“LA FORMA DE EMITIR ESE DECRETO NO ES LA ADECUADA, ESTO TIENE QUE SER MATERIA DE LEY”
Contacto con la Dra. Mirtha Guianze de la Institución Nacional de Derechos Humanos, 29 de marzo de 2017.

La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una Declaración (*) cuestionando el Decreto del Poder Ejecutivo por el cual se autoriza la actuación de la policía para evitar cortes de calles, caminos y rutas. “Lo que nosotros puntualizamos es que la forma de emitir ese decreto no es la adecuada porque esto tiene que ser materia de regulación legal, eso está en todos los estándares internacionales y todas las resoluciones tanto de la Comisión Interamericana, bueno, del sistema interamericano y del sistema universal, esto tiene que ser materia de ley en primer lugar. Y además siempre tendría que existir el control previo judicial”, dijo la Dra. Mirtha Guianze en CX36. Transcribimos la nota que puede volver a escuchar aquí:
http://www.ivoox.com/mirtha-guianze-29-3-2017-audios-mp3_rf_17846382_1.html
 

 

Diego Martínez: Tenemos un contacto telefónico con Mirtha Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Bienvenida, le agradecemos estos minutos.

Mirtha Guianze: Buenos días.

 

DM: Ayer se conoció una declaración del INDDHH en relación al decreto del Poder Ejecutivo.

MG: Bueno, era de orden emitir algún pronunciamiento porque es una situación en la cual eventualmente pueden ser vulnerados derechos humanos y además porque el procedimiento que el Poder Ejecutivo dispone no se ajusta para los casos de cortes de rutas, de calles. O sea, para proceder en caso de alguna protesta que implique obstaculización de la libre circulación, no se ajusta a los estándares internacionales en derechos humanos.
Y bueno, como nosotros somos cinco personas teníamos que dar nuestras opiniones y llegar a una síntesis a la cual arribamos ayer porque teníamos reunión de Consejo Directivo y se decidió.
En definitiva lo que nosotros puntualizamos es que la forma de emitir ese decreto no es la adecuada porque esto tiene que ser materia de regulación legal, eso está en todos los estándares internacionales y todas las resoluciones tanto de la Comisión Interamericana, bueno, del sistema interamericano y del sistema universal, esto tiene que ser materia de ley en primer lugar. Y además siempre tendría que existir el control previo judicial.
Para nosotros el control previo judicial es un estándar que siempre se pide pero incluso con la legislación vigente, con el decreto este de desalojos y todas esas cosas, que nosotros habíamos pedido también su revisión en la etapa en que sucedió lo del CODICEN.
Por ejemplo, en el CODICEN habíamos pedido derogación de determinados decretos, no se ha hecho. En el caso del CODICEN se actuó sin orden judicial, ustedes se acuerdan cómo fue.

 

DM: ¿Es cuestionamiento es que quedaría el Poder Ejecutivo prácticamente con todos los derechos y sin ningún control? Porque ni el Parlamento está a cargo de la Ley ni el Poder Judicial intervendría antes de que...

MG: Antes de quien tendría que dar la orden.
Y además tendrían que tener, que creo que el Poder Judicial no sé si dispone de los medios si lo hace, en muchos países hay un control judicial en el momento en que se produce la situación dada. O hay defensorías del pueblo, por ejemplo, la de Chile, con la cual nosotros trabajamos el año pasado con la Oficina del Alto Comisionado en la publicación de unas pautas y normas para intervención en caso de manifestaciones públicas y de protestas; cómo se maneja la protesta.
La defensoría el pueblo de Chile interviene al punto de que se suben a los vehículos de los carabineros. Y tienen eso pautado de que, han tenido problemas, por supuesto, pero si un vehículo de carabineros detiene personas en la calle en una manifestación, ellos se suben al vehículo de los carabineros, están identificados.

 

DM: Como amparo para el detenido.

