Hay ocasiones en que los pueblos se hermanan en su lucha por aquello que creen
justo. El 24 de agosto de 1994, la Policía reprimió a balazos
a miles de uruguayos que se solidarizaron con tres vascos reclamados por la
Justicia española. Dos jóvenes murieron, pero la demanda del derecho
de asilo no fue acallada.
Esta próxima semana se cumplirán diez años desde que la
Policía disparó contra las miles de personas congregadas ante
el Hospital Filtro de Montevideo con el único fin de mostrar su solidaridad
a tres refugiados vascos. Estaban ingresados allí a causa de la huelga
de hambre y de sed que habían emprendido para reclamar el derecho al
asilo y denunciar la demanda de su extradición por parte de la Justicia
española.
Aquellos incidentes ocurrieron pocas horas antes del traslado de Josu Goitia,
Mikel Ibañez y Luis Mari Lizarralde al Estado español. El 24 de
agosto de 1994, a las 18.00 en Uruguay cinco horas más en Euskal
Herria cerca de 4.000 personas se encontraban en los alrededores del citado
centro médico, convocadas por la central sindical uruguaya PIT-CNT. «De
improviso comenzó una fuerte carga policial en patrulleros y en motos,
haciendo disparos de fuego real a quemarropa», relató en su día
el pe- riodista uruguayo Raúl Zibechi, testigo de los hechos. Los manifestantes
intentaron dispersarse, pero fueron cercados por la Policía, que siguió
disparando hasta la madrugada.
Mentiras oficiales
El entonces ministro del Interior uruguayo, Angel María Gianola, intentó
atribuir los incidentes a infiltrados armados entre los manifestantes y culpó
incluso a supuestas amenazas de atentados en el aeropuerto internacional de
Carrasco con motivo de la llegada del avión en el que serían trasladados
los tres vascos. Ese extremo fue cuestionado por los periodistas presentes y
por casi todo el pueblo uruguayo, y las peticiones de dimisión del ministro
resultaron abrumadoras.
El Ministerio del Interior declinó hacer comentarios sobre el número
de heridos. Tras la confusión inicial (las noticias que llegaban a Euskal
Herria hablaban incluso de siete muertos), se constató que había
perdido la vida un joven solidario llamado Fernando Morroni, y hubo decenas
de heridos graves internados en Unidades de Vigilancia Intensiva y centenares
de heridos de menor consideración.
En este contexto, el Ejecutivo uruguayo ordenó el cierre durante 48 horas
de las dos únicas emisoras de radio que estaban desarrollando una ingente
labor de investigación para intentar averiguar el número de fallecidos
y sus identidades: CX44 Panamericana y CX36 Centenario.
Con estas emisoras censuradas, se complicó notablemente la labor de verificación
de las identidades de fallecidos y desaparecidos, a lo que se sumaron las amenazas
y presiones ejercidas desde medios policiales e informativos para intentar que
los muertos que pudieran ir apareciendo no consta- ran como caídos en
los enfrentamientos. A día de hoy, todavía hay diferentes versiones
sobre el fallecimiento de otra persona, Roberto Facal, presentado en la versión
oficial como «víctima de un apuñalamiento por motivos pasionales».
El otro fallecido, reconocido este sí por el ministro, fue el joven Fernando
Morroni, quien murió en el Hospital Policial por disparos de arma de
fuego en el pecho.
Desde entonces, año tras año, cada 24 de agosto, la gente se moviliza
en Montevideo, ante el que era el Hospital Filtro, para mostrar su repulsa a
los hechos ocurridos en 1994, en el último año del Gobierno de
Luis Alberto Lacalle.
Las muestras de solidaridad a los represaliados vascos por parte de los ciudadanos
de Uruguay, y el hecho de ver cómo fueron reprimidos brutalmente por
ello, creó una inmensa oleada de solidaridad en Euskal Herria. En las
manifestaciones celebradas en ciudades vascas se veían múltiples
banderas uruguayas.
“Operación lagarto”
Aunque finalmente fueron extraditados Mikel Ibañez a día
de hoy residente en Uruguay, Luis Mari Lizarralde preso en Burgos
y Josu Goitia en libertad en Euskal Herria, los propósitos
de la Justicia española iban mucho más allá.
El 15 de mayo de 1992, la Policía detuvo en Uruguay a unas 30 personas,
de las que luego fueron procesadas trece. De este total de refugiados políticos
vascos, el Estado español pidió prisión para diez, y finalmente
demandó la extradición de ocho de ellos: Mikel Ibañez,
Luis Mari Lizarralde, Josu Goitia, Amaia Arakistain, Juan José Urrutia,
Pedro Gómez, Agurtzane Delgado y Josu Lariz. Uruguay sólo accedió
a entregarles a los tres primeros.
Según recuerda a GARA el oñatiarra Josu Goitia, «éramos
conscientes de que seríamos extraditados, pero no podíamos quedarnos
de brazos cruzados sin hacer nada. Por eso emprendimos la huelga de hambre y
de sed, cosa que antes también hicimos en prisión. Teníamos
una causa pendiente en Uruguay por portar documentación falsa, y los
abogados consideraban que no era razón suficiente para extraditarnos,
pero no teníamos ninguna duda de que eso se lo pasarían por el
Œarco del triunfo’, y así fue».
A consecuencia de las citadas huelgas, los tres refugiados fueron trasladados
al Filtro, donde siguieron con la protesta. En sus palabras, «lo ocurrido
allí fue muy duro. Desde la ventana veíamos la comisaría
situada justo enfrente, y comprobábamos cómo pegaba la Po- licía.
Pero los cinco o seis días anteriores en los que estuvimos en el Hospital
también hubo gente, día y noche, mostrándonos su solidaridad».
«Nuestro contacto allí siempre eran un juez y tres forenses que
nos contaban lo que ocurría», rememora. Del 24 de agosto recuerda
que «los forenses me dijeron que me apartara de la ventana, por miedo
a los tiros». Yque los heridos eran llevados al mismo Filtro.
«El pueblo uruguayo tenía muy asumido lo del derecho de asilo,
y no creía que nos expulsarían. La gente se volcó porque
creía en ese derecho, aunque la política sea otra cosa distinta.
Vieron claramente la injusticia, y la represión por movilizarse contra
ello fue verdaderamente dura. Aunque lo agradezcamos mil veces, nunca será
suficiente». -
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