o van a formar parte de futuras entrevistas, el derecho a la libertad sindical
violado sistemáticamente en Uruguay, en GASEBA tenemos sobrados casos
para documentar esa situación.
El movimiento sindical con sus debilidades, con sus dificultades está
tratando de abarcar el conjunto de temas que forman parte del drama diario de
los uruguayos y de contribuir a la organización para luchar juntos.
Vázquez: Esta Corte Electoral que es ilegal según la izquierda,
según el PIT CNT, según los funcionarios de la propia Corte Electoral,
dicen que esta Corte Electoral es ilegal y no reconoce al Sindicato, pero eso
sigue pasando en muchos lugares...
Puig: Si, una Corte que tiene en su historial situaciones muy poco claras, esa
Corte Electoral es la misma que varió votos que decían SI a la
marihuana, por ejemplo, los valoró cuando estaba haciendo un conteo de
una reforma constitucional, que no responde a lo que fue el resultado de las
pasadas elecciones.
Esa Corte, absolutamente ilegal, que se mantiene porque conviene a los sectores
colorados y blanco que se mantenga desconoce a un sindicato elegido democráticamente
y nosotros no aceptamos ese planteamiento.
No nos reunimos con el sindicato pero nos podemos reunir con COFE y con el PIT
CNT, no, COFE y el PIT CNT están formadas por sindicatos de base que
deben ser respetados, cuando en algún momento mencionó la posibilidad
de un diálogo social.
Los diálogos tienen que ser entre iguales, y en este país donde
el mejor sindicato es el que no existe, donde la represión sindical campea
todo lo que se nos diga de diálogo es una gran mentira si acá
no se aseguran derechos sindicales elementales que están consagrados
en la Constitución y son violados sistemáticamente.
Chury: En el SODRE hay 250 funcionarios que marcan tarjeta pero no están
en el BPS, trabajan en negro en una dependencia del estado...
Puig: Y no es lo único, en Salud Pública hay 4.000 o 5.000, se
dan situaciones de evasión a la seguridad social y de falta de protección
a los trabajadores que es alarmante.
Si hiciéramos una lista sería una lista muy larga en la cual uno
se preguntaría ¿esto está pasando en el estado?, no es
que esté pasando en algún lugar donde hay dificultades del Ministerio
para investigar, están pasando en áreas fundamentales del estado
y muy cercano a los lugares de donde los jerarcas debieran ejercer control,
esta es una situación sumamente grave.
Vázquez: El candidato ahora tiene mucho para hablar del tema, de la evasión
que se hace al estado, lo que hacen con el 222, la policía no aporta
por el 222, una fuente me comentó el echo, no hacen aportes por las horas
extra de los policías...
Puig: Si, hay situaciones muy graves, da la impresión de que este barco
se hunde, algunos ya lo abandonaron, abandonaron candidaturas y demás,
habla poco bien de un líder eso ¿no?.
Vázquez: Luis Puig, gracias por haber venido...
Puig: Gracias a ustedes.