MG: Para acompañar al detenido.
Nosotros eso de acompañar al detenido, por ejemplo, en caso de jóvenes que fueron en una oportunidad golpeados por guardia Republicana dentro de vehículos en un traslado cuando era SIRPA todavía, no era INISA, nosotros después resolvimos acompañar a los jóvenes en los traslados, y los hemos acompañado hasta de noche. Me refiero a lo que nosotros hacemos como mecanismo nacional de prevención de la tortura, que es el equipo que en realidad yo dirijo.
Hemos llegado a acompañar en camionetas policiales a las personas detenidas. O sea, tiene que haber una intervención judicial, pero también creo que es una oportunidad de nosotros empezar a pensar como institución cómo tomamos un rol, yo me estoy por ir pero para el futuro planificar las personas que entren y tal vez nosotros dejar algo ya pautado de acompañar las situaciones de protesta para asegurarnos de que no haya vulneración de derechos.
Es cierto que se producen a veces momentos de tensión hasta de personas lesionadas, pero así como hay personas que se cubren la cara en las protestas, que últimamente se ha hecho mucho hincapié en eso, también los policías de determinado grupo van con la cara tapada y nosotros después no podemos identificar, ninguna persona puede identificar quién fue el policía que actuó mal.
Entonces, una de las cosas que nosotros habíamos recomendado era que los policías en cada procedimiento estuvieran identificados con un número. Si bien ellos dicen que se cubren la cara por posibles represalias, por situaciones por vivir en barrios conflictivos, después para la víctima, para el que investiga tiene que haber una forma de identificar cuál efectivo fue el que procedió en ese caso

 

DM: Claro, no puede ser un amparo de impunidad para el efectivo tampoco.

MG: Claro, por supuesto, no puede ser, si estamos hablando de que la gente se cubre la cara en una protesta y que eso está muy mal, como he visto por ahí en las redes sociales y en algún otro lugar, también está mal que la policía cuando interviene, la policía en el sentido amplio porque hay ahora una cantidad de escuadrones o no sé cómo llamarle, de fuerzas diferentes que operan en la protesta, bueno, esas personas tendrían que estar identificadas.

 

DM: Guianze, el INDDHH emite esta declaración. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué posibilidades tiene de influir más allá de la importancia que tiene el Instituto en sí como organismo? ¿Qué posibilidades usted le ve a una modificación o a una revisión por parte del Poder Ejecutivo de lo actuado hasta el momento con lo que ha dicho el Instituto?

MG: Bueno, es una cuestión de voluntad política porque cuando se crean las instituciones, las INDDHH están sujetas a lo que se llama los Principios de París, en virtud de ellos se crean. Son órganos de control y colaboración en el sentido de que controlan que no se vulneren los derechos humanos, ayudan a proteger y a defender, pero los Estados cuando las nombran, cuando deciden crear una INDDHH tienen que ajustarse al principio de buena fe y después llevar adelante las recomendaciones si son fundadas, estudiadas y no son cosas imposibles de cumplir. En este caso por supuesto que es posible cumplirlas.
Nosotros hacemos tipos de recomendaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema carcelario y se nos dice que no hay recursos para construir edificios, por dar una idea. O que todavía no se puede.
Pero en este caso no hay ninguna imposibilidad de orden presupuestal sino que el Estado tiene todas las posibilidades de cumplirla.
Ahora, si no la cumple también está en el Parlamento exigir que eso se haga ¿no? Porque nosotros también podemos presentar, por ejemplo, proyectos de ley, podemos hacer sugerencias al Parlamento que de hecho se nos consulta muchas veces en leyes que tengan que ver con derechos humanos porque está en nuestra ley esa facultad y esa obligación del Parlamento de consultarnos y no siempre tampoco se nos ha seguido lo que nosotros hemos propuesto.
Es un poco la cultura de estar sujetos a control y de que las políticas que se siguen se adapten a la normativa internacional de los derechos humanos, que lamentablemente en este país muchas veces se desconoce o no se aplica, el Poder Judicial primero que ninguno.

