La viabilización del fideicomiso
EN SUSPENSO POR MANIOBRAS
LA CONSTITUCIÓN del Fondo Bolívar-Artigas, que a la fecha administra mediante un fideicomiso de más de 270 millones de dólares, fue como miel para los osos. Aun antes del depósito del capital en cuentas bancarias del Banco República y el BANDES, la posibilidad de efectuar negocios de exportación a Venezuela estimuló una red de operadores con una pata en Caracas y otra en Montevideo. Las ventajas eran evidentes: siempre que se obtuviera la autorización del organismo estatal y la orden de pago, de PDVSA, era posible anudar negocios sin la necesidad de licitaciones, con el acceso rápido al dinero, exonerado de impuestos y al margen de los controles sobre manejo de divisas que imperan en Venezuela.
El pivote de la red en Venezuela es una empresa llamada Cerjeca, dirigida por un venezolano hijo de uruguayos, Norberto Barcos, que contaba con acceso a los círculos gubernamentales por su vinculación con altos funcionarios de corporaciones estatales.
El propósito del fondo era el estímulo de acuerdos comerciales entre empresas estatales de los dos países, pero estaba abierta la posibilidad de realizar negocios con empresas privadas uruguayas. En los hechos, el fideicomiso financió tres emprendimientos privados que monopolizaron el 90 por ciento de los fondos de las cuentas: la venta de software y asesoramiento en tecnología informática, la venta de casas prefabricadas; y la venta de vacas preñadas y toros Holando para el mejoramiento del ganado de altura en zonas ganaderas venezolanas.
La exportación de ganado lechero fue el primer negocio concretado a través del fideicomiso por la empresa Rozada y Compañía, por más de 6 millones de dólares. La venta de ganado se efectuó de acuerdo con el contrato, aunque en Montevideo se informa que existen denuncias por incumplimiento de pago del intermediario a los productores. Barcos fue el contacto que acercó a Rozada con el presidente de CorpoZulia, el general Eduardo Martínez Mendoza.
La exportación de casas prefabricadas con una tecnología de asbesto-hormigón fue autorizada por un total de 155 millones de dólares de los cuales se ejecutaron apenas 36 millones. La empresa de Barcos era la representante en Venezuela de una firma uruguaya creada a los efectos del negocio: UMISSA, en la que aparece como principal responsable el argentino Alejandro Lagrenade. Se trata de casas prefabricadas que en su momento se comercializaron en Uruguay con tecnología Equinox, que el ministro de Vivienda del gobierno Lacalle, Carlos Cat, había expresamente prohibido por sus características nocivas para la salud.
La autorización para la importación de las casas encontró la resistencia del entonces ministro de Vivienda venezolano Julio Montes, que fue sustituido por Luis Figueroa. En ocasión de la visita del presidente Chávez, en marzo de 2005, Figueroa impulsó en Montevideo la firma del convenio, que se realizó fuera de protocolo, y a la que accedió, no muy convencido, el ministro Mariano Arana, en una reunión en el hotel Radisson, de la que participó el embajador uruguayo en Venezuela, Gerónimo Cardozo; para ello fue necesario, y a la vista de ciertas modificaciones en las especificaciones técnicas de los módulos, otorgar la autorización correspondiente. Las casas de UMISSA -definida como una empresa "cogestionada"- fueron presentadas como producidas en Uruguay, cuando en realidad la mayoría de las partes son importadas de Argentina (Techint) y de Honduras.
Una primera partida de las casas prefabricadas llegó a Venezuela, pero nunca fueron instaladas, porque no coincidían ni el metraje, ni ciertas características técnicas; aún permanecen depositadas en un galpón.
El ministro Figueroa fue despedido de su cargo, tras un escándalo vinculado a este negocio, ventilado por periódicos anti- chavistas, en los que se acusaba al funcionario de corrupción. Se exigió que se sustituyera el asbesto de las láminas, componente que está expresamente prohibido en Venezuela. El embajador uruguayo en Venezuela, Gerónimo Cardozo, afirmó a
Brecha que en la comisión mixta que analiza los proyectos del fideicomiso, instalada la semana pasada, no se ha recibido hasta ahora ninguna protesta referida a UMISSA.
El tercer negocio, la venta de software, fue gestionado por Javier Vázquez, hijo del presidente Vázquez, en representación de la empresa uruguaya Artech. La venta de la tecnología Genexus a la Corporación Venezolana de Guayana-Telecom comprendió 59 millones de dólares, de los 79 millones proyectados. La transferencia de la tecnología por parte de Langecor (Artech), Geocom,
MVDCOMM y Tabena, se viene realizando normalmente y seguramente se concrete en el futuro inmediato el tramo no ejecutado. Es, de los tres negocios principales, el que no tiene relación con la intermediación de Barcos. En la sede de la representación de Artech, en el edificio Cristal, de la zona de Altamira, Caracas, se instaló recientemente la embajada uruguaya en Venezuela.
En cambio, sí aparece Barcos, y su contraparte uruguaya Pedro Zaffaroni Rocco, en un intento de vender usinas potabilizadoras de agua (UPA). La empresa uruguaya que suministraría las UPA es CUPH, una de las tres que se beneficiaron de la tercerización de la comercialización del producto resuelta por el anterior directorio de OSE. El ministerio venezolano encargado de autorizar el negocio se opuso a incorporar el convenio en el fideicomiso. Paralelamente, otra empresa uruguaya acordó la transferencia de tecnología de las UPA, para que en Venezuela se construyan los equipos.
De todas formas, OSE ya resolvió cancelar los contratos de tercerización y está dispuesta a entregar gratuitamente la tecnología de las UPA.
Por otro lado, habría que consignar que algunas firmas uruguayas que participaron en la ronda comercial que tuvo lugar en Caracas en julio de 2005 se han quejado de las dificultades que encontraron para concretar esos negocios con su contraparte, en especial por la burocracia reinante en Venezuela.
Producto de la situación derivada de los episodios relatados más arriba, en los que se denuncia la acción de una red de operadores, la práctica de pago de comisiones y el tráfico de influencias, la administración del Fondo Bolívar Artigas actualmente está en stand by, mientras se realiza un análisis de cómo orientar los fondos para fomentar intercambios entre empresas estatales, como el concretado entre UTE y su contraparte venezolana CADAFE.