 

María de los Ángeles Balparda: Dra. Guianze, buen día. Una pregunta más, porque el que sigue el tema a través de los medios y los posicionamientos que se conocen, escucha que unos dicen esto va contra el derecho a expresarse y el derecho a protestar. Los otros salen a defender el decreto y dicen, no, esto es para poner orden, para proteger a los otros para que se pueda circular en las calles y en las rutas. Y ha surgido ahora en los últimos días incluso, todo un posicionamiento así tipo editorial diciendo que una cosa es la policía de antes, que la policía de antes venía de la dictadura, que había sido formada en otra época, pero que ahora hay una nueva ley orgánica policial, que hay otra concepción doctrinaria que lo que quiere es la seguridad de los habitantes y como que habría que dar vuelta la página pareciera que dijeran ¿no? Bueno, aquello es del pasado, no hay por qué sospechar. ¿Pero acá el centro hay que ponerlo dónde, en cómo actúan los cuerpos policiales o cómo se protegen los derechos de las personas? ¿Dónde se encuentra el lugar ahí?

MG: Bueno, yo creo que son dos cosas complementarias, los derechos de las personas se protegen. Primero, la libertad de circulación obviamente puede ser garantizada, puede haber casos de lock-out patronal que sí los hemos visto, los hemos vivido, en los cuales el gobierno puede decir procedo al desalojo o procedo a desobstruir determinado camino y eso lo hemos visto en otros países de América como fue Chile, por ejemplo, en lo que significó una actuación de patronales pero en época de Allende.
Pero eso no quiere decir que se vaya a justificar la actuación policial en todos los casos. La obligación de la policía de proceder de acuerdo a estándares de derechos humanos obviamente es lo que yo veo que se inculca últimamente en los cursos que se dan en la escuela policial. Lo que sucede después es diferente.
Y entonces, creo que hay que estar vigilantes en ese sentido porque los casos de abuso policial están siendo denunciados todos los días y, bueno, los vemos. Entonces, es una cuestión a pensar que la policía podrá ser, hay que tener una capacitación adecuada primero. Pero también en un procedimiento de ese tipo puede haber gente que proceda bien y puede haber gente que se desmadre y pase cualquier cosa.

 

DM: Guianze, usted decía recién que se está por ir. ¿Qué quiere decir esto, está anunciando que se va este año, que tiene una fecha ya?

MG: Bueno, el 22 de junio termina nuestro mandato. Nosotros ya hemos anunciado a las autoridades que nosotros terminamos este mandato el 22 de junio y lo que pensamos que debería hacer en este momento el Poder Legislativo es empezar el proceso de selección de las personas que nos van a suceder.
Puede haber personas que sean reelectas dentro de este directorio, porque así lo dice la ley que es bueno que queden algunos para continuar, para que haya continuidad institucional. Pero en mi caso que tengo más de 70 años, pienso que tengo que dejarle el lugar a alguien que siga en la misma línea en el sentido de la defensa de los derechos humanos pero que haya renovación, nadie se puede eternizar en un cargo. Yo tengo casi 50 años de funcionaria pública y creo que es momento de retirarme, de cobrar mi jubilación y después hacer otras cosas dentro de lo que me gusta hacer pero dejar este sitio libre para que entre alguien nuevo.

 

DM: Bien Mirtha, o sea, no está siendo tajante de que no va a aceptar pero de alguna manera está pidiendo que se busquen personas con...

MG: Digo, tiene que empezarse el proceso. Todavía no se empezó, creo que es un momento que, a nivel de Parlamento, vio todo este tema de las Comisiones Investigadoras, de la Rendición de Cuentas.
Va a ser difícil porque, como ustedes saben, estos cargos después en la votación, hay 3 votaciones, más allá de los méritos y las personas hay 3 votaciones. En las 2 primeras votaciones se necesitan dos tercios. Y en la tercera votación es mayoría absoluta de componentes. Es decir que solamente podría salir, la persona puede ser electa si tiene mayoría absoluta de componentes, en el caso mío me votó el Frente y nadie más, y ahora el Frente no tiene mayoría, entonces creo que va a ser complicado lograr esas mayorías para que se vote.
No quisiéramos que esto fuera también moneda de cambio o de negociación política, esto tiene que estar alejado de la política necesariamente, por eso mismo habría que considerar los méritos de las personas, su idoneidad para el cargo y no su filiación política. Eso es una cuestión que excede nuestras posibilidades.

 

MAB: Evidentemente es un tema que preocupa Dra. Guianze, se ve que lo ha pensado, que lo han conversado, que es un tema que hay que preparar

MG: Por supuesto, sí, es un tema que hay que preparar porque a todos nos gustaría que quedaran personas, esta es una institución en construcción, es la primera institución, no existía este tipo de instituciones en América que tienen 20 y 30 años, que están consolidadas y que cumplen una cantidad de funciones. Si bien nosotros somos un país chico, todavía nos falta salir al interior. En otros países que son grandes en América que los hay, tienen como distintas agencias en distintos lugares para llegar a todo el espectro de la población.
Nosotros estamos justamente trabajando en eso para llegar al interior, pero es una obra que va a quedar un poco inconclusa y que la van a seguir los que vengan. Por eso sería bueno que las personas que sean votadas, tengan realmente la intención de trabajar por los derechos humanos y no lo vean como un cargo más que se puede conseguir dentro de todo ese espectro de burocracia estatal.

 

DM: Dra. Guianze, le agradecemos mucho estos minutos.
Un fuerte abrazo y gracias.

MG: Bueno, gracias a ustedes.

 

(*) Transcribimos la Declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) respecto al Decreto No. 76/2017 de 20 de marzo de 2017.

1.- El Consejo Directivo de la INDDHH recuerda que la potestad del Poder Ejecutivo de adoptar medidas tendientes a lograr la conservación del orden y tranquilidad en lo interior se encuentra consagrada en el Art. 168 Numeral 1 de la Constitución de la República.

2.- Esta potestad debe ejercerse en forma armónica con la totalidad del ordenamiento jurídico vigente en el país, en especial con las normas de generación interna e internacional que establecen las obligaciones del Estado en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos. Entre estos derechos se encuentran expresamente reconocidos la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en los Arts. 29 y 38 de la Constitución de la República; Arts. 19 y 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y Arts. 13 y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en principios generales y estándares de los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos.

3.- Las manifestaciones públicas pacíficas  son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado expresamente que “…la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse” [1].

4.- Si bien el ejercicio de estos derechos no es absoluto, y, por tanto, puede admitir regulaciones necesarias para la convivencia en una sociedad democrática, cualquier limitación a los mismos debe estar expresamente establecidas por normas de jerarquía legal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, para los Estados signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, por “ley” debe entenderse “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes” [2].

5.- Las regulación por parte del Estado del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión debe ser razonable y apropiado al fin buscado, que no debe ser otro que asegurar que las manifestaciones sean pacíficas  y que se brinde protección a los derechos de todas las personas, entre las cuales se encuentran los propios manifestantes [3]. A estos efectos, se entiende que es pertinente el control judicial previo como condición para disponer cualquier límite al derecho de reunión pacífica, como puede acontecer en aquellos casos que sea necesario preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras desde una perspectiva de ponderación de derechos. Asimismo, en ningún caso estas medidas pueden incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica.

Por lo expuesto, la INDDHH recomienda a las autoridades nacionales adecuar el marco jurídico vigente en el país dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer eventuales limitaciones o restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas. Esto implica que “cualquier limitación o restricción debe ser objetiva, en el sentido de ponderar la libertad personal con el interés general en una sociedad democrática (…)”. A la vez que dichas limitaciones o restricciones “no pueden desconocer o alterar el reconocimiento de estos derechos, y deben disponerse sobre la base de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad [4]”.

Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
28 de marzo de 2017

 

[1] Corte IDH: Opinión Consultiva OC- 5/85,  del 13 de noviembre de 1985: Colegiación Obligatoria de Periodistas, pár. 69

[2] Corte IDH: Opinión Consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986:  La expresión “leyes” en el Art. 30 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, solicitada por el gobierno de la República Oriental del Uruguay.

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57 31 diciembre 2009 . Recomendaciones. pág. 110 y 111).

[4] Idem